Loe raamatut: «Tanatopolítica en Venezuela»

Prólogo

A mediados del año 2015 se iniciaron unos operativos policiales en zonas pobres de Venezuela que el gobierno nacional afirmó, pomposamente, que estaban destinados a liberar al pueblo de la delincuencia.

En el medio de la noche, grandes contingentes de funcionarios policiales y militares tomaban un área de viviendas o un conjunto de edificios, tocaban a las puertas o las derrumbaban a la fuerza y sacaban a las familias de sus hogares, mientras separaban a los hombres, en su mayoría jóvenes. En unos casos se producía un tiroteo dentro de la vivienda y a los jóvenes se los llevaban al hospital; en otros, los jóvenes eran trasladados como detenidos. Unos regresaban a sus casas y otros no. Al día siguiente, un alto funcionario informaba del éxito de la intervención policial y, orgulloso de sus logros, notificaba a la población que habían eliminado —dados de baja, se empeñaba en decir— a peligrosos delincuentes como parte de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) que había ordenado el gobierno nacional.

Las acciones no eran sigilosas ni secretas. Bien por el contrario: a pesar de la oscuridad de la noche y de los rostros cubiertos de los participantes, las operaciones eran publicitadas y se trasladaban a la claridad del día para que las conociera toda la sociedad y fueran difundidas por los escasos medios de comunicación que aún circulaban en el país. Se quería que fueran conocidas por el mayor número posible. Eran mostradas como trofeos y hazañas, pues era un año electoral y a los candidatos del gobierno no les iba bien en las encuestas.

Todas las víctimas que se reportaban eran descritas como delincuentes que habían fallecido en medio de una refriega por haberse resistido a la autoridad. No eran similares las versiones con las cuales denunciaban los familiares de las víctimas: unos decían que sus allegados no eran delincuentes; otros reconocían que podían andar por malos caminos, pero que no se habían resistido ni había existido enfrentamiento, que los habían asesinado.

Las denuncias continuas de los familiares fueron acompañadas por los reclamos de los defensores de los derechos humanos, algunos de ellos miembros del partido de gobierno o afines al mismo. El gobierno nacional decidió entonces que haría un cambio y a las siglas originales les agregó una “H”, con lo cual pasaron a llamarse Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo (OHLP). No obstante, la incorporación de la H no sirvió de nada pues en los años siguientes el número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales aumentó en el país. Luego se abandonaron las siglas, se crearon nuevos cuerpos policiales y las muertes por resistirse a la autoridad continuaron.

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Este libro se funda en una investigación realizada para conocer las voces de las familias de las víctimas de la letalidad policial. Quiere, además, ofrecer un marco de interpretación sociológica e histórica de tales acciones: de los contextos, de las rutinas, de las verbalizaciones ofrecidas, y acompañar con ello el dolor de los familiares y vecinos, quienes nos abrieron sus corazones acongojados y nos ofrecieron, junto a sus tristes recuerdos, miradas alternativas de los eventos.

El estudio se realizó entre 2019 y 2020 entrevistando a familiares directos de las víctimas: madres, padres, esposas, hijos e hijas. Eran entrevistas en profundidad, largas, respetuosas, con una guía semiestructurada de preguntas que permitía saltar de tópicos, respetar silencios, repreguntar detalles, para que la flexibilidad permitiese una mejor comprensión. En cada una de las ciudades se realizaron también grupos focales mixtos en edad y sexo con habitantes de los sectores sociales que habían padecido estas acciones. Sin embargo, a fin de tener una mirada cercana y otra lejana de la percepción y valoración de las acciones policiales, no nos quisimos concentrar solo en los vecinos de los casos y las víctimas, por lo cual se realizaron dos tipos diferentes de grupos focales. En unos, y para la mirada cercana, se convocaba a vecinos de la zona donde habían ocurrido los eventos; y, en los otros, se invitaba a personas que, aun con las mismas condiciones sociales de los anteriores, habitaran en una zona apartada de los hechos, en otro barrio, en otra zona de edificios de la misma ciudad, para que nos pudieran ofrecer su mirada distante y su interpretación lejana de los eventos.

