Economía española y del País Valenciano

MAPA 3

MAPA 4

Sobre esta estructura de ejes, se articulan las áreas y los núcleos urbanos más importantes: el área metropolitana de Valencia (la única con peso «internacional»), las de Castellón y Alicante, el corredor del Vinalopó, la región urbana de las «comarcas centrales» articulada por el polígono Gandia-Dénia-Xàtiva-Alcoy-Ontinyent y el resto de ciudades medianas (mapas 5, 6 y 7 y tabla 4.4).

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

TABLA 4.4

Distribución de los municipios según número de habitantes (2007)

Fuente: Institut Valencià d’Estadística (2008).

Con casi 100 núcleos que superan los 10.000 habitantes, el sistema urbano valenciano es, a pesar de los fuertes desequilibrios territoriales entre gran parte del interior y la costa y la falta de una imprescindible reforma del gobierno local, un sistema urbano bastante denso y bien estructurado que genera abundantes economías de aglomeración, de localizatión y de red.

4.3.2 Red de comunicaciones

El sistema urbano valenciano debe buena parte de su eficiencia a una red de comunicaciones que ha experimentado una sustancial mejora en los últimos 30 años y que, hoy día, se puede considerar satisfactoria si excluimos los excesivos problemas de congestión que se registran en las áreas urbanas más densamente pobladas y que tienen su origen en el uso abusivo del vehículo privado y en el déficit de las comunicaciones ferroviarias. Problemas reales y de urgente resolución que, de todas formas, no contradicen el diagnóstico de un funcionamiento satisfactorio de la red viaria. Una red que mejora sensiblemente con la finalización de las obras de la autovía Valencia-Alicante por el interior y la autovía transversal Albaida-Gandia. A éstas hay que añadir la construcción prevista del segundo by pass de Valencia, por la congestión del primero.

Este es, precisamente, el «límite» que presenta un sistema excesivamente dependiente de la red viaria: el incentivo a la utilización del vehículo privado y la reproducción de los niveles de congestión. Y es este límite el que permite afirmar que la red de comunicaciones valenciana tendría que verse mejorada en las próximas décadas por una inversión pública que priorizará el ferrocarril tanto en las áreas urbanas densamente pobladas como en los recorridos interurbanos. La red ferroviaria en el País Valenciano es verdaderamente raquítica, y eso puede convertirse en un obstáculo muy serio para su desarrollo.

En cuanto a las infraestructuras portuarias, comencemos por destacar que una buena parte de los antiguos puertos pesqueros se han convertido en puertos deportivos, y la actividad pesquera queda como residual. Las excepciones son los puertos de Castellón, Sagunto, Valencia, Gandia y Alicante, que mantienen (en el caso de Gandia, sólo en parte gracias a las importaciones de papel) un importante papel logístico. Importancia objetiva que se ve afectada, lógicamente, por la fuerte competencia internacional y por la duda de si en el ámbito mediterráneo no sería más conveniente complementar la natural competencia (sobre todo entre los puertos de Valencia y Barcelona) con una política de cooperación estratégica de cara a conseguir ser las puertas meridionales de Europa, tras el traslado de la «fábrica» del mundo a Asia. Además, en el caso del gran puerto intercontinental de Valencia, aún está por decidir si el crecimiento de la actividad portuaria debe permanecer en el Grao de Valencia (donde hay usos alternativos de turismo y ocio) o bien desplazarse al Puerto de Sagunto.

En cuanto a las comunicaciones aéreas, el futuro del aeropuerto de Castellón es incierto, mientras que las sucesivas ampliaciones de los de Manises (Valencia) y L’ Altet (Alicante) están mejorando claramente su utilización, particularmente con las compañías de bajo coste y el inicio de vuelos intercontinentales.

Si el diagnóstico sobre la red viaria interior ha sido relativamente positivo, no se puede decir lo mismo cuando hablamos de la «gran accesibilidad», es decir, de aquella que nos relaciona con los sistemas urbanos español y europeo. Más allá de lo que aún se puede considerar déficit de comunicaciones aéreas, el problema fundamental se encuentra en el mantenimiento del peaje en la AP-7 pero, sobre todo, en el déficit ferroviario (de personas y de mercancías) del arco mediterráneo.

