Loe raamatut: «El pensamiento económico del reformismo criollo»

El pensamiento económico del reformismo criollo
Introducción

El último tercio del siglo XVIII fue rico en innovaciones en los dominios de la monarquía española, el Reino de España e Indias, de acuerdo con la denominación adoptada a partir de la entronización de los Borbones, nombre que revela la voluntad de la Corona de avanzar hacia una asimilación administrativa y fiscal y a una centralización política.

El siglo había conocido en América y en el Caribe español alternancias de coyunturas y desplazamientos sectoriales y territoriales en cuanto a la centralidad en la generación valor. Un amplio consenso apunta, en términos generales, a que trascurridas las dos o tres primeras décadas se asistió a un crecimiento general de la población, a un incremento de la producción agrícola y de su peso en las economías coloniales, a un aumento considerable del comercio atlántico junto con el que se hallaba orientado a los mercados regionales internos; la extracción de plata mexicana superaba el declive de la producción andina y al finalizar el siglo multiplicaba por cuatro la proporcionada por la suma de ambas regiones en 17001.

La potenciación de la minería a través de incentivos introducidos por la Corona —rebajas fiscales, subsidios a insumos, reforzamiento del reclutamiento de trabajo indígena—, así como la mejora de la oferta de trabajo esclavizado africano, tuvo una incidencia directa en la recuperación de la producción y en el desarrollo de las economías regionales agrícolas y artesanales (Gelman, 2014). Los dominios que en el pasado habían desempeñado un papel secundario o subordinado a los grandes centros económicos y administrativos, caso del Río de la Plata y de las capitanías “de frontera” —Chile, Venezuela, Guatemala, Yucatán y las insulares del Caribe—, conocieron en mayor o menor medida avances destacados en sus economías; alejados de los centros mineros, su crecimiento descansó en la agricultura, la ganadería y el comercio tanto de bienes como, en varios de los casos citados, de esclavos.

Las políticas implementadas por los monarcas estuvieron dirigidas en última instancia a incrementar la extracción de metales y la recaudación fiscal a fin de atender los gastos crecientes del imperio y las frecuentes guerras que se sucedieron en la época. Aparte de las medidas específicas adoptadas en el sector extractivo, la Corona recurrió a sucesivas reformas basadas en dos principios: en primer lugar, se procuró el perfeccionamiento del sistema recaudatorio, persiguiendo el fraude y dotándose de una burocracia más eficiente y mejor controlada, lo que ocasionó un sinnúmero de fricciones con la burocracia local, puesto que el empleo de contador y los restantes relacionados con las cajas reales habían sido acaparados en muchos casos por las familias de las oligarquías criollas o por peninsulares que finalmente habían sido atraídos por estas (Pietschmann, 1996; Jáuregui, 1999; Bertrand, 2011; Alameda, 2014; Socolow,1987; Kuethe,1993); en segundo término, fue abriéndose paso la idea de fomentar la riqueza en manos particulares —favorecer la industria y los mercados de tierras—, de manera que se diversificara y se multiplicara la base sobre la que se imponían los tributos, aunque, para llegar a esto último, en ocasiones debieron suprimirse o rebajarse cargas tradicionales que lastraban insumos, anteponiéndose la consideración del valor del producto final, lo que en el curso de las décadas halló no pocas objeciones entre los secretarios de real despacho y consejeros. Contrariamente a lo previsto para América, constata Pedro Tedde, el resultado en España fue que entre 1760 y el final de siglo la carga fiscal por persona se incrementó más que el producto por habitante (Tedde de Lorca, 2014, pp.447-480; las teorías, en Fuentes Quintana, 1999a y 1999b; dos análisis de caso: Llombart, 1992 y Llombart 2011, pp.75-104).

Al mismo tiempo que se ensayaban las reformas administrativas y fiscales, e incluso antes y con una minuciosidad que no encontramos en aquellas, la Corona emprendió una política de inversiones de capitales, transfiriendo de manera regular importantes sumas de plata de los virreinatos productores de metales —en los que además la recaudación fiscal proporcionaba ingresos saneados— a las regiones deficitarias en forma de situados. Los situados no solo atendían los cargos de personal civil y militar de las respectivas audiencias y capitanías, sino que también se empleaban en fortificaciones, edificios públicos, astilleros, fundiciones, arreglo de puertos y caminos, avituallamiento de los ejércitos y las flotas, y en la financiación de la Real Factoría de Tabaco (Marichal y Grafenstein, 2012; Sánchez, 2015; Serrano, 2004; Serrano, 2018; Náter, 2017).

Las reformas borbónicas —hoy existe un consenso al respecto— fueron una serie de medidas adoptadas a lo largo de casi un siglo por los monarcas que se sucedieron en el trono, aconsejadas por ministros y arbitristas de diferente orientación, ajenas a un programa común y carentes de una coherencia completa, aunque no exentas de esta, por cuanto persiguieron objetivos similares. No entra entre nuestros objetivos presentar un balance de esas reformas, materia periódica de reflexión desde las perspectivas económica, administrativa, política y cultural2. Nuestro propósito consiste en señalar un punto de inflexión que tendría lugar en las décadas finales del siglo xviii, en un proceso que comienza a acelerarse a partir de la década de 1760. Diversos ensayos han llamado la atención sobre esta etapa de cambios y sobre sus consecuencias que se funden con las alteraciones del ciclo de las guerras napoleónicas (Stein y Stein, 2005; Stein y Stein, 2009; Paquette, 2008; Gelman, Llopies, y Marichal, 2014; Bertrand y Moutoukias, 2018).

Es la época del ascenso al trono de Carlos iii, con el trasfondo de la Guerra de los Siete Años, seguida de la Guerra de Independencia estadunidense, dos grandes conflictos que para España implicaron costos elevados y transferencias territoriales. Es la época del encumbramiento de ministros reformadores movidos, con frecuencia, por proyectos alternos entre sí, con sus respectivos “partidos”, cuyo acceso al cargo llevaba consigo un movimiento de nombramientos en los empleos de ultramar. Son los años en que se introducen las intendencias y se ejecuta una amplia reforma en las milicias provinciales, de la aprobación en 1778 del comercio libre intra-imperial, de la creación de nuevas figuras impositivas sobre el consumo y de una recaudación más celosa, de la política de españolización —mediante funcionarios peninsulares— de los altos empleos en las audiencias reales, el ejército y la alta administración virreinal. Presenciamos asimismo disputas entre los antiguos consulados de comercio y los nuevos actores económicos, de un lado, y entre aquellos y los puertos pujantes que reclamaban para sí instituciones semejantes a las citadas. El siglo había comenzado con la concesión del navío de permiso a los ingleses, que fracturaba el monopolio mercantil español, y acabó recorrido por el auge imparable del comercio de contrabando que penetraba la interminable porosidad de las fronteras imperiales y seducía la inclinación de no pocos funcionarios que debían velar por la integridad de la Real Hacienda.

El desarrollo de la agricultura con una orientación comercial —y, por extensión, de las actividades pecuarias— estuvo unida a circunstancias diversas. Las grandes haciendas y chacras que tenían por finalidad abastecer las ciudades próximas y en particular a los centros mineros que concentraban un número importante de trabajadores y una ausencia casi completa de diversificación de producciones, respondieron a dinámicas muy distintas a las que gobernaron el empuje de las plantaciones de azúcar y de cacao, y estas a su vez se diferenciaban de los cultivos asociados a la obtención de tintes (añil, palo de Campeche, cochinilla del nopal) y del algodón. Hasta finales de siglo conservó su importancia la exportación de cueros, y hasta esa misma época el tabaco mantuvo la primacía en cuanto valor de las exportaciones: el monopolio real hizo de su renta la segunda en importancia de la monarquía. Hacia 1796, las producciones agrícolas, tintes, cueros y maderas representaban el 44 % del valor de las importaciones peninsulares de América (Fisher, 1993, p.26).

