Loe raamatut: «Migraciones y seguridad: un reto para el siglo XXI»

INTRODUCCIÓN
MAGUEMATI WABGOU
DANIEL VARGAS OLARTE

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) denomina migración internacional al proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas se trasladan de un país a otro con el propósito de establecerse. En general, las personas que migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida, mayores oportunidades laborales y entornos sociales más prósperos. Así, la desigualdad social y económica, la inestabilidad política y la violencia son algunas de las razones que explican el creciente desplazamiento de poblaciones hacia otros países.

En este orden de ideas, la decisión de emigrar de una persona puede estar motivada por factores económicos, derivados de la creciente diferencia en los niveles de vida y de salarios entre los países; la baja calidad de la gobernanza, la corrupción y las falencias estructurales en el acceso a servicios de educación y de salud en los países emisores; los conflictos políticos (a veces con trasfondo étnico o religioso) y la violencia generalizada que, según la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), fueron la causa del desplazamiento forzado de 68,5 millones de personas en 2017 a nivel global (Acnur, 2018, p. 2) se han convertido en una de las principales causas del desplazamiento de colombianos hacia los países vecinos de la región –al concluir 2017, se registraron 7,9 millones de víctimas del conflicto en Colombia, la mayoría de ellas eran desplazados internos (7,7 millones), constituyéndose así en la segunda mayor población desplazada del mundo después de Siria (p. 6)–; los desequilibrios demográficos, que pueden presentarse tanto en los países emisores como en los receptores; factores ambientales como terremotos, accidentes industriales, inundaciones o sequías; y las comunidades organizadas de compatriotas o familiares en los países de destino, las cuales se constituyen en factor de empuje social y cultural, ya que facilita el proceso migratorio de otras personas. Este último tipo de desplazamientos representa el grueso de las corrientes migratorias legales en muchos países industrializados (OIM, 2013, pp. 33-34).

De esta forma, en el año 2015 y según los datos de las Naciones Unidas, una población de 244 millones de personas vivía fuera de su país natal, y para el año 2050 se estima que el incremento llegue a 405 millones de personas (OIM, citada por Armijo Canto, 2011, p. 6). Para el Banco Mundial (citado por OIM, 2013, pp. 57-58), durante 2010 los flujos desde el sur hacia el norte representaron un 45 % del total de desplazamientos migratorios a nivel mundial y alcanzaron los 95 millones de personas. En el caso de las migraciones sur-sur, como las que se analizan en la tercera parte de este estudio, estas superaron los 75 millones de desplazamientos y representaron un 35 % del flujo migratorio mundial.

En términos absolutos, la mayoría de los migrantes internacionales proceden del sur, siendo Estados Unidos su principal destino. El país norteamericano recibió, según datos presentados por el Banco Mundial (2011), unos 42,8 millones de inmigrantes, mientras que Francia y España –países también objeto del presente estudio– acogieron cada uno cerca de 7 millones de personas extranjeras. México, por su parte, es el principal país emisor de emigrantes, con 11,9 millones de personas en 2010; mientras que 2,9 millones de colombianos emigraron del país. De esta forma, el corredor México-Estados Unidos (caso de estudio en la primera parte del presente trabajo) representa la principal ruta migratoria mundial: el contingente de personas que por allí se desplaza totaliza el 6 % de la masa mundial de migrantes (OIM, 2013).

Por otro lado, se evidencia que, si hasta el siglo XX la mujer mantuvo un comportamiento receptivo y sedentario en función del hombre migrante, en los últimos años del siglo XXI el desplazamiento femenino ha alcanzado casi el 50 % del total del flujo migratorio mundial. En la primera década del nuevo milenio alcanzaron los 95 millones en el mundo, mientras que en Europa el total de mujeres migrantes corresponde al 52 % (Morokvasic, 2007; OIM, 2013). Además, esta creciente feminización de la migración internacional va acompañada de un incremento de la victimización de mujeres por parte de redes criminales dedicadas a la trata de personas y el tráfico de migrantes irregulares.

A su vez, las migraciones constituyen una importante fuente de recursos económicos para las sociedades de origen. Así, las remesas desde el norte hacia el sur alcanzaron los USD 267 000 millones en 2010, de los cuales unos USD 100 000 millones fueron enviados desde Estados Unidos hacia países del sur (Banco Mundial, citado por OIM, 2013). Las remesas hacia América Latina son del orden de USD 58 100 millones; además, México y Colombia son los principales destinos de estas. En Colombia, por ejemplo, el Banco de la República calcula en USD 3200 millones las remesas provenientes de Ecuador para el año 2007. Entretanto, las remesas hacia África alcanzaron en 2010 los USD 40 000 millones y representaron la segunda mayor fuente de ingresos del continente (Banco Mundial, 2011).