En cuanto a las mercancías, la propuesta de la Unión Europea contempla el arco mediterráneo desde Murcia (antes ni lo contemplaba), pero no establece la continuidad desde Algeciras, y ésta es una cuestión capital para llevar a cabo la conexión intermodal con los grandes puertos del eje mediterráneo. Por lo que respecta al transporte ferroviario de pasajeros, el servicio de Euromed Alicante-Barcelona es manifiestamente mejorable (el tramo Castellón-Reus debería ser como el resto y no está previsto), y sólo lo podrá ser con la dotación del AVE en el corredor mediterráneo. La «T» tiene que funcionar.

4.3.3 Ubicación de la población y la actividad económica

Si prescindimos del análisis de la evolución histórica y nos fijamos en una especie de foto fija del territorio valenciano, las pautas de asentamiento de población y actividad son relativamente fáciles de reconocer. La población, por ejemplo, mantiene un fuerte dualismo entre el escaso poblamiento de las comarcas interiores de Castellón y Valencia y la cada vez más colmada franja costera. Sólo la Vall del Vinalopó y las comarcas centrales suponen una excepción, aunque es menor la cuota relativa de población asentada.

Por el contrario, la franja de 30 km a partir de la costa concentra un porcentaje de población creciente. Las mejoras en la accesibilidad han permitido un asentamiento más disperso de la población, y han aumentado en radio todas las aglomeraciones urbanas densamente pobladas. Además, el turismo ha continuado fijando población en la franja costera, aunque las mejoras de la accesibilidad han permitido crecimientos de baja densidad en «segunda línea» de la mano del boom inmobiliario experimentado desde 1998 hasta principios del 2007.

La distribución espacial de la actividad económica presenta un patrón relativamente parecido al de la población, pero no exactamente coincidente. El aumento de los flujos diarios residencia-trabajo, residencia-estudios o residenciaocio es la prueba más evidente de esta inexistencia de paralelismo. Aun así, la geografía económica del País Valenciano presenta concentraciones significativas de actividad no agraria, y es un rasgo diferencial la existencia de numerosos distritos industriales que demuestran la fuerza de las economías de localización. En términos generales, y observando el territorio de norte a sur, podemos destacar el distrito industrial del azulejo en el área de la Plana. La relativamente pequeña área industrial de Sagunto sirve de vínculo con la potente área industrial y de servicios del área metropolitana de Valencia, que alcanza unos 70 municipios en un radio de unos 30 km.

Camino de Xàtiva, vuelve a bajar la intensidad industrial para subir significativamente en las «comarcas centrales» del interior, donde el textil, el juguete y la industria basada en el know-how de la matricería están muy presentes. El mapa industrial del País Valenciano finaliza con el eje del Vinalopó, donde el calzado continúa dominando el paisaje industrial a pesar de la notable diversificación generada por la crisis, en un proceso parecido al experimentado por el textil y el juguete. La actividad industrial se ve complementada por una relevante industria agroalimentaria presente en diferentes lugares y por una actividad comercial y terciaria que se explica tanto por el intenso grado de urbanización como por el efecto arrastre del turismo, un turismo fundamentalmente de sol y playa.

De este modo, población y actividad económica se localizan en el territorio obteniendo tanto recursos naturales como economías de aglomeración, localización y red. Y, en un proceso siempre interactivo, someten al territorio a la presión que supone la utilización (no siempre prudente y comedida) de recursos agotables o degradables y el vertido de residuos de todo tipo. Esta presión supone elevados costes sociales insuficientemente internalizados vía costes por las familias y los agentes económicos, como se verá en el siguiente epígrafe.

