Loe raamatut: «Derechos de libertad»

1. PANORAMA GENERAL

El constitucionalismo surge bajo la premisa de la libertad de las personas como límite a la intervención del Estado, de ahí el reconocimiento inicial de los derechos fundamentales como derechos de defensa o derechos de autonomía (Fioravanti, 2000; Grimm, 2006). Es decir, la libertad garantizada en una manifestación pura no condicionada a ningún fin o sometida a una función (Canotilho, 2004), tan solo como contraposición al poder y, como tal, como autodeterminación de la persona; de aquí se comprende la afirmación de que “los derechos fundamentales significan una decisión del sistema a favor de la libertad, sin más” (Grimm, 2006, p. 79). Esta concepción negativa —de “no interferencia”— se complementa con la visión actual de la libertad como presupuesto para el goce de los derechos, como posibilidad (Häberle, 2016) para el ejercicio de las posiciones jurídicas subjetivas que se reconocen.

En ese sentido, cuando la Constitución Política de 1993 indica en su art. 1 que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, está colocando a la persona como el centro de protección y, a la vez, reconociendo a la misma esta libertad sin la cual no podría ser considerada como un fin en sí misma y, por consiguiente, como titular de derechos fundamentales. Este valor humano se complementa con la concretización de la libertad en ámbitos específicos de la vida de la persona, así, la Constitución como orden jurídico fundamental (Hesse, 2012) ha reconocido dicha libertad en diversas manifestaciones vitales como la libertad de expresión (art. 2.4), la libertad de conciencia (art. 2.3), la libertad de religión (art. 2.3), la libertad artística (art. 2.8), la libertad de trabajo (art. 2.15), la libertad de empresa, comercio e industria (art. 59), entre otras, pero en un nivel más cotidiano ha reconocido también la libertad personal (art. 2.24).

Esta última, la libertad física, tiene una relevancia que se centra, como la mayor parte de la doctrina ha indicado (García, 1995), no únicamente en su importancia teórica como derecho humano fundamental reconocido por las constituciones y tratados de derechos humanos, sino, sobre todo, en las implicancias prácticas que trae para la vida. De esa manera, este derecho permite que la persona pueda conducirse sin interferencias que no estén establecidas en una ley; sin embargo, en la actualidad, este derecho se ha visto expuesto a varias medidas que han ido reduciendo su radio de protección, ello producto de la tensión surgida con la seguridad.

En efecto, como señala Martín Ibler, se observa que “a partir de un cierto grado de seguridad, se suele eliminar la libertad” (2008, p. 103) ya que en los últimos años la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo o la inseguridad ciudadana, han sostenido la opción de la restricción de la libertad personal (desde detenciones judiciales hasta registros). Sin embargo, ello merece ser evaluado, toda vez que la protección de los bienes jurídicos constitucionales (como la seguridad conforme al art. 44 de la Constitución) no puede darse “a cualquier precio”.

Por el contrario, si el Estado es el responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía, los instrumentos que emplee deben encontrar una razonable y proporcional intervención, es decir, se debe buscar el equilibrio entre la libertad y la seguridad (Ibler, 2008; Rebato Peño, 2013). En consecuencia, no se trata de una dicotomía, sino, por el contrario, de dos valores que guardan una estrecha relación y que no pueden ser entendidos el uno sin el otro (Martín, 2018). Ahora, para que dicha tarea sea posible, debemos partir por identificar las privaciones que puede sufrir la libertad, así como las justificaciones que la Constitución contempla, pero en primer lugar conociendo el contenido que este derecho protege.

En ese marco, desarrollaremos los alcances que el derecho a la libertad personal posee en la Constitución peruana, así como la normativa que ayuda a reforzar su ámbito de comprensión, como son los tratados de derechos humanos que resulten aplicables. Además, estudiaremos si existe otra forma de privación de la libertad personal distinta a las detenciones, así como las situaciones que la Constitución ha previsto para su limitación, tarea para la cual será necesario referirnos primero al ámbito de protección subjetivo para aclarar quiénes ostentan su titularidad.