El panorama general de las migraciones internacionales da cuenta de la importancia del fenómeno en el escenario internacional y la relevancia que este ha alcanzado en las agendas de los Gobiernos nacionales. La situación se vuelve preocupante cuando no todos los que aspiran a migrar pueden cumplir con los requisitos administrativos para hacerlo legalmente, de modo que algunos lo hacen de forma no autorizada, con lo cual infringen la ley y se convierten en migrantes irregulares (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012, p. 45).

Estos flujos migratorios en situación de irregularidad tienden a ser considerados como problemáticas de seguridad en los países de destino porque son asociados con actividades terroristas, de narcotráfico y de trata de personas, entre otras. De allí que la acción de los Estados respecto al fenómeno migratorio esté cada vez más determinada por las consideraciones en materia de seguridad nacional, conllevando la implementación de políticas restrictivas a la migración. La situación resulta contradictoria cuando, en el marco de los procesos globalizadores, se promueve la apertura de mercados y comunicaciones, pero se pretende limitar los flujos migratorios, es decir, se promueve la apertura de fronteras para la libre circulación de bienes y capitales pero se establece un bloqueo para el tránsito de ciertas personas. Así, mientras la globalización económica se considera una oportunidad, la migración es vista como un problema (Armijo Canto, 2011).

En esta perspectiva, la globalización en su dimensión política, comercial y cultural, ha generado para las autoridades estatales un doble reto en torno al control de sus fronteras nacionales: en primer lugar, garantizar espacios flexibles que permitan una integración económica y social basada en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales; y en segundo lugar, protegerse del crimen organizado que, en general, ha seguido la tendencia global de la economía, haciéndose ubicuo y elusivo “porque crece, cambia y se multiplica a escala internacional, convirtiéndose en el problema más importante del siglo XXI” (Echeverri, citado por Carrión y Espín, 2005, p. 9). En este contexto, los Estados receptores buscan extremar y fortalecer las medidas de vigilancia fronteriza para prevenir la entrada de factores de riesgo e ilegalidad y garantizar así su seguridad nacional.

En efecto, los Estados subordinan las políticas migratorias a las políticas de control y seguridad fronteriza, especialmente porque las fronteras se han convertido en espacios estratégicos para la integración del crimen, en el que el delito con organización global se expresa con acciones locales y donde, además, se produce la discontinuidad de las medidas legales y legítimas para hacer frente a ese delito (Carrión y Espín, 2005, pp. 12-13). Al concentrarse las actividades del crimen organizado en las zonas fronterizas, estas coinciden con los espacios donde se desarrollan los flujos migratorios. La consecuencia es que la migración se incluye en el conjunto de problemas de seguridad en las fronteras (Armijo Canto, 2011). Es así como las mismas medidas implementadas para combatir el tráfico de drogas ilegales, por ejemplo, son también instrumentalizadas para contener el tránsito irregular de personas.

En este orden de ideas, el estudio realizado demuestra cómo las políticas restrictivas –que en casos como el de América del Norte incluyen estrategias militaristas– no han generado el efecto esperado de disminuir el número de migrantes. Paradójicamente, estas medidas han tenido el efecto colateral de aumentar las migraciones irregulares, puesto que miles de personas, al no lograr sortear los rígidos controles migratorios, ingresan de forma no autorizada al país de destino tras acudir, en la mayoría de las ocasiones, a redes dedicadas al tráfico de migrantes y la trata de personas.

De tal forma, la trata de personas se ha vuelto una preocupación significativa a nivel mundial y la migración irregular ha escalado puestos en la lista de problemas cruciales que los países deben afrontar. De hecho, estos fenómenos actualmente se equiparan con el narcotráfico como una de las fuentes de ingresos más importantes para el crimen organizado (Armijo Canto, 2011, p. 6). Pero además de violar las normas de control fronterizo establecidas, la migración irregular implica una serie de desafíos mayores en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante.

