"Por una merced en estos reinos"

Como se referirá en el capítulo cinco dedicado al estudio de las carreras eclesiásticas y las redes complejas de los obispos de Popayán, existieron varias estrategias que aseguraron a los clérigos que las seguían la posibilidad de ser considerados para determinado cargo o promoción. Para el caso de los capitulares del cabildo catedral de Popayán, es posible identificar lo siguiente: a) aquellos capitulares provenientes de otros lugares de Indias o de la península, para los que el obispado payanés solo era un obispado de paso en que podía seguir fortaleciendo su carrera, a la espera de una promoción a otra catedral; y b) los clérigos criollos naturales de Popayán, curas beneficiados y doctrineros en su mayoría, quienes, sin tener mayores estudios o un cursus honorum consolidado, y apelando a los méritos y servicios de sus antepasados, veían en la promoción al cabildo catedral payanés la posibilidad de obtener un cargo de prestigio que le permitiera afianzar su posición y renta económica, para beneficiar a su familia, sin mostrar un interés creciente en una promoción a otro cabildo o cargo fuera de Popayán. Para estos últimos, resulta singular que la obtención ascendente de cargos en el cabildo eclesiástico de Popayán no estuviera mediado por un cursus honorum destacado, elaborando su trayectoria en la jurisdicción episcopal payanesa, esto tal vez porque hubo plantas catedralicias que estuvieron conformadas por peninsulares o capitulares provenientes de otros lugares de Indias que no querían permanecer en Popayán, por lo que, nombrando a clérigos y beneficiados de origen payanés, se aseguraba la Corona la permanencia capitular, requerida, en este caso, para fortalecer esta corporación, que beneficiaría el arraigo local en el cabildo catedral. En últimas, puede entenderse esta situación como una de las características de la política de una monarquía en que se reconocían lo que se requería en los territorios indianos y, además, establecía continuas relaciones de intermediación con los naturales de la tierra.

Más allá de estos procesos particulares, la promoción eclesiástica encierra una relación vinculante entre la Corona y las élites indianas, que Jean-Pierre Dedieu identificó desde la Edad Media, entre los reyes, sus cortes, asambleas y patriciados.¹⁵² Sobre este asunto profundiza Adeline Rucquoi al afirmar que, en la península ibérica medieval, la base del poder del monarca se encontraba ligada a la noción de la “tierra madre”, donde viven los propios y de donde se destierra a los enemigos; de hecho, “más que y antes de ejercerse el poder del rey sobre la tierra, se ejerce sobre los hombres que la habitan”.¹⁵³ Según Rucquoi, cualquier individuo nacido en la tierra que gobernaba el rey ibérico era natural de ella y merecía recibir la gracia de su monarca. Bajo este marco se entienden las razones que aducían los candidatos eclesiásticos, quienes, como descendientes directos de los peninsulares que poblaron las Indias occidentales, pedían como súbditos y “naturales” de los territorios del rey de las Españas que este les concediera el favor de una promoción dados los servicios prestados por sus antepasados a la Corona.

Esta dinámica relacional que también tiene presencia en el periodo virreinal indiano no es unilateral, no beneficiaba a uno solo de estos agentes, pues, a cambio de los servicios que se prestaban a la Corona, esta “premiaba” tal fidelidad y lealtad con cargos y nombramientos, y así aseguraba el manejo administrativo de las corporaciones por parte de sus mejores aliados y vasallos: las familias descendientes de conquistadores, pobladores y oficiales reales que fueron lentamente convirtiéndose en élite y grupo de poder. Durante el reinado de la casa de los Austria, este “intercambio de servicios”, que bien podían ser individuales o colectivos, determinó, en buena parte, los nombramientos corporativos y gestó una premisa importante para vincular circulaciones, méritos, servicios, conflictos y redes de poder: “gobernar significa administrar también relaciones privadas”.¹⁵⁴

Ahora bien, intentando no ser excluyentes, hay que considerar que aquellos capitulares que no presentaron mayores méritos familiares y no se extendieron enumerando las glorias pasadas de sus ancestros lograron su promoción eclesiástica por los propios méritos, por la labor que cumplían en el obispado y por la necesidad de nombramientos en las prebendas vacantes.¹⁵⁵ Esta situación ayuda a matizar las dinámicas de ascenso social, lo cual demuestra que no solo estaban ligadas a los servicios familiares, a la pertenencia a una red clientelar, sino que también hubo casos en que el Consejo de Indias y el rey premiaron los méritos individuales. Con esto, las posibilidades de ascenso social para un eclesiástico podían ser múltiples según sus aspiraciones y las vacantes disponibles en las catedrales indianas.¹⁵⁶

