La distancia del presente

Al respecto se han pronunciado hoy los candidatos a la alcaldía de Madrid de PP, PSM e IU, Alberto Ruiz-Gallardón, Jaime Lissavetzky y Ángel Pérez, respectivamente […] los tres han coincidido en que las protestas por la crisis deben articularse de forma democrática y Gallardón y Lissavetzky han incidido en su condena a los actos vandálicos. IU, por su parte, ha dicho que «entiende perfectamente las causas que lo motivan» pero considera que deben desembocar en «alternativas claras que se articulen democráticamente en la sociedad. Protestar sin alternativa es simplemente resistencialismo y eso no es suficiente», ha dicho Pérez. En una entrevista digital en El País, la presidenta de Madrid y candidata del PP a la reelección, Esperanza Aguirre, ha opinado que los grupos antisistema «debían presentarse a las elecciones» [Redoble de tambores y risas enlatadas]. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha dicho que comprende y comparte que haya «muchos indignados por la crisis», pero ha subrayado que no pueden tener una «actitud pasiva» ante las elecciones del 22 M[8].

El lunes 16 transcurrió con normalidad y con una mayor afluencia de gente, sobre todo a partir de la tarde. Para esa noche, la acampada había crecido hasta llegar a las doscientas personas. La madrugada del 16 al 17, sin embargo, la Delegación de Gobierno ordena a los antidisturbios desalojar la Puerta del Sol, en uno de los mayores errores políticos que se recogen en estas páginas y que tendría un correlato el miércoles 18, cuando la Junta Electoral Provincial de Madrid prohibió la concentración de protesta por este mismo de­salojo. Las imágenes del desalojo fueron el catalizador que provocó que el 15M pasara de ser una manifestación más a alcanzar la categoría mitológica. El Gobierno no supo medir el nivel de enconamiento que iba a provocar que la primera gran reunión popular de descontento fuera, hasta en dos ocasiones, ninguneada por una institucionalidad que además se percibía ya por los manifestantes como el antagonista definitivo. Aquel reto lo único que provocó fue la extensión de las acampadas a otras muchas ciudades del país. Si la tarde siguiente al desalojo apenas tres mil personas se concentraron en Sol, con la prohibición de la Junta Electoral la asistencia a la concentración del jueves fue masiva, desbordando incluso la capacidad de la plaza. A las doce de la noche, cuando el famoso reloj marcó el cambio de día, la plaza quedó en un silencio atronador que encaraba con éxito el reto que se le había planteado. Si bien la policía recibió la orden de no desalojar ni cargar contra los manifestantes, ya era tarde. El momento de empoderamiento fue ilusionante, en la acepción más esperanzadora de la palabra, pero también en la más estricta, aquella que apela a la quimera provocada por los sentidos.

Las acampadas se prolongaron por tres semanas, llegando a acaparar portadas del Washington Post, el francés Le Monde, el TAZ alemán o La Repubblica en Italia. Durante ese tiempo se llegó a una extraña normalidad donde las asambleas eran grabadas por los autobuses turísticos que recorrían las calles del centro, donde empresarios de internet como Martín Varsavsky proporcionaron conexión inalámbrica gratuita a quienes decían luchar contra lo neoliberal y donde comisiones en las que se debatían asuntos de gran interés como el decrecimiento económico convivían con otras cercanas al misticismo y el ritualismo. De igual forma, en aquellos días en los que un honrado sentimiento de hermandad inundaba el centro de la capital, mucha gente musitaba que aquel tipo con aspecto sospechoso era un agente del Centro Nacional de Inteligencia –CNI–. Fantasmagoría, o no, sabe Dios. La afluencia de manifestantes, de asambleístas, subía y bajaba al ritmo de los intentos de desalojo, como las brutales cargas que los Mossos d’Esquadra perpetraron a finales de mes en plaza Cataluña, en Barcelona. La Fundación Everis consiguió colar a uno de sus empleados en la parrilla televisiva bajo el apelativo de portavoz del 15M, lanzando consignas descaradamente neoliberales que, por otro lado, tampoco parecían extrañar a nadie. Y sí, los carteles, los eslóganes imaginativos e ideas como la aprobación de cualquier acuerdo por consenso que hacían de las asambleas algo entre lo tedioso y lo pintoresco, pero sobre todo una divertida fantasía donde parecía que lo aprobado se iba a aplicar al día siguiente a todo el país. Por allí se acercaban desde curiosos a una población comprometida con el cambio, aunque, como en cualquier movimiento que presume de horizontal y asambleario, la capacidad de transacción, poder y decisión acaba siendo poco democrática. Por muchas votaciones que se hagan, todo queda en manos de quien más presencia en medios, don de palabra y tiempo libre posea. Hay periodos en que la ilusión adquiere su significado más específico, este fue uno de ellos.

