Al hilo del tiempo

Dos cosas concurrían en estas Cortes, muy contrarias entre sí: el deseo de los estamentos de servir al Rey, y la incredulidad de sus reales ministros que se persuadían que la concesión del servicio se dilataba por su antojo, pero desengañáronse presto de su imaginación… dexando el Reino de Valencia a la posteridad un exemplo insigne de su fe y rendimiento.¹⁷

No se ponían de acuerdo los estamentos en cuanto al servicio que habían de votar. Aprovechando esos momentos de zozobra y el resquebrajamiento de los representantes valencianos como bloque compacto, Felipe IV envió una certificatoria al brazo real, diciendo que si no se servían 1.666 hombres durante 15 años, no quedaba servido el intento y beneficio universal de la Unión de Armas, ya que, con menos cantidad, no podía acudirse a la defensa del Reino y de sus enemigos. Los del brazo real se limitaron a cumplir las órdenes del monarca, y el brazo eclesiástico obedeció mansamente en cuanto el rey envió su primera amonestación.¹⁸

Aunque el brazo militar seguía firme en su determinación, bastó con tocarle su tendón de Aquiles, tras haber quedado aislado en su postura, para hacerle ceder: al fracasar la política de pasillos del conde-duque con los miembros más influyentes del estamento, el valido de Felipe IV envió una nota al gobernador de Valencia para que éste advirtiera a los caballeros que estaban dudosos, que el enfado del monarca era muy grande y que si esa tarde del 9 de marzo no obedecían a la proposición real «los declara el Rey por enemigos suyos y de su Corona a ellos y todos sus descendientes perpetuamente porque el Rey dice que su proceder y terquedad es de sedición».¹⁹ Con esta amenaza y la de Olivares de quitarles la nobleza hasta la cuarta generación, si no votaban el donativo, se decidió en el brazo que «había de cederlo todo apartándose de su entender, obedeciendo la orden del rey, pues ya no quedaba en términos de proposición sino de precepto».²⁰

Tras muchas discusiones y deliberaciones, el 19 de marzo redactaron los tres estamentos un memorial conjunto. En él redujeron sus tres ofertas distintas a una sola, presentando al rey un servicio de 1.080.000 libras o la mitad de lo ofrecido por Aragón; en esta suma se incluía lo que se adeudaba de los servicios pasados, tanto ordinarios como extraordinarios, hechos en Cortes y fuera de ellas. Finalmente, tras dos días de discusiones, órdenes, contraórdenes y malentendidos, Felipe IV aceptó la oferta hecha por los estamentos en el solium super servitium tantum, celebrado el 21 de marzo.²¹

Terminada la ceremonia, el rey partió apresuradamente hacia Cataluña. Las Cortes siguieron reunidas de modo rutinario hasta el día de su clausura, el 8 de mayo 1626. Las resoluciones que allí se tomaron en lo sucesivo, carecieron de la energía y combatividad de las primeras. La gran batalla había sido ya librada y la derrota del Reino no podía haber resultado más estrepitosa.

La elección de los «instrumentos fiscales» –valga la expresión– para lograr el pago del servicio votado, planteó una serie de interesantes problemas que más adelante se presentarán. Adelantaré solamente que, en vez de imponer el arbitrio de escalas, ideado inicialmente, se terminó por elaborar una serie de imposiciones sobre el vino y general de entrada, que fueron aprobadas por Felipe IV en Madrid, el l0 de agosto 1627.²²

Fruto de aquellos cinco meses de accidentadas reuniones fueron los 665 capítulos de contrafuero, fueros y actos de corte, elaborados por los tres estamentos del Reino.

Creo que merece la pena observar detenidamente la inflación legislativa que se produce en Valencia desde las primeras Cortes de Felipe II.