La cotidianidad colegiada de una corporación eclesiástica

Esta biografía colectiva no estaría completa si no se hace una exposición analítica de la colegialidad y gestión capitular entendidas ambas a partir de las reuniones del cabildo catedral, los conflictos y el ejercicio propio de la prebenda. En una indagación inicial de las actas capitulares, fue posible caracterizar las recurrencias en las reuniones de los prebendados. Así, entre 1599 y 1617, se realizaban entre tres a cinco reuniones al año. Desde 1618, las reuniones empezaron a hacerse progresivamente de seis veces al año a una mensual; a partir de 1649, el cabildo se citaría a reunión dos veces en los meses de abril, octubre, noviembre y diciembre. No obstante esta situación, en 1650, el cabildo eclesiástico en reunión del 10 de febrero, a la que asistieron el deán Francisco Ramírez Floriano, el chantre Fernando de Solórzano y el tesorero Antonio de Landaeche, determinaron que, dada la importancia de los servicios capitulares, el notario eclesiástico convocara todas las veces que hubiere de hacer cabildo en la catedral o en otras partes, y que, dado el caso de que los prebendados no pudieren ir o no quisieren asistir a la reunión convocada, el notario, con al menos uno de los capitulares que asistiere, revisara y proveyera las peticiones, que serían aprobadas unánimemente por el resto “lo que cualquiera capitular hiciere con los requerimientos arriba expresados”.¹⁵⁷ La anterior medida se sugiere como una solución tomada por el cabildo catedral para cumplir con las responsabilidades administrativas que como corporación tenía, en un ejercicio de acomodación con respecto a las ausencias capitulares, pero, a la vez, evidencia que existía un problema para lograr las reuniones del cabildo, ligado a la asistencia de los prebendados, que se proponía ser superado con, al menos, uno de los capitulares. Llama la atención la confianza puesta en uno de aquellos, quien termina ejerciendo la representación de un colectivo.

Las sesiones posteriores a esta decisión muestran la asistencia, entre 1650 y 1651, de dos de los capitulares: el tesorero Antonio de Landaeche y el chantre Gonzalo Guiral; en 1652, solo del mencionado tesorero Landaeche; en 1653, de Landaeche ya nombrado deán y del maestrescuela Agustín de Olea, por lo que la decisión del 10 de febrero de 1650 preveía una situación que se presentaba en el cabildo, y era la de la ausencia de capitulares por licencia, inasistencia o vacancia. Además, la administración catedralicia recaería varias veces a lo largo del siglo XVII en un solo capitular: en 1667, en el maestrescuela Diego de Ontiveros Hinojosa; en 1671, en el arcediano Jacinto de Arboleda; y entre 1688 y 1694, en Miguel de Ressa Montoya. Sobre este último, el gobernador de Popayán escribió al rey que, si bien en él residía todo el peso del gobierno eclesiástico por ausencia de capitulares y obispo, “es muy vigilante en su ministerio y ha adelantado las cosas que tocan a su cuidado y algunas obras muy necesarias de su propio caudal”.¹⁵⁸ La recomendación del gobernador demuestra que los asuntos capitulares y la administración catedralicia del obispado de Popayán dependían de los prebendados que estuvieran disponibles y en ejercicio. No sobra decir que, por eso, resulta de interés ligar la promoción eclesiástica con el ejercicio colegiado de la prebenda, pues así surge, por lo menos en el caso del cabildo catedral de Popayán, una de las razones que explican la inoperancia de esta corporación. Para lo que resta del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, hubo, de nuevo, cambios en las realizaciones de las reuniones capitulares: entre 1659 y 1667, se hace cabildo para los asuntos de hacienda y cabildo que concierne a las costumbres; en 1685, se empiezan a hacer dos reuniones por semana, una el martes y otra el viernes; y para 1686, 1695, 1697 y 1699, a pesar de que se hacían los cabildos dos veces por semana, hubo sesiones en que “no hubo nada que tratar”, esto recuerda que fue justo el periodo que tuvo un solo capitular atendiendo los asuntos de la catedral y del cabildo.

