Sexo, violencia y castigo

Sexo, violencia y castigo

Sexo, violencia y castigo

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

María Camila Correa Flórez

Coordinadoras

Índice

Portadilla

Introducción

Isabel Cristina Jaramillo Sierra, María Camila Correa Flórez

Primera Parte: Violencia sexual: definiciones y manifestaciones

Capítulo 1. La invención y moldeamiento del abuso infantil

Ian Hacking

Capítulo 2. Aborto y violencia basada en género: argumentos para ampliar el acceso al aborto por la causal violencia en Colombia

Viviana Bohórquez Monsalve, Nora Estefanía Picasso Uvalle

Capítulo 3. Los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado en la legislación penal colombiana

María Camila Correa Flórez

Capítulo 4. El delito de acoso sexual en Colombia, discusiones entre feminismos del castigo y feminismos críticos

Marcela Abadía

Segunda Parte: Efectos de la reforma legal feminista

Capítulo 5. Seguimos luchando: ¿cómo prevenir la violación en el siglo XXI?

Sharon Marcus

Capítulo 6. Sin una habitación propia: los derechos de las mujeres entre la violencia patriarcal y la dignidad grupal

Elena Beltrán

Capítulo 7. La trata y la esclavitud sexual de las mujeres: entre mistificaciones discursivas y sórd(id)as realidades

María Luisa Maqueda Abreu

Capítulo 8. La lucha contra la trata de mujeres: la criminalización de las “malas víctimas” como consecuencia no deseada

Cecilia Marcela Hopp

Capítulo 9. Derecho penal y deseo: la invención de la prohibición en #YoTambién

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

Tercera Parte: Masculinidades y violencia sexual

Capítulo 10. Las violaciones de los militares

Roland Littlewood

Capítulo 11. Masculinidad y violencia

María Mercedes Gómez

Esta publicación ha sido producida con el apoyo económico de la Red Alas.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.

Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia.

Acreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación.

© Ediciones Didot

© Isabel Cristina Jaramillo Sierra

© María Camila Correa Flórez

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Primera edición en formato digital: enero de 2021

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto451

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Inscripción ley 11.723 en trámite

ISBN edición digital (ePub): 978-987-3620-84-3

Introducción

Isabel Cristina Jaramillo Sierra (1)

María Camila Correa Flórez (2)

La violencia sexual ha estado en el corazón de la movilización feminista al menos en los últimos veinte años. Se ha insistido que la sexualidad “es lo conectado a uno de los reductos más preciados de las relaciones interpersonales, donde se vuelcan aspectos esenciales de la propia identidad” (Asúa, 2009) y, por eso, se ha predicado que la violencia sexual lesiona la libertad, entendida en sentido amplio, de cada individuo. Estas convicciones han inspirado una miríada de transformaciones de las normas penales, así como del procedimiento penal y, en particular, de las reglas de evidencia. De castigos enfocados en el honor familiar o el derecho exclusivo de acceso del marido a la mujer, hemos transitado a castigos motivados por la protección de la autonomía sexual. Y de exigencias de confirmación de los testimonios de las mujeres y desconfianza de sus motivaciones, se ha logrado persuadir a los operadores judiciales de lo generalizado de la violencia y lo dudoso de la sospecha. El que unas actrices de Hollywood hubiesen decidido atacar a un conocido violador serial usando la expresión #MeToo, con lo que querían poner en evidencia su solidaridad en la acusación y los riesgos que estaban dispuestas a asumir para poder hablar, sin embargo, ha transformado de manera muy significativa la conversación global sobre la violencia sexual. Estos eventos mostraron varias cosas importantes sobre el fenómeno de la violencia sexual y el poder de la solidaridad. En primer lugar, mostró que no todos los hombres son observadores pasivos o están interesados en participar en la violencia. Muchos han expresado genuinamente que no sabían lo extendido del fenómeno y se han declarado activamente a favor de la movilización y el cambio. Han expresado su desagrado y han señalado cuán inaceptable resulta esta conducta. En segundo lugar, mostró que escuchar de otro que esto “no es normal” es suficiente para tener el valor de la denuncia. Más importante aún, y esto sería un tercer aspecto, #MeToo ha puesto en evidencia que no necesariamente lo que se quiere es “castigar”. Para muchas mujeres, cuyos agresores han sido padres, hermanos o amigos, basta poder decir en voz alta que lo que pasó no estuvo bien y que nadie debería decirles que se resignen porque esta es la vida de las mujeres. Las mujeres jóvenes están rechazando así seguir viviendo el mundo de sus hermanas mayores y de sus madres. No van a detenerse, pero tampoco están obsesionadas por la sangre. Finalmente, #MeToo viene dejando en evidencia que el sistema penal, pero incluso el derecho laboral o civil, no son lo que las mujeres esperan o quieren para cambiar su cotidianidad.

