Loe raamatut: «Desafíos de la formación en TIC para educadores de hoy.»

Capítulo I

1. La política pública de tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto educativo de Colombia

En la actualidad, la política pública de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, en el contexto educativo de Colombia, presenta retos y desafíos asociados con las tendencias del siglo XXI, en el sentido que la generación y difusión de conocimiento es relevante en la sociedad de la información en plena vigencia, impulsada por la globalización que, aunque pueda ocasionar inconformismo a algunos grupos sociales, es una realidad.

La tecnología, de manera general, y las TIC, de manera particular, juegan un papel protagónico en el campo educativo, por lo que es importante realizar procesos de reflexión que permitan identificar la articulación de esta política en contextos sociales concretos. Ya que el campo educativo se enfrenta a nuevas generaciones que emergen en el marco de la sociedad de la información y es importante analizar la armonía de la política pública de TIC a la luz de las nuevas dinámicas y exigencias de las comunidades.

En este sentido, se ha podido observar que falta mayor visibilidad de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia, pues si bien existe, se desconoce cómo se ha venido integrando en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que existe una brecha entre la incorporación y su uso. Además, una cosa es lo que se registra desde la política pública referida, mediante la cual se ha intentado responder a los lineamientos planteados por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas -ONU- y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Unesco-, y otra es el contexto real donde se implementa dicha política.

En razón al panorama anteriormente señalado, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el proceso de formación de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia?

Por lo anterior, este capítulo tiene como objetivo general determinar el proceso de formación de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia. Como objetivos específicos se tienen los siguientes: establecer un marco conceptual de políticas públicas, TIC y educación; y analizar el proceso de formación de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia a partir de 1994, año en el que se expidió la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación.

1.1 Marco Coneptual

A continuación, se desarrolla el marco conceptual de políticas públicas, TIC y educación.

1.1.1 Políticas públicas

Una política pública, de manera general, se define como un sistema de decisiones y acciones gubernamentales que orientan la acción del Estado, cuya definición corresponde al gobierno, de conformidad con el artículo 208 de la Constitución Política, el cual señala que los ministros y directores de departamentos administrativos deben formular las políticas atinentes a su despacho, que para el caso puntual de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia, le corresponde de manera articulada a los Ministerios de las TIC y de Educación Nacional. El carácter de sistema implica que tanto las decisiones como las acciones se encuentran interrelacionadas, situación que conlleva un desarrollo armónico, pues si fallan las decisiones y/o las acciones, fracasa la política.

En la doctrina se pueden encontrar tantas definiciones de política pública, como autores abordan el tema. Roth (2004) señala que política pública hace referencia a un conjunto de objetivos colectivos que deben ser indispensables para un grupo social. Para la materialización de tales objetivos, se requiere de medios y acciones, cuya gestión, así sea en parte, necesita de la participación de entes estatales en aras de atender una situación problemática. Otra definición es: “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas como socialmente problemáticas” (Salazar, 1999, p. 24).

Al respecto, cabe anotar que en las normas jurídicas no existe una definición puntual de política pública. Sin embargo, la Ley 1098 de 2006 consignó que la política pública de infancia y adolescencia se integra por el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y la familia, para garantizar la protección de los niños y adolescentes. En tal sentido, las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos, actividades y estrategias.

La Corte Constitucional, a través de sus fallos, con frecuencia se ha referido a políticas públicas, pues es a través de estas herramientas que se garantiza el goce efectivo de derechos. Es así como en la Sentencia T-177 de 1999, señala que la eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales, depende de la definición de políticas públicas que los desarrollen, puesto que carecen de aplicación inmediata.

Ante la presencia de conceptos caracterizados por excesiva generalidad, puesto que en su mayoría tratan flujos de decisiones y de acciones del Estado orientados a resolver problemas sociales, soportados en Sánchez e Higuera (2019), puede definirse política pública como el sistema de decisiones y acciones a corto, mediano y largo plazo, que ofrece el Estado a través de sus autoridades competentes investidas de poder y legitimidad, con el propósito de gestionar el conflicto social, para lo cual se requiere movilizar recursos, expedir normas jurídicas y sentencias, establecer procedimientos, utilizar estrategias y líneas de acción; formular, implementar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades para alcanzar objetivos y metas, en cuyo proceso de formación debe existir participación de agentes diferentes a las autoridades públicas.

