Loe raamatut: «Economía española y del País Valenciano», lehekülg 10

Font:

a) Explíquense de manera intuitiva los contenidos de una tabla input-output medioambiental poniendo el énfasis en la consideración de los inputs y los outputs ambientales (tabla P.4.2).

b) A partir de la información sobre la necesidad de inputs ambientales por unidad de output, calcúlese qué efecto tendría en el uso de estos inputs un crecimiento de un 10% en el output total de los tres grandes sectores de la economía (tabla P.4.3).

c) Tomando en consideración los outputs ambientales generados por unidad de output total, calcúlese qué repercusiones ambientales tendría un incremento de un 10% en la producción total del sector industrial (tabla P.4.4).

TABLA P.4.2

Tabla input-output


TABLA P.4.3

Necesidades de inputs ambientales por unidad de output (coeficientes técnicos)


Inputs ambientales Agua Recursos minerales
Agricultura 0,0476190 0,0476190
Industria 0,0566037 0,0094340 0,0471698
Servicios 0,0175438 0,0175438

TABLA P.4.4

Outputs ambientales generados por unidad de output total


Práctica 4.3 A partir de la información contenida en el gráfico P.4.1, analícese la posible utilización del precio como mecanismo para racionalizar la demanda frente a la política de transvases.

a) Si actualmente el precio medio estimado en Valencia para el agua de regadío es de 0,03 €/m3, ¿cuál debería ser el nuevo precio del agua para conseguir una reducción de la demanda de 315 hm3/año que hiciera innecesario el trasvase de esa cantidad de agua desde el Ebro a la cuenca del Xúquer?

b) Con un coste estimado del agua trasvasada de 0,3 €/m3, ¿qué efecto tendría sobre la demanda de agua para regadío en Valencia si se imputara este coste al usuario?

c) Explíquense las principales diferencias entre las curvas de demanda de Valencia y Castellón.

GRÁFICO P4.1


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AEAS (Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento) (varios años): El Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España.

AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) (2004): Europe’s environment: the third assessment, disponible en línea <http://eea.eu.int>.

FUERTES, A. M., A. BENGOCHEA y J. J. RUBERT (2001): «Turismo y disponibilidad de recursos hídricos: el caso de Benidorm», Papers de Turisme, 26, Valencia, pp. 29-47.

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GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT (2002): Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana.

GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS (2002): Hipótesis de modelo territorial de la Comunidad Valenciana, Valencia.

GENERALITAT VALENCIANA, INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA (1996): Los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, Madrid.

IVE (Institut Valencià d’Estadística) (varios años): Anuari estadístic.

JIMÉNEZ, J. C. (2003): «Sector energético», en García Delgado (dir.): Lecciones de economía española, Madrid, Ed. Civitas, cap. 9, pp. 257-277.

RICO AMORÓS, A. M. (2007): «Tipologías de consumo de agua en abastecimientos urbano-turísticos de la Comunidad Valenciana», Investigaciones Geográficas, 42, pp. 5-34.

RICO AMORÓS, A. M. y M. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (2007): «Ordenación del territorio, escasez de recursos hídricos, competencia de usos e intensificación de las demandas urbano-turísticas en la Comunidad Valenciana», Documents d’anàlisi geogràfica, 51, pp. 79-109.

YBARRA, J. A. (2008): Mapa de áreas de cambio e innovación en la Comunidad Valenciana, Alicante, Universitat d’Alacant, Servei Publicacions.

Legislación

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Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes.

Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. DOCE 275/L, de 25-10-03.

Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.

Ley 10/1998, de Residuos.

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana.

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, 21 de noviembre, de Montes.

Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental en la Comunidad Valenciana.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

1. Legalmente, tienen esta consideración los residuos calificados como peligrosos por la normativa comunitaria, la legislación nacional y los que figuran como tales en los convenios internacionales de los que España forma parte. Las características que deben reunir los residuos para ser catalogados como peligrosos se detallaron en la Directiva 91/689/CEE. La lista europea de residuos peligrosos se aprobó en 1994 (Decisión 94/904/CE). En España, la relación de residuos tóxicos o peligrosos se publicó en 1997 (RD 952/97) siguiendo las directrices de la normativa comunitaria.