2. ÁMBITO DE PROTECCIÓN SUBJETIVO DE LA LIBERTAD PERSONAL

La Constitución reconoce, por un lado, derechos fundamentales que pueden ser invocados por todas las personas y, por otro, derechos fundamentales que corresponden solo a los ciudadanos de la República del Perú, tal es el caso del derecho al voto (art. 31) o el derecho a la propiedad en zonas de frontera (art. 71). Es decir, la Constitución reserva unos ámbitos de protección a beneficiarios de manera general (a todos) y otros de manera específica (al cumplir un determinado requisito o condición). Entonces, centrarse en el análisis del ámbito de protección subjetivo o personal, exige responder a la cuestión de quién es el titular del derecho fundamental (León, 2017, p. 343), lo que en el plano práctico ayuda a verificar si quien invoca la intervención puede ser considerado titular de ese derecho y, por ende, exigir protección.

Para una mejor comprensión de este concepto, la definición que plantean Ignacio Villaverde, Paloma Requejo y otros profesores sobre la titularidad de los derechos fundamentales es muy clara cuando señalan que esta categoría “hace referencia a la concreta atribución de un derecho o un deber fundamental que el ordenamiento ha realizado a favor de un individuo, generando con ello las diversas posiciones jurídicas en las que éste se encuentra en relación con el poder público y con los demás particulares” (Villaverde et al., 2004, p. 84).

En el caso de la libertad personal, esta se inserta en el art. 2 de nuestra Constitución peruana que inicia señalando: “Toda persona tiene derecho: […]”; en ese sentido, se reconoce que la libertad física es atribuible a toda persona humana desde su nacimiento, ya que no exige mayores requisitos, ni la ha acondicionado a ningún presupuesto; no obstante, se descarta la titularidad de la persona jurídica (privada y pública) al no ser compatible con su naturaleza. De esa manera, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano podemos encontrar casos de tutela de la libertad personal de personas extranjeras1, personas con discapacidad2, de niñas, niños y adolescentes3.

Relacionado al tema de la titularidad se encuentran los sujetos a quienes va dirigido el respeto y la garantía del derecho fundamental (los obligados). Así, en primer lugar, es el Estado el principal destinatario del derecho, pero también son oponibles a cualquier persona, sea esta natural o jurídica (art. 200.1), por ello, se advierten casos donde se exige el respeto de este derecho tanto por parte de un juez (al dictar una medida privativa de la libertad), como frente a actos provenientes de una persona natural (por ejemplo: secuestros) o persona jurídica (por ejemplo: impedimento de salida de una clínica privada por falta de pago).

3. ÁMBITO DE PROTECCIÓN MATERIAL DE LA LIBERTAD PERSONAL

Todo derecho fundamental posee un ámbito de protección, es decir, un campo de incidencia en la realidad (Sarlet, 2019, pp. 509-510), por ello se afirma que cuando hablamos de este concepto nos estamos refiriendo al ámbito o parcela de la realidad que será objeto de protección constitucional de acuerdo con los presupuestos fácticos y jurídicos contemplados en el texto constitucional (Sarlet, 2019, p. 511). De esa manera, es vital que quien interpreta distinga el ámbito protegido del que no está incluido en este, sea por estar inmerso en el objeto de otro derecho fundamental o porque simplemente no goza de protección alguna. En ese sentido, diferenciar el ámbito de protección material de la libertad personal de otros derechos que concurrentemente son confundidos con este será de vital ayuda. Al respecto, se comentará brevemente el caso de la libertad individual general.

3.1. Diferencia con la libertad individual general

Un tema recurrente a presentarse al abordar el derecho a la libertad personal es su confusión con la libertad individual general, la cual también ha asumido en nuestro medio la denominación de libre desenvolvimiento de la personalidad. Sin embargo, como explicaremos a continuación, existen diferencias significativas no solo a nivel de su reconocimiento constitucional, sino, sobre todo, en el contenido que cada una expresa.

Primero, en el caso de la libertad personal nos encontramos, principalmente, bajo la regulación del art. 2.24 de la Constitución, mientras que, con el libre desenvolvimiento de la personalidad, su análisis expreso se desarrollará en el marco del art. 2.1 (libre desarrollo de la personalidad) y art. 2.24.a (que señala que nadie está obligado a lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe), o también para algunos en el marco del art. 3 de la Constitución como un derecho implícito.

