Loe raamatut: «La política de paz, seguridad y defensa del Estado colombiano posterior a la expedición de la Constitución de 1991», lehekülg 6

•La Revolución Cubana que tuvo un gran impacto en las juventudes latinoamericanas de la época. Es el surgimiento del ‘castrismo’ como ideología revolucionaria, que privilegia la organización de tipo político-militar antes que la partidaria y que coloca todo el énfasis de la práctica guerrillera como modalidad fundamental de acción política para contribuir a crear las condiciones objetivas que posibiliten la realización de una revolución. Esto generó como efecto mimético la creación de grupos de guerrilla en casi todos los países de América Latina.

•La ruptura chino-soviética entre los dos partidos comunistas más importantes de este campo alrededor de las tesis soviéticas de la denominada ‘coexistencia pacífica’ entre oriente y occidente y la respuesta china de la necesidad que tenían los comunistas de propiciar la ‘revolución mundial’.

•Sin embargo, es necesario señalar que el conflicto armado colombiano tiene históricamente una centralidad mayor en relación con los factores internos que con los internacionales.

2.De tipo interno:

•El régimen político del Frente Nacional que constitucionalmente excluyó de toda participación en la actividad política, la administración pública y la administración de justicia a quienes no fueran liberales o conservadores, creando constitucionalmente ciudadanos de primera y de segunda categoría. Este fue un elemento de justificación importante para acudir al uso de las armas. Dicho arreglo constitucional es lo que algunos analistas han denominado la ‘democracia restringida’.

•El surgimiento de la denominada ‘nueva izquierda’ para hacer referencia a organizaciones políticas de izquierda, distintas al Partido Comunista, como el Movimiento Obrero Estudiantil, Campesino MOEC, de influencia pro China, el Frente Unido de Acción Revolucionaria FUAR, de tendencia gaitanista, y las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal JMRL, con gran simpatía por la revolución cubana, los cuales estimularon políticamente la idea de la lucha armada y tuvieron gran influencia en la juventud de la época a la vez que aportaron buena parte de los cuadros de dirección a las nacientes guerrillas –especialmente al ELN y al EPL–.

•La radicalización de los sectores juveniles y especialmente los estudiantes universitarios, que los hizo proclives a aceptar los discursos radicales de la lucha armada, muy en boga al comienzo de los sesenta. El movimiento estudiantil universitario experimentaba una fase de gran protagonismo político nacional, luego de tener un gran rol en la lucha contra el gobierno militar del general Rojas Pinilla. Esta dinámica se mantuvo en la década de los sesenta con notoria intensidad de la movilización social. Por supuesto, no eran ajenas a estas dinámicas las influencias del MOEC, el FUAR, las JMRL y el debate dentro del Partido Comunista por la ruptura chino-soviética.

•Los remanentes de las guerrillas liberales, núcleos campesinos que mantenían, así fuera simbólicamente, la esperanza de continuar su lucha guerrillera hasta cambiar las características del régimen político colombiano. Estos pretendían, sin mucha claridad acerca de sus alcances, emprender un nuevo tipo de lucha guerrillera que fuera más allá del problema liberal-conservador que había estado en el centro de la anterior violencia.

•La radicalización de sectores del sindicalismo, especialmente petrolero, que se planteaban la necesidad de articular las luchas sindicales a las luchas revolucionarias.

•El ‘renacer’ del viejo problema agrario no resuelto y que había sido forzado a la clandestinidad por la violencia liberal-conservadora. Renace por la confluencia de varios factores: con la Alianza para el Progreso –la cual surge como respuesta estratégica del gobierno norteamericano a la Revolución Cubana y con el apoyo de los demás gobiernos latinoamericanos– la reforma agraria se puso de moda y esto situó, de nuevo, el irresuelto conflicto agrario dentro de las prioridades de las luchas sociales y políticas.