Del anterior concepto, se puede deducir que una política pública se conforma por varias decisiones, normas jurídicas, sentencias, procedimientos, recursos y actores. Vale la pena agregar que, el conjunto de elementos antes señalados, se debe complementar con la afirmación de valores. La toma de decisiones corresponde al gobierno, mientras que la implementación de tales decisiones corresponde a la administración pública, razón por la cual, el proceso de formación de una política pública es un papel principal del Estado. Sin embargo, la sociedad, como partícipe y destinaria de la política pública, juega un papel protagónico en el referido proceso, en la medida en que se involucra en los asuntos públicos, dando vía a la materialización del concepto de gobernanza. Por tal razón, la política pública es el resultado de las acciones, procesos e interacciones entre diferentes actores.

Es a través de la formulación e implementación de planes, programas, proyectos y actividades que la política pública previene o soluciona un problema o problemática social. Para lograr dicho cometido, la política pública debe tener bien definido el núcleo y la periferia:

a. El núcleo es el trasfondo, es decir, lo político e ideológico que la soporta, dependiendo del enfoque utilizado para su formación; pues si el enfoque es de derechos, el trasfondo estará constituido por los derechos humanos. Sin embargo, existen otros enfoques para su formación tales como el de riesgos, poblacional, territorial, de género y diferencial. Es decir, el núcleo es la parte estable de la política pública, derivada de valores, tales como la innovación, la ética, prestación del servicio público, calidad, liderazgo e inclusión, entre otros valores.

b. Por su parte, la periferia es la parte flexible de la política pública, es decir, la que facilita la adaptabilidad. Se compone de las redes de actores, instituciones, recursos, normas, procedimientos, estrategias, planes y programas.

De otro lado, analizar una política pública, según Sánchez (2016), implica estudiar su proceso de formación, parte de este o alguno de sus elementos, con énfasis en la identificación de los actores de tal proceso, con el fin de obtener conocimiento sobre la manera en que ocurrieron los hechos, sus causas y consecuencias. La información, resultado del análisis, puede ser útil para ajustar la política o para aplicarla a la formación de nuevas políticas públicas.

De manera general, el proceso de formación de una política pública implica unas fases o etapas que implican el diseño, la implementación y la evaluación, los cuales, en la práctica, no se desarrollan de manera lineal, ya que se generan, casi siempre, al mismo tiempo.

Previamente al diseño o formulación de la política pública, es necesario identificar el problema o problemas que se pretenden evitar o solucionar con esa herramienta. En esta actividad, el diagnóstico es el elemento esencial, que permite establecer la situación en la que se encuentra la población objeto de la política pública, además de proveer información en materia de planes, programas, proyectos y actividades que se han formulado e implementado en el ámbito específico de la política. Dicha información es útil para la toma de decisiones.

Luego de identificar el problema o problemas sociales, estos se deben institucionalizar, es decir, incluirlos en la agenda política. En esta etapa, el problema pasa de social a público pues, al tener el carácter de problema público, recibe la atención necesaria por parte de las autoridades públicas. La selección de los problemas que necesitan debate político e intervención activa de las autoridades públicas competentes corresponde, por regla general, al sistema político; aunque es pertinente señalar que existen diferentes modelos de agenda, particulares para cada política, tales como movilización, mediatización, anticipación, acción corporativa silenciosa, modelo de agenda internacional y modelos de agenda judicial, entre otros.

Para el caso de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo se concreta luego de haber establecido el listado de temas o problemas que integran la agenda política. Esto, según el artículo 339 de la Constitución Política, donde se indica que la parte general del plan, entre otros elementos, está integrada por las políticas; de estas, se pasa a la definición del problema o problemas, etapa desarrollada a través de los planes de acción que todas las entidades del Estado deben formular e implementar, en donde se debe establecer la naturaleza del problema, es decir, determinar en qué consiste, las causas, duración, dinámica, afectados y consecuencias.

Para el desarrollo de estas actividades también contribuye el diagnóstico, pues todo documento de política pública debe incorporarlo, al igual que elementos como los antecedentes, el marco conceptual, los objetivos, el plan de acción, la financiación y las recomendaciones.

En cuanto al diseño o formulación de la política pública, también conocida como la fase de toma de decisiones, debe corresponder con la definición causal de los problemas determinados, según Merino y Cejudo (2013), además de acompañarse de la coalición de actores, en aras de dar legitimidad a dichas decisiones, debe expresarse en una política efectiva de acción, traducida en una norma jurídica, programa o plan de acción. Sin embargo, la toma de decisiones implica riesgos e incertidumbre puesto que puede estar soportada en información incompleta o exceso de información.

El ciclo de la política continúa con la implementación, fase que implica la ejecución de la política, la administración, gestión y la producción de efectos positivos, expresados en una mejor calidad de vida de la población objeto de la intervención estatal. De esta etapa se encarga la administración pública, los agentes públicos no estatales y los actores privados. En lo que respecta a la administración pública, en la medida que esta fase de implementación de políticas públicas se desarrolle de manera eficiente y eficaz, es decir, se logren los objetivos y metas, se hace referencia al concepto de gobernabilidad.