Un descriptivo intercambio de impresiones entre uno de los cocineros de la acampada y unos hermanos quiosqueros de Sol fue recogido por El Mundo en algo que podríamos denominar cómicamente como las dos Españas del 15M:

[Alberto e Iván Pérez] Tras el 22M la acampada comenzó a degenerar y convertirse en un golferío, una vergüenza.

[Rafael Rodríguez] Allí desayunaba todo el mundo de gratis y comían de gratis. Teníamos un almacén con jamones y todo. La gente hacía colas con bolsas… Recuerdo que la primera vez que lloré en la acampada –lloré tres veces– fue por una señora mayor: «Rafa, perdóname, soy pobre, no puedo dar más». Traía unos tomates y una escarola.

[Alberto e Iván Pérez] Todos los indigentes de Madrid venían a desayunar y a comer.

[Rafael Rodríguez] Un día, bajaban las prostitutas, los indigentes, las criaturas a por un plato de comida, y no tenía comida para darles a todos… Fue la segunda vez que lloré.

[Alberto e Iván Pérez] A la tercera semana cortamos la cuerda que habían atado al quiosco. Antes de abrir, teníamos que levantarlos, apartar las quechuas… Los clientes no venían. Un millón y medio de pesetas [9.000 euros] perdimos. Tuvimos que pedir un préstamo[9].

Para mitad del mes de junio aquello acabó, por suerte para el propio momento y sus protagonistas, con otros ingeniosos lemas como «No nos vamos, nos mudamos a tu conciencia» o «Vamos despacio porque vamos lejos». ¿Las elecciones del 22 de mayo? La participación se mantuvo en la media de otros comicios y el PP arrasó en ayuntamientos y autonomías, algo que pasó con el 15M, al que, hipnotizado por un furor solipsista, aquello le dio completamente igual, y que hubiera pasado de igual manera sin el 15M, con un PSOE lastrado por los recortes y una Izquierda Unida que experimentó una ligerísima subida pero que daba la sensación de haber perdido el paso de los tiempos.

La Puerta del Sol parecía haber pasado a la historia, si no fuera porque ya lo había hecho otras muchas veces. El 10 de abril de 1865, la Guardia Civil y unidades de caballería del Ejército irrumpieron en una protesta estudiantil por el cese del rector de la Universidad de Madrid en lo que se conoció como la Noche del Matadero, acabando con la vida de 14 manifestantes y dejando un par de centenares de heridos. Aquellos sucesos fueron el detonante para la caída inmediata del Gobierno conservador de Narváez y el fin del reinado borbónico de Isabel II tres años después. En 1873 se proclamaba la Primera República Española. Probablemente aquellos estudiantes y quien ordenó su represión no eran conscientes de las ondas sísmicas que aquella noche desencadenaría, como tampoco lo eran quienes convocaron una manifestación en aquel domingo de mediados de mayo de 2011.

La indignación no acabó con el fin de los campamentos en las plazas. Uno de los episodios inmediatamente posteriores en los que se vivió una mayor tensión fue la manifestación que rodeó el Parlamento catalán el 15 de junio de 2011 en su sesión para tramitar el anteproyecto de ley de presupuestos de la Generalitat. Unas dos mil personas, según cifras oficiales, probablemente unas cuantas más, consiguieron poner en jaque simbólico a una institución. Los diputados tuvieron enormes dificultades, pese al cordón policial, para acceder a la sede del Parlament, tanto que incluso Artur Mas y Núria de Gispert, presidentes del ejecutivo y el legislativo catalán, tuvieron que llegar en helicóptero.

