La democracia en Venezuela: un proyecto inconcluso

Finaliza la República de Venezuela y nace la de Colombia (1819-1830)

De acuerdo con lo pautado por la Ley Fundamental de la República de Colombia del 17 de diciembre de 1819, se reúne el Congreso Constituyente en Cúcuta, con 57 diputados, y redacta la nueva Constitución Nacional, que es sancionada el 30 de agosto de 1821. La capital de la república será Bogotá, hasta tanto se construya la prevista capital que se denominaría Bolívar, proyecto que nunca se adelantó. Entre los que concebían la nueva Constitución con un criterio federalista y los que la soñaban con criterio centralista, se impusieron los últimos, que contaban con el aval de Bolívar. Se designó vicepresidente de la república al general neogranadino Francisco de Paula Santander, con el entendido de que durante las campañas militares que adelantaría el presidente Bolívar en procura de la libertad de otros pueblos, el Gobierno quedaría en sus manos.

El descontento de importantes sectores venezolanos con las decisiones tomadas por el Congreso Constituyente de Cúcuta se hizo sentir de inmediato. De modo que el rosario de dificultades que experimentará la República de Colombia será creciente. El 29 de diciembre de 1821 la Municipalidad de Caracas, al pronunciarse sobre la nueva Carta Magna, la aprobó condicionalmente ya que, según los integrantes del cuerpo colegiado: «No había sido sancionada por los mismos representantes que la formaron, que no podían imponer a los pueblos de Venezuela el deber de su observancia cuando no habían tenido parte en su formación, ni creían adaptables al territorio venezolano algunas de las disposiciones de aquel código» (Arráiz Lucca, 2011: 177). Se refería el Cabildo al hecho cierto de haber estado Caracas bajo dominio español para el momento de la celebración del Congreso Constituyente de Cúcuta, aunque ello no fue óbice para que los caraqueños formaran parte del Congreso. El 3 de enero de 1822 se insistió sobre el tema, y luego la prensa recogió el hecho, con lo que el proyecto grancolombiano de Bolívar experimentó entonces sus primeras resistencias.

El Congreso Constituyente de Cúcuta redactó una carta magna de naturaleza centralista. El régimen electoral fue muy parecido al de la de 1811: ciudadanos varones que supieran leer y escribir, propietarios y mayores de 25 años, a diferencia de la anterior que exigía 21 años. Tanto el período de cuatro años como la reelección no inmediata, sino con un período de por medio, se mantuvo exactamente igual a la Constitución de 1819. El orden político territorial rezaba textualmente en el artículo 6: «El territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela». Por cierto, no hemos hallado la mención «Gran Colombia» en ninguno de los textos oficiales compulsados, lo que nos lleva a pensar que la denominación puede haberse divulgado profusamente, y probablemente, para atenuar el dolor que los venezolanos han podido sentir al ver que el vocablo «Venezuela» desaparecía en el proyecto bolivariano, relegándose a un departamento, mientras la entidad republicana recaía sobre el vecino país. Esto, se dice poco, probablemente fue causa de mucho escozor para los venezolanos. No se trasiega de república a departamento impunemente, por más que el líder de la nación lo imponga. Esto que advierto se ha señalado antes, evidentemente, y es el caso, entre otros, del historiador David Bushnell, especialista en historia de Colombia, quien atribuye la denominación «Gran Colombia» a historiadores venezolanos, quizás para especificar que el período al que se alude es el que va de 1819 a 1830.

Hay una tercera Constitución que es de génesis bolivariana, pero no imperó entre nosotros. Me refiero a la Constitución de Bolivia de 1826, redactada de puño y letra del Libertador y consagratoria de la presidencia vitalicia, con la modalidad de atribuirle a esta suerte de rey la posibilidad de elegir a su sucesor. Este texto constitucional de impronta monárquica, Bolívar intentó que fuese acogido por Perú y Colombia y, naturalmente, fue fuente de enormes desavenencias entre el Libertador y muchos de sus seguidores. Cuando decimos «Colombia» en este contexto histórico estamos incluyendo a Venezuela y Ecuador, porque se trata de la Colombia bolivariana.

En carta del 6 de julio de 1826 Santander le escribe a Bolívar explicándole su negativa a la presidencia vitalicia. Dice:

¿Quién es el emperador o rey en este nuevo reino? ¿Un príncipe extranjero? No lo quiero porque yo he sido patriota y he servido diez y seis años continuos por el establecimiento de un régimen legal bajo las formas republicanas. En mi posición, y después de que he logrado una mediana reputación, sería la mayor iniquidad traicionar mis principios y faltar a mis protestas. ¿El emperador es usted? Obedezco gustoso y jamás seré conspirador, porque usted es digno de mandarnos, porque nos gobernará según las leyes, porque respetará la opinión sana del pueblo, porque es justo, desinteresado, filantrópico, etc. ¿Y después de su muerte quién es el sucesor? ¿Páez? ¿Montilla? ¿Padilla? A ninguno quiero de jefe supremo vitalicio y coronado. No seré más colombiano y toda mi fortuna la sacrificaré, antes de vivir bajo tal régimen (Santander, 2011: 24-25).

La carta es una pieza de notables sutilezas que pone el dedo en la llaga: el único vitalicio aceptado es Bolívar, mientras todos los demás aspiran legítimamente a sucederlo. Imposible de digerir la proposición bolivariana y, como vemos, origen de futuras desavenencias.

La Municipalidad de Valencia, reunida el 30 de abril de 1826, argumentando que el pueblo había caído en un disgusto supremo como consecuencia de la separación del general Páez de sus funciones (después del desencuentro con Santander por una orden no acatada), y que esta circunstancia estaba por crear una crisis nacional, acuerda restituirle el mando a Páez. Este acepta el 3 de mayo por medio de una proclama, y el 5 de mayo la Municipalidad de Caracas reconoce la restitución del general Páez, sumándose a lo propuesto por la de Valencia. Estos hechos, que el pueblo denominó como La Cosiata, aludiendo a una obra de teatro que entonces se presentaba en Valencia en la que un actor declinaba el vocablo «cosa», fueron de suma importancia, ya que en la práctica significaban el desconocimiento del Poder Ejecutivo radicado en Bogotá y el del texto constitucional.

El 14 de mayo de 1826 el general Páez jura ante la Municipalidad de Valencia cumplir las leyes y hacerlas cumplir, así como «no obedecer las nuevas órdenes del Gobierno de Bogotá». El 29 de mayo en sesión solemne de la Municipalidad de Caracas, juran ante Páez, ahora jefe civil y militar, las nuevas autoridades del Departamento de Venezuela: el general Santiago Mariño, segundo jefe militar; el doctor Cristóbal Mendoza, intendente; el doctor Suárez Aguado, provisor y vicario capitular, y el doctor Francisco Javier Yanes, presidente de la Corte Superior de Justicia.

La autonomía del Departamento de Venezuela siguió manifestándose y una asamblea popular reunida el 5 de noviembre de 1826 en la iglesia de San Francisco, en Caracas, solicita, mediante voto popular, que se instaure «el sistema popular representativo federal, como se halla establecido en los Estados Unidos de la América del Norte, en cuanto sea compatible con las costumbres, climas y particulares circunstancias de los pueblos que forman la República de Colombia» (Arráiz Lucca, 2011: 189).

Se solicita la remisión del acta al Libertador, a quien invocan como mediador de la solicitud. Luego, a solicitud de Páez se reúne otra asamblea popular el 7 de noviembre donde se asume una posición más radical en contra del Gobierno de Bogotá. Después, el 10 de noviembre se reúne otra asamblea popular en Valencia, y el 13 del mismo mes Páez señala por decreto la constitución de los colegios electorales el 10 de diciembre, y para el 10 de enero de 1827 la fecha de integración del Congreso Constituyente. Estas posiciones del general Páez tuvieron resistencia, y muchos temían que se avanzara rápidamente hacia una guerra civil. Mientras estas tensiones van en aumento, no solo en relación con Páez en Venezuela sino en Bogotá con los seguidores de Santander y su oposición a la Constitución de Bolivia, el Libertador logra que el Congreso Anfictiónico de Panamá (22 de junio de 1826) tenga lugar, aunque muy lejos de la importancia que hubiera querido que tuviera. Asistieron los delegados y deliberaron, pero nada de mayor importancia para el futuro se desprendió del encuentro, más allá de cumplir con el sueño integracionista bolivariano. En verdad, el clima de descomposición de Colombia iba en aumento, mientras en Perú la unanimidad hacia Bolívar se resquebrajaba y Sucre en Bolivia batallaba con varias quimeras.

