Migración internacional: derechos de las personas migrantes en Argentina y en España

1.5. Derechos de las personas migrantes en Argentina: marco normativo vigente

Desde el punto de vista normativo, como se mencionó, Argentina presenta actualmente un marco legal de avanzada a nivel regional y mundial, orientado en términos generales hacia la inclusión e integración económica, social y cultural de las personas migrantes sobre la base de la igualdad y de la no discriminación, y hacia la protección de los derechos internacionalmente reconocidos a las mismas (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), marco legal o normativo acorde a su historia de país de acogida de población migrante y a la realidad migratoria contemporánea; en esta línea cabe destacar que la apertura del país a la población migrante surge de manera manifiesta y encuentra fundamento en la misma Constitución Nacional, a partir de lo dispuesto por su Preámbulo y por sus artículos 14, 14 bis, 16, 20 y 25, entre otros.

Expresado lo anterior, interesa destacar que el marco legal o normativo argentino en la materia se compone por dos instrumentos principales rectores o de referencia: por una parte, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares del año 1990 (CIPDTM, en adelante Convención Internacional), vigente a nivel internacional desde el año 2003, y con vigencia a nivel interno en Argentina desde el año 2007 -aprobada mediante Ley No 26.202-; por otra parte, la Ley Nacional de Migraciones de la República Argentina, Ley No 25.871 del año 2003, vigente desde el año 2004 (en adelante Ley Nacional de Migraciones), con sus Decretos Reglamentarios Nro. 616 y Nro. 70 de los años 2010 y 2017 respectivamente (este último, como se señaló, Decreto de Necesidad y Urgencia [DNU]).

El actual marco legal o normativo, consagrado a partir del año 2003, implicó para el país dejar atrás una legislación o normativa de corte restrictivo en materia de derechos humanos vigente hasta esa fecha y heredada de la época de la última dictadura militar, concebida a partir de la doctrina de la seguridad nacional y limitante en materia de derechos humanos –Ley Nº 22.439, conocida como la Ley Videla– (56). En paralelo, implicó adecuar el marco legal o normativo nacional a los mandatos o estándares internacionales generales en materia de protección de las personas migrantes (57), en tanto colectivo humano especialmente desprotegido y vulnerable en atención a su particular condición jurídica, social y, en gran parte de los casos, económica de sus integrantes, lo que los hace en múltiples ocasiones quedar expuestos a decisiones y prácticas arbitrarias tanto de las autoridades públicas como de otros actores sociales.

Resulta de suma importancia señalar que, en función de la estructura del sistema jurídico argentino, la citada Convención Internacional, que es una de las siete convenciones o tratados principales sobre derechos humanos a nivel mundial y el instrumento jurídico internacional de referencia en la materia (58), tiene jerarquía superior a las leyes nacionales –en virtud de lo dispuesto por la propia Constitución Nacional Argentina en su artículo 75 inciso 22–, incluida la Ley Nacional de Migraciones, ley que hace una remisión expresa a los tratados o convenciones internacionales vinculadas a la materia en su artículo 12. En la práctica lo expresado implica, entre otros efectos, los siguientes:

I. Que los derechos de las personas migrantes, incluyendo el contenido y alcance de los mismos, quedan determinados en función de lo dispuesto por los dos instrumentos legales citados, debiendo efectuarse un análisis combinado y complementario entre ellos (Convención Internacional y Ley Nacional de Migraciones).

II. Que el aludido análisis debe efectuarse tomando en consideración el rango legal o la jerarquía normativa de estos instrumentos en el sistema jurídico argentino, sistema que deber ser considerado en su conjunto y de manera integral, y dentro del cual la Convención Internacional tiene jerarquía superior a las leyes nacionales, incluida la Ley Nacional de Migraciones (instrumento normativo que hace remisión a las convenciones internacionales en la materia en su artículo 12).

III. Que así como en lo vinculado a determinados derechos la Ley Nacional de Migraciones protege a las personas migrantes en mayor medida que la Convención Internacional, en lo referente a otros derechos la Convección Internacional protege a las personas migrantes en mayor medida que la Ley Nacional de Migraciones –principalmente a aquellas que se encuentran en situación irregular–, existiendo a su vez derechos contemplados en la Convención Internacional que no están contemplados en el Ley Nacional de Migraciones.

IV. Que la falta de reglamentación parcial o desarrollo de la Ley Nacional de Migraciones y/o de la Convención Internacional no exime al Estado Argentino ni a sus autoridades públicas, en el ejercicio de sus funciones, del cumplimiento de sus obligaciones respecto a los derechos consagrados en ambos instrumentos legales (59).

Lo afirmado precedentemente implica que un análisis de los derechos de las personas migrantes en Argentina reducido solamente a lo dispuesto por la Ley Nacional de Migraciones resultaría parcial y limitado en cuando a los derechos consagrados y al contenido y alcance de los mismos.

1.6. Catálogo de derechos y autoridades competentes

A continuación se presenta un catálogo básico y consolidado de derechos de las personas migrantes en Argentina, catálogo de derechos elaborado a partir de los dos instrumentos legales rectores o de referencia en la materia vigentes en el país, previamente citados, que se estructura de la siguiente manera:

I. Presenta una división entre derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales.

II. Dentro de cada uno de los derechos, se presenta la siguiente información:

a) Contenido y alcance de los derechos: el contenido y alcance básico de cada uno de los derechos específicos incluidos en el catálogo debe necesariamente complementarse y/o profundizarse a partir de lo dispuesto tanto en los dos instrumentos rectores o de referencia que establecen derechos vinculados o derivados, y especificaciones y requisitos para supuestos particulares –ingreso, egreso, admisión, residencia, permanencia, otros– y para determinadas categorías de trabajadores migrantes -temporales, itinerantes, fronterizos, otras-, como en otros instrumentos, tratados o convenciones internacionales de derechos humanos vigentes en el país, y también de lo establecido en tratados regionales y bilaterales en la materia y en leyes o normas internas sectoriales, siendo estas últimas las que precisan o detallan el aludido contenido y alcance, una vez que han sido establecidas precedentemente y en lo esencial las condiciones de goce y ejercicio de los distintos derechos frente al Estado y respecto de los/as nacionales. Atento a lo expresado, el contenido del catálogo presentado no pretende agotar de manera exhaustiva la información sobre cada uno de los derechos presentados.

b) Reconocimiento legal del derecho específico en cada uno de los instrumentos legales rectores o de referencia aludidos, Convención Internacional y Ley Nacional de Migraciones.

c) Autoridades competentes a nivel local y nacional, tanto las obligadas directamente al respeto del derecho específico tratado en virtud de las funciones que desempeñan, como las pertinentes para presentar reclamos dirigidos al resguardo o protección del derecho (60).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS