Loe raamatut: «El reformismo social en España (1870-1900)»

INTRODUCCIÓN

El año 1900 se promulgaron en España sendas leyes sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños y sobre los accidentes de trabajo. A estas primeras leyes siguieron otras, en los años posteriores, sobre el descanso dominical (1904), la inspección de trabajo (1906), las huelgas (1909), la jornada máxima de trabajo de ocho horas (1910-1919) y el seguro obrero obligatorio (1919). Al mismo tiempo, se crearon dos organismos cuya función era, respectivamente, ocuparse de la situación de los trabajadores y gestionar el sistema de pensiones de vejez y de seguros obreros, el Instituto de Reformas Sociales (1903) y el Instituto Nacional de Previsión (1908). Esas leyes y organismos eran considerados como medidas de reforma social y su objetivo era contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. La aprobación de dichas medidas fue el resultado de la puesta en práctica de los postulados y las propuestas del denominado reformismo social. Esas medidas legales e institucionales estuvieron precedidas de un prolongado y vivo debate público entre partidarios y detractores del reformismo social en el que los primeros fueron ganando terreno a costa de los segundos, hasta alcanzar la influencia suficiente como para lograr la aceptación de sus propuestas por parte de las Cortes. Además de esa nueva legislación laboral, que es el resultado más visible y novedoso de la influencia alcanzada por el reformismo social, éste promovió medidas de reforma social en muchos otros terrenos, como el educativo, el económico, el moral y el religioso. Las leyes y organismos mencionados constituían una novedad con respecto a la situación precedente y supusieron una brusca reorientación de la política oficial en el terreno de las relaciones laborales y, en particular, en lo relativo al papel del Estado. Con anterioridad había prevalecido el principio de que el Estado debía abstenerse de intervenir en las relaciones entre obreros y patronos, mientras que a partir de ahora la intervención estatal se considera no sólo como necesaria sino como legítima. Una convicción que no dejaría de robustecerse y de extenderse en las décadas siguientes, hasta llegar a formar parte del sentido común cultural y político de la mayor parte de la sociedad española. Asimismo, esa primera legislación laboral abrió el camino y sentó las bases preliminares del llamado Estado del bienestar, que se desarrollaría en España a lo largo del siglo siguiente.

Las medidas de reforma social promulgadas a partir del cambio de siglo tenían como objetivo resolver el denominado problema social, término que hacía referencia, en general, a las desigualdades y a los conflictos sociales existentes en ese momento. El reformismo social nació como respuesta a la persistencia y recrudecimiento de dicho problema y estaba movido por el propósito expreso de encontrar remedios más eficaces con que resolverlo. Dado que el más importante de esos conflictos se localizaba en el terreno laboral y estaba protagonizado por las organizaciones obreras, éste constituía el principal objeto de preocupación del reformismo social. Mediante la adopción de medidas de reforma social los reformistas sociales pretendían apaciguar el descontento y la agitación de los trabajadores, contener el crecimiento del movimiento obrero y conjurar la amenaza de una revolución obrera. Y, de hecho, ésta era la manera en que se concebía y se presentaba a sí mismo el propio reformismo social, como una respuesta y un antídoto frente al riesgo de una posible revolución social. Dado que los reformistas sociales pensaban que el malestar obrero estaba causado por la existencia de desigualdades sociales y por las condiciones de trabajo y de vida de los propios trabajadores, sus medidas de reforma social se dirigían a reducir dichas desigualdades y a mejorar esas condiciones.