En este contexto, la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, pero sobre todo los eventos terroristas del 11 de septiembre de 2001, han modificado sustancialmente la concepción tradicional de la seguridad nacional –ligada sobre todo a la defensa externa del Estado–: fue vinculada definitivamente a la seguridad interior. En un escenario donde predominan el terrorismo y el narcotráfico como principales amenazas a la seguridad global, factores como la transnacionalización del crimen, la flexibilización de las fronteras nacionales y los crecientes movimientos migratorios, se han constituido en temas relevantes para la construcción de las agendas nacionales y regionales de seguridad y han llevado a las autoridades nacionales a conjugar, cada vez más, sus aparatos de seguridad interior con los de seguridad exterior.

Así, entender los vínculos entre migración y seguridad es el objetivo principal del trabajo de investigación desarrollado por los grupos de investigación Migraciones y Desplazamientos y Seguridad y Defensa, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, se analizan tres casos que evidencian esta securitización de las políticas migratorias: en primer lugar, Estados Unidos frente a su frontera con México; segundo, la situación de la Europa mediterránea y las migraciones provenientes de África del Norte; y finalmente, el caso de las migraciones colombianas, esencialmente por motivos de la violencia, hacia los países vecinos de Ecuador y Venezuela.

En los dos primeros casos, se evidencia el influjo de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington (2001) y sus réplicas en Madrid (11 de marzo de 2004) y Londres (7 de julio de 2005) para la integración de las medidas de control migratorio dentro de las políticas de seguridad nacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea asumieron medidas para hacer frente a la amenaza terrorista en casa desde una perspectiva defensiva, mediante el fortalecimiento de la respuesta policial, judicial, la protección de infraestructuras críticas y de la población contra futuros atentados.

En el caso de Estados Unidos, las estrategias enmarcadas en la Homeland Security fortalecieron los controles fronterizos y el seguimiento receloso sobre las poblaciones inmigrantes, con el fin de prevenir la entrada de posibles terroristas –y también narcotraficantes– al país. El fortalecimiento de la vigilancia fronteriza implicó la adopción de estrategias de guerra de baja intensidad y la militarización de estructuras como la Patrulla Fronteriza, encargada del control migratorio. Esto estimuló una interpretación ideológica que criminalizaba a la migración indocumentada, o bien, la entendía como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos (Guillén, 2005, p. 162).

La Europa mediterránea, por su parte, ha sido receptora de flujos masivos de migrantes provenientes de países de África y de Oriente próximo, con los que comparte lazos históricos comunes derivados de su pasado colonial. Como en el caso de Estados Unidos, Europa también ha asumido estrategias restrictivas de la inmigración que tienden a la criminalización y desconfianza sobre las poblaciones llegadas de otras latitudes. En términos generales, las poblaciones africanas son asociadas con el delito común, los musulmanes con grupos terroristas y los latinoamericanos con bandas narcotraficantes.

Desde esta óptica, las leyes migratorias en Estados Unidos y Europa promueven prácticas de discriminación y exclusión de inmigrantes. Esta tendencia se confirma en legislaciones adoptadas por el estado de Arizona, que afecta la población de origen mexicano, o en Italia, en contra de poblaciones gitanas. En ambos casos se trata de medidas que se fundamentan en la sospecha sobre las personas basada en un perfil étnico-racial.

El caso del triángulo Ecuador-Colombia-Venezuela es particular. Los tres países, más allá de orientaciones ideológicas de sus gobiernos, comparten factores de riesgo e inseguridad derivados de la desigualdad social, altos índices de pobreza, desequilibrios macroeconómicos, la fragilidad de sus sistemas políticos, situaciones de inseguridad convencional y otras derivadas del narcotráfico. Sin embargo, la situación de conflicto armado interno en Colombia es el factor determinante de la migración masiva de poblaciones colombianas a los países vecinos. Dada la acción de los grupos armados ilegales –y también de las estrategias militares asumidas por el Estado colombiano para combatirlos–, se presenta una importante oleada de colombianos que se ven obligados a cruzar las fronteras para escapar de la violencia y buscar refugio en los países vecinos. No obstante, el problema del desplazamiento forzado no ha recibido la atención debida por parte de los países implicados, que priorizan las preocupaciones de seguridad nacional y las necesidades de blindar las fronteras frente al accionar de grupos armados ilegales, bandas criminales narcotraficantes y de las fuerzas militares del Estado vecino.

De esta forma, el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa y el Grupo de Investigación en Migraciones y Desplazamientos presentan los resultados de investigación del proyecto Migraciones y Seguridad: un reto para el siglo XXI, y aprovechan para agradecer el apoyo brindado por la Dirección de Investigaciones de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, para el desarrollo de este trabajo.