Lo anterior dentro del marco de ese gran proyecto de pretensiones modernizadoras, así fuera tardías, que fue el Frente Nacional, el cual buscaba estimular el desarrollo económico al tiempo que se vivían procesos en la sociedad colombiana de urbanización acelerada y desordenada, de ampliación del acceso a la educación, de ingreso de la mujer a los espacios públicos.

3.Procesos originarios de las guerrillas revolucionarias en Colombia³³

El movimiento guerrillero colombiano, con las peculiaridades de las diversas organizaciones, tiene raíces muy profundas en la dinámica interna de las luchas sociales de los sectores populares. De manera que, a diferencia de otros conflictos, los factores externos obran más como elementos condicionantes que con un carácter determinante. La guerrilla revolucionaria en Colombia, entonces, se origina por dos grandes procesos, los que a su vez sintetizan múltiples dinámicas que convergen espacial y temporalmente.

a. Procesos cuyo origen es primariamente político que se entrecruzan posterior o simultáneamente con dinámicas sociales y regionales que les van a aportar el tejido social sobre el cual se implantan y desarrollan; es la violencia política intentando transformarse en acción revolucionaria. En estos procesos prima la decisión política de iniciar una larga marcha hacia la construcción de un actor militar alternativo al Estado, que lo confronte, le dispute la influencia política sobre la sociedad y eventualmente lo sustituya. En cada uno de estos procesos estará presente una determinada teoría revolucionaria, como expresión de una utopía en relación con un tipo de sociedad y una práctica política para lograrla.

Dentro de estos procesos se ubican con claridad casos como los del ELN³⁴ y el EPL (Behar, 1985; Villarraga y Plazas, 1994), considerados por analistas como Eduardo Pizarro como las guerrillas de la primera generación³⁵ y casos como los del M-19³⁶ señalada como guerrilla de la segunda generación. Producto de procesos similares de predominio de la decisión política es el surgimiento del Movimiento Autodefensa Obrera ADO, el MIR-Patria Libre y el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT.

En el caso del ELN su nacimiento se ve ligado de manera mucho más directa a la influencia de la Revolución Cubana y en especial al impacto producido por esta en las juventudes de Latinoamérica, igualmente se articula con luchas nacionalistas como la de los obreros del sector petrolero, luchas de resistencia armada como las que mantenían los remanentes de las guerrillas liberales en la región del Magdalena Medio y la expectativa que la misma crea en sectores colombianos de la llamada ‘nueva izquierda’ en el sentido de la posibilidad de realizar revoluciones a partir de la acción revolucionaria armada, combinada con el descontento social.

Tanto en sus proclamas y consignas, como en su práctica armada, todas estas organizaciones reflejan una orientación ofensiva: se trata de sustituir al Estado en unos casos o al régimen político en otros.

b. Procesos primariamente ligados a dinámicas sociales y regionales o étnicas y en las cuales las luchas por la defensa del territorio y de su propia forma de organización social se transforma y entrecruza con dinámicas cuyos referentes son políticos nacionales. Las modalidades de autodefensa son las que priman inicialmente como respuesta organizativa militar, aun cuando por momentos adquieran la modalidad de guerrilla móvil. Se trata de claros intentos de ligar la violencia política con la denominada violencia comunitaria –aquella en la cual la acción opone a una comunidad frente a un enemigo que ella percibe como extranjero o exterior– (Alape, 1994; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; Medina Gallego, 2009; Pizarro, 1989b, 2011) para transformarla así en acción revolucionaria. En estos procesos, también encontramos guerrillas de la denominada primera generación, como sería el caso de las FARC-EP y guerrillas de la segunda generación como sería el caso del Movimiento Armado Quintín Lame.