El término reformismo social –ya utilizado por sus propios partidarios– designa a un movimiento ideológico-político surgido en la década de 1870 que propugnaba y promovía la reforma de la sociedad liberal. Movidos, como he dicho, por la preocupación por el problema social y con el propósito de resolver éste, los reformistas sociales consideraban que era necesario modificar determinados aspectos de la presente organización social y adoptar ciertas medidas suplementarias. Esa reforma del régimen liberal incluía desde una revisión y reformulación de algunos de los principios del liberalismo clásico a una rectificación de la forma en que esos principios habían sido puestos en práctica e institucionalizados. En particular, el liberalismo reformista propugnaba una rectificación del régimen económico de libre concurrencia y una revisión de la noción de libertad económica sobre la que éste se asentaba. Frente al régimen de economía de mercado clásico, el reformismo social defendía la necesidad de introducir mecanismos correctores que evitaran los efectos perniciosos ocasionados por la libre concurrencia, uno de los cuales era, precisamente, en su opinión, la persistencia del problema social. Y ello porque pensaba que el hecho de que el interés propio fuera el único móvil reconocido de la actividad económica impedía una mayor distribución de la riqueza y, de ese modo, exacerbaba el descontento y alentaba las protestas de los trabajadores. En función de esa revisión teórica del liberalismo clásico, de ese diagnóstico sobre las causas del problema social y de ese propósito de rectificación práctica del sistema económico liberal, el reformismo social propuso una serie de soluciones o medidas de reforma. Entre ellas, la más novedosa –y, con el tiempo, la principal– fue la intervención del Estado mediante la promulgación de una legislación laboral que contrarrestara lo que consideraba como efectos indeseados del régimen económico de libre concurrencia.

El objetivo de este trabajo es investigar el origen y el proceso de formación del reformismo social español en el último tercio del siglo xIx, con el fin de contribuir a explicar su génesis histórica, sus presupuestos ideológicos y sus propuestas de reforma. Para llevar a cabo esta tarea, se ha procedido según el siguiente método. El punto de partida de la investigación han sido las declaraciones, manifestaciones e iniciativas prácticas de los propios reformistas sociales y la reconstrucción empírica, lo más atenta posible, de las ideas, las intenciones y las razones de algunos de los más destacados y activos miembros del movimiento (dirigentes políticos, intelectuales, académicos y publicistas), así como de los argumentos teóricos esgrimidos por ellos para justificar sus propuestas de reforma. Antes que nada, parecía necesario conocer de primera mano el ideario, las convicciones y la interpretación de la realidad circundante que profesaban los reformistas sociales y que guiaban e impulsaban sus acciones. De esta forma se ha pretendido evitar, hasta donde esto es posible, tanto caer en el anacronismo histórico de atribuirles ideas e intenciones que no tenían, como subsumir sus acciones en modelos teóricos preconcebidos carentes de base empírica. Dos de las flaquezas de que se han visto aquejados con frecuencia los estudios sobre la formación histórica del Estado del bienestar.

Una vez realizada esa operación preliminar de reconstrucción empírica del pensamiento reformista social, el paso siguiente ha sido el de indagar el origen y analizar el proceso de gestación de ese pensamiento. En este punto, se hacía particularmente necesario analizar y desentrañar la génesis del diagnóstico reformista sobre el denominado problema social, no en vano éste constituía no sólo su objeto primordial de interés y de preocupación, sino que era su razón de ser (pues fue la convicción de que existía un problema social lo que hizo que surgiera el reformismo social). A este respecto, parecía imprescindible indagar por qué y de qué manera los reformistas sociales comenzaron a interesarse y preocuparse por ciertos fenómenos sociales y a interpretarlos de la manera en que lo hicieron y, en particular, indagar cómo se forjó la idea de que dichos fenómenos constituían un problema que tenía raíces sociales (y no sólo individuales) y por qué, para solucionarlo, propusieron y creyeron en la eficacia de un cierto tipo de medidas, como la intervención del Estado. Sin una indagación de este tipo, difícilmente se podía llegar a explicar el surgimiento, las propuestas y el programa de acción práctica del reformismo social.

Era una obviedad empírica que el reformismo social había nacido como respuesta a fenómenos como la existencia de desigualdades sociales, la pobreza obrera y los conflictos laborales, pues así lo proclamaban los propios reformistas. Ahora bien, la existencia de dichos fenómenos no parecía ser suficiente para explicar ni la aparición del reformismo social, ni la forma concreta que adoptó su respuesta ni, en consecuencia, el tipo de medidas que propuso. Es cierto que alguno de esos fenómenos, como el movimiento obrero, había experimentado recientemente cambios visibles, como el aumento de los conflictos laborales, el crecimiento de las organizaciones obreras y el renacimiento y renovación del socialismo. Y es igualmente cierto que esos cambios suscitaron la preocupación y el temor de los reformistas sociales. Pero aun así parecían insuficientes para explicar la aparición, el programa de acción y hasta la propia preocupación de dichos reformistas. En primer lugar, porque lo que parecía suscitar la preocupación de éstos no era tanto el aumento de la conflictividad y de las organizaciones obreras como el hecho, desconcertante a sus ojos, de su persistencia en el tiempo. En segundo lugar, porque en estos momentos emergió una preocupación similar e igualmente inédita por esos otros fenómenos que, como las desigualdades sociales y la miseria obrera, existían desde mucho tiempo antes y, además, habían permanecido casi inalterados, en un país cuya estructura socioeconómica se había transformado muy lentamente en las décadas precedentes. Cabía pensar, por supuesto, que aunque tales fenómenos existían con anterioridad, no se había reparado en ellos hasta este momento. Pero tampoco esta explicación resultaba convincente, porque cuestiones como las desigualdades sociales, la pobreza y la conflictividad obrera habían sido objeto de interés, de debate público y de tratamiento político desde hacía décadas, pero sin embargo fue sólo en este momento cuando propiciaron la aparición de un ideario, un diagnóstico y un programa como los del reformismo social. Llegados a este punto, aún cabía pensar que el reformismo social surgió como consecuencia de la influencia alcanzada por alguna corriente de pensamiento o tendencia política. Sin embargo, como se verá más adelante, ésta tampoco parecía una explicación plausible, no sólo porque los reformistas sociales tenían una procedencia ideológica y política muy diversa, sino porque el tipo de soluciones que proponían no tenía precedentes en el programa de ninguna de las corrientes o agrupaciones políticas de las que procedían (ni siquiera el republicanismo y el denominado krausismo).

Por el contrario, lo que una observación más atenta parecía poner de manifiesto es que la preocupación de los reformistas sociales por los fenómenos mencionados y la manera en que los interpretaron y los trataron fueron una consecuencia de que, en su observación de tales fenómenos, partían de ciertos supuestos y se servían de ciertas categorías. Es decir, que la relevancia, las causas, el significado y las implicaciones que atribuían a tales fenómenos eran el resultado de que los reformistas sociales percibían y analizaban éstos desde una determinada perspectiva teórica y dando por hechos ciertos presupuestos. Entre estos presupuestos se incluían una determinada concepción de la historia humana basada en la noción de progreso, el postulado de que existe una naturaleza humana y de que ésta condiciona las relaciones sociales y económicas, la premisa de que la organización social es susceptible de manipulación consciente y la convicción, derivada de todo lo anterior, de que es posible instaurar un tipo ideal de sociedad de la que estén ausentes los conflictos. De hecho, como se verá, las desigualdades sociales, la pobreza obrera y los conflictos laborales constituyen un problema únicamente si se parte, como hacen los reformistas sociales, de tales presupuestos y, en particular, del supuesto de que la sociedad humana tiende de manera natural hacia la igualdad y la armonía. En todos los casos, se trata de presupuestos y categorías que forman parte de la concepción moderna del mundo humano, en la que están profundamente arraigados, y de la cultura política liberal de la que los reformistas sociales están imbuidos. Desde este punto de vista, el reformismo social no podría considerarse como un efecto de la existencia de los fenómenos sociales de referencia, sino más bien como el efecto de una cierta forma, conceptualmente mediada, de aprehender, concebir y analizar esos fenómenos.

Si éste era el caso, entonces para explicar adecuadamente la aparición, el ideario y las iniciativas del reformismo social no bastaba con prestar atención a los fenómenos y situaciones sociales que eran objeto de su interés y preocupación. Era preciso, además, tratar de identificar y sacar a la superficie ese conjunto de supuestos de sentido común y de categorías subyacentes y tomarlos como una variable explicativa primordial. Sin hacer esto, sería imposible explicar por qué tales fenómenos adquirieron la condición de problema social, por qué se le atribuyeron ciertas causas y por qué se tenía la convicción de que era un problema resoluble y se arbitraron las correspondientes medidas de reforma. Sin la mediación de los supuestos y categorías mencionados, difícilmente tales fenómenos hubieran aparecido, a los ojos de los contemporáneos, como un problema ni, en consecuencia, hubieran propiciado la aparición del reformismo social. Como se expondrá más adelante, lo que hizo que esos fenómenos y situaciones devinieran un problema social fue el hecho de que constituían una perturbación inesperada y, en consecuencia, provocaron el desconcierto, teórico y práctico, de quienes los contemplaban desde la óptica del imaginario moderno-liberal. Dada la incapacidad de la teoría liberal clásica para dar cuenta de la persistencia y agravamiento del problema social, fue necesario revisar el viejo diagnóstico sobre las causas del mismo, elaborar nuevas fórmulas para resolverlo, adoptar una estrategia diferente frente a las luchas obreras y acometer la correspondiente reorganización de la sociedad.