2. Se incluyen bajo esta denominación tanto los residuos asimilables a urbanos (RAU) (son aquellos que por sus características pueden gestionarse junto a los urbanos, como papel y cartón, algunos plásticos, materiales de escritorio, etc.) como los residuos inertes (RI) (son los que no sufren modificación en su estado o composición por interacción con el medio ambiente, como la chatarra, el vidrio o los ladrillos).

3. Dentro del proceso de implantación de la normativa comunitaria en nuestro territorio conviene recordar que, en materia medioambiental, la Constitución española asigna al Estado, de manera exclusiva, la legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer normativas adicionales de protección y asumir, además, la gestión en este ámbito. Los ayuntamientos también tienen asignadas competencias específicas de gestión ambiental y pueden desarrollar normas de aplicación exclusiva en los correspondientes términos municipales.

En la actualidad a nivel estatal, además del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que es el principal responsable de la política medioambiental del Estado, hay varios ministerios que en mayor o menor grado ejercen competencias medioambientales. Estos son el Ministerio de Fomento (infraestructuras, transporte), el de Industria, Turismo y Comercio (competencias relativas a instalaciones industriales), el de Sanidad y Política Social (cuestiones relacionadas con la incidencia de la contaminación en la salud), el Ministerio del Interior (tareas de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales) y, finalmente, el Ministerio de Educación, porque tiene competencias en el ámbito de la investigación en temas ambientales.

Las corporaciones locales tienen competencias en varios aspectos que inciden en la calidad ambiental del municipio. La Ley reguladora de las bases del régimen local delimita el ámbito competencial de cada municipio en función de su tamaño poblacional. Todos los municipios tienen competencias en los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y acceso al núcleo de población independientemente del número de habitantes que tengan. Los municipios con más de 5.000 habitantes pueden asumir competencias en el tratamiento de residuos y parque público. Los que superan los 20.000 habitantes añaden las competencias en materia de protección civil, mataderos y prevención y extinción de incendios. Si el municipio cuenta con más de 50.000 habitantes, debe ejercer el servicio de protección del medio ambiente.

5. El factor trabajo

Clemente Hernández

Universitat d’Alacant

5.1 Introducción

En este capítulo analizamos las características del mercado de trabajo y del capital humano de la Comunidad Valenciana. Previamente, se hacen algunas precisiones conceptuales que permitan interpretar correctamente el significado de las variables y del marco teórico utilizado.

a) Las variables básicas del mercado de trabajo

Como en todo mercado, en el de trabajo, hay también una oferta, una demanda, un precio, un producto objeto de compraventa y un marco institucional que regula y organiza las transacciones. En este sentido, conviene tener en cuenta que existe toda una serie de trabajos no retribuidos, como los que se realizan con el cuidado de niños y ancianos en el seno de la unidad familiar, que son socialmente necesarios y que pueden verse afectados o afectar al propio mercado de trabajo. Así, las políticas sociales (guarderías, geriátricos, asistencia domiciliaria, etc.) o las de igualdad de género contribuyen a facilitar la inserción laboral de los cuidadores, mujeres en su gran mayoría, y la compatibilidad de las actividades domésticas con las laborales.

La evolución de la ocupación y su distribución sectorial dependen del crecimiento del PIB y de la productividad. Ya hemos visto en otros capítulos cómo el crecimiento tiene sus fuentes en el aumento del número de trabajadores (L) y/o en su mayor productividad, y cómo esta productividad es el resultado de la eficiencia y el volumen del capital humano (H) y el capital físico instalado (K). Por otro lado, la variación de la ocupación a corto plazo está determinada por la evolución cíclica de la demanda y se encuentra restringida por la capacidad productiva instalada. A largo plazo, sin embargo, el progreso técnico y los salarios condicionan los niveles de productividad y la tasa de beneficios en cada sector, empresa y territorio, y por lo tanto los aumentos de la capacidad productiva instalada. Las teorías del desempleo recogen, lógicamente, las fuerzas inversas a la generación de empleo.