Vemos en este cuadro que, a partir de las Cortes de 1564 –cuatro años antes de producirse el viraje de Felipe II– comienza a aumentar vertiginosamente el número de capítulos votados. La cifra siguió creciendo en las reuniones celebradas tras las diversas bancarrotas de 1575, 1596 y 1607. Es particularmente significativo el incremento producido tras la crisis de 1596, que supuso el fin del poderío financiero de Castilla, y la nueva subida de 1626 en que parecían sumarse los efectos de la bancarrota de 1607 y de la expulsión morisca. Será en estas dos últimas Cortes cuando aparezcan, por vez primera, capítulos de contrafueros. Todo ello coincide con el deterioro progresivo de la economía del Reino y la profusión legislativa típica de los períodos de depresión, aunque aquélla vaya siempre a la zaga de los fenómenos económicos. Esto explica, en parte, el descenso de 1645, cuando hacía ya algunos años que había comenzado a obrarse la recuperación de Valencia.²³

En líneas generales, la gran mayoría de los capítulos presentados en las Cortes de 1626, no eran sino una prolongación de los problemas manifestados en Cortes anteriores. No faltaban, sin embargo, cuestiones nuevas; así, el contrafuero 29, que denunciaba la inconstitucionalidad de la expulsión morisca, por contener algunos defectos de procedimiento, era de los más llamativos. Otros contrafueros revelaban violaciones de las regulaciones del comercio, de Derecho Procesal, Derecho Penal y mer i mixt imperii.²⁴

La eficacia de los recursos de contrafuero era realmente nula. Frecuentemente las leyes habían sido violadas porque algún privilegio real, concedido a determinados individuos, había dado pie a ello. Sería iluso pensar que las protestas formales del Reino iban a detener esta política de la Corona.

En cuanto a los fueros, he preferido agruparlos sistemáticamente bajo grandes rúbricas, con objeto de poder dar una rápida visión de los grandes temas tratados en sus 181 capítulos.

1. Conservación de furs

Se pedía primeramente que en todo el Reino se guardase el fuero de Valencia, sin que ninguna villa o lugar pudiera alegar encontrarse bajo la jurisdicción del fuero de Aragón (f. 127). Junto a éste aparecían otros fueros encaminados a la ampliación y mejor observación de las disposiciones forales del Reino (f. 130 y 143). No obstante, el capítulo más interesante de los referentes a la conservación de las leyes valencianas era el f. 181, en el que los estamentos proponían un sistema de defensa foral, perfecto desde el punto de vista de técnica jurídica, y al que solamente faltaba un pequeño detalle: el placet real.

2. Trato equitativo a Valencia

Los fueros que, de algún modo, encajan en este apartado, constituyen una continua petición de igualdad con los demás reinos en: el nombramiento de dignidades de la Corona de Aragón (f. 43), oficios de la Real Casa de Su Majestad (f. 171), de los Consejos de Estado y Guerra (f. 147), de Vicecanciller de Aragón (f. 175), Consejo Supremo de Italia y Audiencias de Nápoles y Sicilia (f. 176) y Consejo Supremo de la Inquisición (f. 177). Todos estos capítulos son una muestra evidente del trato desigual que Valencia venía recibiendo con respecto a los Reinos castellanos, a pesar de que algún autor haya sostenido lo contrario.²⁵

3. Problemas económicos

Desde la época de Fernando el Católico, Valencia había venido padeciendo problemas para abastecerse de determinado tipo de víveres. Por ello, era importante que los fueros y privilegios concediendo el guiatge y garantías a los avitualladores habituales del Reino fueran asegurados (f. 159), así como la saca de moneda de Valencia por parte de éstos (f. 125). En un período de crisis de subproducción, como era el que se atravesaba, adquiría mayor urgencia la ejecución del privilegio de Felipe II, concediendo licencia a Valencia para que ésta pudiera sacar trigo de Sicilia, franca de derechos (f. 11).