Uno de los conflictos recurrentes que se destacó en las lecturas de las actas capitulares está ligado a los inconvenientes generados por aquellos capitulares que hacían dejación de su prebenda o por las licencias y largas ausencias de varios prebendados en ejercicio. La referencia a estos acontecimientos es importante, porque ayuda a definir, en parte, por qué el cabildo catedral no pudo consolidarse entre los siglos XVI y XVII.

¿Qué argumentos justificaban licencias tan extendidas cuando se supone no podían concederse por más de tres meses? La Recopilación de las leyes de Indias establece que las licencias se concedían por razón “urgente, necesaria e inexcusable”,¹⁵⁹ y que los prebendados no faltaran al servicio de su prebenda salvo en caso de enfermedad.¹⁶⁰ Las actas capitulares muestran que, en general, las licencias dadas por el cabildo a los prebendados se concedían por enfermedad asociada a los achaques de la edad y al clima malsano payanés. En 1606, el arcediano Fernando Ponce de León pedía urgentemente se le aprobara licencia para ausentarse e ir a Cali, ciudad cercana a Popayán, donde el clima era más cálido y podía curarse de una grave enfermedad que lo aquejaba,¹⁶¹ permiso que fue concedido el tiempo que lo llevare a tener una mejoría. Este mismo capitular demandaría dos nuevas licencias más: una, el 9 de mayo de 1607, para atender junto con el deán cosas y negocios personales en Cali y Buga;¹⁶² y otra, el 24 de octubre de 1609, para recibir la comitiva del nuevo obispo de Popayán, fray Juan González de Mendoza (1609-1618).¹⁶³

Resultan interesantes las ausencias concedidas para solucionar asuntos personales de rentas y negocios, sin duda, asociadas con la necesidad de algunos capitulares de mantener otra fuente de dinero aparte de la renta que le correspondía por su prebenda, que, en general, era tildada de muy pobre. Pidieron licencia de este tipo, en 1612, el deán Juan Montaño, quien necesitaba atender negocios precisos en Cali;¹⁶⁴ en 1616, el chantre Francisco Vélez de Zúñiga, quien pedía ausentarse para visitar las casas que tenía en Pasto;¹⁶⁵ en 1662, el deán Gonzalo Guiral recibió licencia, por lo mucho que había servido a la catedral, para ir a Santa Fe donde tenía que atender “negocios de mucha importancia […] que necesitan de su asistencia personal”.¹⁶⁶ Se encuentran también las licencias de tres meses que por disposición del Concilio de Trento se les podía dar a los prebendados para atender sus asuntos sin riesgo de perder su prebenda y su renta.¹⁶⁷ Un caso a destacar se presenta con el deán Antonio de Landaeche, quien, al ser informado por “cartas fidedignas” que recibiría la promoción para la tesorería del cabildo catedral de Panamá, pedía a su capítulo en Popayán le dieran licencia para embarcarse desde el puerto de Buenaventura a Panamá a recibir las cédulas de nombramiento y evaluar si le convenía aceptar su nueva prebenda y hacer dejación del deanato payanés, dado que, como era natural de Panamá, “pudiera ser o tener algún embarazo en la colación canónica, institución o posesión o por otras de la erección de dicha iglesia de que hasta ahora no tiene noticia”.¹⁶⁸ La desconfianza de Landaeche surgió por el inconveniente que vivió años atrás cuando recibió el nombramiento como tesorero de la Catedral de Popayán y no pudo cumplir su presentación al no aceptar el arcediano Antonio de Zúñiga su promoción a la iglesia metropolitana de Santa Fe, quien impidió que el tesorero, que había sido ascendido a la maestrescolía, hiciera dejación de su cargo para dárselo a Landaeche. Esta licencia fue concedida por un periodo de ocho meses, en que se le reconocería el pago de su renta, nombrándolo, además, el cabildo con el cargo de juez eclesiástico que ejercería en las partes del obispado por donde pasara. Finalmente, el cabildo le dio como escolta al sacerdote Francisco Pérez Lezcano, quien lo acompañaría hasta la embarcación que debía abordar en el puerto de Buenaventura. Pasado ese tiempo, Landaeche no había hecho dejación del cargo ni vuelto a Popayán, por lo que el cabildo eclesiástico, encabezado por el maestrescuela Agustín de Olea Salazar y el tesorero Pedro de Herrera, decidieron enviarle la respectiva notificación, so pena de censuras, para que informara cuál era su decisión dado que su ausencia afectaba al cabildo.¹⁶⁹

El infortunio también fue motivo de ausencias, pues, muerta doña Catalina, madre del tesorero Fernando de Oruña y Quesada, este pidió, el 9 de septiembre de 1626, se le diera licencia para ir al Nuevo Reino de Granada para disponer de las haciendas y el patrimonio dejado por su progenitora.¹⁷⁰ Otro tipo de ausencias estuvieron ligadas a responsabilidades propias de la administración eclesiástica, como ir a las ciudades del obispado a pegar los edictos del Santo Oficio, como ocurrió, en 1618, con el arcediano Francisco Vélez de Zúñiga.¹⁷¹ Sin embargo, a pesar de estas ausencias aceptadas, hubo una licencia que no aprobó el cabildo, y que fue pedida por el maestrescuela Francisco Ramírez Florián para viajar a Quito, en compañía de doña Petronila del Campo, a atender negocios que les convenían.¹⁷²

De todas maneras, hubo momentos en que el cabildo eclesiástico, atendiendo a estas largas ausencias y apelando al derecho, exigía el retorno a Popayán de los prebendados ausentes, en un esfuerzo por mantener la colegialidad de la corporación. El 13 de junio de 1687, el arcediano Agustín de Barrasa y el maestrescuela Miguel de Ressa Montoya, precisamente, discutieron en la reunión del capítulo que el chantre Gregorio Ibáñez de Caviedes llevaba once meses ausente del obispado, cobrando su renta, llevándose consigo “los manuales, misas, derechos de prebendas y todo lo demás que le pertenece”.¹⁷³ Siguiendo lo dispuesto por el Concilio de Trento y la Recopilación de las leyes de Indias, el cabildo le ordenaba volver más porque el obispo electo de Popayán Pedro Díaz de Cienfuegos se encontraba en la villa de Honda camino de la ciudad payanesa, por lo que el cabildo catedral envió cartas a Caviedes en sus haciendas y hato de Pacamí en el Nuevo Reino de Granada y al hato de Motilón en jurisdicción de la gobernación de Popayán, para que se pusiera a las órdenes de su prelado, devolviera los manuales y objetos pertenecientes a la catedral.

La ausencia “continuada y dilatada” del chantre fue notada por el obispo Díaz de Cienfuegos, quien pidió al capítulo ordenara a Caviedes retomar la obligación de su prebenda. La respuesta del capitular ausente al despacho enviado mencionaba que se excusaba y desentendía con “diferentes pretextos”, afirmando que estaba curándose de mil achaques, que tres veces estuvo cerca de la muerte y que su padre también estaba enfermo, por lo cual pasarían a otra estancia para mejorarse, después de lo cual podría atender su servicio eclesiástico. Además, les informaba que el obispo no se encontraba en Honda sino en Cartagena, y que no entendía por qué le apremiaban a volver cuando sabía que habían tomado decisiones sin notificarle o citarle, como nombrar provisor por la muerte del deán Pedro de Arboleda. Finalmente, recusaba al cabildo catedral por ser sus “enemigos capitales”, apelando al obispo para la resolución de su caso. La recusación es una garantía de control contra el exceso de poder y de decisión de los jueces, pero también se le considera una herramienta de disciplinamiento de estos cuando concurren en inequidades en los procesos judiciales y decisiones de poder. La recusación intenta, entonces, “reparar el daño indebidamente causado en el ejercicio del oficio (las injusticias cometidas ex maleficio y quasi ex maleficio)”,¹⁷⁴ como parte de los recursos o remedios proveídos por el ius commune “debido al comportamiento de cualquier modo injusto del juez”.¹⁷⁵

Notificaba el cabildo catedral que nunca le fue concedida una licencia y que su ausencia dejaba a la corporación solo con dos prebendados, el arcediano Agustín de Barrasa que se encontraba muy impedido por los achaques de la vejez y el maestrescuela Ressa de Montoya a quien se le había duplicado el trabajo por su ausencia.¹⁷⁶ La desobediencia del arcediano Ibáñez llegó a oídos del rey, en 1692, seis años después de las quejas presentadas por el cabildo eclesiástico, por lo que Carlos II envió una cédula real al presidente de la Audiencia de Quito para que obligara al prebendado a retornar a Popayán a servir su prebenda, y si en caso tal se excusare, fuera enviada a la corte su respuesta para evaluarla.¹⁷⁷

