Loe raamatut: «Naciones y estado»

UNA IMPROVISADA PERVIVENCIA: LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA IDEA DE NACIÓN ESPAÑOLA

Ferran Archilés Universitat de València

La Constitución española de 1978 fue el resultado de una meditada reflexión tanto como de la improvisación. Si muchas de las posiciones en juego contaban con décadas de maceración, la plasmación final fue, como no es extraño que suceda en la redacción de textos constitucionales, el resultado del trabajo de unos pocos meses. De manera abusiva o no y amparados en una automitificación que juzgaban como favorable, muchos de los protagonistas de aquel proceso han insistido en la importancia de la coyuntura, del día a día. O mejor, del noche a noche, de las negociaciones cerradas en la madrugada, con llamadas telefónicas intempestivas. El «consenso» lo exigía, el regate lo imponía. Una constitución nacida entre el humo de los cigarrillos y el café a deshoras.

No faltaron estudios y publicaciones que, de izquierda a derecha, y especialmente desde finales de los años sesenta, plantearan el futuro institucional para España tras la muerte de Franco. De Un proyecto de democracia para el futuro de España del prolífico Ramon Tamames al Libro blanco para la Reforma de Manuel Fraga, con mayor o menor concreción, la cuestión territorial estuvo siempre muy presente. Pero lo cierto es que acertaron más bien poco en el resultado final, la derecha más que la izquierda, tal vez.

Fue debido a la presión del nacionalismo catalán y vasco, y en general de las demandas surgidas en sus sociedades, el que resultara insoslayable una reforma de la articulación territorial del Estado, ante la inviabilidad de pervivencia de la dictadura y su modelo centralista, abiertamente desacreditado. Las izquierdas españolas integraron, con mayor o menor facilidad, la propuesta federal en sus planteamientos de cambio social, mientras que las derechas españolas «reformistas» fueron casi siempre a remolque. Excepto en el momento decisivo.¹

Con la aprobación de la Constitución de 1978, quedó fijada la existencia jurídica de la nación española, de manera que (aunque con vacilaciones y contradicciones) el texto constitucional se convirtió en una suerte de grado cero de la nación misma (aunque en realidad se reconocía la preexistencia de la nación al acto constitutivo). Esta idea de nación española se redefinió aceptando un principio de descentralización que afecta a la estructura territorial del Estado, pero no desde un postulado ni de federalismo explícito ni de plurinacionalidad, aunque retazos, tal vez jirones, de todo ello quedaran entre las páginas de las agotadoras sesiones de discusión parlamentaria y extraparlamentaria.

Desde entonces la gestión de gobierno de los tres partidos mayoritarios, UCD, PSOE y PP, ha incidido, aunque con prácticas y ritmos bien distintos, en un doble proceso de descentralización y construcción del marco autonómico, por una parte, pero de inequívoco reforzamiento de la nación española y su unidad, por otra. Desde 1977 se ha consolidado y legitimado una esfera política nacional (vinculada a las nuevas libertades) ya desde las primeras elecciones libres, que no por casualidad fueron «generales», cuya importancia está muy por encima del peso (excepto en Cataluña y Euskadi) de los ámbitos políticos autonómicos.

¿Supuso entonces la democracia el fin de todo vestigio de gran relato nacionalista (español)?² En mi opinión, difícilmente. El marco nacional diseñado en la Constitución, acompañado del modelo de la España de las autonomías, ha servido para reinventar y consolidar la identidad nacional española así como el nacionalismo español. Ningún indicador social permite afirmar que en las dos primeras décadas tras la aprobación de la Constitución y de funcionamiento del marco autonómico hayan debilitado la identidad nacional española allí donde no lo estaba ya. Hacia la primera mitad de los años noventa (con la única excepción clara de Euskadi, donde el porcentaje no superaba el 50%, y Cataluña) en el conjunto de España, entre dos tercios y un 80% de la población se autoidentifican como españoles, ya sea de manera exclusiva o mayoritariamente a través de la llamada (aunque se trata de una definición no exenta de problemas)³ «identidad dual» regional/española (que no pone en cuestión la identidad nacional superior).⁴ Los resultados no son muy diferentes en los últimos diez años, con la salvedad fundamental de la transformación producida en Cataluña.⁵

Sin embargo, junto a estos resultados y según algunas encuestas, cerca del 68% de los españoles no se autoidentifican como nacionalistas españoles, frente a un 29% que sí lo haría.⁶ ¿Significa ello, por tanto, que no deberíamos hablar más que en pasado de nacionalismo español?, ¿que la España constitucional está exenta de nacionalismo español?

No hay que olvidar, por otra parte, que la idea de España como nación parcialmente fallida en la modernidad ha formado parte de los análisis académicos más relevantes desde los años sesenta en adelante, ya sea en la obra inmensamente influyente del sociólogo Juan José Linz, como en la historiografía que culmina en el debate sobre la débil nacionalización española.⁷ Cabe recordar que durante mucho tiempo solo desde las culturas políticas nacionalistas alternativas se hablaba de nacionalismo español.⁸

Pero, en mi opinión, al menos cinco elementos caracterizan el nacionalismo español desde 1978, que con matices, claro está, son compartidos por la izquierda y la derecha. En primer lugar, la incuestionable definición de España como nación, entendida como único sujeto de soberanía. En segundo lugar, un relato histórico que se basa en los lazos compartidos políticos y culturales de una experiencia común y anterior (objetivamente forjada por la historia) a la Constitución de 1978.⁹ En tercer lugar, la oposición a cualquier voluntad de secesión de los territorios que componen la nación.¹⁰ A la vez que se afirmaría la españolidad de Gibraltar, Ceuta y Melilla. En cuarto lugar, la definición de la nación española no es solo de cariz cívico (frente a las definiciones de los nacionalismos alternativos), sino también cultural. En este sentido, la centralidad del nacionalismo lingüístico (al menos desde finales del siglo XIX) ha sido una premisa central. Las dificultades para aceptar la diversidad lingüística en el seno del Estado (una cifra relativamente estable del 40% de la población vive en territorios bilingües) y su reconocimiento son la segunda cara de la misma moneda. El reconocimiento constitucional de la centralidad del español (y por consiguiente su función como lengua de prestigio) o el hecho de ser requisito para obtener la ciudadanía española son dos ejemplos de carácter institucional, pero deben completarse con la función simbólica del español como lengua «global» (la de los «trescientos millones») que permea el discurso de los medios de comunicación. En quinto lugar, cabría explorar la función de «enemigo interno» que juegan los nacionalismos catalán (y el desarrollo del anticatalanismo como discurso asociado) y vasco (especialmente agudizado por la acción de ETA) y que se desborda hacia el menosprecio y denuncia ante las demandas culturales asociadas.

Se ha señalado la relativa invisibilidad y débil articulación política del nacionalismo español posterior a 1975 (y vinculada precisamente a la hiperinflación previa y deslegitimación anterior) como una característica excepcional del caso español.¹¹ Probablemente así fue (aunque, por ejemplo, el francés es otro caso de nacionalismo invisibilizado) pero, como señala Xosé-Manoel Núñez Seixas, ello no es prueba alguna de su inexistencia. En mi opinión, sin embargo, debería valorarse también el hecho de que a partir de 1975, el Estado que debía relegitimarse y que, en todo caso, se estaba refundando mantuvo el control en todo momento sobre la redefinición del marco territorialnacional (no olvidemos el estatus permanentemente minoritario del peso del electorado catalán y vasco en el conjunto). La visibilidad del nacionalismo español era irrelevante en el periodo de 1975-1977 e innecesaria en el fondo, a partir de 1978, cuando el Estado-nación ya estaba refundado. Su eficacia, por otra parte, se situaría en definitiva, en su banalidad.¹²

Se ha apuntado, sin embargo, que precisamente la existencia de un activo nacionalismo español (opuesto a los nacionalismos periféricos) y a la vez la debilidad y carácter divisorio de los símbolos nacionales introducirían matices a la posible definición como nacionalismo banal.¹³ Pero en realidad presencia activa y carácter banal no son contradictorios, pues son dos caras de una moneda que dependen de las coyunturas. De hecho, los individuos transitan de una forma de experimentación a otra porque están compuestas de la misma materia (la «identidad nacional»).

En numerosas ocasiones se ha argumentado que la presión de las culturas nacionalistas alternativas habría provocado desde la transición en adelante la erosión e incluso el «olvido» de la idea de nación española por su identificación con el pasado franquista. Sin embargo, conviene destacar que fue la crisis de legitimidad del régimen la que abrió la puerta a las nuevas demandas y cambios. Como sucedió tras 1898 y de nuevo a partir de 1931, fue una crisis de legitimidad la que permitió una relectura (y abrió un nuevo horizonte de expectativas) del significado de lo nacional en España.

