Loe raamatut: «Texto, edición y público lector en los albores de la imprenta»

Falsos, sin licencia, contra privilegio.

La actuación de Lorenzo Ramírez de Prado como juez privativo

de libros e impresiones a mediados del siglo XVII

Fernando Bouza

Universidad Complutense de Madrid

Ut fraudes fregisti [Laurentius] animosus iniquasHorae succisivae del Conde de Santisteban

En un pasaje justamente célebre de su respuesta a la carta valenciana del Duque de Veragua y a propósito de los muchos agravios de impresores y libreros que había sufrido, Pedro Calderón de la Barca lamentaba en 1680 la desestimación y el poco caso que los jueces privativos de imprentas y librerías «tal vez han hecho de mis quexas».¹ El dudoso privilegio de haber protegido tan mal la obra del dramaturgo durante los últimos años de su vida les correspondería a los «señores» Lorenzo Santos de San Pedro, Cristóbal del Corral y Alonso Márquez de Prado, los tres consejeros de Castilla encargados sucesivamente de esa superintendencia entre 1672 y 1681.²

Todavía es poco lo que se conoce sobre esta particular magistratura de comisión que habría aparecido en la práctica del Consejo Real de Castilla desde inicios del reinado de Felipe IV.³ Entre sus titulares destacó, sin duda, el consejero Lorenzo Ramírez de Prado, autor de ingenio erudito, protector de teatros, dueño de una rica biblioteca,⁴ encomiásticamente retratado como «el más estudioso Asilo de la Professión literaria» por el impresor Carlos Sánchez Bravo.⁵

El estudio de algunas de las actuaciones de Ramírez de Prado como juez superintendente y comisario de libros e impresiones en torno al año 1650 puede ayudar a conocer mejor esta figura de despacho y gobierno mucho menos conocida que el juzgado de imprentas dieciochesco.⁶ Al mismo tiempo y en último término, dicho estudio permite acercarse a la pujanza del fenómeno impreso, revelada por la existencia de una magistratura como aquélla, cuandovenían a cumplirse los dos siglos de su aparición en Europa.

Algunos de los más expresivos testimonios de la fuerte penetración social y cultural lograda por la tipografía a mediados del XVII ibérico podrían tomarse de sus críticos, reales o fingidos. Si en 1677 se pudo asegurar que «se han atrevido las boberías a las Imprentas, y el estar de molde ya no es mucha aprobación»,⁷ en 1659 el canónigo lectoral de la Seo zaragozana Juan Antonio Lope de la Casa creía que había demasiados autores y, además, que imprimían en exceso. Por ello, juzgaba que «no sería mala política» si «en el camino de las imprentas mandasse la Ciudad poner un estanque, o fuente muy copiosa para templar algunos ardores». A la espera de este impagable enfriador de autores que se acaloran rumbo a las oficinas tipográficas, Lope de la Casa confiaba en que «a lo menos hasta llegar las guindas Valencianas no tomassen la pluma algunos».⁸

De hecho, tales críticas y otras similares, que cabría extraer de la larga y bien asentada tradición áurea de vejámenes de lo tipográfico, no hacen más que testimoniar la extraordinaria vitalidad de lo impreso. Para entonces, había terminado por convertirse, velis nolis, en una realidad absolutamente cotidiana, forjadora de públicos y autores nuevos y capaz de levantar un más que lucrativo mercado con la mediación de los interesados agentes de la edición, ante todo impresores y libreros.

La excelencia del oficio entero quedó solemnizada con la visita que, en 1651, el propio monarca Felipe IV realizó a las «caxas y prensa» que el maestro Diego Díaz de la Carrera había instalado en el Buen Retiro madrileño para servicio del Duque de Medina de las Torres. Que, además, el rey se detuviese a hablar con componedores y tiradores constituyó un honor tenido por hito memorable para la dignidad del arte tipográfico.⁹ Poco antes, en 1648, un auto del Consejo Real de Castilla (19 de diciembre) imponía controles nuevos para la impresión de los memoriales de particulares dirigidos al soberano, testimoniando una vez más la voluntad de control monárquico,¹⁰ y ponía en evidencia el creciente recurso a la tipografía para establecer una (nueva) comunicación política en el seno de la Monarquía.¹¹

En términos generales, en el siglo XVII los escritos de petición e información que los particulares o comunidades encaminaban a los monarcas estaban regulados por las pragmáticas o provisiones sobre tratamientos y cortesías de palabra o por escrito.¹² Frente a las disposiciones otorgadas por Felipe II (1586,¹³ 1597)¹⁴ o Felipe III (1611),¹⁵ que no hacían referencia expresa a la impresión de memoriales de particulares, el auto del Consejo de Castilla de diciembre de 1648 se ocupaba específicamente de su llegada a las prensas. De hecho, intentaba frenarla, dando a este respecto evidentes señales de preocupación.