Para los datos cuantitativos empleados se utilizaron las bases estadísticas que ha venido compilando con paciencia el Observatorio Venezolano de Violencia desde hace más de una década, con informaciones no publicadas provenientes de los archivos de los cuerpos policiales. Además, para conocer la opinión nacional se realizó, entre fines de 2019 y enero de 2020, una encuesta a una muestra de 1200 hogares distribuidos en todo el país. En cada hogar seleccionado se entrevistó a un integrante del hogar, mayor de dieciocho años, de ambos sexos, de todos los estratos socioeconómicos, habitante de centros poblados de Venezuela con más de 2500 habitantes. El muestreo aplicado se llevó a cabo en tres etapas. La información fue proporcionada por la persona seleccionada en cada hogar de manera verbal y fue registrada en un cuestionario impreso.

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Esta investigación fue posible gracias al apoyo brindado a los equipos de trabajo por sus universidades y por la contribución de la delegación de la Unión Europea con su programa de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, las conclusiones sacadas y las opiniones aquí emitidas y expresadas son de la exclusiva responsabilidad de cada uno de sus autores y en ninguna medida expresan o representan la opinión o criterio de la Unión Europea.

La investigación se llevó a cabo en nueve entidades federales donde habita más de la mitad del país: Aragua, Bolívar, Mérida, Miranda, Lara, Táchira, Zulia, Sucre y Distrito Federal. Los equipos de investigación estuvieron a cargo de profesores de las ocho universidades públicas y privadas que participaron en el estudio: Iris Rosas, de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Raima Rujano, de la Universidad del Zulia (LUZ); Gustavo Páez, de la Universidad de los Andes (ULA); Iris Terán, de la Universidad de Carabobo, sede Aragua (UC); Jesús Subero, de la Universidad de Oriente (UDO); Carlos Meléndez, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA); Rina Mazuera, de la Universidad Católica del Táchira (UCAT); y María Virginia Alarcón, de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana (UCAB).

Las actividades de campo y los reportes a nivel nacional los coordinó la profesora Olga Ávila (UCV) y la revisión de los borradores de los capítulos y la preparación del manuscrito final estuvo a manos del profesor Levy Farías (UCV).

A todos ellos, nuestro agradecimiento.

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En julio del año 2019, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, en su informe sobre Venezuela (A/HRC/41/18) censuró las reiteradas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los cuerpos policiales y de manera explícita exigió la eliminación de la principal unidad policial acusada de dichas ejecuciones. La respuesta del presidente de la república a los pocos días fue exaltar a dicho organismo y en una aclamación pública vociferar: “¡Que viva el FAES!”. Las llamadas muertes por “resistencia a la autoridad” aumentaron ese año y continuaron en los años siguientes.

En septiembre del año 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó las “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” (A/HRC/45/CRP.11). Dicha Misión concluyó que “existen motivos razonables para creer que los agentes de las FAES y del CICPC llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales” que “no fueron actos aislados, cometidos por individuos que actuaron solos”, sino como parte de brigadas o escuadrones (# 2038), “con una cadena de mando” (# 2041) y bajo “una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resistían la detención”. Sostienen que los funcionarios buscaban “asegurarse de que no hubiera familiares, vecinos u otros testigos presentes, para encubrir el lugar del delito y para simular la ‘resistencia a la autoridad’” (# 2039). Aunque la Misión recomendó “desmantelar las FAES”, tampoco hubo respuesta oficial.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el 3 de junio del año 2021, luego de juzgar durante varios años el caso de “Guerrero Molina y otros versus Venezuela”, condenó al Estado venezolano por la violación de los derechos de libertad personal, integridad personal, derecho a la vida y a las garantías judiciales y la protección, considerando para su decisión tanto los elementos del hecho específico juzgado como la reiterada inacción e impunidad ante la letalidad policial. La sentencia impuesta al Estado establece la obligación de “publicar anualmente un informe oficial con los datos relativos a las muertes producidas por parte de fuerzas policiales en todos los estados del país. Dicho informe —agrega— debe también contener información actualizada anualmente sobre las investigaciones realizadas respecto a cada incidente resultante en la muerte de un civil o de un integrante de fuerzas policiales”.

En este libro se busca acercar al lector al horror que padecieron algunas de esas familias, permitirle conocer sus voces e interpretar estos tiempos históricos. Busca mostrar que no fueron eventos aislados, producto del azar o de la ira del momento, sino que fueron el resultado de un tipo particular de violencia policial programada por el Estado, el cual, en abuso de sus funciones y saliéndose del marco jurídico del Estado de derecho, ordenó o propició su ocurrencia, con el propósito político específico de aterrorizar a la población. O, dicho de otro modo, que fueron sicariatos de Estado cometidos por homicianos.

Roberto Briceño-León

Fortaleza, Ceará, 2021