Las FARC-EP es una organización alzada en armas que hunde sus raíces en las luchas agrarias de los primeros decenios del presente siglo y de manera inmediata en las autodefensas agrarias campesinas que, de una u otra manera, el Partido Comunista Colombiano apoyó y estimuló en ese momento. Un breve recuento de los orígenes de las FARC-EP nos permiten situarle como antecedentes remotos los conflictos agrarios del Sumapaz y el Tequendama en las décadas de 1920 y 1930, alrededor de la lucha por la posesión y propiedad de la tierra y por el valor del jornal en la hacienda cafetera. De manera más próxima encontramos como antecedente la llamada ‘guerra de Villarrica’ a finales de los años 50 contra las zonas de autodefensa campesina del Sumapaz en Cundinamarca y el oriente del Tolima y que dan origen a las denominadas ‘columnas de marcha’ que condujeron desplazamientos poblacionales masivos y fueron la base de nuevos procesos de colonización en el Ariari y en regiones como El Pato y el factor generador inmediato de su conformación como grupo guerrillero bajo la denominación inicial de ‘Bloque Sur’. Posteriormente, se refiere a la ofensiva militar contra las regiones de autodefensa campesina, denominadas por algunos dirigentes conservadores como ‘repúblicas independientes’ de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero.

El peso histórico de la experiencia de autodefensa campesina se va a reflejar igualmente en las consignas y proclamas de este tipo de organización, así como una orientación defensiva en su práctica militar. Al respecto, es interesante mencionar lo que Armando Borrero denomina los territorios iniciales de la guerrilla colombiana y la forma cómo se definieron:

El territorio de las FARC fue definido por la resistencia campesina a los ataques de las dictaduras conservadoras en los finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta. El territorio fue el de las comunidades amenazadas. Las autodefensas campesinas supérstites de la primera etapa de la violencia ocuparon espacios propicios para la resistencia: no tuvieron que escoger.

El ELN llegó a su implantación en el Magdalena Medio santandereano por medio de una selección racional. Se examinó más de una posibilidad en función de las condiciones de diversos territorios para la supervivencia, tanto por la geografía como por las tradiciones de lucha que hubiera en la población. Por descartes sucesivos se llegó al área elegida. Este proceso es congruente con su origen de clase media urbana y su adhesión a la teoría del ‘foco’ guerrillero.

La implantación territorial del EPL guarda similitud con las dos tendencias anteriores. Algunos de sus fundadores tenían experiencias de la resistencia en las autodefensas campesinas influidas por el Partido Comunista, pero ya separados del partido no encontraban cabida en los territorios del nacimiento de las FARC. Buscaron áreas de colonización y de conflicto por la tierra, y no faltó la influencia del origen regional de algunos de sus dirigentes y de la tradición de resistencia de las comunidades del norte de Antioquia y de las vecindades de Córdoba y Sucre. La decisión no tuvo un condicionamiento forzado como la de las FARC, pero tampoco la búsqueda exhaustiva del ELN. La mayor parte de la dirigencia del PCML estuvo de acuerdo con un área en la que ya habían acumulado algunos trabajos de proselitismo, que era de conflictos profundos por la posesión de la tierra y por las condiciones laborales del campesinado (Borrero Mansilla, 2019, p. 202).

En todas las organizaciones guerrilleras colombianas, independiente de sus procesos originarios, encontramos un cierto proceso de autonomización en relación con sus dinámicas iniciales y lleva en todos los casos a la coexistencia de dos grandes dinámicas: la originada en el discurso político, casi siempre con referencia nacional, y la producida por las particulares condiciones de inserción de cada guerrilla en los diversos sectores sociales y en las diferentes regiones. La convivencia de estas dos dinámicas al interior de cada guerrilla es lo que ha impedido, en el caso colombiano, que estas devengan en grupos terroristas, aun cuando por momentos acudan a métodos terroristas, y a que en el caso de algunas se hayan originado disidencias de tipo terrorista en su seno –por ejemplo, el Comando Pedro León Arboleda PLA del EPL, el Frente Ricardo Franco de las FARC-EP, la Coordinadora Nacional de Base del M-19–, cuya vida fue efímera.

