Jalisco después del COVID-19

Coordinación editorial

Iliana Ávalos González

Jefatura de diseño

Paola Vázquez Murillo

Cuidado editorial

Mariana Hernández

Diseño y diagramación

Iordan Montes

Diseño gráficas y mapas

Iordan Montes

Jalisco después del COVID-19

se terminó de editar en marzo de 2021

en las oficinas de la Editorial Universidad de Guadalajara,

José Bonifacio Andrada 2679, Lomas de Guevara 44657

Guadalajara, Jalisco

Índice

Presentación

Raúl Padilla López

Salud pública

Patricia Noemí Vargas Becerra

Economía

Antonio Sánchez Bernal

Sociedad

Carlos Barba Solano

Política

Héctor Raúl Solís Gadea

Población

Alejandro I. Canales Cerón

Patricia Noemí Vargas Becerra

Educación

Juan Carlos Silas Casillas

Seguridad nacional

Marcos Pablo Moloeznik

Estrategia digital

Yolanda Martínez Mancilla

Medio ambiente

Eduardo Santana-Castellón

Administración gubernamental y políticas públicas

David Gómez-Álvarez

Ciencia, tecnología e innovación

Alfredo de Jesús Celis de la Rosa

Héctor Raúl Pérez Gómez

Cultura

Diego Escobar González

Margarita Hernández Ortiz

Proyecciones

Alejandro I. Canales Cerón

Turismo

María de los Ángeles Huízar Sánchez

Energía

Graciela Domínguez

Movilidad urbana

David López García

Hábitat

Daniel González Romero

Niñas, niños y adolescentes frente a los retos de la educación a distancia

César Augusto Ricardi Morgavi

Referencias

Coordinadores y autores

Presentación

Raúl Padilla López

Este libro es resultado de la vocación del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, encauzada a contribuir al estudio reflexivo y propositivo de las principales problemáticas de nuestro estado. Se concibió dentro del proyecto Jalisco a futuro, un trabajo continuo de investigación y divulgación académica de más de dos décadas, que ha introducido el análisis prospectivo como un instrumento relevante para la participación de los universitarios en la construcción de la agenda pública de la entidad.

Ante la evidencia de los amplios y profundos efectos que la pandemia por el COVID-19 está provocando en cualquier esfera de la sociedad global, Jalisco a futuro se planteó el desafío de analizar la situación que se ha generado en el estado tanto por la epidemia como por las acciones emprendidas para su control. Con amplitud de miras, se abarcó una gran diversidad de temas, a fin de producir una visión a la vez detallada y extensa del impacto de la contingencia sanitaria en Jalisco y lo que serán sus efectos en los distintos ámbitos de la vida. Como es ya una práctica consolidada en este proyecto, el análisis que se presenta es obra del trabajo coordinado de un amplio y reconocido equipo de especialistas colaboradores.

Si bien la última actualización del proyecto había sido presentada recientemente, la necesidad de un ajuste analítico no podía ignorarse por un esfuerzo orientado a la construcción propositiva del porvenir. Pocas experiencias en la historia moderna han implicado un cambio tan súbito y radical de todas las condiciones previstas en la planificación del futuro de corto, mediano y largo plazo. Por ello, los escenarios pensados en los ejercicios previos demandan ser repensados. Vivimos un presente impredecible y nuevos futuros tienen que ser imaginados, en donde el conocimiento y el análisis responsable deben ser elementos incorporados en su formulación.

Con el mismo espíritu de la más reciente actualización, el entendimiento de las problemáticas sociales, asumido por el equipo de investigación, enfatiza la complejidad del fenómeno que experimentamos y, al igual que en ese ejercicio, las contribuciones que integran este volumen complementan los esfuerzos por generar una mirada diagnóstica sobre la situación del momento con la formulación de sugerencias o propuestas de acción para enfrentar las problemáticas de manera activa y sustentada.

Tanto en Jalisco como en todo México, la construcción del futuro pospandemia debe ser un trabajo plural y participativo, que convoque a un esfuerzo integrado de los diferentes niveles de gobierno, el sector empresarial, las instituciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general. A todos ellos ponemos a su disposición esta información como un insumo útil y relevante en aras de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sustentable.

Salud pública

Patricia Noemí Vargas Becerra

En Jalisco, al igual que en el resto de nuestro país, se identifican por lo menos tres factores que colocan a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad frente a la pandemia por la enfermedad del coronavirus (COVID-19): el perfil epidemiológico de la población, la carencia en la infraestructura y personal para la atención de la salud y la desigualdad en el acceso a los servicios de salud.