Dada la miseria general que, al menos en apariencia, sufría el Reino, se solicitaba del rey la anulación de las cantidades adeudadas todavía del servicio concedido en 1604 (f. 168) y la reducción de gastos de representación en la Diputación. Además, se restituía la leva franca a los manufactureros de tejidos (f. 78), se pedía la eliminación de algunos puestos y salarios en la guardia de costa (f. 170) y se intentaba poner coto a los atropellos de esta guardia en las villas y pueblos de Valencia (f. 17); era un fenómeno normal en un período de acentuación del bandolerismo.²⁶

La Taula de Canvis era un claro exponente del desorden monetario por el que aún atravesaba el Reino. En el fur 149 se solicitaba una enérgica sanción contra los reos del fraude registrado en aquélla.

Algunos de los capítulos presentados parecían hacerse con el mero objetivo de cumplir determinadas formalidades, ya que sus posibilidades de ejecución eran muy remotas. Es un ejemplo de ello la petición de que siempre que fuesen convocadas Cortes Generales, diesen los diputados a cada síndico de los estamentos 1.000 libras para gastos de adecentamiento del lugar de celebración de aquéllas (f. 75). La propuesta parecía una ironía, cuando en 1626 la Generalidad había llegado a tal estado de miseria «que por no tener con que aliñar la Iglesia de Monçón para las Cortes, lo uvo de azer Aragón…».²⁷

4. Reformas institucionales y problemas jurídicos

La Diputación de la Generalidad, que presentaba un inmenso desorden en esta época, exigía urgentemente algunas reformas, tanto en las personas y oficios, como en las finanzas.²⁸

Algo similar sucedía con la Real Audiencia, en la que se pedía la existencia de un libro de Registros (f. 4) con un funcionamiento efectivo (f. 5), la agilización de los trámites procesales (f. 18 y 91), la elección de una segunda Sala Criminal y el aumento del número de oidores de las Civiles (f. 22) y la aclaración de algunos puntos tocantes a las cualidades necesarias para ocupar puestos en la Real Audiencia y asesorías del gobernador y bayle (f. 119). También se intentaron frenar las frecuentes intromisiones de la Real Audiencia y el virrey en cuestiones ajenas a su competencia. De igual modo, se acordaron algunos capítulos encaminados a reformar la provisión y atribuciones a los cargos de justicias.²⁹

Eran múltiples los problemas jurídicos planteados en estas Cortes para su resolución. Incluían éstos cuestiones de naturalización (f. 108), abogacía (f. 127 y 155), notarías, contratos, censales, derecho sucesorio, derecho penal, en que se siguió un criterio general de suavizar las penas existentes, y mejoras, algunas de ellas notables, de la técnica procesal.³⁰

5. Problemas de paso y peaje

En algunas ciudades del Reino que estaban en núcleos separados de las fronteras de éste, se plantaban a veces serios inconvenientes para poderse comunicar con Valencia. Para obviar estas dificultades, de repercusiones económicas perjudiciales para el Reino, se presentaron algunos fueros también.³¹

6. Guardia de costa

Con el fin de asegurar la financiación de la guardia de costa, tan importante para el Reino, se votaron algunos capítulos (f. 162 y 163), tratando de garantizar también que los oficiales y soldados de la citada guardia recibieran puntualmente el salario que les correspondía (f. 165). A pesar de ello, las costas del Reino siguieron tan faltas de protección como en las vísperas de la celebración de estas Cortes.

No entraré a considerar aquí el contenido de los actos de corte preparados por los diversos estamentos, ya que ello alargaría excesivamente un capítulo, que pretende simplemente situar en el contexto histórico a quien consulte estas fuentes de la historia y el derecho valencianos. Por otra parte, los problemas de mayor relieve han sido ya tratados al hablar de los contrafueros y fueros, capítulos elaborados y votados conjuntamente por los tres estamentos del Reino.

Las leyes emanadas de estas Cortes ponen de manifiesto la debilidad institucional y económica que padecía Valencia. Los contrafueros constituyen un desesperado intento legal para que normas de vital importancia en el Reino fueran respetadas. La tentativa no iría más allá de la letra de la ley.

Al examinar los fueros, parece que la idea rectora que los inspiró había sido la de salvar lo que todavía quedaba en pie del sumiso cuerpo del Reino de Valencia. La tónica general era la de introducir economías dónde quiera que cupiesen y la de sacar dinero de cualquier impuesto derogado o no cobrado.

Unos y otros eran, en definitiva, fiel reflejo de los resultados obtenidos tras las accidentadas reuniones de Monzón: la imposición del programa austracista de Olivares, según los proyectos elaborados en Madrid en 1625.

Valencia había sido, en último término, víctima de los planes castellanos y de las contradicciones internas de sus representantes. Los que terminaron pagando las consecuencias de esa derrota constitucional fueron las clases populares, de cuyo esfuerzo deberían salir las nuevas contribuciones impuestas, a cambio de unas leyes vacías de eficacia y contenido real. La única salida de aquéllas gentes era la revuelta, pero entre las capas bajas de la sociedad valenciana no existían las condiciones revolucionarias de Cataluña, Portugal o Nápoles.

5. REVUELTA SIN FUTURO

La documentación oficial relativa a la Valencia de los años 1620-1630 ha pretendido mostrarnos casi en todo momento un Reino conformista. Sin embargo, por definición, esa documentación no refleja generalmente más que los intereses de la clase dominante de la sociedad valenciana. Las reacciones e inquietudes de las capas inferiores de la población deberán buscarse, por tanto, en papeles de tipo oficioso o deducirse de las medidas tomadas por el rey o sus representantes ante determinados acontecimientos. Sólo de esta forma podrán hallarse respuestas menos incoherentes a las actitudes tomadas por las capas medias y bajas del Reino a lo largo de su historia.

Siguiendo esta línea, mis investigaciones me han llevado a encontrar un conato de revuelta social en Valencia durante el reinado de Felipe IV. El hecho, que encaja dentro de la coyuntura general de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XVII, se nos presenta fundamentalmente como una consecuencia directa de las Cortes de 1626, cuyo resultado sería decisivo para Valencia. Lo que pretendo en este capítulo es plantear la anatomía de ese conato de revuelta, que viene a romper la imagen oficial del Reino y a poner en revisión la tesis de la docilidad de sus capas inferiores, a la vez que hace de las Germanías y los disturbios de Játiva y Alcira en los años 1630-1640 acontecimientos menos aislados en la historia moderna del País Valenciano.¹

LA CIUDAD DE VALENCIA Y EL DIETARIO DE MOSÉN PORCAR DURANTE LAS CORTES DE 1626

El logro más importante de las Cortes de Monzón de 1626 había sido la destrucción del mecanismo legal de autodefensa del Reino: la autoridad de su parlamento y la integración del mismo dentro de la máquina absolutista de los Austrias. A juzgar por la documentación fundamental de estas Cortes, la clase popular valenciana permanecía siempre pasiva ante las discusiones de los brazos en Monzón, de donde iba a salir una nueva oleada de impuestos que esa misma clase debería soportar.²

Sin embargo, rastreando el Dietario de Mosén Porcar se obtiene una impresión muy distinta. Es cierto que los medios de comunicación eran lentos en la época y que muchas de las deliberaciones importantes de Cortes permanecían secretas; pero si en la gran mayoría de villas y ciudades del Reino se tardaba en conocer lo que sucedía en aquellas reuniones, no ocurría así en Valencia, donde los jurados de la ciudad estaban en contacto permanente con los síndicos de Monzón. Por tanto, era perfectamente factible que la población del Reino siguiese con puntualidad los acontecimientos de las Cortes y que, de un modo u otro, reaccionase ante ellos.³

El principal testimonio de la reacción del pueblo llano de la capital ante hechos de estas Cortes es el de Porcar, persona bastante bien informada, en general, de lo que sucedía durante aquellos años en el Reino, a juzgar por su Dietario. Las noticias que ofrece de otras cuestiones susceptibles de comprobación paralela son correctas; de ahí que, por analogía, puedan ser fiables, en principio, los datos que dicho autor presenta sobre cuestiones no verificadas completamente hasta el momento. Con base en sus informaciones y en una real crida que viene a ratificar una parte de aquéllas, voy a tratar de reconstruir el nervio central de lo sucedido en la ciudad de Valencia, a nivel no oficial, de diciembre de 1625 a julio de 1626, fechas de comienzo de los preparativos y de liquidación de consecuencias inmediatas de las reuniones de Cortes, respectivamente. Soy consciente del riesgo que ello encierra y de que, por ahora, cualquier conclusión no podrá ser válida, en todo caso, más que como una hipótesis de trabajo.⁴

A comienzos de diciembre 1625, el virrey de Valencia, marqués de Povar, juraba su nuevo trienio. Por aquel entonces, hacía ya algún tiempo que el plan integración del Reino en la monarquía hispánica había sido puesto en marcha, a partir del largo memorial secreto presentado por Olivares a Felipe IV a fines de 1624. El primer paso era obtener la aprobación de la Unión de Armas por parte de todos los reinos, siendo la celebración de Cortes particulares el único medio legal para poder hacerlo. Por tanto, las convocatorias de Cortes en Aragón, Cataluña y Valencia en 1626 obedecían a esa necesidad inmediata de la política austracista.

En los primeros días de diciembre 1625 aún no conocían los estamentos valencianos el programa político del condeduque. Sin embargo, la presencia de don Francisco de Castelví, regente de la Real Cancillería del Consejo de Aragón, en el juramento del marqués de Povar no había sido pasada por alto entre la población. Ese mismo día aparecía un pasquín en la plaza de la catedral diciendo que Castelví «había venido para vender a su patria». A pesar de que a Porcar esto le parecieran fábulas de pueblo, dos acontecimientos inmediatamente posteriores a la aparición del panfleto iban a dar la clave para su comprensión: la firma del rey en Madrid –el 17 de diciembre de 1625– de las cartas de convocatoria de Cortes y el discurso de Castelví –el 20 de diciembre– en que exponía los nuevos proyectos de la monarquía y el papel que en ella se había asignado a Valencia.⁵

El descontento popular, previo ya a la convocatoria de estas Cortes, iba aumentando progresivamente, y de los pasquines se pasó a la acción. Así, el 29 de enero, vísperas de la llegada a Monzón de Felipe IV, después de un período de prórrogas y protestas que comienza tras la apertura de las Cortes, las vidrieras del palacio real de Valencia aparecían «muy rotas y apedreadas».⁶

Era evidente que en la capital del Reino parecía haberse tomado conciencia de las posibles consecuencias de aquellas reuniones de Monzón, antes que en las mismas Cortes. Mientras en éstas el peso de sus propios intereses impedía a los representantes estamentales presentar una batalla política al estilo catalán, en aquélla las reacciones se hacían cada vez más violentas y generalizadas.⁷

A principios de febrero comienzan a presentarse las primeras dificultades serias en Monzón, al plantear el rey a los estamentos, a través de sus tratadores, que se negociase en Cortes primeramente la concesión del servicio, con independencia de lo que se hubiera hecho en otras ocasiones. Esto suponía una violación de las leyes valencianas, según las cuales el donativo debía ser ofrecido por los brazos al final de las Cortes, en el solium super servitium tantum, una vez examinados los fueros presentados al rey, ya que el servicio era otorgado a condición de que el monarca concediese los fueros presentados. En deliberación hecha el 11 de febrero, el brazo militar sentaba que ninguna provisión hecha por él se entendiera provista hasta que se hubieran presentado al rey todos los fueros y capítulos que se ordenasen; y respecto de cualquier servicio votado, que no se entendiera consentido ni deliberado hasta que el estamento hubiera compulsado las decretatas del rey y decidido a la vista de aquéllas. Al endurecimiento de la postura de este brazo, cuyo primer momento se sitúa entre el 2 de febrero –fecha en que Felipe IV nombra sus tratadores de Cortes desde Barbastro– y el 11 del mismo mes, se corresponde una tensión creciente en la ciudad de Valencia: el 9 de febrero la Real Audiencia hacía pública una crida para que no se tirasen naranjas y los estudiantes fueran de dos en dos, sin formar ni pararse en el mercado, bajo penas severas. Por otra parte, se ordenaba que la Universidad permaneciese abierta ininterrumpidamente los domingos y días festivos.⁸