En esta coyuntura, es convocada la Convención de Ocaña (9 de abril de 1828), con el norte de redactar una nueva constitución. Bolívar se trasladó a un sitio equidistante de Ocaña y Bogotá: Bucaramanga, desde donde a través de O’Leary, que iba y venía a Ocaña, podía monitorear la Convención. Allí estuvo durante los meses en que se reunió la asamblea, compartiendo, entre otros oficiales, con el francés Luis Perú de Lacroix, quien escribió el Diario de Bucaramanga, un documento de primera mano valiosísimo que nos permite conocer las costumbres y opiniones de Bolívar en esta etapa final de su vida, cuando ya hace balances de lo ocurrido y tiene opiniones finales sobre la gente y los hechos. El forcejeo entre bolivarianos y santanderistas, es decir, entre centralistas y federalistas, fue intenso, hasta que la única solución que iba asomándose fue la de ratificar la Constitución de Cúcuta, pero eliminando el artículo 128 que le confería poderes extraordinarios al presidente de la república. Fue entonces cuando los bolivarianos abandonaron la asamblea y esta se disolvió sin ningún efecto el 11 de junio de 1828. Obviamente, Bolívar no iba a transigir en que lo despojaran de sus facultades para gobernar por decreto. Ni Bolívar había podido reformar la Constitución de acuerdo con su voluntad centralista, ni Santander había logrado lo contrario.

El 13 de junio en Bogotá, un grupo de bolivarianos radicales encabezado por Pedro Alcántara Herrán se reunió en junta y le confirió poderes dictatoriales a Bolívar. Luego, en agosto se consagró la dictadura y Santander fue separado de la vicepresidencia y designado por Bolívar como embajador de Colombia ante los Estados Unidos, cargo que aceptó, pero que no llegó a desempeñar. El poder absoluto para Bolívar se le entrega mediante el decreto orgánico del 27 de agosto de 1828. A partir de entonces, la realidad se precipita hasta el Congreso Constituyente, convocado por Bolívar a partir del 2 de enero de 1830, en Bogotá.

El Libertador presidente se presenta el 15 de enero seriamente resentido de salud; así lo confirman diversos testimonios directos. Impone a Sucre como presidente del Congreso y al obispo de Santa Marta, José María Estévez, como vicepresidente. Curiosamente llamó «Congreso Admirable» a la asamblea, que tuvo poco de ello, sobre todo para él, que acudió en medio de la mayor amargura. Así se reflejó en su discurso de renuncia a la presidencia y de abandono de la vida pública. Designa a Domingo Caicedo como presidente interino y se va. Concluye el discurso afirmando: «¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás» (Bolívar, 1990: 106-110). Había recibido carta de Páez en diciembre donde le señalaba que era imposible detener la voluntad separatista de Venezuela y que propusiera esto en el Congreso, cosa que el Libertador no hizo, naturalmente. Sabía que lo inevitable estaba en marcha: la disolución de Colombia. El ánimo de Bolívar estaba abatido.

La Asamblea de Valencia designa a Páez para que consagre la separación de Colombia y convoque un Congreso Constituyente (13 de enero de 1830).

Antes de la fecha enunciada tuvieron lugar las asambleas que convocó Bolívar en agosto de 1829, instándolas a manifestarse en cuanto a la Constitución que querían, pues casi todas se expresaron a favor de la separación de Colombia y en contra de Bolívar. De modo que no fue Páez el que se propuso esta tarea solo, como cierta historiografía tendenciosa señala. Es cierto que Páez buscaba la separación, pero también lo es que la mayoría así lo quería. El acta de la Municipalidad de Valencia el 29 de noviembre de 1829, serenamente recogía la voluntad del Cabildo: «Venezuela no debe continuar unida a la Nueva Granada y Quito, porque las leyes que convienen a esos territorios no son a propósito para este, enteramente distinto por costumbres, clima y producciones, y porque en la grande extensión pierden la fuerza y energía» (Gil Fortoul, 1930: 653).