1 El perfil epidemiológico de la población. La población de México y de Jalisco presenta una alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Al respecto, el 18.4% de los mexicanos de veinte años y más padece diabetes, el 10.3% tiene hipertensión y el 36.1% obesidad. En este mismo sentido, en Jalisco el 15.2% padece hipertensión y el 7.6% diabetes (Instituto Nacional de Salud Pública, 2018). Investigaciones recientes han señalado que las personas con enfermedades crónicas preexistentes, como es el caso de la hipertensión y la diabetes, aumentan hasta diez veces el riesgo de muerte por COVID-19 (ccdc Weekly, 2020; Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team, 2020). Aunado a lo anterior, Jalisco aún cuenta con una alta incidencia de enfermedades infecciosas; por ejemplo, esta entidad federativa ha presentado recientemente una alta incidencia de casos de dengue.1 Dado este escenario, la condición demográfica favorable de contar con una estructura poblacional relativamente joven, tanto en México como en Jalisco, es contrarrestada por el alto grado de comorbilidad poblacional.

2 Carencias en la infraestructura y los recursos humanos para la atención de la salud. La experiencia reciente en algunos países como Italia y España ha mostrado que la infraestructura sanitaria, como hospitales y equipo médico, ha sido insuficiente para la atención de los ciudadanos afectados por el COVID-19. Al respecto, mientras que España e Italia cuentan con tres y 3.2 camas hospitalarias por cada mil habitantes, respectivamente, México tiene el 50% menos, esto es, 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes (oecd, 2020) y Jalisco cuenta con alrededor de una. El personal de salud es también otro punto central en la atención de esta pandemia. Italia cuenta con 4.9 médicos por cada mil habitantes y España con 3.9 (oecd, 2019). Este indicador se reduce a 2.4 en el caso de México y Jalisco sólo cuenta con dos médicos por cada mil habitantes. En este contexto, la saturación del sistema de salud sería aún más rápida y crítica de no tomarse las medidas sanitarias recomendadas por los organismos internacionales de salud. Otra cuestión a considerar es la desigualdad existente en la distribución de los recursos tanto a nivel nacional como local, ya que en las zonas rurales, las regiones fronterizas y las poblaciones de refugiados y desplazados, la carencia de servicios de salud y recursos se agudiza, colocando a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad frente a la presencia de esta enfermedad.

3 La desigualdad en el acceso a servicios de salud. México y Jalisco enfrentan esta pandemia con un acceso desigual a los servicios de salud, dado que no se ha logrado la cobertura universal en salud, pues el 17% de los mexicanos y el 19% de los jaliscienses no tienen acceso a los servicios. Al desagregar esta información por grupos de edad en México, el 19% de los ciudadanos entre los 20 y 59 años no tienen acceso a la salud, cifra que disminuye a 13% en la población de 60 años y más. Por otro lado, el panorama se complejiza, ya que no se ha logrado un sistema unificado y equitativo; al respecto, cuatro de cada diez mexicanos y tres de cada diez jaliscienses estaban afiliados al Seguro Popular. Asimismo, 3.7 de cada diez personas entre los 20 y 59 años gozaban de dicha afiliación; en Jalisco estas cifras descienden a 2.9. Esta desagregación es importante dado que es en estos grupos donde se presenta la mayor incidencia de casos de COVID-19 (1.4 y 1.3 por cada cien mil habitantes, respectivamente). Este escenario coloca en situación de vulnerabilidad y riesgo a esta población precisamente en el periodo actual, ya que nuestro país está transitando en el sistema de protección social en salud, cuyo brazo operativo era el Seguro Popular, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que no ha materializado su implementación a nivel nacional y local.

El éxito de una respuesta eficaz tanto a nivel nacional como estatal para contener la epidemia, debe considerar los aspectos antes mencionados y tomar en cuenta la existencia de un subregistro en la identificación de casos, debido a la baja cobertura de pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2 en nuestro país (véase gráfica 1), lo que impide tener un panorama preciso del avance del contagio, por lo que sería deseable incrementar significativamente la cobertura de pruebas en la población para detectar a las personas con esta enfermedad y establecer las medidas correspondientes de cuarentena y el rastreo de casos. El fin es interrumpir las cadenas de contagio y disminuir considerablemente las tasas de mortalidad, como ha sido señalado por diversas instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

Gráfica 1. América Latina y el Caribe. Casos reportados y cobertura de pruebas COVID-19.

Fuente: Acosta (2020).

1 Según datos de la Sinave, Jalisco tuvo 11 777 casos confirmados de dengue durante 2019 (primer lugar nacional).

Economía

Antonio Sánchez Bernal

La afectación a la economía jalisciense por el COVID-19 es preocupante, y en este momento no es posible medir su magnitud, pero sí identificar los efectos y los sectores económicos más sensibles a la contingencia. El contexto económico global y nacional que antecedía a la llegada del virus a Jalisco no era halagador. La desaceleración de la economía china y la guerra comercial con Estados Unidos había impactado de manera negativa el crecimiento de la economía global. En el plano nacional, la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá –aunado al giro de la política económica del gobierno nacional, caracterizado por el incremento del gasto social, la redirección con atraso de la inversión pública y la cancelación de grandes proyectos de inversión– generó en 2019 un freno en el crecimiento de la economía que alcanzó el -0.1%. En contraste, Jalisco mostró un crecimiento de alrededor del 2%, arriba del promedio nacional, además de una generación de empleo ascendente.

La pandemia del COVID-19 desencadenó una caída acelerada del precio del petróleo, así como de las bolsas de valores, además de la depreciación de las monedas de los países emergentes; pero el principal efecto inmediato de la epidemia fue el freno a la actividad económica de los países. México presentó un estancamiento económico en 2019, y los primeros datos de 2020 mostraron un crecimiento negativo del pib, lo que implica que es altamente probable que, al detenerse la economía durante más de un mes, como consecuencia de la pandemia, se producirán dos semestres de decrecimiento, con lo que se decretaría una recesión económica.

Ante la inminente recesión económica, la literatura internacional sobre los efectos económicos de las pandemias anteriores, como el sars (Alarcón, 2020), señalan que las actividades más afectadas son salud, generación y distribución de alimentos, turismo, comercio al por menor, entretenimiento y aerolíneas, de lo que se deriva una caída en los índices de empleo. Estas actividades tienen relevancia para la economía de Jalisco y, se ha identificado, son las más vulnerables ante situaciones como las que se viven en la actualidad.

El sector turístico aporta alrededor del 9% del pib estatal y su crecimiento ronda el 8%, representando el impulso mayor del sector de servicios. El paro de actividades económicas por la epidemia ya generó cierre de hoteles y pérdidas de empleo significativos en el sector. El comercio al por menor y la informalidad tienen una relación fuerte; en Jalisco, la tasa de informalidad era del 53% de la población en 2017. Adicionalmente, el promedio de ingreso mensual de los trabajadores en el estado en ese mismo año estaba alrededor de 6 721 pesos, y son trabajadores que en general no cuentan con ahorros. En síntesis, Jalisco tiene un número relevante de trabajadores vulnerables ante la ausencia temporal de su actividad.

Por otra parte, es importante señalar las afectaciones en las actividades gubernamentales derivadas del impacto de la pandemia en las finanzas públicas locales. Los costos de los servicios de salud en Jalisco se incrementarán de manera significativa por la pandemia y se requerirán inversiones inmediatas para solventar la atención a la población contagiada, ya que la entidad, según datos de la Secretaría de Salud de México, presenta niveles de gasto público en salud2 por debajo del realizado por el gobierno federal3 y muy alejado del promedio de los países de la ocde.4

La baja del precio del petróleo, combinada con el freno de la economía, pone en riesgo los ingresos del gobierno federal. Si son insuficientes las transferencias federales condicionadas, serán las primeras en sufrir reducciones, pero en un escenario de recesión profunda estarían en juego las transferencias no condicionadas (ramo general 28). Las finanzas públicas estatales y municipales resultarían afectadas al reducirse las transferencias, pero, además, se prevé una caída en sus ingresos propios, acompañada con presiones a incrementar el gasto. La salida es la adquisición de una deuda pública en todos los niveles de gobierno.

Los efectos visualizados nos llevan a pensar que urge un plan de relanzamiento de la economía de Jalisco después de controlar la pandemia. El diseño de un plan efectivo para reactivar la economía pasa por dos dimensiones, que combinadas generan escenarios sobre los que habría que actuar. La primera dimensión es la profundidad y daños sobre la economía, y la segunda el nivel de cooperación de los actores económicos, políticos, sociales y gubernamentales.