A partir de lo señalado podemos afirmar que en cada organización guerrillera conviven varias tendencias que se expresan en prácticas políticas diferenciadas, dependiendo de la particular inserción en cada región o sector social. Por consiguiente, es necesario distinguir la expresión e inserción social de cada organización guerrillera en las regiones o sectores sociales que contribuyeron a su nacimiento –generalmente hay mayor compenetración con la población y su problemática en todas las organizaciones guerrilleras, independiente de su origen– de otras regiones de expansión posterior, en las cuales pueden haber primado prácticas coercitivas de implantación sobre formas consensuales de inserción.

En sus inicios, todas las organizaciones guerrilleras colombianas pretendieron presentarse como alternativas al reformismo con base en el argumento de que su método privilegiado de lucha es el de la confrontación armada y no tanto a partir del contenido de sus propuestas programáticas. Es decir, plantearon la tensión entre ‘reforma-revolución’ a partir de los métodos de la práctica social: si se prioriza la acción política no armada se trataría de actividades reformistas, si el énfasis se da a la acción política armada, por el contrario, se trataría de actividades revolucionarias.

Lo anterior, independiente de que casi todos los programas y propuestas de las organizaciones guerrilleras, por lo menos en sus inicios, podrían ser catalogados claramente como reformistas, en el sentido de que pretenden el cambio de las relaciones sociales de los modos de producción subordinados, dejando intocables las relaciones sociales del modo de producción dominante. Es altamente probable que en situaciones como la colombiana la introducción de reformas sustanciales se puede considerar como una verdadera revolución. Sin embargo, el debate acerca del denominado carácter de la revolución estaba presente en las distintas organizaciones guerrilleras nacientes como derivación de las distintas corrientes políticas que allí estaban presentes.

Esta perspectiva de analizar las organizaciones guerrilleras desde las dinámicas que les dieron origen nos lleva a concluir que todas ellas han estado y están parcialmente integradas a las demandas de sectores sociales o regionales, a sus luchas, a su territorio. Simultáneamente, toda organización es expresión de un proyecto político y militar global y privilegia, por momentos y de forma variable en el ámbito regional o nacional, su propia dinámica, al margen o por encima de las de los sectores sociales que dice representar.

La guerrilla en Colombia irrumpe en el escenario social y político en un contexto de las siguientes características: la crisis parcial de legitimidad, que se manifiesta de manera recurrente y comenzaba a asomarse de nuevo después del lapso de recuperación parcial logrado con la estructuración del régimen político que conllevó el Frente Nacional y que le daba un espacio a la legitimidad parcial. Dicha legitimidad parcial fue reivindicada por los actores guerrilleros como un argumento para justificar la confrontación político-militar contra el régimen político y el Estado. Igualmente, debemos mencionar que la guerrilla aparece en un periodo caracterizado por el auge y expansión de la denominada ‘acumulación regulada’ y del Estado Intervencionista con su extensión como Estado de Bienestar lo que, en formaciones sociales como la colombiana, con lo reducido de la cobertura de sus políticas sociales, fue más una ideología que una realidad.

Es por ello por lo que las propuestas de las organizaciones guerrilleras en sus inicios se situaban en la tendencia del momento de las organizaciones sociales consideradas como ‘progresistas’, caracterizadas por reivindicar una ampliación del intervencionismo estatal en la medida en que estatización se asimilaba a socialización y pedir una cobertura ‘real’ de las instituciones del Estado de Bienestar. Lo anterior enmarcado dentro de planteamientos estratégicos que visualizaban solamente la ‘conquista del poder’, en términos de apoderarse de los aparatos de dominación –que son útiles solo para ejercer y reproducir la propia dominación bajo otras formas y con nuevos fundamentos y referentes–.

La utopía era el inicio de la construcción de la sociedad socialista siguiendo los modelos del ‘socialismo real’ y el referente más cercano lo proporcionaba el triunfo de la Revolución Cubana, cuyo ejemplo orientaba algunas de estas guerrillas.