Esto en cuanto a exportaciones atlánticas, porque además se hallaban las producciones para los mercados internos y regionales: maíz, trigo, mandioca, hierba mate, carnes secas, reses vivas, sebo, aparte de los fríjoles, la patata y el arroz que con los anteriores proporcionaban el alimento popular. Y estaban las salidas de frutos de contrabando o las autorizaciones temporales de exportar a naciones aliadas en coyunturas de guerra. Luego vino el declive del comercio colonial a partir de 1797.

El fomento de la agricultura había sido una constante de la colonización impulsada por los ingleses en el siglo xvii en el Caribe y en las colonias del Norte. Cesiones de tierras, tributos moderados y ventajas en la extracción de los frutos hacia la metrópoli fueron medidas implementadas en 1651 por las Actas de Navegación, que imponían el monopolio inglés en el transporte entre colonias y metrópoli y reservaban la provisión de manufacturas a esta última; las Actas tenían otra consecuencia: debido a los privilegios concedidos a compañías exclusivas, abrían mercados externos a los frutos coloniales, facilitando el papel reexportador de Inglaterra.

La exclusividad acompañó a Francia en su introducción en el Canadá y en su descenso por el Misisipi y en las colonias de las Antillas que, como las posesiones inglesas, carentes de minería, se ofrecían como espacios idóneos para el cultivo de plantas tropicales cuya demanda y precio en Europa no cesaban de crecer. La expansión neerlandesa en el noreste de Brasil, alguna pequeña isla caribeña, Nueva Ámsterdam y los territorios que darían lugar a la Guayana, creando el modelo de compañías privadas con privilegio luego seguido por ingleses y franceses, constituía un imperio basado en el tráfico de mercaderías, pero básicamente descansaba en frutos, maderas, esclavos y tejidos.

La exclusividad en las transacciones mercantiles había sido la norma en el imperio español desde su establecimiento en América. Sin embargo, muy pronto la monarquía española reveló que carecía de la capacidad de acaparar el tráfico naval atlántico y el suministro de bienes manufacturados, de los capitales para financiarlo y del aporte de esclavos africanos que demandaban los dominios ultramarinos. La historia de la carrera de Indias lo ejemplifica desde sus inicios (Bernal, 1992; García-Baquero, 1988; Bustos, 2005, Vilar, 1977; Fernández, 2011).

Las doctrinas mercantilistas establecidas al unísono de la creación de los imperios de ultramar habían heredado del siglo xv y xvi la teoría bullonista o metalista que asimilaba la fortaleza de un reino a la acumulación de metales preciosos, bien por acaparamiento de los recursos mineros, como sucede con los Habsburgos tras la conquista de América, o mediante un comercio activo que proporcione crecidos superávits, lo que bien podía lograrse mediante la reducción de importaciones por la autosuficiencia interna, o por el fomento de las manufacturas destinadas a la exportación. Fue en la Escuela de Salamanca, a mediados del siglo xvi, donde primero se elaboró una crítica a estas teorías al considerar que los metales no tenían un valor intrínseco sino que, en cuanto mercancía, contenían un poder adquisitivo variable en razón de su escasez o abundancia, por lo que su mera acumulación no implicaba mayor riqueza y su valor decrecía si había escasez de cuanto se precisaba; por lo tanto, se hacía necesaria mayor cantidad de metal para adquirir esos bienes (Grice-Hutchinson, 2005. Lluch, Gómez y Robledo, 1998).

Se ha interpretado, asimismo, que varios autores de dicha escuela desarrollaron principios “modernos” de tributación al sostener que las cargas impositivas no debían desincentivar el consumo al incidir en exceso en el precio, que habían de ser justas y debían de favorecer la “prosperidad temporal” (el crecimiento), y su cobro tenía que ser organizado bajo criterios económicos y públicos (Perdices de Blas y Revuelta López, 2009, pp.1-28).