Estas medidas no lograron restablecer la calma en la ciudad, ya que poco antes de que el brazo militar –el último en ceder a las exigencias de Felipe IV y Olivares– diera su consentimiento al servicio solicitado, las vidrieras del palacio real aparecieron nuevamente rotas, y ni el bayle ni el virrey se atrevieron a ir a la procesión de San Gregorio del 12 de marzo; dejaron que cuatro jurados de la ciudad acompañaran la procesión, mientras el virrey la contemplaba desde una reja de casa del lugarteniente del gobernador, D. Joan de Castellví. Estos hechos coinciden con el momento más álgido de las reuniones de Monzón, que se sitúa entre el 2 de marzo –fecha en que el rey envía a los estamentos una carta que pone de manifiesto su postura intransigente ante la resistencia de éstos a concederle el servicio– y el 10 del mismo mes, cuando el brazo militar cede a las exigencias reales y las Cortes terminan votando el servicio, sin que el planteamiento inicial de Felipe IV hubiese variado, es decir, siendo transgredidas las leyes y costumbres del Reino.⁹

El 21 de marzo de 1626, después de celebrarse en Monzón el solium super servitium tantum, la situación en Valencia debió llegar a un punto de extrema tensión. Parece evidente que, con la concesión de 1.080.000 libras valencianas por parte de los tres estamentos, el Reino venía a aceptar, en gran medida, la política del condeduque de unificación de todos los reinos peninsulares bajo «un rey, una ley y una moneda». Los síntomas de descomposición política de Valencia, aparecidos ya en las Cortes de 1604, tomaban así carta de naturaleza en estas reuniones de 1626.¹⁰

El domingo, 22 de marzo, al día siguiente de haber sido concedido el servicio, apareció en la capital, junto a las barracas de la esquina de San Juan del Mercado, una hoja de papel, pintada de colores, en la que se veía lo siguiente: Felipe IV sentado en su dosel real; delante de él, las armas de Valencia, y sobre las mismas tres personajes: uno en medio, con cota de malla roja; a su izquierda, un personaje vestido de negro con una cruz de Santiago, y a la derecha, otro, que parecía un capellán, llevando en la mano un peso y cayéndole una balanza; debajo de ésta la palabra «temor» y más abajo otra que decía «ambición». A la izquierda, bajo las armas de Valencia, el condeduque de Olivares estaba envuelto en llamas, con una cuerda en la mano siniestra que tiraba de las armas de Valencia y otra en la diestra, atada al pie del rey, arrastrándole también. Encima del monarca había un vocablo que decía: «¿Dónde lleváis a esta gente, Conde?», y respondía: «Cuando sientan el fuego ellos dirán dónde».¹¹

La imagen popular de los gobernantes no podía ser más gráfica, en particular la del estamento eclesiástico y la de Olivares, artífice principal de la política española en el segundo tercio del Seiscientos.