No fue esta la única ocasión en que prebendados del cabildo eclesiástico de Popayán se vieron inmiscuidos en conflictos entre sí o con otros sujetos. En general, los problemas identificados se refieren, en algunas ocasiones, a procederes indebidos en la conducta de los prebendados y a errores cometidos en los nombramientos y abusos de poder. Por esta última causa, el chantre Gonzalo de Torres Ribera fue acusado, en 1587, por el clérigo Juan Pérez de Segura. Esta acusación se basaba en un problema de “pasión” de Torres Ribera, quien, ejerciendo como juez del Santo Oficio, tuvo problemas con Pérez de Segura, a quien pidió denunciara a los herejes del obispado. La respuesta del clérigo fue que había sacerdotes protestantes luteranos en el obispado, ante lo cual Torres increpó a Segura por los nombres de aquellos curas, y resultó acusado por este. El chantre se vengaría de Segura acusándolo de amancebamiento con dos mujeres, Francisca de Arévalo e Inés de Pecellín, las mismas que el clérigo afirmó eran las amantes de Torres y Ribera, quien le incriminaba falsamente en los hechos por sus rencores contra él. Agregó el chantre a la sumaria que el cura Segura había dicho palabras fuertes contra los jueces del Santo Oficio.¹⁷⁸ Esta trifulca, por demás escandalosa, llevó a Segura a presentarse ante el inquisidor en Lima, quien no lo recibió al principio, pero, después de una recomendación del obispo de Cuzco, abrió proceso contra Torres, con lo que se levantaron informaciones con testigos para comprobar que el chantre Gonzalo de Torres procedió con pasión y rencor. El caso terminó suspendido porque se habían presentado algunos vicios y problemas de procedimiento en la audiencia del inquisidor en Lima.¹⁷⁹

Luis de Rojas Páramo, arcediano entre 1673 y 1679, fue el único capitular que recibió un llamado de reprensión por su conducta por parte de la reina gobernadora, Mariana de Austria, y el rey Carlos II. Dos reales cédulas, fechadas en 1679 dirigidas al obispo Cristóbal Bernaldo de Quirós, mencionaban que Rojas había sido acusado de dar malos tratamientos a los vecinos, prebendados y clérigos de Popayán, además de aceptar en la visita general que “trataba y contrataba públicamente y vivía escandalosamente”, reincidiendo en su conducta, obrando con más “desahogo y desatención que antes y sin ninguna esperanza de que se corrigiese”,¹⁸⁰ a pesar de los apercibimientos hechos por el prelado. La regente ordenaba que, en el caso de que se siguieran presentando los excesos y escándalos de este arcediano, y no bastaran los castigos y las correcciones del obispo, fuera enviado Rojas a la corte en Madrid. Los llamados de atención tuvieron que surtir efecto, primero, porque Rojas Páramo no fue a la península, sino que fue promocionado, en 1684, a una canonjía en la Catedral de Santiago de Chile,¹⁸¹ y segundo, porque en su testamento, el obispo Bernaldo de Quirós extendió sus disculpas al arcediano por entrometerse en sus negocios personales.¹⁸²

Existieron también errores en la presentación y en el nombramiento de prebendados, registrándose el primero de ellos con Gregorio Rodríguez Franco, quien, una vez nombrado arcediano, emprendió el viaje de Cádiz a Cartagena, donde fue apresado por piratas. Liberado y llegado a Cartagena, “entendió ser vivo su antecesor”,¹⁸³ enterándose de que no podía presentarse ni asumir su prebenda, porque el Consejo de Indias supuso que estaba vacante por muerte de Juan Jiménez de Rojas, quien era el que la ocupaba y quien no había fallecido todavía. Ya en Cartagena, informó al Consejo de Indias de su situación, optando los consejeros, para solucionar este exabrupto, nombrarlo en una canonjía en la Catedral de Quito.¹⁸⁴

Hubo una nueva dificultad en la promoción de prebendados en 1647. El Consejo de Indias dictaminó nombrar al arcediano Antonio de Zúñiga para la tesorería de la Catedral de Santa Fe; con esta promoción, se propusieron ascensos internos dentro del cabildo eclesiástico payanés, pues el chantre Fernando de Solórzano pasaba a ocupar el arcedianato; el maestrescuela Gonzalo Guiral, la chantría, y el tesorero Juan González Maldonado, la maestrescolía. Todo un movimiento de promoción interna que dejaba vacante la tesorería, prebenda para la cual decidió el rey nombrar a Antonio de Landaeche, clérigo y doctrinero de origen panameño. Despachadas las cédulas, y llegado Landaeche a Popayán, la presentación y colación canónica en la catedral payanesa no se realizó porque Antonio de Zúñiga se excusó de tomar posesión de su nueva prebenda en Santa Fe. Recordemos que ya se había hecho mención del problema físico que le impedía movilizarse de su casa al coro, razón para no aceptar la promoción.¹⁸⁵