Las teorías del valor-dinero, del valor-escasez y del interés o precio-tiempo por disponer de un capital de manera anticipada, formuladas en fecha temprana, en un imperio como el español no resolvieron la necesidad de disponer de oro y plata para pagar ejércitos en guerra y la burocracia. Si había algo peor que la inflación, con el empobrecimiento general que comportaba, eran las quiebras de la Real Hacienda, recurrentes en el pasado, o hallarse con el Tesoro vacío cuando se prodigaban los desafíos internacionales en el Atlántico. La proverbial incapacidad de la monarquía de vigilar y perseguir el contrabando, que perforaba el capítulo de ingresos y dañaba las producciones peninsulares, se acrecentó en la segunda mitad del xviii a pesar de los esfuerzos desplegados para denunciarlo. Ya que aumentaba la capacidad productiva —y militar— de sus competidores, hubo una mayor predisposición criolla a participar en estas transacciones y la venalidad de los funcionarios no bien retribuidos contribuía al fracaso de la represión del tráfico ilegal.

De otra parte, el mercantilismo sobre unos principios básicos careció de una doctrina constante y unitaria a lo largo de su extensa duración. Teóricos y arbitristas se disputaron los remedios a los males de la monarquía (Fuentes, 1999a, pp.359-622).

A mediados del siglo xviii, con la obra de Montesquieu, se introduciría una corriente que desde finales del xix sería bautizada como “utilitarismo neomercantilista”. El neomercantilismo enfatizaba el papel civilizador del comercio y la utilidad común concebida como un conjunto de obligaciones recíprocas, anclada todavía en las esencias del Antiguo Régimen, en lugar de abogar por el simple individualismo; utilitarismo del que se extraen consecuencias para la filosofía y el gobierno, que a su vez ha de asumir la tarea de promover el fomento económico y contempla la persecución de la felicidad por los individuos. Ese “utilitarismo neomercantilista” enlaza con la vertiente colonial del programa colbertista en cuanto este alienta el desarrollo dirigido de la agricultura en ultramar y la colonización, para ello, de nuevos territorios, a fin de alimentar el volumen de intercambios y la acumulación de ingresos mercantiles y fiscales en manos del Estado, base de su grandeza. José Enrique Cobarrubias ha analizado sus fundamentos programáticos y su adopción —y adaptación— en la Nueva España, asociándolos a la colonización del norte por Escandón (Nueva Santander), entre otros, y a las ideas defendidas por el visitador José de Gálvez sobre los proyectos para la Alta California, propuestas que se completarían en la época del virrey Bucarelli con políticas asistenciales y la difusión de saberes útiles. En cuanto al pensamiento “utilitario”, Covarrubias señala las figuras de Juan Benito Díaz de Gamarra y de José Antonio de Alzate; del primero destaca sus ideas próximas a las de Feijoo, pero también la similitud con los principios de Antonio Genovesi (Cobarrubias, 2005).

A efectos de identificar la transición al liberalismo, desempeñó un papel más destacado el llamado “mercantilismo liberal”, aparente contradicción de términos que encierra la liberalización de las prohibiciones y las exclusividades comerciales, monopólicas. El “mercantilismo liberal” comenzaría a despuntar en Inglaterra y alcanzaría difusión a medida que se extendían las críticas hacia las compañías privilegiadas y se percibían sus desventajas. Antonio Genovesi sería uno de sus difusores mejor aceptado en la Europa meridional y a través de España en los dominios de América. Si algún eco trasciende del pensamiento de Adam Smith, las ideas que prevalecen son las sustentadas por Genovesi y otros autores tenidos por menores o por divulgadores en el panorama intelectual europeo del xviii.