En cuanto a las condiciones de trabajo, éstas dependen de las características tecnológicas y organizativas de las empresas. En ese sentido, a medida que las tareas son más complejas o requieren más responsabilidad, se multiplican las barreras para acceder a ellas, por lo que cabe apreciar dos segmentos de empleo: aquellas tareas que son poco cualificadas y que tienen pocas barreras a la entrada (segmento secundario) y aquellas que son más cualificadas y tienen elevadas barreras (segmento primario). El primer segmento se caracteriza por estar más expuesto a la competencia de los parados con conocimientos elementales y, por tanto, son los empleos que tienen peores condiciones laborales. El segundo segmento corresponde a tareas mejor retribuidas y con un mayor poder negociador de los trabajadores que ocupan esos empleos.

Por último, tenemos el salario, que es el precio que se determina en el mercado de trabajo. El salario es una variable que influye en el crecimiento económico vía demanda agregada (a través del gasto familiar), y vía coste laboral al afectar a la competitividad y a la ganancia empresarial. Las variables que determinan el salario tienen que ver con la escasez relativa de la fuerza de trabajo, con la capacidad de pago de las empresas y con el marco institucional que regula la negociación colectiva.

Pero el salario y las condiciones laborales son, también, indicadores de la calidad de vida de los trabajadores y afectan a sus motivaciones, a sus opiniones personales y al rendimiento en sus tareas. El mercado de trabajo tiene, pues, peculiaridades que lo hacen distinto a cualquier otro mercado, y está sometido a un conjunto de normas jurídicas y convenciones sociales dirigidas a garantizar los derechos de los trabajadores.

b) El capital humano

Lo que es objeto de compraventa en el mercado de trabajo es la capacidad de las personas para realizar las tareas productivas, y por lo tanto, lo que se tiene en cuenta es la disponibilidad de conocimientos, habilidades y comportamientos adecuados para los objetivos de las empresas. Esto es, la cualificación laboral.

Así pues, más que un único mercado de trabajo en el que compiten todos los activos entre sí, lo que existe son mercados profesionales, a los que únicamente acceden aquellos que poseen ciertas capacidades para las tareas que se ofertan. Y hay tareas que exigen capacidades genéricas, fáciles de adquirir por mucha gente, y otras que requieren capacidades muy específicas, al alcance de un menor número de personas.

En buena medida, las competencias, aptitudes y actitudes de los trabajadores se crean a través de la formación, del aprendizaje y de las culturas laboral, científica y tecnológica presentes en una sociedad. Pero son los empresarios quienes generan la demanda de capital humano, y ésta depende del tipo de empresas que han sido capaces de crear y de la evolución de la estructura y el tamaño de la economía. Así pues, es posible la existencia de desajustes entre la cualificación profesional que tienen las personas en un momento determinado, resultado de la experiencia y la formación adquirida con anterioridad, y la que demanda el tejido productivo. Los desajustes pueden originar situaciones de sobrecualificación, lo que supone un despilfarro de capital humano, o de subcualificación, lo que impedirá que las empresas alcancen su frontera tecnológica.

c) La población parada y el pleno empleo

El desequilibrio general entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo se refleja en la tasa de paro (parados/activos), pero los desajustes son diferentes si atendemos a zonas geográficas, edad y sexo, nivel de instrucción o experiencia adquirida, que dan lugar a tasas específicas de paro, que ponen en evidencia la existencia de mercados separados en los que hay barreras para que las vacantes generadas en un lugar se cubran con los parados existentes en ese lugar. La movilidad geográfica y funcional ayuda a reducir la divergencia de las tasas de paro.

El objetivo del pleno empleo tiene fundamentos económicos (garantizar la plena utilización del capital humano existente) y sociales (garantizar la cohesión y el bienestar de la población). No obstante, una pequeña tasa de paro es siempre inevitable, pues hay un tiempo mínimo que transcurre en el proceso de búsqueda y ocupación de vacantes (paro friccional), y una tasa muy pequeña podría crear dificultades a la hora de encontrar personas dispuestas a ocupar vacantes, por lo que aparecerían tensiones inflacionistas y se frenaría el crecimiento económico (tasa de paro no aceleradora de la inflación).