El 13 de enero el general Páez asume el mando de acuerdo con el dictamen de la Asamblea de Valencia y convoca a un Congreso Constituyente, así como a un Gabinete Ejecutivo. El Congreso se instala en la Casa de La Estrella en Valencia el 6 de mayo de 1830 e inicia deliberaciones. El 13 de mayo el departamento del sur de Colombia se separa y declara el Estado independiente de Ecuador, al mando del venezolano Juan José Flores. Estas noticias las va recibiendo Bolívar en su viaje hacia la costa colombiana, derrotado y enfermo. Se ha despedido para siempre del gran amor de su vida, Manuela («mi adorable loca»), en Bogotá. En julio recibe otra noticia fatídica, acaso la peor: el asesinato de Sucre.

Como vemos en esta relación de los hechos, el proyecto integracionista de Bolívar, Colombia, estuvo herido desde sus inicios hasta que falleció de muerte natural. Son varias las causas de su disolución, pero entre ellas hay una que brilla por su propio peso. El esquema integracionista escogido por Bolívar era centralista, no federal, de modo que las autonomías con que contaban los departamentos de Venezuela y Quito eran mínimas, casi inexistentes. En la práctica esto ni siquiera pudo implementarse porque el poder real en Venezuela (Páez), en ejercicio de sus funciones, al hacer lo que tenía que hacer desatendía las tardías y extemporáneas órdenes que llegaban de Bogotá. De hecho, la última visita que Bolívar hizo a Venezuela, en 1827, le confirmó los hechos: vino a «meter en cintura» al general Páez y terminó reconociendo su liderazgo. Al regresar a Bogotá lo esperaba Santander con los «brazos cruzados». Era un hecho que el esquema escogido no funcionaba, pero cambiarlo por una estructura federal hubiera sido para Bolívar la negación de su principal bandera política desde el Manifiesto de Cartagena, en 1812: el centralismo y el combate contra el federalismo. Este último, según Bolívar, causa de la pérdida de la república fundada en 1811. Como vemos, el Libertador naufragaba con su propio proyecto centralista, mientras la salud le daba la espalda.

Sigue siendo un enigma para quien escribe por qué Bolívar, que admiraba tanto el sistema federal estadounidense, consideraba que no era viable en nuestras naciones. Más aún, por qué si la realidad institucional que él creo al fundar Colombia se lo estaba diciendo a diario, no le atribuía la causa de su fracaso al esquema escogido. En cualquier caso, es evidente que el tema es cultural y psicosocialmente nuclear para Venezuela.

Renace Venezuela. El proyecto liberal de los conservadores (1830-1847)

El Congreso Constituyente se reunió en la Casa de La Estrella en la ciudad de Valencia, a partir del 6 de mayo de 1830. Su integración estuvo de acuerdo con el decreto del 13 de enero del mismo año, en el que el general Páez instaba a las provincias a elegir a sus diputados. Dos días después de instalado el Congreso se convino en que una comisión, integrada por un diputado por cada una de las provincias, redactara la nueva Constitución Nacional. Esta comisión cumplió con su trabajo y presentó el texto el 19 de junio, luego de varios meses de discusión, en los que se ventilaron de nuevo las tesis centralistas y federalistas. El texto se aprobó el 22 de septiembre de 1830.

Mientras se perfeccionaba el texto constitucional, el Congreso Constituyente presidido por el doctor Miguel Peña sancionó un reglamento el 10 de julio, mediante el cual el poder ejecutivo provisional recaía sobre la figura del general Páez, con la denominación de presidente del Estado de Venezuela. A su vez, Diego Bautista Urbaneja era designado vicepresidente. Así, venía a perfeccionarse un mando de facto que detentaba Páez desde 1829, cuando la separación de Venezuela de la República de Colombia ya era un hecho de fuerza jurídica, aunque a partir de 1826, con los acontecimientos de La Cosiata, la incorporación de Venezuela al proyecto «grancolombiano» estaba en entredicho.