Las guerrillas en Colombia surgen como actores políticos–con incidencias sectoriales o regionales y en algunos casos con protagonismo nacional–, algunas van priorizando su dimensión militar durante un cierto periodo, pero el movimiento guerrillero en su conjunto mantiene su rol de protagonismo político, el cual se expresa en la incidencia que tienen en la vida nacional, en su accionar político-militar y en su influencia sobre los movimientos sociales predominantes.

Para este momento la relación entre guerrilla y movimiento social se puede caracterizar como de dependencia del segundo frente a la primera. El movimiento social, en particular el movimiento estudiantil, es concebido como un “apéndice” y una “caja de resonancia” de la guerrilla y adicionalmente como una fuente privilegiada de militantes para esta³⁷. En ese periodo podemos decir que la guerrilla tiene una gran ‘sintonía’ con el movimiento estudiantil y una fracción del movimiento obrero.

En relación con el movimiento campesino, el cual toma auge a finales de los 60, hay una relación ambivalente que es producto del falso dilema que orientaba las luchas en ese momento –“reforma” o “revolución”– y frente al cual la lucha por la tierra era percibida por algunas de las guerrillas como una lucha reformista que desviaría a las masas campesinas de sus “verdaderos objetivos” de la lucha por el poder total del Estado.

El protagonismo político de la guerrilla es fuerte a nivel sectorial (movimiento estudiantil, sectores del movimiento obrero y del movimiento campesino) y a niveles locales y regionales e intermitente a nivel nacional.

Los años 70 se pueden caracterizar como los años de las crisis. En el primer quinquenio de esta década se evidencia la crisis de la fase de acumulación regulada, que también es la crisis del denominado “fordismo central” como modelo de acumulación y se entra en un periodo de transición hacia la redefinición de una nueva fase de la acumulación.

Esto involucra también la crisis del Estado intervencionista y de su extensión como Estado de Bienestar, al evidenciarse el agotamiento de este como mecanismo regulador de las crisis capitalistas y empezar a considerarse su papel más como obstructor que como posibilitador de los procesos de acumulación.

A nivel colombiano tenemos que con el inicio del proceso de desmonte del Frente Nacional se intenta reeditar la competencia bipartidista como mecanismo de recomposición de la siempre precaria legitimidad del régimen político, pero rápidamente se evidencia que no es posible el ‘retorno al pasado’ y que las lealtades bipartidistas han sido gravemente erosionadas por el maridaje del Frente Nacional. La crisis de los partidos va más allá de lo que aparece en la superficie; ya no son los canalizadores de los diversos procesos y demandas de la sociedad y cada vez cumplen menos el rol de ‘correas de transmisión’ de los sectores subordinados de la sociedad frente al Estado.

En el campo de las organizaciones guerrilleras, el mayor protagonismo político corre a cargo del M-19, que en este momento logra sintetizar las expectativas de los nuevos tiempos, ligando la lucha guerrillera a la coyuntura política y haciendo que toda su capacidad operativa se dirija hacia la consecución de un objetivo básico –campaña por la amnistía, la paz y el diálogo nacional, por ejemplo– sin dispersarse en propuestas estratégicas y aisladas. Además, plantea la operación militar con grandes contingentes, intentando desarrollar una ‘guerra de movimientos’, superando así la práctica tradicional de las guerrillas de operar a partir de pequeños destacamentos. Las organizaciones guerrilleras surgidas en los decenios anteriores van a vivir igualmente procesos agudos de crisis en los años 70, lo que las lleva a gastar todas sus energías en la resolución de sus propias crisis.

Podemos señalar que el involucramiento de la guerrilla en la coyuntura política nacional da lugar a la consolidación de su protagonismo político en este nivel como fundamental, sin olvidar otros protagonismos a niveles regionales y sectoriales.