5.2 La evolución de la oferta y la demanda de trabajo

Al analizar el comportamiento del mercado de trabajo en España y en el resto de países de la UE-15 se observa que las medias nacionales esconden profundas divergencias regionales. Así, en el año 2000 la dispersión de la tasa de paro regional, medida por el coeficiente de variación, era del 35% para España y del 33% para la UE-15. Y a mayor tasa de paro nacional, mayor dispersión entre las regiones. No obstante, aunque las características del mercado de trabajo hunden sus raíces en singularidades regionales y locales, los estudios econométricos reflejan la alta correlación que existe entre el ciclo económico nacional y regional, con ligeros desfases temporales. Así, para el período que va de 1977 a 1995, las perturbaciones externas explican el 74% de la varianza de la tasa de paro de la Comunidad Valenciana (Dávila, 1997).

Por otro lado, ya se ha explicado en otro capítulo la diferencia de comportamiento de las economías española y europea. A grandes rasgos, el período 1975-1985 se caracterizó por profundos cambios institucionales en España y por una intensa crisis económica que elevó la divergencia del PIB por habitante y de la tasa de paro con la media europea. A partir de entonces remonta la actividad económica hasta principios de los noventa, cuando de nuevo surge la recesión, para abocar en una crisis muy profunda en 1993, que situó la tasa de paro en España por encima del 23%. Después, la tasa de paro de España, que estaba 13 puntos por encima de la de la UE-15, no dejó de disminuir hasta casi igualar a la europea en el año 2006. La Comunidad Valenciana reproduce esa tendencia general de la economía española.

a) El punto de partida: el balance del período 1975-1985

El balance del mercado de trabajo en la Comunidad Valenciana durante el período 1975-1985 refleja la intensidad del desajuste existente: la población ocupada había disminuido el 13% a lo largo del período, y el desempleo en 1985 había alcanzado el 20,8% de la población activa, mientras que la tasa de actividad se situaba en el 48,5% de la población potencialmente activa. Igual que en el resto de España, durante ese período se consolida el fenómeno de la estanflación (elevadas tasas de inflación y paro), que reflejaba una baja elasticidad del salario real a la tasa de paro (histéresis).

El desempleo valenciano a finales del primer quinquenio de los años ochenta era, pues, elevado y persistente, y la tasa de paro se situaba en esos momentos en un nivel semejante al del conjunto de España, pero doblaba al de la UE-15. Doble tasa de paro y 15 puntos menos de tasa de actividad que en la UE son datos suficientes para comprender la grave situación que tenían las economías española y valenciana en 1985.

b) La oferta de trabajo desde 1985

El gráfico 5.1 refleja la evolución de la población activa en la Comunidad Valenciana desde 1985 hasta el 2007.1 El comportamiento ha sido paralelo al del resto de España, si bien con una mayor intensidad en el aumento de la población valenciana desde el año 1997. La tasa de actividad ha crecido hasta situarse en el 61%, un punto por encima de la española, pero aún 8 puntos por debajo de la de la UE-15. El ajuste en la Comunidad Valenciana ha sido, pues, más intenso que en el resto de España, al tiempo que se iba cerrando la brecha entre España y la Unión Europea. La evolución reciente de la población activa se puede explicar por cinco causas:

GRÁFICO 5.1

Activos y ocupados en la Comunidad Valenciana; media trimestral EPA (en miles) (1985-2007)


Primero. La reductión de la tasa de natalidad desde 1975, que ha disminuido la cohorte de jóvenes que entra cada año al mercado de trabajo desde 1991 y que apuntaba a un horizonte de estancamiento de la población a partir del año 2000. La baja tasa de natalidad se explica por las fuertes tasas de paro en los años de recesión, la intensa incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la inestabilidad de los contratos y las bajas rentas salariales.

Segundo. El comportamiento procíclico de la tasa de actividad de los jóvenes. En efecto, ésta ha ido aumentando desde 1997, ante las mejores expectativas de empleo, al tiempo que se ha moderado su tasa de escolarización. En la cohorte de 16 a 24 años, la tasa de actividad en el primer trimestre del 2008 es ya del 58,2% para los hombres y del 51,0% para las mujeres, varios puntos por encima de la media española para esas cohortes de edad.

Tercero. El comportamiento procíclico de la tasa de actividad de las cohortes de mayor edad. En efecto, la contención del desánimo y de las jubilaciones anticipadas en los años de bonanza ha situado la tasa de actividad de la cohorte de 55 a 64 años en el 63% para los hombres y el 32% para las mujeres.