En cuanto a la evaluación, se trata de una actividad permanente, antes, durante y después de la política, la cual arroja información útil para determinar la reacción de actores frente a la acción y juicios en cuanto a los efectos de la intervención del Estado, lo cual sirve para decidir sobre los ajustes, continuidad o terminación de la política. Tal evaluación debe incorporar análisis en los ámbitos económico, político, institucional y organizacional.

En referencia a los elementos, es preciso señalar que cada política pública tiene sus propios elementos, entre los que se encuentran el diagnóstico, el problema o problemas que pretende solucionar o evitar, la solución, las estrategias que facilitan el proceso de formación, los recursos, la ejecución, los objetivos, las metas, líneas de acción y los mecanismos instrumentales, es decir, instrumentos económicos, jurídicos, regulatorios, administrativos, financieros y de institucionalidad.

Respecto a los actores, es pertinente identificarlos, con el fin de obtener información sobre quiénes se interesan y quiénes se oponen a la política pública, para revisar su viabilidad o inviabilidad. Además, se deben establecer las relaciones entre agentes y la capacidad de incidir en su proceso de formación. Para ello contribuye el análisis que se debe hacer del régimen político.

Existen diversas formas de clasificar los actores de las políticas públicas. Una de ellas es la tipología de actores responsables e incidentes:

a. Los actores responsables tienen la capacidad legal de participar en alguna fase o en varias del ciclo de la política pública. Para el caso de la política objeto de este análisis, entre otros, se encuentran el Congreso de la República, los jueces de la República, el presidente de la República y los ministerios de las TIC y de Educación Nacional.

b. En tanto, los actores incidentes, a pesar de no tener la competencia legal, afectan de alguna manera el proceso de formación de la política, tal es el caso de los beneficiarios de la política pública, los sindicatos, los medios de comunicación y las organizaciones académicas que adelantan estudios y proponen recomendaciones sobre la política pública de las TIC en el contexto educativo de Colombia.

1.1.2 TIC y educación

De manera general, las TIC son aquellas tecnologías, abordadas como sistema, que se soportan en la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Galvis (2008) se refiere a las TIC como todos aquellos dispositivos que permiten acceder, procesar, almacenar o difundir información en formato digital e interactuar con otros seres a través de medios digitales. Un concepto más puntual se encuentra consignado en el Artículo 6 de la Ley 1978 de 2019, que las define como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. En este sentido, las TIC deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional, pues universalizar el dominio de las TIC coadyuva al proceso democrático.

De otro lado, la educación es un proceso que implica transmitir entre seres problemas de la sociedad y del individuo, y desarrollo de capacidades que, en términos generales, se trata de la herencia social, proceso que debe ir más allá de la capacitación para el trabajo, pues también tiene que incluir la actitud científica y la formación de ciudadanos.

En tal sentido, León (2007) se refiere a la educación como el proceso que implica la preparación y formación tendiente a aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia y aprender de otros. Es la actividad del ser humano cuyos propósitos son lograr su transformación y aprender a vivir en sociedad.

Por lo antes referenciado, la educación debe pasar del escenario de transmitir, es decir, de replicar conocimiento, al escenario transaccional que implica construir conocimiento y aplicarlo a situaciones reales, para luego pasar al escenario de educación transformativa que requiere crear condiciones de cambio, desaprender, abordar perspectivas múltiples y reflexionar sobre experiencias, entre otros aspectos. En síntesis, la educación, además de informar, debe generar conocimiento, pues el estudiante obtiene información a través de diferentes medios, pero necesita saber organizarla, interpretarla, evaluarla, entre otras actividades, para después construir y generar nuevos conocimientos, proceso al cual coadyuvan las TIC como herramientas pedagógicas.

En atención a las TIC en el contexto educativo, presentan retos y desafíos asociados con las tendencias del siglo XXI, pues la generación y difusión de conocimiento es relevante en la sociedad de la información en plena vigencia, impulsada por la globalización. Por ello, las TIC contribuyen a la forma de enseñar y de aprender, en la medida en que con dichas tecnologías se pueden diseñar, desarrollar y aplicar recursos en procesos educativos, tales como instrumentos de carácter informático, audiovisual, tecnológico, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación, los cuales contribuyen a materializar los elementos del derecho humano a la educación, en el sentido de que las referidas tecnologías coadyuvan a la generación de cupos educativos, condiciones de acceso a la educación, permanencia en el sistema educativo, eficiencia, mejores oportunidades para aprender y aportan a la calidad de la educación.