El escenario deseable es el 3, que se denomina “salida rápida”, porque los efectos de la pandemia serían relativamente bajos. En este escenario la tarea crucial sería impulsar una política keynesiana para crecer el gasto público junto con la inversión privada, pero lo más relevante es que el plan sería construido de manera conjunta entre los actores sociales con cooperación entre el gobierno federal y el estatal, por lo que Jalisco alcanzaría rápidamente tasas de crecimiento económico positivas.

Por otra parte, el escenario menos deseable, pero que los más pesimistas le otorgarán una alta probabilidad de ocurrir, es el 2, donde la profundidad de la recesión es alta, arroja más personas a la pobreza, destruye empresas y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, incrementando la brecha entre la economía tradicional y la ligada al sector externo, y dejando a los tres órdenes de gobierno limitados en sus finanzas. Los actores locales no se coordinan bajo un proyecto único y deciden generar proyectos alternativos. El gobierno federal y el estatal mantienen un enfrentamiento político y llevan sus diferencias a la lucha electoral. La desigualdad y la falta de confianza de los ciudadanos en los gobiernos genera inestabilidad social, y los proyectos económicos enfrentados son insuficientes, lo que hace lenta la recuperación económica y con un alto costo social.

El escenario 1, denominado “salida compleja”, implica que los actores sociales se coordinan y diseñan un solo proyecto de recuperación económica, pero enfrentaríamos un estancamiento económico (decrecimiento por un año o más) que destruiría parte del aparato productivo, se perdería competitividad internacional y se generaría gran descontento social, agudizado por el estancamiento. La recuperación en este escenario es de largo plazo y con resultados de difícil predicción sobre la gobernabilidad del país.

El escenario 4 es una “salida lenta”, porque a pesar de que la recesión económica no es tan profunda y exista la posibilidad de que un plan de relanzamiento de la economía ofrezca resultados de crecimiento débil en el segundo semestre del año, no hay coordinación entre los actores locales y federales. Se diseñarían proyectos que compitan y se centren en la campaña electoral para ganar espacios de poder. La recuperación de la economía sería lenta.

En síntesis, Jalisco requerirá de un plan de relanzamiento de la economía pospandemia. La efectividad del plan pasa por el impacto final que dejará la pandemia en el aparato productivo y la población. También depende de la capacidad de los actores sociales para coordinarse en torno a un proyecto y, en especial, por la responsabilidad que los gobiernos asuman para entender que requerimos una visión de Estado.

2 2.5% del pib de la entidad.

3 2.8% con respecto al PIB del país.

4 6.3% respecto al pib.

Sociedad

Carlos Barba Solano

De manera oficial, Jalisco se encuentra entre los estados con un mayor número de casos de COVID-195 en el país. Hasta el 28 de marzo de 2020 se habían confirmado 86 casos, poco más del 10% de los confirmados a escala nacional, los cuales sumaban 848. En nuestra entidad se produjeron el 19% de las defunciones en el país –tres de las dieciséis confirmadas–. Aproximadamente, el 90% de los casos detectados presentaron síntomas leves, que sólo requirieron resguardo en sus domicilios, sin embargo, ocho pacientes necesitaron hospitalización: tres fueron dados de alta, tres fallecieron y dos permanecieron hospitalizados en condición de grave a delicada. Esto significa que la letalidad del virus en nuestra entidad era del 3.5%, menor a la tasa global detectada que ascendía al 4.6%, pero mayor a la tasa de letalidad a escala nacional, que alcanzó el 1.9%.

Sin embargo, de acuerdo con los datos que se conocen del comportamiento de esta pandemia en otros países, sabemos que las dimensiones del problema aumentarán de manera muy significativa, no sólo por la pandemia en sí, sino por un contexto de recesión mundial inminente6 que golpeará severamente algunas actividades económicas que implican congregación de personas.7 También se prevé la caída en la demanda del sector manufacturero y de la oferta por falta de insumos. Conforme escale la falta de actividad económica empezarán los despidos y caerán los ingresos de los trabajadores formales y de los trabajadores por cuenta propia. Esto implicará dos etapas: la primera durará tal vez tres meses, y la segunda, producto de la crisis económica, de 5 a 6 meses (Levy, 2020: 2-3).8

Para enfrentar esta pandemia, el gobierno federal ha adelantado las pensiones no contributivas otorgadas a los adultos mayores (cuatro meses de apoyo, equivalentes a dos pagos bimestrales por la suma de 5 424 pesos), las cuales implican una erogación de cuarenta y cinco mil millones de pesos, aproximadamente. También se anunció que el 25 de marzo de 2020 se otorgarían, a través de Nacional Financiera, veinticinco mil millones de pesos –con créditos de seis mil hasta veinte mil pesos, hasta alcanzar un millón de apoyos– para respaldar a pymes afectadas por el COVID-19. De este monto, quinientos mil créditos se destinaron para apoyar a la economía formal y quinientos mil a la economía informal (Aristegui, 2020). Sin embargo, el costo de este programa no llegó al 0.1% del pib, que está muy por debajo de algunas de las propuestas mínimas que se han hecho para enfrentar la contingencia epidemiológica y socioeconómica generada por el COVID-19, como la elaborada por el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (ciep), que propone algunas acciones necesarias para enfrentar no sólo la emergencia de salud, sino la recesión económica que el manejo de esa crisis sanitaria generará: aumentos al presupuesto de salud, condonaciones de cuotas obrero-patronales al imss, transferencias monetarias a personas mayores de 18 años y redirección de recursos previstos para la realización de obras de infraestructura pública.9 En conjunto, las acciones propuestas implicarían un costo que fluctúa entre 1.3% y 2.2% del pib (Albarrán y Saldívar, 2020).10

En Jalisco, el Gobierno del Estado desarrolló acertadamente una estrategia para enfrentar la epidemia en dos ámbitos: el de la salud y el social, pero se ha desmarcado de la campaña de la Secretaría de Salud federal, descartando automáticamente una concordancia en las políticas públicas en las dos escalas. En el primero se previó la aplicación de pruebas de detección rápida y de confirmación, y para ello se intentaron comprar veinte mil pruebas de detección temprana; se ha establecido un contacto con el Instituto Nacional de Migración para detectar a todo viajero que provenga de zonas infectadas; se cuenta con áreas de sanidad en los puntos de entrada internacional, un laboratorio con capacidad certificada para realizar pruebas en infecciones respiratorias agudas y el Laboratorio Estatal de Salud Pública (lesp); se han realizado reuniones para acordar medidas de protección comunes con los gobiernos de la región Centro-Occidente-Bajío; se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en toda nuestra entidad; y se ha generado una estrategia de comunicación que opera en distintos ámbitos: el de la familia y los adultos mayores,11 el de los trabajadores y empresarios,12 el escolar13 y, por último, el de restaurantes y hoteles14 (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020a).

En el ámbito social, la mayor preocupación son las consecuencias de la inminente recesión mundial y nacional en el empleo. El Gobierno de Jalisco estima que los sectores económicos más vulnerables son los restaurantes, bares, hoteles, escuelas, servicios recreativos, transporte, autopartes, electrónica, textil, moda, muebles, servicios personales y comercios misceláneos, y consideró que habría una afectación en 123 540 empleos (Gobierno del Estado de Jalisco 2020a).

Para hacer frente a esta problemática, la estrategia ha girado en torno a la creación del Plan Jalisco COVID-19, que incluye diversas medidas:

1 El otorgamiento de apoyos económicos hasta por doscientos mil pesos a ong que operan en Jalisco dedicadas a brindar servicios de alimentación, salud y albergue de personas de grupos vulnerables.15

2 El Plan Emergente Protección al Empleo y al Ingreso de las Personas, que cuenta con una bolsa de 450 millones de pesos, dirigido al apoyo de micro y pequeñas empresas formales, que cuentan con una planta de uno a quince trabajadores.16

3 Un apoyo a personas con autoempleo, subempleo y empleos no formales al que se asignó un presupuesto de cuatrocientos millones de pesos.17

4 La constitución del Fideicomiso para Productores de Maíz en Jalisco, que contará con un fondo de ciento cincuenta millones de pesos.

Se determinó que el financiamiento de estos programas se haría a través de una deuda de corto plazo y no habrá endeudamiento de largo plazo que trascienda a las administraciones actuales (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020).

A escala de la zmg, los gobiernos de Zapopan y Guadalajara anunciaron que se apoyaría a las personas que viven al día dedicados a la comercialización de productos o servicios (tiendas de abarrotes, vendedores callejeros, tianguis, entre otros), quienes no pagaron durante noventa días ninguna contribución municipal. Tampoco hubo multas ni recargos durante el mismo periodo en el pago de impuestos municipales, como predial, transmisiones patrimoniales o licencias.