Cuarto. La fuerte incorporación de la mujer al mercado de trabajo. El 60% del empleo neto creado desde 1985 ha sido ocupado por mujeres, reduciéndose el diferencial de actividad con los hombres, aunque su tasa sigue estando todavía 20 puntos por debajo de la de ellos. A finales del 2007, las mujeres ocupaban ya el 42% de los puestos de trabajo existentes.

Quinto. El fuerte flujo migratorio hacia la Comunidad Valenciana. Aunque el saldo migratorio fue pequeño hasta 1996, éste aumentó desde entonces y, sobre todo, el aporte de inmigrantes extranjeros ha sido muy intenso. Los inmigrantes extranjeros empadronados, que apenas ascendían a 50.000 personas en 1995, eran más de 200.000 en el año 2001 y más de 500.000 en el 2005. Hoy representan el 17% de la población ocupada en la Comunidad Valenciana, con una tasa de actividad 20 puntos por encima de los demás.

El crecimiento de la población autóctona en edad de trabajar apenas ha representado el 30% de los empleos creados en el período 1995-2005. El granero de trabajadores potenciales ha salido, pues, de las mujeres y los jóvenes inactivos, de la gran bolsa de parados existente al inicio del período y del aporte de un fuerte flujo de inmigrantes, dispuestos a ocupar los empleos con peores condiciones de trabajo (Hernández, 2006).

c) La demanda de trabajo y la tasa de paro desde 1985

A partir de 1986, la incorporación de España a la Comunidad Europea y el esfuerzo por sanear las empresas que se realizó en la etapa anterior, entre otros factores, permitieron un repunte de la actividad económica que se materializó en un crecimiento del empleo de la Comunidad Valenciana del 21,3% hasta 1990. No obstante, la bonanza económica alentó la incorporación al mercado de trabajo de la bolsa de inactivos desanimados de la etapa anterior, sobre todo de mujeres, con lo que creció el número de activos un 12,1%. El resultado se hizo notar sobre la tasa de paro, que se situó en el 14,2%, si bien una bonanza tan breve apenas permitió recuperar dos puntos la tasa de actividad, que era todavía del 51,1% en 1990.

La debilidad de las bases sobre las que se asentó el crecimiento desde 1986 se refleja en el brusco cambio de ciclo cinco años después. El ajuste de las plantillas en la profunda recesión de 1992-1993 puso de manifiesto que la creciente flexibilidad laboral aumentaba la inestabilidad de la ocupación. El resultado fue que en 1994 el desajuste del mercado de trabajo era aún mayor que el de diez años antes: la tasa de paro se situó en el 24,9% y la de actividad se estancaba en el 51%.

En el gráfico 5.2 se observa que la Comunidad Valenciana tiene tasas de paro muy próximas a las de España y su diferencial con la UE alcanzaba los 13 puntos en 1993, año a partir del cual la tasa europea se va reduciendo lentamente, mientras que se reduce a mayor velocidad en España, hasta tal punto que esa diferencia es tan sólo de unas décimas en el 2007. Así pues, la tasa de paro ha ido descendiendo como consecuencia de una bonanza económica sostenida, que ha permitido incrementar de forma continuada el empleo a un ritmo muy superior al del resto de la UE-15. Desde mediados del 2007, sin embargo, la tasa de paro en España y la Comunidad Valenciana vuelve a remontar.

En los años más recientes, como se observa en la tabla 5.1, la tasa de crecimiento de los puestos de trabajo está incluso por encima de la del PIB, lo que refleja el aumento del peso de los empleos menos cualificados y peor retribuidos. Situación que se agrava si tenemos en cuenta que parte de esos puestos de trabajo es de carácter temporal o a tiempo parcial. Por tanto, se está consolidando un modelo capaz de generar mucho empleo, pero con pérdidas de la productividad aparente de los puestos de trabajo y de los ocupados. Pérdidas que también afectan al conjunto de la economía española, aunque tienen mayor intensidad en la Comunidad Valenciana, si bien la situación cambió de signo en el año 2007.

GRÁFICO 5.2

Tasas de paro comparadas (1986-2007)


Fuente: Eurostat y EPA.

TABLA 5.1

Variación interanual en la Comunidad Valenciana (porcentajes) (2001-2007)


Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2000 (INE). Elaboración propia.