El constituyente equilibró entre las tendencias federalistas y centralistas en pugna y logró redactar una carta magna centro-federal, que tomaba en cuenta la autonomía de las municipalidades, así como reconocía el impulso central. Consagró el principio de la separación de los poderes y definió en su artículo 6 la naturaleza del Estado: «El Gobierno de Venezuela es y será siempre republicano, popular, representativo, responsable y alternativo». Fijó el período presidencial en cuatro años y estableció la no reelección inmediata, contemplando un período, como mínimo, para presentarse a otra elección presidencial. Estableció quiénes gozaban de los derechos de ciudadano, los mismos que les permitían ser elegidos y elegir los destinos públicos:

Art. 13.º - Todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos y si está en el goce de sus derechos de ciudadano. Art. 14.º - Para gozar de los derechos de ciudadano se necesita: (1) Ser venezolano. (2) Ser casado o mayor de veintiún años. (3) Saber leer y escribir. (4) Ser dueño de una propiedad raíz cuya renta anual sea de 50 pesos, o tener una profesión, oficio o industria útil que produzca cien pesos anuales sin dependencia de otro en clase de sirviente.

Como vemos, el constituyente acogió la costumbre de su tiempo, al conferirles la facultad del voto a los propietarios, con elecciones de segundo grado. Le colocó una camisa de fuerza al propio Congreso al señalarle una imposibilidad:

Art. 228.º -La autoridad que tiene el Congreso para reformar la Constitución no se extiende a la forma del Gobierno que será siempre republicano, popular representativo, responsable y alternativo.

En cuanto al culto religioso, el texto constitucional no expresó ningún precepto, con lo que la religión católica no fue consagrada como la del Estado. Esto fue la base de algunos enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia católica. Algo similar ocurrirá con los privilegios militares que la carta magna no consagró. La verdad es que el constituyente, de mayoría liberal en los términos clásicos de la filosofía política, actuó como tal, acogiendo muchos de los preceptos del liberalismo. Conviene recordar que quienes mandaban entonces formaban parte del Partido Conservador que, a los efectos venezolanos, era un grupo que abrazaba las ideas de la filosofía liberal. Lo mismo ocurre con el Partido Liberal venezolano, cuyas ideas eran más cercanas al intervencionismo, en términos clásicos.

En enero de 1831 el general José Tadeo Monagas, en oriente, reaccionó contra la Constitución Nacional, proclamando la integridad de Colombia y la autoridad máxima del Libertador, pero cuando se alzó ignoraba que Bolívar había muerto un mes antes. Consideraba que la Constitución promulgada no respetaba suficientemente los fueros militares. Luego, Monagas se alzó en mayo, en Aragua de Barcelona, proponiendo la constitución del Estado de Oriente, integrado por cuatro provincias y que llevaría el nombre de República de Colombia. El general Páez envía al general Santiago Mariño a disuadir al general Monagas y, en vez de lograr su cometido, Mariño termina encabezando el proyecto inicial de Monagas, desplazándolo. El Congreso Nacional destituye a Mariño, lógicamente, y queda encargado de la presidencia de la república el vicepresidente Diego Bautista Urbaneja, ya que el general Páez se dirige, al frente de su tropa, a Valle de la Pascua a dialogar con Monagas. Páez logra el 23 de junio que Monagas deponga las armas y lo favorece con un indulto. Como vemos, al no más comenzar el camino republicano, el caudillismo mostró su rostro, como si se tratara de una seña presagiante de lo que sería todo el siglo XIX. De hecho, esta será la primera desavenencia entre dos caudillos que se enfrentarán luego, y que también intentarán entenderse en torno a la detentación del mando supremo.

Entre el primer levantamiento de Monagas, en enero, y su acuerdo con Páez, en julio, el Congreso se reúne de nuevo en Valencia el 18 de marzo de 1831 y convoca a elecciones para el 25 del mismo mes. Páez es electo con 136 votos de los 158 sufragios, comenzó entonces el período presidencial de cuatro años, que culminaría en 1835, y el general empezó a desempeñar su primera presidencia, dentro del marco de la Constitución Nacional de 1830.

Este período que abordamos comprende la primera presidencia de Páez (1831-1835), la del doctor José María Vargas (1835-1836), las de Andrés Narvarte y José María Carreño (1836-1837), la de Carlos Soublette (1837-1839), la de José Antonio Páez (1839-1843) y la de Carlos Soublette (1843-1847), y en todas el signo político predominante fue el liberalismo, contando para ello con una figura de primer orden: Santos Michelena.