Según consta en las consultas del Consejo, esta situación llevó a que Fernando de Solórzano fuera promovido a la tesorería de Santa Fe que seguía vacante. Antonio de Zúñiga le negó a Antonio de Landaeche el derecho de presentación de su prebenda y la entrada en la catedral, porque, con la dejación de Zúñiga y la suspensión de las promociones, la tesorería no estaba vacante. Sucesivamente, cada uno de los capitulares de Popayán que recibieron ascenso hicieron dejación de su nuevo cargo, y a pesar de recibir la cédula real de Landaeche, “la besaron cada uno de por sí, la pusieron sobre su cabeza”, y en cuanto a su cumplimiento se pidió a todos los capitulares presentes y ausentes presentaran sus cédulas para tomar una decisión y proveer justicia.¹⁸⁶ Este pleito fue llevado a la Audiencia de Santa Fe, la cual determinó que Zúñiga, debido a su enfermedad y vejez, debía ser amparado en el arcedianato y que fuera el Consejo de Indias el que tomara resolución con respecto a Landaeche. Este último había manifestado, en una carta enviada a la corte, que se “hallaba con mucho desconsuelo por haber hecho dejación del curato que estaba sirviendo al tiempo que vuestra majestad fue servido de presentarle a la dicha tesorería rogando se le daría a la posesión de ella sin ninguna dilación”;¹⁸⁷ dado que le perjudicaba estar varado en Popayán, pidió que se le promoviera a la tesorería de Santa Fe. Se solucionaría este asunto de otra forma, pues Gonzalo Guiral, maestrescuela, ausente de Popayán por cuidar a su madre muy enferma y sus hermanas en Santa Fe, pedía se le promocionara a la tesorería de la metropolitana santafereña, más en atención a los múltiples y no recompensados méritos de su padre. Así, con sendas recomendaciones del marqués de Miranda, presidente de la Audiencia de Santa Fe, y del cabildo metropolitano de Santa Fe, Guiral se postulaba también a la tesorería vacante.

¿Cómo solucionaron el Consejo y el rey esta situación? A partir de todas las necesidades de los múltiples sujetos en cuestión, se aprovechó la presencia de Guiral en Santa Fe para llamarle la atención por la ausencia de su cargo, se le brindó la promoción a la tesorería de Santa Fe a Fernando de Solórzano, chantre de Popayán, se permitió que Zúñiga continuara en el arcedianato en Popayán, y dado que la chantría quedaba vacante, se procedió a ascender a Guiral a esta y al tesorero Juan González Maldonado a la maestrescolía, y por fin conceder el nombramiento en la prebenda a la que había sido presentado Antonio de Landaeche. Este caso expone cómo, no solo el sistema monárquico operaba con este tipo de problemas, sino cómo una dejación, una enfermedad, una licencia y cinco nombramientos ponían en tensión a varias corporaciones y afectaban la administración eclesiástica catedralicia.¹⁸⁸

Otro caso de ausencia fue la del deán Diego de Ontiveros Hinojosa, quien ingresó en la Catedral de Popayán con el nombramiento de tesorero en 1663,¹⁸⁹ hasta llegar a ser deán¹⁹⁰ en 1673. No obstante, desde 1669, Ontiveros se encontraba ausente de Popayán, razón que no impidió ser nombrado y ascendido, hasta que, en 1675, el obispo Cristóbal Bernaldo de Quirós escribió al rey comunicándole la larga ausencia y silencio de Ontiveros en el servicio de su prebenda y cómo había tenido que nombrar prebendados suplidos para enfrentar este vacío capitular. Esto llevó al Consejo de Indias a hacer búsqueda del deán payanés y con una real cédula se le ordenó a don Antonio de Laiseca Alvarado, gobernador y capitán general de la provincia de Yucatán, que buscara a Ontiveros, de quien se sabía estaba en Mérida donde tenía casa,¹⁹¹ para que volviera a servir su cargo a Popayán.