Las relaciones de la guerrilla con los movimientos sociales van a estar caracterizadas por una interdependencia y un inicio de reconocimiento de la autonomía de los segundos en relación con la primera. Esto, a pesar de que el movimiento social sigue siendo considerado como una fuente de militantes y cuadros. No obstante, se da un campo de acercamiento de las prácticas de unos y otros, lo que es más evidente en el caso de los nuevos movimientos sociales de inserción regional.

En los años 70 las guerrillas clásicas –FARC-EP, ELN y EPL– van a vivir profundas crisis internas, de crecimiento y consolidación, al tiempo que la nueva generación de guerrillas, particularmente el M-19, copa lo fundamental del espacio político contestatario.

Históricamente el Estado colombiano ha sido precario en su legitimidad, dicho de otra manera, ha tenido una legitimidad parcial. Ello no solo por la incapacidad de controlar el conjunto del territorio nacional, denominado por algunos como el vacío de poder, sino también por su débil imparcialidad, lo que impide situarlo por encima de los intereses de grupos, partidos o sectores transitoriamente en el gobierno. Sumado a lo anterior, su ineficacia ancestral, la tendencia recurrente a que en su seno se desarrollen prácticas corruptas y auspiciadoras de la lógica clientelista como predominante en la acción la política. Quizá más cerca a lo que Lawrence Freedman llama, siguiendo a varios autores, entre los cuales destaca a Robert H. Jackson, ‘cuasiestados’, entendidos como

[…] entidades dotadas de la posibilidad de una existencia legal internacional como tales entidades soberanas (o lo que es lo mismo, provistas de una estatalidad jurídica), pese a carecer de realidad sociopolítica como estado efectivo (lo que se conoce como estatalidad empírica). Su condición de estados no se sustentaban en una sólida percepción colectiva de nacionalidad (Freedman, 2019, p. 242).

Adicionalmente, la tendencia del Estado colombiano de incumplir los acuerdos de toda naturaleza e incluso en ocasiones de manera deliberada, ha llevado a que el mismo sea percibido como poco creíble y confiable.

Factores que contribuyen a la reproducción del conflicto interno armado

Hemos mencionado la importancia de diferenciar entre los factores que están asociados al origen del movimiento guerrillero en Colombia de aquellos factores que de manera posterior se han convertido en elementos coadyuvantes a la reproducción del conflicto interno armado, entre los cuales queremos destacar los siguientes:

1. El problema del narcotráfico y otras rentas ilegales³⁸

Colombia, como ningún otro país de América Latina, ha tenido una historia muy particular alrededor del problema de las drogas: cultivos de uso ilícito –marihuana, cocaína, amapola–, procesamiento y producción de estupefacientes, comercialización y distribución. Desde la perspectiva histórica el problema del narcotráfico pasa por el reconocimiento de la existencia de una cultura de la economía ilegal. Si bien es cierto que se puede remontar hasta la Colonia –contrabando de tabaco, quina–, la cadena histórica más reciente se puede desprender desde la entrada de contrabando al país de bienes de consumo suntuoso, el tráfico de esmeraldas y la proliferación de compraventas.

Surge como una actividad productiva y mercantil, de carácter internacional y al margen de la legalidad, desarrollada por individuos y organizaciones interesados fundamentalmente en la consecución del lucro personal. Esto nos muestra las tres grandes características que tiene esta actividad: su ilegalidad, su proyección internacional y el ser una actividad económica capitalista con grandes rendimientos, ello justamente por las dos primeras características.

Progresivamente se inician los procesos que intentan insertar en lo social y en lo político colombiano a estos nuevos sectores sociales y allí comienzan a presentarse choques con los sectores tradicionalmente dominantes y algunos subordinados de la sociedad, fundamentalmente por los reparos éticos que se formulan a estos advenedizos.

Simultáneamente se inicia un proceso de inserción económica de los nuevos capitales, proceso que en principio tiene poco rechazo. Uno de los sectores en que se inicia esta inserción, es el agrario. Mediante la compra de tierras se entrecruza este nuevo capital con los conflictos derivados de la lucha guerrillera y contra guerrillera, que venía de varios decenios anteriores. El problema de la droga en los 80 le cambió las ‘reglas del juego’ a todos los actores –particularmente a los armados– de la sociedad colombiana.