Detengámonos en sus realizaciones. Se suma al ejército juvenil de la batalla de La Victoria, el 12 de febrero de 1814, y cae preso, pero el jefe realista Cajigal lo deja libre con la orden de que se vaya al exilio. Eso hace. Cajigal creía que le estaba infligiendo un daño y, por el contrario, le estaba cambiando la vida favorablemente. Se fue a Filadelfia y allá estuvo trabajando entre 1814 y 1820, entre sus 16 y 22 años. Dicen sus biógrafos, Pedro José Vargas y Simón Alberto Consalvi, que estudió en la universidad, pero ninguno señala en cuál, lo que nos lleva a dudar. En todo caso, no importa, lo que sí es seguro es que trabajó y conoció un país que estaba creciendo bajo el imperio del liberalismo económico y la impronta de ese libro capital para la humanidad, La riqueza de las naciones (1776), de Adam Smith, del que no solo consta que Michelena leyó con un lápiz para subrayar en la mano, sino que lo citó varias veces a lo largo de su vida.

En esos años de trabajo tuvo una experiencia fundamental para su futuro: la del contabilista, la del que lleva números y conoce a fondo la dinámica de los costos de producción, la oferta y la demanda, todo el universo esencial de la dinámica económica que luego le sería de enorme utilidad. En 1820 se muda a Cuba, donde se casa con Encarnación Bosque, y trabaja en otra empresa como administrador. Regresa a Venezuela en 1822 y se establece en La Guaira. Dos años después está en Caracas y es electo diputado al Congreso de la República de Colombia, en Bogotá. Se muda y dos años después introduce en el parlamento una nueva Ley de Comercio, que lamentablemente no fue aprobada.

En 1826 el vicepresidente de la república, Francisco de Paula Santander, lo designa cónsul en Londres y allá estará hasta 1828. Estos dos años son claves para entender sus posiciones económicas y su conocimiento del liberalismo. Regresa a Caracas y al ser electo José Antonio Páez presidente de la república para el período 1831-1835, este designa a Michelena canciller y ministro de Hacienda. Tiene 34 años. Le toca organizar las cifras de una nueva república, la de Venezuela ya separada de Colombia. De tal modo que estamos hablando del creador de la Hacienda Pública Nacional y del canciller que negoció el Tratado Pombo-Michelena. Esto lo lleva a mudarse de nuevo a Bogotá entre 1833 y 1834. Allá negoció el tema de la deuda externa y la parte que le tocaba a Venezuela de la deuda de Colombia, y logró que los neogranadinos aprobaran los términos del Tratado que nos entregaba la mitad de la península de La Guajira, pero el Congreso de Venezuela se tardó tanto en aprobarlo que, cuando lo hizo en 1839, los neogranadinos ya no lo querían, aludiendo que habían hallado títulos que los favorecían. Se perdió un trabajo consistente que nos hubiera favorecido.

Michelena es uno de los artífices de la Ley del 10 de Abril de 1834, una ley que permitió la libertad de contratos y estimuló enormemente el desarrollo agrícola y pecuario hasta que los precios internacionales bajaron y las ejecuciones judiciales, la entrega de las prendas de garantía, fueron mayores que los beneficios. Pero no hay duda de que funcionó durante diez años, tiempo de gran crecimiento económico en Venezuela. Al ser electo presidente de la república el ilustrísimo doctor José María Vargas, este lo ratifica en el cargo, hasta que renuncia cuando se les condonó la pena a los que le dieron un golpe militar a Vargas, la llamada Revolución de las Reformas.

Cuando Carlos Soublette es elegido presidente de la república, en 1837, lo designa otra vez canciller y ministro de Hacienda y luego, cuando Páez es electo de nuevo presidente de la república, Michelena es vicepresidente, en 1840. Su prestigio es enorme y se presenta como candidato a la presidencia de la república en 1843, pero pierde ante Soublette. Se retira de la vida pública a su hacienda Onoto, en Aragua, hasta que regresa como diputado al Congreso Nacional de 1846.

Como vemos, una vida pletórica de contribuciones centrales para la formación del Estado en el siglo XIX. Un estadista de gran calado. Un liberal. Lamentablemente, en el oprobioso asalto al Congreso comandado por José Tadeo Monagas el 24 de enero de 1848, una verdadera vergüenza, fue herido varias veces y falleció 48 días después. No existía la penicilina, ese milagro de la ciencia médica del siglo XX. Michelena es uno de nuestros grandes civiles, constructor de la trama jurídica y civil de aquella república que renacía de las cenizas del proyecto fracasado de Colombia, y halló un ritmo de crecimiento económico como ha habido pocos en nuestra historia. Esa etapa tiene nombres y apellidos: José Antonio Páez, Carlos Soublette, José María Vargas y Santos Michelena.