Algún diputado ha sufrido la indignación de los presentes con algo más que abucheos y reproches, entre ellos el exconseller Ernest Maragall, que ha recibido algunos empujones y el exnúmero dos de Interior, Joan Boada, que ha visto cómo le pintaban la cabeza con un spray. Boada ha conseguido entrar, como han hecho otros diputados de la cámara, entre abucheos, algún momento de tensión y escoltado por la policía, aunque los manifestantes han conseguido pintarle la nuca. Otros miembros de su partido también han sido increpados, y al secretario general de ICV, Joan Herrera, que iba acompañado de Jordi Miralles, le han tirado una piel de plátano. Por lo demás, todo fueron gritos en contra de los políticos, insultos y gritos[10].

La magnificación por parte de los medios de cualquier acción que sea susceptible de englobarse en ese sesgado epígrafe llamado violencia es habitual, aunque es cierto que los sucesos del Parlamento catalán causaron estupor. Lo que empezó siendo un acto performativo acabó por convertirse en una explosión de ira que pudo interpretarse no como una protesta contra el mal funcionamiento de la democracia sino contra la democracia en sí misma. Sin embargo, hay que dejar constancia de que la violencia en todo este periodo fue enormemente residual por parte de los indignados. A lo sumo se veían imágenes de destrucción de mobiliario urbano tras las manifestaciones, pero eran habituales las imágenes de las palmas en alto y sentadas en acto de resistencia pasiva. Quien se empleó a fondo fueron los cuerpos de antidisturbios. El colectivo fílmico Terrorismo de Autor firmó una pieza titulada Los cuatrocientos golpes[11], en la que tras la música de la película de Truffaut se montaban fragmentos de cargas policiales en un resumen estremecedor que ponía nombre a los verdaderos ejecutores de la violencia.

También es significativo en estos sucesos del Parlament la contraposición entre indignados y políticos, como ya hemos apuntado, sin que el carácter progresista de alguno de ellos importara lo más mínimo. Un día después, el 16 de junio, se da también un hecho significativo por dos factores. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, creada en 2009, tomó un nuevo protagonismo no solo por el número creciente de desahucios, sino también por ser percibida como parte del entramado del 15M. El intento de paralización de uno de estos desahucios, a un inmigrante libanés y su familia, se convirtió en una concentración de 500 personas que presentó a la PAH, uno de los actores clave del nuevo contexto político que se abría. Sin embargo, también se dio otro suceso descriptivo de cómo se entendía la dinámica de protestas que se había abierto. Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida, asistió también a la con­centración desde primera hora de la mañana. «Algunos de los que rodeaban al político ni siquiera sabían de quién se trataba. Su presencia no causó revuelo hasta que, pasadas las 11 y media y una vez logrado el aplazamiento del desahucio, Lara se dirigió a los medios de comunicación.» A partir de ahí Lara fue increpado, tachado de oportunista, zarandeado e incluso empapado al derramarle una garrafa de agua por encima. «Estamos luchando también desde Izquierda Unida, nuestra gente está también en Sol, y en las asambleas de los barrios. Si alguien nos quiere excluir, se equivoca», expresó el líder de IU mientras que los indignados le coreaban el «No nos representa». Una activista de la PAH, presidenta de una asociación de inmigrantes, declaró que «Cayo Lara lleva tres años apoyándonos y la PAH se desvincula de los insultos […] No seamos desagradecidos con los pocos que nos han ayudado»[12].