Asimismo, mientras con la libertad personal nos encontramos frente a un derecho específico —como se verá líneas abajo—, el derecho a la libertad general, por el contrario, supone un derecho general o subsidiario, ya que expresa aquellas conductas que no estando protegidas por derechos fundamentales específicos, se hace posible su protección a través de este. De esa manera, este derecho puede brindar protección a actos tan simples como montar un caballo, fumar o decidir tener el cabello largo (sin que esta actividad esté vinculada al ejercicio de un derecho específico). De acuerdo a ello, estaríamos frente a un derecho general “entendido como la facultad de toda persona de hacer o no hacer lo que quiera” (Mendoza, 2008), distinto al derecho a la libertad personal que garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física.

En similar sentido, el Tribunal Constitucional peruano en el Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia (STC 00502-2018-PHC/TC, FJ 25) y en el Caso Juan José Guillén Domínguez (STC 194-2014-PHC/TC, FJ 50) ha dado a entender que estaríamos frente a dos derechos distintos, resaltando que la libertad general (denominada a veces por este tribunal como libertad individual) constituye un derecho continente que engloba una serie de derechos entre los que se encontraría la libertad personal4.

3.2. Contenido de la libertad personal

¿Qué entiende la Constitución por libertad personal? Para aproximarnos a una respuesta a esta interrogante, partiremos por identificar lo que la jurisprudencia constitucional ha indicado como ámbito de protección de la libertad personal, para con ello, a partir del texto constitucional, los tratados de derechos humanos y la doctrina sobre la materia, podamos afirmar lo señalado por este intérprete de la Constitución o reformulemos el concepto planteado hasta el momento.

A nivel jurisprudencial, este derecho ha sido reconocido en su doble dimensión por el Tribunal Constitucional peruano, esto es, como una institución objetiva valorativa y como un derecho subjetivo5. Es decir, como valores objetivos del ordenamiento jurídico y potestades subjetivas, respectivamente, dimensiones que fueron planteadas en su momento por vez primera en el Tribunal Federal alemán en el Caso Lüth 6.

En tanto derecho objetivo, es un valor fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho (función institucional7) que irradia el ordenamiento jurídico y, en específico, al ejercicio de los demás derechos fundamentales y que, por ende, justifica la propia organización constitucional. En tanto derecho subjetivo, se garantiza a su titular que no se le afecte indebidamente su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones o cualquier otro supuesto de privación de la libertad, independientemente del nivel de intervención y de quien la realice.

En su faz subjetiva, este derecho encuentra asidero en el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales existen diversas manifestaciones de la libertad personal, como: no se ser privado ilegalmente o arbitrariamente de ella, conocer las razones de la detención y los cargos formulados, que exista control judicial de la privación de la libertad, la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, no ser detenido por deudas, traslado inmediato ante un juez u otra autoridad judicial, entre otras. A nivel nacional, la Constitución Política en su art. 2.24 enuncia una serie de ámbitos que en su mayoría están referidos a la libertad personal. De esa manera, el literal b) señala que “no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley (...)”, refiriéndose a que las restricciones a este derecho tienen una reserva de ley simple a favor del legislador, esto es, que la ley debe precisar los supuestos para la privación de libertad de una persona.

De otro lado, a modo de límite de las restricciones, entre ellas por ley, en el literal c) se señala que “No hay prisión por deudas” salvo mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Asimismo, en el literal d) se indica que no se puede ser “procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”, con lo que nuevamente el texto constitucional hace referencia a una condición para una posible privación de la libertad en el marco de una investigación.

Finalmente, el literal f) señala como límite de las detenciones la presencia de un mandato escrito y motivado por el juez. Al respecto, también en el caso de flagrancia se habilita el supuesto de detención policial y, en ambas circunstancias, se establece un criterio de razonabilidad en el tiempo de la detención, indicándose que “La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia”.

Tabla 1.

Comparativo de la regulación de la libertad personal

Elaboración propia.