Este libro interviene en este renovado debate sobre la violencia sexual con reflexiones a lo largo de tres ejes. Aborda en primer lugar el problema de las definiciones de la violencia sexual y sus efectos. Hemos elegido traducir el clásico texto de Ian Hacking “The Making and Molding of Child Abuse” para enmarcar las preocupaciones contemporáneas sobre la forma en la que la movilización transforma, amplía o limita, las definiciones de lo que nos importa o debe importarnos y para recordar que cada modificación tiene efectos positivos para unos y negativos para otros. Los tres capítulos que acompañan este texto proponen, sin rubor, interpretaciones de normas penales introducidas para favorecer a las mujeres. El capítulo de Nora Picasso y Viviana Bohorquez, “Aborto y violencia basada en género: argumentos para ampliar el acceso al aborto por la causal de violencia en Colombia”, sugiere que leamos la causal “violación” a la que se refiere la Corte Constitucional en su sentencia C-355 de 2006 sobre el aborto, de tal manera que se incluya todo el rango de la violencia sexual. Este ejercicio estaría justificado, en su concepto, por el carácter estructural de la violencia sexual y la realidad de que la violación no es más que una pieza en el continuo de agresiones que les “enseñan” a las mujeres su lugar de subordinación en el mundo creado por el sexo. El efecto de esta ampliación es ampliar de manera significativa el acceso de las mujeres al aborto en cuanto ya no sería necesaria la prueba o siquiera la denuncia de una penetración. Bastaría mostrar que se ha estado sometido a una situación de violencia interpersonal.

No es difícil aliarse a este proyecto, especialmente a la luz de lo que sabemos ahora sobre las dificultades de denunciar única o principalmente la penetración como acto lesivo. Si bien es la penetración la que se asocia con el embarazo, una situación de violencia interpersonal demostrada debería ser suficiente para entender que se está ante una situación en la que ninguna relación sexual puede ser consentida. A favor del argumento de las autoras está también el texto mismo del Código Penal que ahora indica que se entenderá que hay violación cuando hay coerción y no solamente violencia directa (Código Penal colombiano, 2000, art. 212A). Pero tampoco podemos dejar pasar la invitación que nos hace Hacking (1991) a reflexionar sobre el costo de ampliar las definiciones, sobre todo las encaminadas al castigo, de manera que cada vez hay más actuaciones que resultan reprochables. Esto, no por el daño que pueda causar a los agresores, sino por el daño mismo que involucra para las víctimas el aumentar las fuentes de daños y la sensación de la ineficacia de la movilización y reforma. En este caso, la interpretación adecuada y precisa del tipo penal de aborto encuentra apoyo en una reforma con unos efectos de ampliación significativa del espectro de penalización de la penetración sexual. ¿Es esto también lo que querían las autoras? ¿Incluir el trabajo sexual en el mundo de la explotación por la vía de sexo no consentido? ¿Entregar a las mujeres armas para mostrar que toda penetración es en efecto una violación? ¿No será este un costo muy alto para pagar por algo que deberíamos poder conseguir por otras vías –me refiero a la liberalización del aborto–?

María Camila Correa Flórez en su capítulo “Los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado en la legislación penal colombiana. Un análisis a la luz de la doctrina y la jurisprudencia nacionales e internacionales”, ofrece una herramienta para la interpretación y aplicación de los tipos penales introducidos en la legislación colombiana con el fin de sancionar diferentes manifestaciones de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Este trabajo integra elementos doctrinales y de la jurisprudencia nacional e internacional para permitir a los lectores una mirada técnica de la normatividad existente. La autora propone, en contraposición a Picasso y Bohórquez, limitar el alcance de la violencia sexual como concepto a través de las convenciones internacionales y una interpretación sistemática de los bienes jurídicos lesionados. En su concepto esta restricción en la interpretación en lugar de dañar a las mujeres les ofrece un “lugar seguro” en una doctrina que logra superar los estándares de coherencia y lesividad que se exige de otros tipos penales. En línea con Hacking (1991), sugiere que es mejor una herramienta diseñada para hacer lo que se necesita que redefinir constantemente la herramienta para demostrar que no funciona.