Fue el propio régimen el que deslegitimó el discurso amparado por el modelo oficial del nacionalismo español, mientras que los nacionalismos periféricos son solo una parte de este proceso. Solo desde el cinismo más extremo se puede llegar a afirmar que «lo autonómico era más un problema de la clase política, de los políticos nacionalistas, por supuesto […] ¿Por qué entonces la cuestión de las autonomías pasó a ser un problema importante que no estaba sin embargo entre las primeras exigencias de los españoles, ni siquiera en los territorios históricos donde tenía mayor arraigo, a convertirse en un problema urgente y perentorio?». Según Rodolfo Martín Villa: «Aquí, sinceramente, yo no encuentro otra respuesta ni otra explicación que la que se deriva del fenómeno terrorista».¹⁴ Teniendo en cuenta que el autor está exponiendo su experiencia como gobernador civil de Cataluña, el argumento no es solo insostenible, sino que revela el grado de improvisación que sintieron algunos de los protagonistas clave para el cual, precisamente, ellos no estaban advertidos.

NACIONES PARA EL DESPUÉS DEL DESPUÉS DE UNA GUERRA

En estrecha conexión con la tesis del «olvido» de la idea de España se ha señalado frecuentemente el posible efecto «desnacionalizador» que habría ejercido el franquismo. Sin embargo, ello solo tendría sentido si se estuviera aludiendo al alejamiento o limitada penetración del discurso nacionalista franquista, pero no respecto a una subyacente (auto)identificación con la identidad nacional española. Ningún indicador social de la década de los años setenta permite afirmar lo contrario y en ningún momento la adscripción de los ciudadanos a la identidad nacional parece haber estado en cuestión (excepto en el País Vasco y en menor grado Cataluña). En este sentido, creo que cabría matizar la tesis del fracaso del proyecto de renacionalización autoritaria franquista. En mi opinión ello es cierto en la dimensión «autoritaria» del proyecto pero no en su carácter (re)nacionalizador. Sin duda, convendría no ceñir el análisis a los mecanismos institucionales (educación, propaganda, ejército) utilizados por el franquismo, aunque incluso en estos se ha insistido en exceso en su «fracaso». Tal vez sirva como ejemplo señalar que a mediados de los años setenta entre un 60 y un 80% de la población de los territorios con lengua propia era incapaz de citar un hecho histórico o escritor en lengua propia (con la excepción del País Vasco).¹⁵

La castellanización excluyente promovida por el régimen franquista en la esfera pública y en la enseñanza es uno de los legados más duraderos y eficaces. En su conjunto, la consolidación (interrumpiendo los cambios introducidos en los años treinta) del desprestigio social de las demás lenguas tuvo enormes efectos al consolidar usos diglósicos. Además, reforzó el desconocimiento y los prejuicios lingüísticos en el conjunto del Estado (a pesar de que el 40% de la población vivía en territorios con otras lenguas), dificultando el respeto y reconocimiento de la diversidad y sentando las bases de un agresivo nacionalismo lingüístico.¹⁶

En todo caso, también hay que prestar atención a otros mecanismos informales de nacionalización, incluyendo formas de nacionalismo «banal» del franquismo que cabría analizar con detalle. La esfera pública, los espectáculos (del cine al fútbol), las fiestas locales, el énfasis en las identidades regionales…estaban saturados de «españolidad». Y en absoluto en una dimensión estrictamente folclorizante o retrógrada. El «desarrollismo» franquista se hizo de la mano de un programa no menos españolista. De hecho, este «desarrollismo» permitiría la aparición de un nuevo modelo de consenso social que el franquismo ni había intentado ni había obtenido en momento previo alguno. No hay que olvidar que el crecimiento económico acelerado se convirtió en Europa, ya en la década de los años cincuenta, en una eficaz ideología legitimadora del capitalismo. De lo que se trata, por tanto, es en todo caso de la «deslegitimación ideológica» del nacionalismo español (lo que significa que solo la derecha posfranquista dispuesta a no rechazar el legado ideológico podía asumir el discurso nacionalista). Pero no de sus efectos sociales, cuya identificación no debemos trazar de manera mecánica.

Sin duda, este proceso de redefinición implicó una mutación de la naturaleza discursiva y de la presencia pública del nacionalismo español. Este experimentó un proceso de «ocultación» y pudo quedar subsumido en otras dinámicas. Pero es imposible separarlo de dinámicas de más largo alcance. La redefinición de la identidad nacional española producida durante la Transición reabsorbió los efectos sociales de la nacionalización los cuarenta años previos. No fue, ni pudo ser, desde una perspectiva de historia social, una tabula rasa. Presentar el «olvido» de la nación como parte del «olvido» del franquismo puede ayudar a entender algunas de las características del proceso, pero resulta un planteamiento demasiado rígido y que deja fuera demasiadas variables de lo que cabe entender como «nación» (y como sentimiento de «pertenencia» a la nación, esto es, de identidad nacional). En mi opinión, no podemos pretender que exista una «desaparición» del nacionalismo español tout court y su discurso (y por lo tanto en sus efectos sociales).