Un día después de haber aparecido el pasquín –el 23 de marzo– aparecieron quemadas casi todas las barracas del mercado.¹²

Las noticias de esta índole se interrumpen hasta el 20 de mayo, ya concluidas las Cortes. Para entonces aún no había cedido la tensión en la ciudad. Ese día, por la tarde, el jurado Pallarés volvió de Monzón, yendo directamente al Palacio Real y encerrándose en él hasta bien avanzada la noche, «pues temia que no li fesen los del poble alguna feta, que com tenia la cobra de palla, temia’s de les gran traycions que ell y altres han fet a la ciutat, y pobres no·ls donasen lo guallardo [castigo] que merexien». Poco después, el 22 de mayo, corría la voz por Valencia de que Juan Bautista Baldres y Michael Vaquero, junto con otros caballeros y mercaderes, se habían levantado y destruían buena parte de la ciudad.¹³

Las noticias de carácter revoltoso terminan con el levantamiento citado.

CAUSAS Y PROBLEMAS DEL CONATO DE REVUELTA CIUDADANA

Si consideramos en bloque la serie de «sucesos en Valencia» de la cronología elaborada, vemos que constituyen un proceso ascendente que se inicia con el pasquín de la plaza de la catedral sobre Castelví, el 3 de diciembre 1625, y termina con el estallido de un sector de la ciudad –caballeros y mercaderes– el 22 de mayo 1626. Ese proceso parece corresponder con la maduración de una revuelta, que luego fracasa, y que claramente se produce a causa de los resultados definitivos de las Cortes de Monzón, puesto que, las muestras de descontento popular aumentan cualitativamente a medida que el Reino va claudicando ante las exigencias económicas del rey. Sin embargo, queda sin determinar el grado de malestar existente en la capital, las características de aquel estallido sofocado, la composición social de sus protagonistas y sus móviles, entre otras cuestiones, cuyas respuestas nos permitirían tener una visión total de aquel fenómeno.

Cronología de los principales acontecimientos acaecidos en Valencia y las Cortes de Monzón, durante el desarrollo de éstas

En principio pueden extraerse dos conclusiones fundamentalmente de la crida del 9 de febrero: la existencia de graves desórdenes en la ciudad –«perque son publiques y notories les inquietuts y excessos ques segueixen de tirar aygua y taronges, del que resulta bregues y questions y encara morts»– y la participación activa de los estudiantes en esos tumultos, ya que en el documento se les prohibe expresamente que se detengan en la plaza del Mercado o vayan juntos por la calle. Este dato, junto con las indicaciones de Porcar de que «caballeros y mercaderes… destruían gran parte de la ciudad», nos da una composición de capas ciudadanas en los distintos sucesos que abocarían al estallido del 22 de mayo. Esas capas, carentes de representatividad en los organismos públicos del Reino, al igual que el campesinado, tenían sin embargo intereses y objetivos distintos a los de ése, que, a su vez, no escatimaba las muestras de desagrado ante la explotación continua de que era objeto. Se trataba, entiendo, del mismo distanciamiento ciudad-reino, claramente diferenciado a otros efectos de política interna valenciana.

Fue posiblemente la falta de coordinación de objetivos y la ausencia de una base auténticamente popular lo que en gran medida abortó la revuelta de la ciudad de Valencia en 1626, a pesar de que respondía a un panorama de descontento general, que encajaba dentro de la inquietud ascendente que se extiende por el País Valenciano de 1625 a 1635. De esta suerte, Valencia aparecería nuevamente como fiel servidora de la monarquía habsburguesa, cuando en realidad era la clase dominante de aquélla, que nutría siempre la representación del Reino, el portavoz único, y unilateral a la vez, de los deseos e inquietudes de su población.¹⁴

Nada dice de todos estos sucesos Diego José Dormer, quien se limitó a describir lo acontecido dentro del marco exclusivo de las Cortes, ni tampoco los Vich en su Dietario. El silencio general de las noticias que, de modo intermitente, va dando Porcar a lo largo de su relación, particularmente en toda la documentación oficial, y la ausencia incluso de cualquier tipo de decreto o crida con posterioridad a los sucesos del 27 de mayo, conducen a una última cuestión, que viene a reforzar el nivel de hipótesis en que hemos planteado este capítulo: ¿quiénes motivaron que estos hechos, particularmente el del levantamiento, fuesen omitidos de modo tan absoluto?¹⁵