4.4 Actividad económica y efectos ambientales

Tanto España como la Comunidad Valenciana sufren los efectos ambientales de carácter planetario, entre los que destacan los relacionados con el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono. Uno de los problemas ambientales de carácter global es el aumento de la temperatura del planeta debido al efecto invernadero, provocado por las emisiones de algunos gases contaminantes. El principal causante del cambio climático en cuanto a magnitud es el dióxido de carbono, ya que en los países desarrollados supone alrededor del 80% de las emisiones totales. Las emisiones de ^CO2 proceden principalmente del uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad, el transporte y las instalaciones de calefacción. En la Comunidad Valenciana, la comarca de Els Ports es la peor situada en cuanto a niveles de ozono. Con relación a las partículas de polvo de mayor tamaño (PM10), destaca negativamente Castellón, que paga este tributo por la concentración de la actividad cerámica en su entorno urbano.

4.4.1 El deterioro y la erosión del suelo, la degradación del medio físico y la desertización

La actividad humana y los propios factores ambientales pueden causar el deterioro del suelo de manera irreversible y dar lugar a problemas de desertización. Se estima que un 12% del territorio europeo, es decir, más de 115 millones de hectáreas, sufre los efectos de la erosión. Esta problemática se manifiesta con mayor intensidad en España, ya que casi la mitad de su superficie (44%) está afectada por la erosión, y es especialmente grave la situación de las comunidades de Andalucía y Murcia. Se trata de un problema de difícil solución y que se ve agravado por los propios condicionantes físicos (zonas con fuerte pendiente, suelos arcillosos, períodos de sequía, lluvias torrenciales), la acción humana (roturaciones y talas excesivas, éxodo rural) y, especialmente, los incendios forestales.

En la Comunidad Valenciana, los incendios se han sucedido ininterrumpidamente en distintas zonas, tal como lo atestiguan los datos que figuran en la tabla 4.5. Durante el período 2000-2007, de promedio, se han producido 474 incendios anuales, que han provocado daños en un total de 31.961 hectáreas. Las pérdidas ocasionadas por los incendios abarcan distintos aspectos. En primer lugar, el rendimiento económico derivado de la explotación maderera del bosque disminuye, ya que la madera que puede extraerse de un bosque quemado es de peor calidad y se vende a un precio más bajo. En segundo lugar, se produce una merma en las funciones ambientales realizadas por esa masa forestal (reducción de la capacidad de absorción de dióxido de carbono, aumento de la erosión, etc.) y, por último, los incendios afectan también a las funciones recreativas de estos espacios verdes, porque un bosque quemado pierde su atractivo.

El conjunto de las actividades agrarias afecta aproximadamente al 90% del territorio de la Comunidad Valenciana, con lo que su incidencia ambiental es claramente relevante. Aparte de los efectos ambientales nocivos de diversos productos propios de la agricultura intensiva (pesticidas, plaguicidas, herbicidas, abonos químicos, etc.), en las áreas de secano el principal problema es la práctica desaparición de la vegetación natural y el empobrecimiento del suelo con los consiguientes problemas de erosión.

TABLA 4.5

Número de incendios y hectáreas quemadas en la Comunidad Valenciana (2000-2007)

Fuente: Elaboratión propia basada en los Anuarios del IVE, varios años.

4.4.2 El tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de las aguas residuales

Los residuos admiten varias clasificaciones según su peligrosidad y procedencia. Son residuos peligrosos todos aquellos objetos y sustancias que presentan toxicidad o ciertos riesgos para las personas y el entorno (como los productos inflamables), independientemente de cuál sea su origen.¹ Según su procedencia, se clasifican en residuos sólidos urbanos (RSU), sanitarios, industriales, agropecuarios, etc. Aunque en España estos últimos son los mayoritarios, desde un punto de vista ambiental, resulta más problemática la gestión de los residuos urbanos e industriales.

La generación de residuos se halla directamente vinculada con la evolución de los niveles de renta y consumo. En toda Europa se ha producido un aumento de los residuos sólidos urbanos a medida que crecía la renta. Actualmente, en España se producen en torno a 500 kilogramos por habitante y año, y se superan con creces los objetivos establecidos en las directivas comunitarias (300 kg/hab./año), pero todavía por debajo de los valores alcanzados por otros países como Francia o Italia.