Sin duda, desde la perspectiva de las culturas políticas, el problema era cómo hacer uso y en qué grado del legado hiperinflacionario que la dictadura había dejado de la nación y la idea de España. Para la izquierda, el rechazo global al franquismo no implicó en absoluto desentenderse de un discurso sobre la identidad española, pero se incidió en una versión caracterizada por cierto reconocimiento de la diversidad y una voluntad de descentralización política. Para la derecha (y el «centro») posfranquista el legado fue no poco ambivalente, pues tuvo que combinar su propia versión nacionalista evolucionada con las demandas democráticas de autonomía, que le eran ajenas, así como reivindicaciones culturales.

Desde inicios de los años sesenta, y con una fuerza y visibilidad creciente en el tardofranquismo, la visibilidad de las demandas y presencia social de los nacionalismos, catalán y vasco sobre todo (pero también gallego y valenciano, entre otros de menor visibilidad) se convirtió en un factor decisivo del escenario político, relegitimados por su oposición a la dictadura, lo que permitió su inserción en el conjunto de las culturas de oposición antifranquistas.

No es fácil establecer unas pautas comunes en las demandas de las diversas culturas nacionalistas alternativas surgidas o reformuladas desde los años sesenta. De hecho, sus fundamentaciones teóricas eran muy diferentes: la distancia que hay entre la Vasconia de Federico Krutwig y Nosaltres els valencians de Joan Fuster, ambos aparecidos en 1962, es enorme. Además, tampoco pueden minimizarse sus propias diferencias internas, de las que el caso vasco es el ejemplo más visible, pero no el único. Pero, indudablemente, todos los movimientos nacionalistas alternativos abogaban, en su condición antifranquista, por una reformulación radical del marco político y por tanto de su organización territorial, lo que en la práctica significaba apostar desde posiciones federalistas a las independentistas, estas últimas minoritarias, pero no por ello menos activas.

En realidad el problema de fondo era otro. Con singular presciencia, Juan José Linz señalaba ya en 1967 que de cara al futuro (aun añadiéndose otros movimientos en distintos territorios) el electorado de Cataluña y el País Vasco tendría un estatus permanentemente minoritario respecto al conjunto del electorado español, lo que le llevaba a concluir que «las elecciones de principio mayoritario no pueden resolver el problema de la autonomía local y de las demandas nacionalistas».¹⁷ Un estatus minoritario que, en contraste, no se correspondía con la fuerza económica de estos territorios, y en general con los que planteaban demandas de autonomía. De las diez provincias con mayor riqueza per cápita hacia 1975, solo Madrid no planteaba problemas identitarios.¹⁸

Por otra parte, sería profundamente erróneo plantear la existencia de demandas nacionalistas alternativas como una anomalía española en el contexto de la Europa occidental del momento. Al revés, desde los años sesenta se asistió en este marco territorial a una nueva oleada de demandas políticas y culturales, a un «nuevo nacionalismo»,¹⁹ que afecta, sin ánimo de exhaustividad, a los movimientos bretón, corso, occitano, flamenco y valón, frisón, norirlandés, escocés y galés. Además, es imposible minimizar el hecho de que a finales de los años sesenta y desde los años sesenta, los debates en torno a procesos de descentralización o regionalización estaban muy presentes incluso en Francia, además de en Gran Bretaña. A principios de los años setenta Italia inició un proceso de implementación de su texto constitucional, y desarrolló por fin su modelo de Estado regional, un ejemplo que estuvo muy presente en los debates españoles durante la redacción de la Constitución. Bélgica modificó su estatus como estado federal en 1970. En realidad solo Portugal quedó al margen de este proceso (manteniendo como única peculiaridad la de las Islas Azores). Este nuevo nacionalismo responde, sin duda, a la reconfiguración de la relación de poder entre el centro y la periferia en los países europeos, en el marco del crecimiento económico de la Europa de posguerra, así como a la difusión de nuevas pautas de homogeneización cultural (de las que la televisión es la imagen más visible). Pero también cabe tener presente el auge de los movimientos de descolonización en África y Asia, y la oleada revolucionaria en América Latina, que frecuentemente encontraron eco en Europa. Asimismo, cabe no olvidar el clima cultural e ideológico que fraguó en torno a lo que 1968 representa como símbolo. La redefinición de las pautas de participación social y democrática, las nuevas políticas de la identidad y, en fin, el convencimiento de que «lo pequeño es hermoso» coadyuvaron a la nueva manera de entender las identidades colectivas de las naciones sin Estado.