Dentro de esta dinámica expansiva del problema de la droga se inició una confrontación limitada con algunas instituciones estatales por algunos grupos dedicados a la comercialización y distribución de la droga. La confrontación entre instituciones estatales y los sectores del tráfico de droga –que se desarrolló fundamentalmente alrededor del uso de la extradición por el primero, y de los métodos terroristas, por los segundos– devino progresivamente hacia la búsqueda de espacios de salida no militar que mimetizarán una salida con visos de negociación. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 eliminó la extradición de colombianos dentro de la nueva Constitución Política de Colombia y creó así un marco normativo adecuado para buscar salidas diferentes a la de la guerra que primó al final de los 80. A mediados de los años 90 la extradición de colombianos fue incorporada nuevamente a la Constitución colombiana.

Varios analistas del conflicto armado colombiano han anotado, con razón, que la principal preocupación de los Estados Unidos en relación con esta guerra interna radica en el problema de los cultivos de uso ilícito y la manera como estos pueden ser la principal fuente de financiación de la confrontación armada, e incluso señalan que para los Estados Unidos el único punto concreto de la ‘agenda común’ de negociación sería el de la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

Pero la problemática de los cultivos de uso ilícito no es otra que la del viejo problema agrario que no ha sido resuelto por las denominadas estrategias de desarrollo y sustitución. Su resolución pasa por dar una respuesta seria al problema de alternativas productivas que sean económicamente rentables, junto con la dotación de infraestructura productiva y de una infraestructura social básica. Una respuesta no represiva a los cultivos de uso ilícito constituye en buena medida la desactivación de una parte sustancial del conflicto armado colombiano y saldar así parte de la deuda de nuestro desarrollo agrario.

Podríamos señalar que el problema de la droga en la sociedad colombiana ha obrado como una especie de articulador y disparador de múltiples elementos que ya estaban presentes en la realidad colombiana: corrupción, desconfianza en la política y los políticos, incredibilidad institucional, las múltiples violencias, entre otros.

En los últimos tiempos igualmente emerge como una fuente de recursos ilegales importante para los actores armados ilegales, los recursos derivados de las actividades de la minería ilegal o el control ilegal de la explotación de sectores de minería artesanal

2. Tendencia a modernizar sin democratizar

Es la vieja tradición colombiana de disociar norma y realidad y considerar que los problemas de la realidad se resuelven simbólicamente en el ámbito normativo. Así, frente a cada problema en la realidad, la respuesta es una norma que por lo general no se cumple. En los últimos decenios las élites dirigentes colombianas le quedaron debiendo a la sociedad las necesarias reformas que requería para su introducción real en la modernidad y la consolidación de la democracia y el proceso de reforma del Estado. La expedición de la Constitución de 1991 en este campo fue la síntesis y la culminación de un proceso reformista iniciado quince años atrás que puso todo el acento en la modernización del estado y ‘olvidó’ la necesidad de la democratización de este.

3. La impunidad y la crisis de la justicia

No hay duda de que en una sociedad en la cual no exista no existan reglas imparciales para todos y jueces que las apliquen con el mismo criterio de imparcialidad no es posible la convivencia armónica, no hay credibilidad en las instituciones estatales y hay alta probabilidad de que el recurso a la mal llamada “justicia por mano propia” se generalice y ese ha sido sin duda el caso de la sociedad colombiana.

Uno de los grandes problemas que enfrenta el país desde hace varias décadas, a pesar de las reformas incluidas en la Constitución Política de 1991, es el de la eficacia de la justicia y cuyo reflejo más claro son la criminalidad oculta y los índices de impunidad. Todo indica que la impunidad es un elemento de causalidad muy grande para retroalimentar la espiral de violencia y un argumento para acudir a las prácticas retaliatorias.