A partir de entonces, la impresión de memoriales debía venir precedida de licencia del Consejo para todos aquellos textos que no fueran «simples Relaciones de Servicios de los Pretendientes». El auto señalaba la urgencia de actuar así indicando que «con pretesto de darse Memoriales a su Magestad, se inprimen sin Licencia algunos, [...] que tocan al Gobierno General, i Político, i a la Causa Pública, mezclando también la Iustificación, i Calificación de Regalías, i Derechos Reales».¹⁶

Repárese en que, de un lado, el auto prueba el avance considerable de la tipografía como soporte de la comunicación política entre gobernantes y gobernados, puesto que revela que éstos últimos recurrían a la imprenta, y no sólo al manuscrito, para hacer conocer sus pretensiones a la Corona. Pero no sólo a ella, porque, de otro lado, la disposición del Consejo testimonia que los particulares no acudían a la imprenta únicamente para presentarle al rey sus intereses a título individual, sino que algunos de sus memoriales al rey se habían convertido en textos de alcance y valor comunitarios, que «tocan al Gobierno General, i Político, i a la Causa Pública», ganando difusión y presencia general gracias a la reproducción que hacían posible las prensas.

Para evitar los «graves inconvenientes» que resultarían de ello, el Consejo ordenaba que:

[...] aora, i de aquí adelante, ninguna Persona, ni Comunidad, tocando en todo, o en parte los dichos Memoriales en lo referido, los dé a Inprimir, ni los Inpressores los inpriman, sin que primero preceda Mandato, i Licencia espressa del Señor Iuez Superintendente, que tiene a su cargo la Comissión de los Libros, e Inpressiones.¹⁷

El propio auto no tarda en identificar a Lorenzo Ramírez de Prado como el consejero de Castilla entonces encargado de la superintendencia de libros e impresiones. Al corresponderle a él dicha comisión, desde entonces pasaría a ocuparse de manera privativa de la concesión de las licencias de impresión para esos memoriales que se dirigían al monarca, pero en los que en realidad se trataban asuntos relativos, nada menos, que al gobierno general y político, la causa pública, la justificación y calificación de regalías y de derechos reales. En efecto, D. Lorenzo empezó a actuar en el sentido indicado por el auto del Consejo Real y, así, concedió algunas licencias para escritos o papeles a los que se vino a atribuir dicha naturaleza.

Por ejemplo, es Lorenzo Ramírez de Prado quien concede la licencia para el «papel» Alma de la gloria de España, el epitalamio en prosa sobre el matrimonio de Felipe IV y de Mariana de Austria que José de Pellicer de Tovar publicó en 1650.¹⁸ La obra se abre con unos paratextos absolutamente inusuales en el panorama castellano de las aprobaciones,¹⁹ pues el Alma lleva impresa unacensura realizada por fray José Laínez en la que se señala que ha sido hecha a instancia de Ramírez de Prado.²⁰

Como se sabe, en las aprobaciones del ordinario o vicariato se identificaba por su nombre a la dignidad eclesiástica de quien provenía el encargo de proceder a la censura de tal o cual obra. Por su parte, los censores se refieren únicamente al Consejo o a Vuestra Alteza, conforme a las pragmáticas de las cortesías, en el caso de las aprobaciones reales. Sin embargo, además de que Laínez expone que ha sido Ramírez de Prado quien le ha encargado que apruebe el «papel» de Pellicer, al frente del Alma de la gloria de España se publican tanto el mandamiento de remisión que había originado dicha censura como la definitiva licencia concedida por el consejero.