Tras revisar este estado de cosas, es evidente que a escala federal el esfuerzo que debe realizarse es mucho mayor al que se anunció, y que no se tiene conciencia de que las medidas anunciadas en 2020 en el plano social son insuficientes para enfrentar la crisis que se vivirá en 2021. En el caso de Jalisco, en el ámbito social las acciones propuestas parecían bien dirigidas y el presupuesto era significativo: aproximadamente 1.200 millones de pesos, que equivalen aproximadamente al 36% del presupuesto establecido en el Presupuesto de Egresos 2020 del Gobierno del Estado para rubros sociales (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020c).18

Sin embargo, todo indica que hará falta ampliar este presupuesto, mejorar la gobernabilidad del mismo y realizar otras acciones para cumplir varios objetivos:

1 Establecer una coordinación rápida con el gobierno federal en la estrategia sanitaria y social para evitar duplicidades y generar sinergias y complementariedades.

2 Establecer una coordinación efectiva y explícita con organizaciones civiles, universidades y empresas para gestionar la crisis.

3 Complejizar la mirada gubernamental para no sólo considerar la emergencia sanitaria y sus consecuencias inmediatas, sino las consecuencias económicas y sociales posteriores, además de la duración de estas.

4 Ampliar la capacidad de diagnóstico y atención de los servicios de salud.

5 Mejorar la eficacia de la comunicación social de la estrategia estatal en coordinación con la federal para hacer frente a la contingencia sanitaria, con el fin de tranquilizar y orientar a la población, garantizar el aislamiento social y disipar la incertidumbre sobre la duración y consecuencias de la crisis, la cual puede generar emociones sociales negativas.

6 Prever la necesidad de un aumento significativo en el presupuesto destinado a los ingresos de quienes enfrentarán problemas de empleo o de ingreso en los meses por venir. Una solución integral, no focalizada, sería la creación de un programa de ingreso ciudadano no condicionado orientado a proteger a la población de 18 años a 64 años con problemas de empleo o ingreso (66% de la población del estado, aproximadamente 5.5 millones de personas). Una estimación para el estado –usando los parámetros propuestos por el ciep (mil quinientos pesos mensuales, durante tres meses) y la estimación del gobierno estatal respecto al número de empleos que enfrentarán problemas (123 540)– es la generación de una erogación enorme, cuyo financiamiento requerirá de apoyos federales y/o de endeudamiento. Esto es muy importante porque facilitará la reanudación de la actividad económica inmediatamente después de la crisis.

5 La mayoría de los casos se concentraron en cinco municipios: Zapopan, Guadalajara, Cuau­tla, Tomatlán y Teocutatlán.

6 Agravado en el caso de México por la caída de los precios del petróleo, reducciones del turismo y probablemente de las remesas (Levy, 2020: 2).

7 Cines, escuelas privadas, hoteles, restaurantes, entre otros, que han requerido cierres durante la pandemia.

8 Aunque varios pronósticos de instituciones internacionales señalan que la recesión podría ser más grave.

9 Específicamente dos proyectos: el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas con un costo de 43.197 millones de pesos.

10 Entre esas medidas destacaban aumentar el presupuesto en salud en dieciséis mil millones de pesos (0.06% del pib) para contratar personal, suministros y espacios para realizar diagnósticos, condonar cuotas obrero patronales al imss durante 3 meses con una erogación de 168.097 millones de pesos (0.64% del pib) y realizar transferencias monetarias por 1 500 pesos mensuales durante tres meses para personas adultas mayores de 18 años (ochenta y ocho millones de personas), cuyo costo sería de 396 mil millones de pesos (1.5%) del pib si fuera para el 100% de esa población o de 317 mil y 238 mil millones de pesos si fuera para el 80% y 60%, respectivamente (1.2% y 0.9% del pib) (Albarrán y Saldívar, 2020).

11 Difunde información sobre esta pandemia y la promoción de medidas preventivas.

12 Promueve el trabajo desde casa para los puestos administrativos, la flexibilización de horarios para puestos con actividad móvil, el rediseño de turnos de trabajo para personal operativo y el adelanto de días a cuenta de vacaciones, dando preferencia a mujeres embarazadas y adultos mayores, con el fin de facilitar el cuidado de los niños. En el caso de las personas que trabajan de manera independiente se sugiere la creación de redes sociales para compartir dicho cuidado.

13 Gira en torno a una medida tomada por la Secretaría de Educación de Jalisco: la suspensión de clases presenciales en todos los planteles del estado, públicos y privados, y en todos los niveles de escolaridad, sin suspender las actividades de aprendizaje, para las cuales se recomienda el uso de nuevas tecnologías que permitan realizarlas a distancia, dejando la coordinación de las mismas a los directivos, maestros y consejos técnicos de cada institución.