El “mercantilismo liberal”, diferenciado del colbertista, que se definía por la exclusividad, vendría a ocupar un pensamiento intermedio entre el fomento de la agricultura en las colonias, convertidas en mercados reservados de las metrópolis, con un comercio reglamentado por el Estado y administrado mediante compañías privilegiadas, y esa misma función de los territorios de ultramar, pero basada esencialmente en el interés de los agentes económicos y la libre circulación de mercancías, como sostendría la economía política “clásica”, liberal. Con la finalidad de auspiciar la afluencia a Europa de materias primas y de alimentos a bajo precio, y de conseguir simultáneamente la extensión de los mercados para los productos de la metrópoli, debían crearse las condiciones para la expansión de la producción agraria y de la población de las colonias, sin renunciar, en consecuencia, al monopolio mercantil de la metrópoli. El plan incluía abrir los puertos de uno y otro lado del Atlántico al comercio interno del imperio, que implicaba dejarlo en manos particulares, lo que con una expresión equívoca se llamó comercio libre (Llombart, 1992, pp.117-118).

En la práctica mercantilista clásica de las potencias europeas que no tuvieron acceso a las regiones mineras, en la reformulación colonial colbertista, en el llamado “utilitarismo neomercantilista”, en el “mercantilismo liberal”, la expansión de la producción agraria destinada al comercio trasatlántico se convirtió en un objetivo preferente. Para llevarlo a cabo, se hacía preciso un aumento de la población de las colonias mediante la emigración europea y la mejora de las condiciones para lograr un crecimiento vegetativo sostenido. No obstante, el modelo de plantaciones en el trópico y zonas subtropicales introducía una variante singular: la emigración forzada en calidad de esclavos de centenares de miles de ellos, de millones en medio siglo.

Fue frecuente —y subsiste entre algunos historiadores— identificar estas políticas con la fisiocracia, interpretada como una mera reorientación de la acumulación de metales y del intervencionismo que promovía las manufacturas para la exportación y, con ello, la acumulación de superávits comerciales, sustituidos por una atención preferente hacia la agricultura, creadora sostenible de riqueza y base de la expansión de la población. Hace tiempo se llamó la atención sobre el equívoco. En la historiografía española lo señalaron Ernest Lluch y Lluís Argemí en su libro Agrarismo y fisiocracia en España, cuando nos recordaban que las ideas resumidas por nosotros en los párrafos precedentes formaban parte de las ideas agraristas que se extendieron durante el siglo xviii, mientras la fisiocracia —una variante del agrarismo— implicaba un determinado sistema cerrado de ordenación económica y política que apenas llegó a ser sostenido por una escuela de pensadores (Lluch y Argemí, 1985).

En la América del último tercio del setecientos y la primera década del ochocientos circularon ideas que reaccionaban en contra de los monopolios exclusivos de la metrópoli, plagados de reglamentaciones y de privilegios que encarecían los precios y dificultaban los intercambios comerciales.3

Asientos, compañías privilegiadas, consulados reforzados en su aspecto jurisdiccional, grandes intereses agremiados, itinerarios mercantiles casi imposibles y muy costosos, todo cuanto representaba el antiguo mercantilismo perjudicaba las manufacturas de la propia metrópoli al condicionar la adquisición de materias primas y limitar sus mercados, y de otro lado restringía la expansión y la prosperidad de las colonias en una época en la que se sucedían las novedades en el mundo atlántico. Son los tiempos de la prosperidad de las Indias Occidentales británicas y la todavía más prodigiosa de las Antillas francesas, de los intercambios de colonias por conquistas que se libraban en el mar Caribe y en sus costas próximas, de las protestas de los colonos franceses de Saint-Domingue que arrancaron en 1767 a su metrópoli el exclusif mitigé, de la independencia de las Trece Colonias y la apertura limitada al comercio con ese nuevo e inesperado aliado de la monarquía española, con la que los franceses contrabandearon cuanto pudieron después de la formación de los Estados Unidos, del incremento de la demanda en Europa de los frutos tropicales, de la revolución francesa en el Caribe y de la revolución de los esclavos en Haití, de las guerras napoleónicas que a partir de 1796 abrieron los puertos hispanoamericanos al comercio con aliados y neutrales por espacio de dos décadas.