Las razones de Ontiveros presentadas en una carta dirigida al gobernador muestran cómo el azar, la mala suerte, la distancia entre ciudades y territorios podían jugar en contra de un sujeto en el mundo indiano. En primera medida, Ontiveros Hinojosa recibió la real cédula en 1675 en que se le ordenaba volver a Popayán, por lo que, en 1677, “estaba presto habiendo embarcación de ir a servir la dicha su prebenda y deanato de la santa iglesia catedral de la ciudad de Popayán en cumplimiento y obediencia de la real voluntad de su majestad”.¹⁹² Sin embargo, esta no era la primera vez que intentaba viajar de Mérida a Popayán, pues, en 1674, también había dispuesto volver, haciendo el viaje por tierra. Así, de camino pasó por el pueblo de Chicbul, cuarenta leguas a sotavento del puerto de Campeche donde fue robado y apresado por “el enemigo inglés” que poblaba esas costas, junto con noventa indios e indias prisioneros del mismo pueblo. Todos estuvieron en un sitio desconocido por mes y medio, recibiendo Ontiveros tormentos y ultrajes. Transcurrido ese tiempo, todos fueron liberados, pero decidió quedarse en Chicbul para asistir a los indios enfermos, luego retornó a Mérida por los achaques y fallos de su salud producto del maltrato recibido por los ingleses.

En 1677, intentó de nuevo Ontiveros volver a Popayán, y cuando estaba en el puerto de Campeche para realizar su viaje por mar, esperó dos meses a que hubiera una embarcación que se dirigiera a Tierra Firme; sin tener éxito, y viéndose corto en sus rentas y de nuevo enfermo, decidió volver a Mérida sin querer asumir el peligro de un nuevo viaje dada su edad avanzada (64 años) y “los ásperos caminos y riesgos de la vida que son bien conocidos por el dilatado viaje que es de este reino de la Nueva España al reino del Perú”.¹⁹³ Todos sus infortunios llevaron a que Diego de Ontiveros Hinojosa presentara, en 1679, renuncia y dejación de su prebenda, porque la edad, los achaques y la pobreza en que vivía le imposibilitaban “a peregrinación tan larga y difícil de ejecutar desde esta provincia [de Yucatán] por la poca comunicación que tiene con las que caen en Tierra Firme”.¹⁹⁴ Además, dado que hacía diez años no asistía sus cargos en Popayán, renunció a cualquier derecho y cobro sobre las rentas pidiendo se le hiciera merced de una prebenda o ración en la Nueva España.¹⁹⁵

No está de más mencionar que los principales temas tratados por el cabildo en sus reuniones estuvieron referidos a nombramientos, colaciones canónicas y promociones eclesiásticas de capitulares y obispos; nombramientos de mayordomos, sacristanes y del cura rector de la catedral; nombramiento de los jueces de causas criminales y de los examinadores sinodales; recibimientos a los obispos; licencias para los prebendados; asuntos sobre ornamentos para la catedral, casas y tiendas de los prebendados; problemas con curas, curatos y clérigos; el cobro de diezmos entre 1600 y 1607; lecturas de cédulas del rey; unas pocas referencias a fiestas, santos y procesiones; cobro de la cuarta episcopal; problemas con la construcción, el mantenimiento y la decoración del coro de la catedral; notificaciones de muertes de los prebendados y obispos; ordenamiento de las donaciones mortuorias hechas a la catedral por capitulares, prelados y civiles; fundación y rentas para el hospital y el seminario; inventario de capellanías y administración de sus rentas; problemas con el convento de monjas de la Encarnación; construcción y mantenimiento de la torre de la catedral; copias de la erección de la catedral; permisos para construir ermitas; propuestas para adecuar la catedral, entre otros.

Los casos presentados en este acápite referidos a las dejaciones, las licencias, los conflictos y las soluciones que el cabildo catedral de Popayán y otras autoridades de alto vuelo de la Corona como el Consejo de Indias y el rey muestran las formas de gestión de las corporaciones eclesiásticas. Así, fuera con uno o cinco prebendados el cabildo intentó administrar en lo posible sus responsabilidades, acomodándose a las realidades que vivían tanto ellos como el obispado. Este tipo de gestión ajustada a constantes momentos de crisis, ausencia y pobreza demuestra la “impronta” del cabildo catedral al proyecto eclesiástico liderado en el obispado de Popayán.¹⁹⁶