Para abordar el problema de los residuos, la Unión Europea trata de difundir la política de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar, en ese mismo orden de prioridad, con el objetivo de disminuir el volumen de residuos generados y de estimular los procesos de reutilización y reciclaje. En España, según la Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos correspondiente al año 2006, se recicla un 13,5% de los residuos urbanos generados, un 16,4% se destina a la producción de compost y el resto se elimina a través de vertederos y, en menor medida, de la incineración. En la Comunidad Valenciana, la mayoría de los residuos urbanos generados (en torno al 70%) recibe tratamiento en plantas de compostaje, un porcentaje cercano al 20% se elimina a través de vertederos, mientras que el resto se recoge selectivamente. Por otra parte, la Unión Europea ha incorporado los principios de autosuficiencia y proximidad al origen en la gestión de los residuos, a fin de que éstos sean tratados por quien los genera en puntos próximos a su origen.

En el ámbito del saneamiento y la depuración, prácticamente la totalidad de la población dispone de agua potable en su domicilio y, según la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua (2006), se recogen diariamente más de 15,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, de los que un 89% reciben tratamiento (tabla 4.6). En el caso de la Comunidad Valenciana, el volumen recogido supone 1,8 millones de metros cúbicos al día, y son tratados prácticamente la totalidad de éstos. No hay que olvidar que la Directiva 91/271/CEE obliga a depurar las aguas residuales de las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes en el año 2005 como máximo. En este sentido, es importante señalar que la Comunidad Valenciana fue pionera en esta iniciativa y ya en 1992 diseñó un Plan Director de Saneamiento y fomentó la construcción de EDAR (estaciones depuradoras de aguas residuales) en todos los municipios con más de 500 habitantes. En la actualidad, existen 415 plantas en servicio con un alto grado de cumplimiento (93%) de la citada Directiva.

TABLA 4.6

Recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas (2006)

Fuente: Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua (2006). INE (2008).

4.4.3 La generación de residuos no urbanos y su tratamiento posterior

Según la Encuesta de reciclado y tratamiento de residuos del INE, en el 2006 las empresas gestoras de residuos no urbanos recogieron en España un total de 27 millones de toneladas de residuos no peligrosos² y 3,2 millones de toneladas de residuos peligrosos. Del conjunto de los residuos no peligrosos gestionados, el 64,6% se destinó al reciclado; el 34,4%, al vertido, y el 1,0% fue incinerado. En el caso de la Comunidad Valenciana se recogieron casi 1,4 millones de toneladas de residuos no peligrosos y algo más de 40.000 toneladas de residuos peligrosos.

Con referencia a la regulación ambiental en el campo de residuos, es evidente la necesidad de emprender nuevas actuaciones destinadas, por un lado, a estabilizar y limitar su generación estimulando los procesos de reutilización y reciclado y, por otro, a ampliar las infraestructuras de recogida, tratamiento y eliminación, tanto de los residuos urbanos como de los no urbanos. En este sentido, tanto la Ley de Envases y Residuos de Envases de 1997 como la Ley de Residuos de 1998, que siguen las respectivas directivas europeas, establecen criterios de responsabilidad compartida para reducir el volumen de residuos y estimular los procesos de reciclado y valorización, impulsando sistemas integrados de recogida, tratamiento y gestión que, al mismo tiempo, eviten la contaminación de los suelos.

En cuanto al marco normativo específico existente en la Comunidad Valenciana en esta materia, cabe mencionar sobre todo la Ley 10/2000 de Residuos. Esta ley establece con carácter general la competencia de las entidades locales para la gestión de los residuos urbanos o municipales, y es responsabilidad del ayuntamiento la prestación del servicio público de recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos. Asimismo, se prevé, de forma expresa, la posibilidad de que se constituyan voluntariamente consorcios entre los entes locales y la Generalitat para una prestación más eficaz de los servicios mencionados. Finalmente, las diputaciones provinciales contribuirán a la adecuada ejecución de las competencias locales, tal y como dispone al efecto la legislación de régimen local.

Esta misma norma obliga a los productores de residuos peligrosos a presentar un plan de prevención y reducción de residuos a la Conselleria competente, con el fin de favorecer la adopción de técnicas y tratamientos más respetuosos con el medio ambiente, y promover la valorización material y energética por encima de la eliminación en vertederos. La gestión de residuos peligrosos en la Comunidad Valenciana se encuentra condicionada por la regulación existente en aquellas comunidades autónomas a las que se envían residuos peligrosos para su adecuado tratamiento.

4.4.4 La estacionalidad de la actividad turística y el predominio del turismo de sol y playa

Como resulta conocido, el crecimiento de la actividad turística supone aumentar la presión sobre los hábitats, los servicios de transporte, el suelo en la costa y en la montaña, los recursos energéticos e hídricos, etc., particularmente en las zonas costeras.

Junto a los efectos beneficiosos de generación de riqueza y creación de empleo, la actividad turística en la Comunidad Valenciana es también una fuente de impactos ambientales de todo tipo, más intensos cuanto más se concentra en el espacio (áreas litorales) y en el tiempo (meses estivales). El hecho de que estructuralmente el turismo valenciano tenga un neto perfil extrahotelero y que la mayoría de visitantes se alojen en viviendas propias o arrendadas multiplica esos impactos. Fuertes et al. (2001) han estimado en millón y medio de habitantes la población estacional turística, y se localizan mayoritariamente en la provincia de Alicante, donde se produce un uso abusivo del suelo y de recursos naturales en general. Siguiendo las recomendaciones contenidas en el Quinto Programa Ambiental de la Unión Europea para este sector, la transformación del modelo turístico hegemónico de sol y playa en una oferta más amplia y equilibrada en el espacio y en el tiempo, así como las posibilidades y los inconvenientes del desarrollo en la Comunidad Valenciana de un turismo específicamente verde o ecológico, son aspectos que cabe considerar en cualquier estrategia de futuro.

4.5 Retos de la política ambiental

Si tenemos en cuenta el conjunto de problemas ambientales que nos afectan, se plantea el reto de diseñar y aplicar una política ambiental³ capaz de encontrar soluciones que garanticen el principio de sostenibilidad. En este sentido, habría que hacer mención de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2007. Los principales objetivos de esta estrategia podrían resumirse de la siguiente manera:

En el ámbito del cambio climático: Reducir las emisiones a través de un mayor peso de las energías renovables y de una mejora en la eficiencia energética en transporte y edificación.

En materia de producción y consumo: Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje; aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores; optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de personas y mercancías.

En lo referente a conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio: Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado; asegurar la calidad del recurso hídrico garantizando el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible de éste.

Un importante reto medioambiental que preocupa a la sociedad es el cambio climático. En el marco de los objetivos internacionales, y en particular europeos, se pretende limitar el crecimiento de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) al 15% en el período 2008-2012 frente a los niveles del año base. Aunque las emisiones entre el año base y el 2005 crecieron un 52,2% como consecuencia de un rápido crecimiento económico y de un fuerte incremento de la población, no conviene olvidar que las emisiones de GEI per cápita en España siguen situándose un 8% por debajo de la media europea.

Otro gran reto especialmente importante en la Comunidad Valenciana es la disponibilidad y adecuada gestión de los recursos hídricos. En este sentido, se apuesta por sustituir los tradicionales enfoques de oferta basados en grandes infraestructuras por estrategias de gestión de la demanda y de conservación y regeneración de los recursos. En coherencia con la Directiva Marco del Agua, y para asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del agua, se ha puesto en marcha el Programa Global de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (Programa AGUA). En este programa se integran actuaciones de depuración de aguas residuales, de regeneración y reutilización de las aguas, de mejora y modernización de sistemas de abastecimiento y de riego, así como la construcción de plantas desalinizadoras. Se priorizan las inversiones en aquellas zonas con mayores desequilibrios hídricos, como son las cuencas mediterráneas.

Para responder a la necesidad de mejora de la calidad de las aguas, se aprobó en junio de 2007 el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, con el fin de poder cumplir los objetivos no alcanzados del Plan de Saneamiento y Depuración 1995-2005, con las exigencias comunitarias de la Directiva 91/271/CEE y con los objetivos medioambientales para el año 2015 establecidos en la Directiva Marco del Agua y, al mismo tiempo, establecer un nuevo mecanismo de gestión, cooperación y coordinación institucional entre administraciones competentes en la gestión del recurso. Además, la puesta en marcha del Plan de Tolerancia Cero de Vertidos persigue el objetivo estratégico de que ningún efluente de municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes llegue al curso de un río o al mar sin depurar.

La reutilización directa de aguas residuales en zonas costeras supone un incremento en la disponibilidad de los recursos, ya que se trata de un agua que no se aprovecharía de otro modo, mientras que las aguas depuradas en el interior pueden ser vertidas a los cauces, y pueden ser aprovechadas posteriormente junto con otras aportaciones naturales. Con el objetivo de fomentar la utilización de las aguas regeneradas (en la agricultura, riego de parques y jardines, campos de golf, mantenimiento de caudales medioambientales, etc.) como línea estratégica de uso sostenible del agua, se aprobó el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Además de esta normativa reguladora, se requerirá una adecuada coordinación entre las distintas administraciones competentes en la materia, junto con el establecimiento, en su caso, de instrumentos económicos y financieros que ejerzan un papel incentivador.

En materia de desalación como fuente de recursos hídricos adicionales, especialmente necesarios en el litoral mediterráneo, el Programa AGUA incluye alrededor de 100 actuaciones específicas con una inversión de 3.900 millones de euros y unas aportaciones previstas de 1.100 hm³/año, concentradas en las cuencas del Sur, Segura, Xúquer, Ebro e internas de Cataluña.

4.6 Resumen y conclusiones

El marco físico de un territorio y su dotación de recursos naturales afectan de manera importante tanto a su especialización productiva como a la distribución de su población. Las condiciones geográficas han sido, en general, poco favorecedoras del crecimiento económico y los asentamientos poblacionales en España, y siendo más favorables en el caso de la Comunidad Valenciana.

A su vez, población y actividad económica interaccionan con el territorio ejerciendo cambios radicales en el medio a través de las infraestructuras y provocando importantes daños ambientales siempre que no se gestionen adecuadamente los llamados outputs no deseables derivados de la propia actividad humana y del crecimiento económico.

Resulta conocido que en los últimos años las economías española y valenciana han experimentado un fuerte crecimiento que ha supuesto un aumento de sus niveles de renta per cápita hasta aproximarse a la media europea, pero también un mayor consumo de recursos naturales y la generación de más contaminación y residuos, entre otras externalidades territoriales. El objetivo básico de cualquier política ambiental deberá ser conseguir el desacoplamiento entre un crecimiento económico deseable y sus consecuencias ambientales. Para ello se requiere la aplicación de instrumentos eficaces como el incremento de la eficiencia, la adopción de mejoras tecnológicas en todos los ámbitos (energético, hídrico, residuos), la mejora de las redes de transporte, tanto de energía como de agua, la vigilancia de las emisiones de sustancias contaminantes y el fomento de la información y la concienciación de los ciudadanos y las empresas en materia ambiental. La adecuada combinación de todas estas medidas logrará reducir los problemas ambientales y contribuirá a un crecimiento verdaderamente sostenible y respetuoso con el territorio. Éste es el principal reto al que se enfrentan el conjunto de países desarrollados y, por tanto, las economías española y valenciana.

PRÁCTICAS

Práctica 4.1 Rango-dimensión, índice de primacía e indicadores de sostenibilidad

a) Tomando como base los conceptos de las estadísticas del rango-dimensión y del índice de primacía y la tabla P. 4.1, calcúlense las estadísticas mencionadas.

b) Propóngase un sistema de indicadores de sostenibilidad que contenga, al menos, 15 elementos.

TABLA P.4.1

Ciudades de más de 10.000 habitantes del País Valenciano

Práctica 4.2 Analícese la inclusión de variables ambientales dentro de una tabla input-output