La coyuntura que condujo a que el jefe del Partido Conservador, Páez, apoyara a un liberal para que alcanzara la presidencia de la república para el período 1847-1851, se explica con un personaje: Antonio Leocadio Guzmán. El desgaste del Partido Conservador era tal que la única manera que halló Páez para cerrarle el paso a Guzmán fue apoyar a Monagas. Así fue como se inició un nuevo período (el Monagato, que veremos en el capítulo que viene), que en lo personal supuso para Páez la prisión y un prolongado exilio.

Por otra parte, este período conservador (1830-1847) fue propicio para el crecimiento de la economía. Se siguió un orden constitucional de alternabilidad en el poder, aunque solo lo compartieron Páez y Soublette, con la breve excepción de Vargas. Se alcanzó cierta estabilidad, no porque no hubiese habido alzamientos, que los hubo en cantidad apreciable, sino porque las facultades militares y políticas de Páez se impusieron siempre, incluso ayudado por el azar, como fue el caso de Farfán. Muy pronto va a arrepentirse Páez de haber apoyado a Monagas, pero ya el cambio estaba en marcha, y la etapa de cierta estabilidad y prosperidad había concluido.

Como apuntamos antes, en este lapso de 17 años tiene lugar la presidencia de Vargas, con todas las vicisitudes que la imantaron, y en relación con ella es imposible dejar de señalar la conducta civilista del general Páez, así como los hechos que condujeron al golpe de Estado. Recordemos que el doctor Vargas asumió la presidencia de la república el 9 de febrero de 1835 y, desde el momento mismo de su victoria, se va creando una suerte de conjura en su contra por parte de los seguidores de Santiago Mariño. No hace lo mismo Soublette, que se va a Europa, ni Páez, que se retira a sus haciendas.

Por otra parte, muy pronto Vargas entra en diatriba con el Congreso de la República, cuando este último propone una ley de impuesto subsidiario del 1 %, recabado en las aduanas, con destino a la Hacienda Pública. El presidente objeta el proyecto de ley, pero las cámaras lo aprueban, a lo que Vargas responde invocando la violación de la Constitución por parte del Senado. Esta prueba de fuerza condujo a que el doctor Vargas presentara su renuncia el 29 de abril de 1835, pero no le fue aceptada, aunque alegaba no disponer de la suficiente fuerza como para mantener la paz de la república entre las facciones en pugna.

La renuncia de Vargas fue interpretada por sus adversarios como una muestra de debilidad, aunque no le hubiese sido aceptada. Así fue como se estructuró una conjura en su contra que se denominó la Revolución de las Reformas, integrada por Mariño, Diego Ibarra, Luis Perú de Lacroix, Pedro Briceño Méndez, José Tadeo Monagas, Estanislao Rendón, Andrés Level de Goda y Pedro Carujo. Esta asonada se expresó el 8 de julio de 1835 en Caracas, cuando Carujo penetró en casa del doctor Vargas para detenerlo y se produjo un intercambio de palabras que la historia ha recogido insistentemente. Dijo Carujo: «Doctor Vargas: el mundo es de los valientes», y Vargas le respondió: «El mundo es del hombre justo». Después de la detención del presidente y del vicepresidente Andrés Narvarte, fueron embarcados ambos con rumbo a Saint Thomas en la misma tarde del día fatídico.

Al no más conocerse la asonada, acompañada de un texto de nueve puntos en el que los conjurados querían el mando de las Fuerzas Armadas para el general Mariño, el entonces jefe de esas mismas fuerzas, designado por Vargas para tal efecto, José Antonio Páez, se puso en marcha para dominar la situación y restablecer el hilo constitucional. Páez entra triunfante a Caracas el 28 de julio de 1835, y el 20 de agosto está de nuevo Vargas en la presidencia de la república. El movimiento insurreccional, sin embargo, no terminó de ser derrotado sino el 1.º de marzo de 1836, en Puerto Cabello.