En la aparición de este Nuevo Liberalismo –como comenzó a denominarse ya desde esa época– y en sus profundas implicaciones prácticas es donde se encuentra el origen del Estado del bienestar contemporáneo.¹ Éste no tiene su origen, como suele afirmarse, ni en la modernización económica e industrial, ni en la expansión del Estado, ni en el fortalecimiento del movimiento obrero, ni en las necesidades de reproducción del sistema capitalista, ni en el deseo de integrar políticamente a la clase obrera, ni en el afán de la clase dominante por aumentar el control social sobre las clases bajas, ni en la iniciativa de una u otra corriente ideológica ni, mucho menos, en algún tipo de impulso humanitarista.² Todas estas explicaciones hacen alusión, sin duda alguna, a hechos que fueron ingredientes del proceso, a factores que intervinieron en él y a circunstancias que contribuyeron a ponerlo en marcha, pero ninguno de ellos operó como una causa generadora del Estado del bienestar. En el sentido de que ninguno de ellos implicaba ni tenía que dar como resultado la aparición de un movimiento reformista social, la adopción de medidas de reforma social y la implantación del Estado del bienestar. De hecho, muchos de esos modelos explicativos son construcciones teóricas excesivamente abstractas, tienen una base empírica muy débil y fragmentaria y, lo que es más importante, no prestan la suficiente atención a las ideas, motivaciones, intenciones e interpretaciones de la realidad de los propios protagonistas y de los grupos y organizaciones implicados. Y lo mismo puede decirse de aquellas explicaciones históricas que parten de presuposiciones que no han sido suficientemente contrastadas, como la ya mencionada de que el reformismo social fue promovido por ciertos grupos de ideología progresista (en el caso de España, el republicanismo de inspiración krausista), impulsados por su preocupación por la situación de pobreza de las clases bajas. La causa de que surgiera el Estado del bienestar parece encontrarse, sin embargo, en otro lugar: en la quiebra teórica y práctica experimentada por el liberalismo clásico y su proyecto de sociedad y en la consiguiente reorganización de las relaciones sociales, económicas y laborales derivada de dicha quiebra. Ésta es, al menos, la conclusión que se desprende de la investigación que he realizado sobre la génesis y formación del reformismo social en España.

¹ Sobre la formación del Nuevo Liberalismo puede verse Michael Freeden, The New Liberalism. An Ideology of Social Reform, Oxford, Clarendon Press, 1978, D. Weinstein, Utilitarianism and the New Liberalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, Avital Simhony y D. Weinstein (eds.), The New Liberalism. Reconciling Liberty and Community, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 y William Logue, From Philosophy to Sociology. The Evolution of French Liberalism, 1870-1914, DeKalb, Northern Illinois University Press, 1983. Para el caso de España, ver Ángeles Lario, «La difusión en España del “Nuevo Liberalismo”. El Sol y la defensa de un Estado social de derecho», en Francisco Carantoña Álvarez y Elena Aguado Cabezas (eds.), Ideas reformistas y reformadores en la España del siglo xIx. Los Sierra Pambley y su tiempo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 434-443.

² Aquí estoy haciendo referencia a algunas de las principales explicaciones y modelos explicativos elaborados por los científicos sociales que se han ocupado del estudio del Estado del bienestar (desde historiadores, sociólogos y científicos políticos a economistas y antropólogos). No obstante, escapa por completo al objeto de este trabajo realizar un estado de la cuestión y entablar un debate sobre el tema. Quienes deseen profundizar en este asunto quizás puedan encontrar útil la bibliografía general incluida al final del trabajo. La inaplicabilidad al caso español de algunos de esos modelos explicativos ha sido discutida en A. Guillén, El origen del Estado de Bienestar en España (1876-1923), Madrid, Instituto Juan March, 1990.