El texto de la que expresamente se encabeza como «Remissión del S. D. Lorenzo Ramírez de Prado, Cavallero del Orden de Sant-Iago del Consejo Supremo de Castilla» era muy sucinto:

El Señor Obispo de Solsona, Don Fray Ioseph Laýnez, del Consejo de su Magestad, Se Sirua de ver Este Papel; Y con la Atención devida al Assunto; y a la Persona que le Celebra, dé su Parecer.²¹

Por su parte, la rotulada «Licencia del S. Don Lorenzo Ramírez de Prado» era sumaria y concluyente:

Esto se Imprima; y con la Aprobación del Señor Obispo; por Calificar la Obra, y el Sujeto, Dignamente, a sus Excelentes Partes, y Letras, Rubricada.²²

Poco después, D. Lorenzo se ocupa de la llegada a las prensas de otro papel, las Advertencias, o preceptos del torear de Pedro Jacinto de Cárdenas que Gregorio de Tapia y Salcedo llevó a la imprenta en 1651. En este caso, se publica una «Suma de la aprobación» que explica que:

Por Comisión del señor D. Lorenzo Ramírez Prado, censuró este papel D. Diego de Oribe y Manrique, Caballero del Orden de Santiago, y Caballerizo de la Reina nuestra Señora.²³

Y al año siguiente, el Memorial inmaculista del jesuita José Guarnizo, impreso en Madrid en 1652 incluye esta «Licencia»:

Imprímase, con que también en parte se cumple con lo que tanto desea el piadosíssimo zelo, y la entrañable deuoción del Rey nuestro señor a este santo Misterio, y la Protección de su Magestad solicita, sin perdonar medio para que se consiga. El Lic. D. Lorenço Ramírez de Prado.²⁴

Era, por tanto, el consejero como juez privativo el que concedía licencia para la impresión de estos papeles y memoriales. Sin que, por otra parte, se requiriera para ellos aprobación del ordinario, podrían llegar a las prensas por una sola vez, ya que Ramírez de Prado otorga sólo una suerte de imprimatur, pero nunca privilegio. Además, estos pequeños impresos no parecen sometidos a tasa puesto que no deberían haber sido editados para ser vendidos, sino para su mera distribución impresa.

Frente a la idea, antaño extendida, de que era el número de pliegos el elemen to que siempre marcaba la hipotética frontera entre la necesidad de pedir o no licencia de impresión, parece demostrado que la intencionalidad venal era el criterio que permitía distinguir entre los textos para los que se tenía o no que pedir licencia. De esta forma, aquella parte de los llamados géneros menores no estancada en virtud de privilegios, al estilo de las cartillas o el nuevo rezado, no habría quedado exenta de la exigencia de solicitar licencia al Consejo porque, como sucedía con relaciones, coplas o almanaques, estaban pensados para ser vendidos como mercancía.²⁵

Aunque no hubieran sido impresos con intenciones venales, el auto del Consejo de Castilla de 19 de diciembre de 1648 venía a sacar también a los impresos en memorial al rey del grupo de obras que se podían publicar sin solicitar previamente licencia, teniendo en cuenta los «graves inconvenientes» que se temían de su proliferación. De hecho, el cuerpo de textos exentos de licencia era cada vez más reducido y en él todavía encontraban espacio las relaciones de servicios y las alegaciones fiscales o porcones. No obstante, en algunos lugares su impresión también estuvo estancada, es decir se vendieron al mejor postor títulos perpetuos de impresores privilegiados de memoriales o informaciones en derecho.²⁶

Es importante destacar que la concesión de licencias por parte de Lorenzo Ramírez de Prado quedaba estrechamente limitada a los términos del auto de 1648. De hecho, la mecánica cotidiana general de los expedientes de aprobación de libros en el seno del Consejo no llegó a interrumpirse en modo alguno. Valga como ejemplo un expediente de las escribanías de cámara fechado que nos revela el proceso de aprobación para el San Felipe Neri. Epítome de su vida de Antonio Vázquez, publicado en Madrid en 1651.²⁷

En el reparto de asuntos entre los consejeros, el memorial con la petición de licencia y privilegio presentado por el Padre Vázquez acabó en las manos del consejero Francisco Ramos del Manzano, quien pasó a actuar como encomendero de la aprobación.²⁸ Sobre esta base, fue el célebre letrado quien decidió que el manuscrito del provincial de los clérigos menores fuese censurado por José de Pellicer y fue a él a quien el cronista hubo de remitir su aprobación, fechada en Madrid a 27 de marzo de 1651.²⁹ Por tanto, la mecánica de aprobaciones de imprenta en el seno del Consejo de Castilla continuó de forma ordinaria, compaginándose la superintendencia privativa de Lorenzo Ramírez de Prado con el habitual sistema de consejeros encomenderos, que siguieron ocupándose de hecho de la mayor parte de los expedientes relacionados con la impresión.