Finalmente, Marcela Abadía en su capítulo “El delito de acoso sexual en Colombia, discusiones entre feminismos del castigo y feminismos críticos” aborda la manera en la que quedó incluido el acoso sexual en la legislación penal en 2008 y, en el mismo sentido de Hacking (1991) bastante cerca, se pregunta si al ampliar tanto la definición de acoso sexual no se producen más efectos negativos para las mujeres. En efecto, la ley nº 1257 de 2008 introdujo por primera vez en la legislación penal colombiana el delito de acoso sexual. La peculiaridad de la definición es que incluye como sancionables por vía de una responsabilidad casi objetiva, todos los avances sexuales no bienvenidos de superiores en relación con subordinados. De esta manera, basta que el sujeto activo sea un hombre en una posición de poder en relación con una mujer, para que ella pueda indicar que los avances sexuales realizados constituyen acoso sexual. Abadía sugiere que esta extensión de la responsabilidad en el campo del derecho penal termina quitando todo efecto a la reforma, pero además enfatiza la prueba del consentimiento de la mujer, en lugar de resaltar la violencia desplegada por el hombre.

La segunda parte incluye reflexiones sobre la reforma legal feminista en materia de violencia sexual. Contamos con el privilegio de traducir un texto nuevo de Sharon Marcus, quien en 1992 escribió uno de los artículos más influyentes en la crítica del movimiento por la penalización de la violencia sexual. En “Fighting Bodies, Fighting Words”, la joven académica proponía que, en lugar de enfocarnos en la victimización de las mujeres, debíamos tomarnos en serio el poder que tenemos para resistir y prevenir la violación. Marcus introdujo la noción de un “guion de la violación”, a partir de la idea de la performatividad de Butler, para indicar que las posiciones de violador y violada no están nunca completamente definidas y que las mujeres no necesitamos resignarnos a estar en la posición del perdedor. En 2018, más de 25 años después, Marcus reflexiona sobre qué haría distinto si tuviera que volver a escribir sobre el tema, abandonado hace mucho a favor de reflexiones ubicadas en la literatura comparada. La Marcus madura es igualmente combativa, si no más, y optimista sobre lo que hemos vivido en los últimos dos años. Los tres capítulos que acompañan la reflexión de Marcus se refieren a reformas legales que han intentado las feministas o que se han introducido en nombre de las mujeres, para mostrar algunas de sus limitaciones, por exceso o defecto.

El capítulo de Elena Beltrán “Sin una habitación propia: los derechos de las mujeres entre la violencia patriarcal y la dignidad grupal”, discute el uso de la noción de “dignidad humana” para avanzar en la igualdad. Luego de atravesar varias eras históricas y jurisdicciones, la autora muestra lo importante que ha sido la “dignidad” en el debate de los derechos de las mujeres y los costos que ha tenido y sigue teniendo que sea este el enfoque que se usa y no otro. La autora reconoce, claro, la polisemia e historia intelectual de la expresión. Sin embargo, resalta cómo la tendencia a poner la autonomía individual al servicio del grupo ha sido una constante cuando la dignidad se utiliza para proteger los derechos de los menos favorecidos. Así, aunque en las raíces kantianas de la expresión hay una dimensión clara de autonomía individual, esta autonomía se define en relación con el estatus como “miembro de la humanidad”, y la deja atada a una heteronomía más general o de nivel más alto. La crítica invita a tomar distancia de las historias religiosas y aristocráticas de la igualdad que se nos ha ofrecido a las mujeres y puede entenderse en varios sentidos como un llamado a la resistencia similar al de Marcus: no tenemos que resignarnos a ser dignas cuando podemos ser libres. Pero también de la mano de Marcus podríamos decir que hay mucha confianza en el texto legal y el performance institucional en esta crítica. La repetición aparece con mucha frecuencia y hay poca consideración por los significados de las variaciones: ¿qué ganamos cuando dejamos de ver las formas en las que los tribunales han manipulado la noción de dignidad para introducir cambios que parecían imposibles? ¿No será que las mujeres podemos abrazar la dignidad en las formas paradójicas que los gais y las lesbianas han abrazado el orgullo, como si al mismo tiempo fuera lo que más nos quitan, pero lo que nosotros mismos podemos entregarnos constantemente para derrotar al enemigo?