Cayo Lara, más allá de lo acertado o erróneo de sus posturas, fue uno de los dirigentes más comprometidos con los derechos sociales de la época. De una larga trayectoria comunista, agricultor de profesión, impulsor del sindicato COAG, fue alcalde de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) desde finales de los ochenta y durante toda la década de los noventa, destacando como Coordinador de IU en Castilla-La Mancha precisamente por sus acciones contra la especulación urbanística. La tabla rasa ciudadanista de los indignados, con su eje nuevo-viejo, su «no somos de izquierdas ni de derechas» y su concepto de casta política, no hizo distinciones. Más allá de la evidente injusticia de la que fue objeto Lara, este pasaje ilustra lo que sería una batalla venidera entre el ciudadanismo y la izquierda, que acaparó una buena parte de las conversaciones, asambleas y debates del periodo. No se trataba tan solo del miedo a una instrumentalización por parte de un partido, sino también, insistimos, de un intento de sorpasso por la dirigencia de la protesta, de inspiración posmoderna, a lo que se identificaba como el viejo adversario comunista.

Si las elecciones de mayo no sirvieron para advertir que la sociedad tenía unos tiempos diferentes a los del 15M, entre los días 16 y 21 de agosto tuvieron lugar en Madrid las Jornadas Mundiales de la Juventud, que convocaron a dos millones de personas llegadas de todas las partes del mundo. Les unía su devoción católica y sus ganas de ver al papa Benedicto XVI. Si la capital fue en primavera la verbena de la protesta, en el tórrido verano se convirtió en el parque temático de la cristiandad, en una demostración de la gigantesca capacidad de convocatoria que puede mostrar la Iglesia católica. Algo que empieza en Cibeles con una misa donde se dan cita 800 obispos y 8.000 sacerdotes no se puede calificar de otra manera. Las JMJ fueron todo lo pintorescas que queramos, razones quizá no faltaban ante las imágenes de los jóvenes peregrinos refrescándose en la fuente del Ángel Caído y practicando la simpática coreografía «equis, uve, palito» (de Benedicto XVI, el papa del momento), pero lo cierto es que la ciudad se vio completamente transformada por una especie de invasión tan lúdica como espiritual.

El miércoles 17 se convocó una manifestación para protestar por los costes en dinero público derivados de la visita del pontífice. Los asistentes a la JMJ utilizaban gratis el transporte público y se habilitaron todo tipo de recursos habitacionales para acogerlos, algo que en principio puede entenderse para el buen desarrollo de un acontecimiento de grandes dimensiones, pero que en un tiempo de crisis resultaba un agravio comparativo. La manifestación tenía previsto transcurrir entre Tirso de Molina y Sol. Durante el recorrido ya se registraron algunas llamativas imágenes como la del activista Shangay Lily departiendo con unas jóvenes católicas que, en pía actitud, echaron la rodilla a tierra y se pusieron a rezar en pose de mártir. Pero el encontronazo llegó en la propia Puerta del Sol, donde, para sorpresa de los manifestantes, había organizada una encerrona: la plaza estaba tomada por un número considerable de asistentes de la JMJ. Aunque no se produjeron incidentes de gravedad más que algún intercambio de palabras gruesas, la actitud de Delegación del Gobierno, que tenía el recorrido previo de la protesta laica, fue irresponsable al no haber desalojado la plaza para evitar incidentes, como sí hizo caída la noche mediante cargas policiales contra los manifestantes laicos. Al disolverse aquel despropósito, una extraña y caótica mezcla de manifestantes y jóvenes del papa se entrecruzaron por las calles del centro sin mayor problema, a excepción de algunos elementos ultraderechistas que habían salido esa noche a ver si se podían cobrar alguna pieza. En especial llamaba la atención un individuo vestido de blanco, con dos muñequeras con la bandera rojigualda, que iba olisqueando su odio por Preciados. Noche de mundos antagónicos y a la vez paralelos, aunque fuera por unas horas. Sol como espacio de libertad y represión de ida y vuelta.