Por último, los cambios en la estructura sectorial de la producción se reflejan también en la estructura ocupacional del siglo XXI: la agricultura ha continuado perdiendo empleo hasta ahora y algunas actividades industriales tradicionales también lo han perdido, mientras que el mayor crecimiento se centra en la construcción, el comercio y la hostelería. Desde la segunda mitad del año 2007, sin embargo, está cambiando el protagonismo de la construcción, sumida en una profunda crisis en el subsector de la vivienda. Y aunque estos cambios son también comunes al resto de España, en el caso de la Comunidad Valenciana tienen una mayor intensidad. La estructura ocupacional ha evolucionado, pues, hacia un mayor peso de la constructión y de los servicios. En la tabla 5.2 se puede ver que la Comunidad Valenciana sigue estando más industrializada que el resto de España (representaba el 13,1% del empleo industrial de España en el 2008, frente al 11,1% del empleo total), y aunque el crecimiento del empleo industrial fue menor en la Comunidad Valenciana que en España hasta el 2005, esta situación ha ido cambiando desde entonces.

TABLA 5.2

Empleo sectorial (2000-20008)


Fuente: EPA. Primer trimestre de cada año. Elaboración propia.

5.3 Las características de la demanda de trabajo

La EPA indica que la tasa de asalarización ha crecido cinco puntos desde 1995 hasta estabilizarse en torno al 85% de los ocupados a partir del año 2004. Y del conjunto de los asalariados, el 40% trabajaba en empresas de más de 50 trabajadores, a muchas de las cuales les podemos asociar cierta complejidad organizativa y, por tanto, la existencia de mercados internos de trabajo organizados; pero el grueso de los ocupados estaba en empresas de pequeña dimensión, con bajos niveles salariales y escasas expectativas de promoción.

Además, entre las empresas se dan relaciones en red que conducen a los eslabones más débiles a soportar el mayor peso de los ajustes, los riesgos y la incertidumbre económica. El distinto poder de mercado que tienen las empresas explica, en gran parte, las diferencias que se observan en las condiciones de trabajo, en los salarios y en las características de los puestos de trabajo. En ese sentido, la posición jerárquica en la cadena de creación de valor y el tamaño de la empresa son variables relacionadas positivamente con el nivel salarial y la productividad. También hay sectores que son muy inestables por las características de sus productos (estacionalidad) o de sus mercados (con escasas barreras y elevada competencia) y con una elevada volatilidad del tejido empresarial, que se refleja en la precariedad de las condiciones de trabajo en muchas empresas.

A todas estas diferencias entre las empresas y, por lo tanto, entre las condiciones de trabajo que se ofrecen, se añaden las diferencias que proceden de la propia cultura empresarial y que se manifiestan en la existencia de un pequeño grupo de empresarios con estrategias modernizadoras, que acuden a la formación, a la I+D y a la negociación con los sindicatos para mejorar la productividad, mientras que otros empresarios adoptan estrategias degenerativas, y llegan, en el extremo, a la economía sumergida o a prácticas de explotación laboral totalmente ilegales. Esta dualidad empresarial ha sido analizada en la industria valenciana (Tomás Carpi, 1994), y se observa un gradiente de mejor a peor, que va de Castellón a Alicante y de la cerámica al calzado. Entre los dos extremos, se da un continuo de situaciones que reflejan condiciones laborales diversas, y en las que se solapan sobre el mismo territorio empresas modernas o sumergidas, que comparten el mismo mercado de trabajo local y pertenecen a la misma cadena de valor (Ybarra, 1993).

Dejando de lado la dualidad y segmentación que se da entre las empresas y dentro de las empresas, los puestos de trabajo que oferta la economía valenciana tienen como rasgos globales los siguientes:

a) Una estructura profesional caracterizada por una insuficiente proporción de puestos de trabajo de personal directivo y técnico (en la UE-15 suponen el 35% de los puestos de trabajo frente al 25% en la CV y España).

b) Una elevada temporalidad de los contratos. En 1995, los empleos temporales en la Comunidad Valenciana eran el 44,6% del total de la ocupación, 10 puntos por encima de la media española, y 27 por encima de la UE-15. Las tasas de temporalidad llegaban al 80% en el grupo de 16 a 19 años y al 65% en el de 20 a 25 años. Y aunque la situación ha mejorado desde entonces, todavía mantenemos un 38% de empleos temporales.

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