La reserva de un espacio jurisdiccional para un consejero de Castilla con atribuciones comisariales para ocuparse en unas suertes específicas de impresos se remontaría a 1627, cuando una orden regia establecía que:

[...] no se impriman ni estampen relaciones ni cartas, ni apologías ni panegíricos, ni gazetas, ni nuevas ni sermones ni discursos o papeles en materias de Estado ni Gobierno, ni arbitrios ni coplas, ni diálogos ni otras cosas, aunque sean muy menudas y de pocos renglones, sin que tengan ni lleven primero examen y aprobación en la Corte de uno de los del Consejo que se nombre por Comisario de esto.³⁰

Según esto, ya desde 1627 se habría dejado sentir la necesidad de especializar, valga la expresión, a un consejero para que se ocupase en exclusiva de los «papeles» en materias de Estado y gobierno. El mencionado auto de 1648 se debería colocar en esta misma estela, aunque no se conocen que sepamos las acciones de ningún juez privativo o comisario para imprentas en el seno del Consejo con anterioridad a Lorenzo Ramírez de Prado. De hecho, las órdenes que apremiaban a poner en control los impresos a los que ahora cabe atribuir un calado comunitario —«papeles en materias de Estado ni Gobierno», en 1627; que «tocan al Gobierno General, i Político, i a la Causa Pública» en 1648— no cesaron en la segunda mitad del siglo. Así, en 1682, se insistía en que debían examinarse todos los «libros, memoriales y papeles en que se trate o discurra de ella o cosa que toque a su [de estos reinos] constitución universal ni particular por vía de historia, relación, pretensión, representación o advertencia».³¹

La relativa ambigüedad de la comisión que recaía en Lorenzo Ramírez de Prado, cuya competencia era sólo parcial en materia de concesión de licencias, supuso que se levantasen algunas contradicciones por parte de otros oficiales de gobierno que parecen haberse preguntado cuál era su ámbito jurisdiccional exacto. Estas contradicciones salieron a relucir en una causa sobre el cargamento de cuarenta y nueve arrobas de libros, encuadernados y en pliegos, que el mercader Manuel Antúnez había comprado en Sevilla y hecho traer a las mismas puertas de la corte en 1650.³²

Una parte principal del contenido de las balas compradas por Antúnez eran ediciones contrahechas y toda la carga se quería introducir en Madrid sin registrar y, por tanto, sin pagar sus derechos preceptivos, habiendo sido aprehendidas por orden del corregidor de Madrid en la casa mesón de Sebastián Salgado sita en el lugar de Carabanchel.

La causa iniciada en 1650 es un enrevesado proceso múltiple.³³ En una de sus partes, lo que se resuelve es una cuestión de competencias jurisdiccionales que se ha abierto entre dos oficiales reales: Lorenzo Ramírez de Prado y Juan Antonio de Tapia. Éste era un fiscal de millones que había requisado el cargamento de libros y papeles de Antúnez, para después pregonarlo en subasta pública y terminar vendiéndolo al impresor madrileño Mateo Fernández. En la segunda parte, una vez que Ramírez de Prado ha avocado a sí el procedimiento con éxito, se produce la condena del mercader Manuel Antúnez. Pero no tarda en abrirse un nuevo episodio procesal cuando éste, una vez satisfecha la multa pecuniaria impuesta, reclama que se le devuelva la carga requisada y que había pasado de manos de Tapia a poder de Mateo Fernández, quien se resiste a entregarla hasta que no se le reintegre el precio que por ella ha pagado al fiscal de millones.

El interés del pleito es, por tanto, doble. De un lado, permite aquilatar el contenido de la comisión de Ramírez de Arellano en materia de libros e imprentas y, de otro, nos ofrece un buen número de noticias sobre impresiones contrahechas en la época. En el conjunto de mercancías de una u otra forma ilegítimas adquiridas en Sevilla, había, como veremos, obras de Góngora, Quevedo, Cervantes, Pérez de Montalbán o Vélez de Guevara, así como, entre otras suertes, cientos de docenas de comedias, coplas, cartillas, catecismos y catones.