Los capítulos de María Luisa Maqueda y Cecilia Hopp se refieren a las reformas legales relacionadas con la trata de mujeres. Aunque parten de diagnósticos algo distintos del “problema”, con María Luisa cuando señala que las reformas han tenido poca eficacia y Cecilia al mostrar niveles importantes de aplicación, coinciden en que las mujeres parecen estar perdiendo más de lo que ganan. En “La trata y la esclavitud sexual de las mujeres: entre mistificaciones discursivas y sórd(id)as realidades”, María Luisa se propone dar razón de la reducidísima aplicación del tipo penal de trata en el contexto europeo, frente a una realidad avasalladora de violación de derechos. Sugiere dos argumentos principales. Por una parte, la importancia que los flujos migratorios han adquirido en el capitalismo global. No es casualidad, expone, que el fenómeno de la trata de mujeres hubiese aparecido también en la expansión capitalista asociada a la revolución industrial. Por otra parte, acusa a las definiciones de ser inoperantes para referirse a la realidad de la que se trata. Su vaguedad, resultado del interés de incluir más conductas, ha llevado a que los operadores no se sientan confiados en su aplicación. Cecilia Hopp, en “La lucha contra la trata de mujeres: la criminalización de las “malas víctimas” como consecuencia no deseada”, encuentra alternativamente que el castigo derivado de esta reforma ha sido significativo, pero especialmente y casi paradójicamente, ha afectado más a las mujeres. Las mujeres, nos muestra Cecilia, han llegado a ocupar lugares importantes en las estructuras criminales de la trata como históricamente han llegado a ser las dueñas de los burdeles. Es el paso “natural” en la profesión al envejecer y adquirir experiencia y conocimiento para la administración del trabajo de las demás. Las mujeres también han sido perseguidas bajo la rúbrica de la trata y el interés de protegerlas en aquellos países en los que está criminalizada la prostitución. María Luisa y Cecilia, pues, reflexionan sobre lo difícil que es hacer que las “buenas intenciones” produzcan resultados: perdemos frente a la ingenuidad del contexto y las estructuras subyacentes, perdemos por entregar los textos que habrían funcionado, perdemos porque inevitablemente hemos aprendido a lucrarnos del sistema que nos oprime. En los “guiones” de la trata de personas hay mucha coerción, pero pocos lugares fijos.

El cuarto capítulo de esta parte, “Derecho penal y deseo: la invención de la prohibición en #YoTambién”, escrito por Isabel Cristina Jaramillo Sierra, interpreta los relatos de #MeToo en el contexto colombiano para mostrar cuál es su aporte específico al debate sobre la voz de las mujeres, pero también se pregunta sobre los efectos negativos de insistir en “contar historias” sin aspirar a otras modificaciones de las instituciones. Se refiere a la manera en la que esto puede dejar a las mujeres atascadas en el momento de su victimización, pero sobre todo reforzar la sensación de impotencia de quienes escuchan sin que les sea permitido hacer nada: “no quiero hacer nada”, “solo quiero que me escuchen”, “tengo derecho al silencio”, insisten las víctimas. Marcus, en 2018, le pediría a Jaramillo buscar y escuchar también las historias de resistencia que hacen parte del movimiento. Puede ser que haya muchas más de las que sospechamos, incluso en Colombia.

El tercer y último apartado lo dedicamos a explicaciones sobre la violencia. Aunque las feministas han sido prolíficas en señalar la responsabilidad del patriarcado, los autores cuyos textos incluimos aquí se rehúsan a aceptar que esta explicación estructural esté completa. El texto de Richard Littlewood, “Las violaciones de los militares”, se toma en serio la variación en la violencia sexual desplegada por los hombres en los conflictos armados y vuelve a poner sobre la mesa argumentos psicoanalíticos, biosociales y hasta evolutivos para tratar de mostrar las posibilidades y límites de explicaciones más concretas y contingentes. Aunque ya tiene unos veinticinco años y sobre el tema de la violencia sexual en el conflicto armado se ha escrito bastante en los últimos años, el texto de Littlewood sigue teniendo vigencia porque no rechaza la explicación feminista, pero si se esfuerza por dar elementos adicionales que eventualmente puedan permitirnos intervenciones puntuales.

Por último, el trabajo de María Mercedes Gómez, “Masculinidad y violencia”, se enfoca en la violencia que ejercen los hombres en contra de las personas trans. Gómez usa la teoría psicoanalítica en sus versiones más postestructurales para relatar la relación de los hombres con la norma y la violencia como fracaso performativo que el sistema penal transforma en victoria. Gómez trabaja con finura de artesano los vericuetos por los que se produce esta contradicción en la que ser hombre es al mismo tiempo ser y no ser violento, carecer de ambigüedad, pero tener que reprimirla.

Esperamos que nuestras lectoras y lectores, tanto como nosotras, disfruten el trabajo de los autores que nos han acompañado en el debate. Hemos recibido el cariño de quienes han aceptado colaborar y su paciencia frente a las peticiones por profundizar aspectos teóricos de su trabajo. Mariana Díaz contribuyó con una primera versión de las traducciones y nos ayudó a avanzar rápidamente en un proceso que ya tenía sus retrasos. Agradecemos también a Esteban Restrepo y Magnolia Prada por su apoyo a este proyecto y a Adriana Vega Durán por su colaboración en el trabajo editorial. Quisiéramos que este cariño y esmero sean parte de la experiencia de quienes lo leen.