Los lectores más atentos notarán que los acontecimientos que transitan por estas páginas se producen siempre a pares. La razón de esta extraña dualidad no tiene que ver con la cábala ni lo esotérico, sino más bien con el propio periodo que se describe. Esta es una historia sobre un gran conflicto provocado por el capitalismo de principios de siglo XXI, un sistema económico rendido a la demencia neoliberal que empezó a mostrar los síntomas más aterradores tras llevar tres décadas devorándose a sí mismo y, por ende, a todas sus expresiones asociadas, desde el sistema político hasta los valores compartidos, la construcción de identidades y su aparato cultural. En este conflicto, los eventos se agolpan en un periodo muy breve de tiempo. Los eventos, es decir, la expresión concreta de las tensiones que se acumulan. Primero llega el aviso, a modo de novedad, de irrupción de lo sucedido por primera vez. Una primera vez donde los actores son incapaces de llegar a una síntesis entre contrarios, a una solución perdurable, donde la causa queda flotante, ya presente, pero irresuelta. A continuación, la onda sísmica provoca nuevos eventos que no son más que la copia del original bajo nuevos síntomas. El volcán del inicio, erupcionando por etapas; los analistas de aquel presente, atribuyendo a cada una de esas explosiones una personalidad propia. A tiempo pasado, con la distancia del presente, es cuando todo toma apariencia de relato, de continuidad, y no simplemente de hechos dispersos tan solo unidos en el tiempo.

Uno de estos acontecimientos a pares fue la reforma del artículo 135 de la Constitución. Si los recortes realizados por el Gobierno de Zapatero fueron el antagonista narrativo de la retirada de las tropas de Irak, el 135 fue la legalización constitucional del austericidio, la rendición de nuestra soberanía a eso llamado mercados, la expresión del dominio de la esfera de lo público por una economía basada en lo especulativo como principal divisa.

A finales de agosto de 2011, el viernes 26, los portavoces del PSOE, José Antonio Alonso, y del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, registraron en el Congreso la proposición de reforma constitucional para consagrar legalmente el principio de estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta en el pago de los intereses de la deuda pública. Al siguiente viernes, 2 de septiembre, se votó en el hemiciclo la reforma del artículo 135, dando su aprobación el primer partido de la oposición, el PP, y el Gobierno, el PSOE, a excepción de su diputado Antonio Gutiérrez, el antiguo secretario general de Comisiones Obreras. «Lo que había resultado imposible durante siete años –poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional– se ventiló ayer en el Congreso, por sorpresa, y en diez minutos, los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla, y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla»[13].

CiU y PNV se abstuvieron. Coalición Canaria y UPyD votaron en contra. La pléyade del resto de partidos, encabezada por IU y ERC, se ausentaron de la votación. Aquel viernes de septiembre fue el día en el que lo que sucedió en 2010, la capacidad de los mercados de imponer su agenda económica a un Gobierno democráticamente elegido, se hizo ley a propuesta de ese propio Gobierno para intentar evitar la intervención de la Unión Europea sobre las cuentas de nuestro país.

La propia votación en sí misma ya fue un acontecimiento prácticamente inédito en nuestra democracia. Tan solo existía el precedente de 1992, cuando se modificó la carta magna para adaptarla a la capacidad de voto de los extranjeros comunitarios. Lo cierto es que durante décadas se habían puesto diferentes reformas encima de la mesa, como la de la sucesión real para permitir que el heredero sea el primer nacido, independientemente de que sea o no varón, en una especie de progresismo simbólico y de conjuración de los episodios carlistas del siglo XIX. La dificultad es que cualquier reforma que afecte a lo que se consideran los principios básicos o la estructura del Estado no requiere tan solo del procedimiento ordinario, la aprobación por una mayoría de tres quintos, sino del agravado que implica varios trámites parlamentarios, unas nuevas elecciones generales y una ratificación final en referéndum. Desconocemos si la ruptura del techo de cristal para las princesas primogénitas podría tener un impacto notable en la vida de los ciudadanos, sí que la reforma del artículo 135 liquidó el espíritu social de nuestra Constitución.

Las leyes, sobre todo las de mayor importancia, no son el producto tan solo de las intenciones de los hombres de Estado, como así narró la historia oficial nuestra Transición, sino el resultado de un complicado equilibrio de fuerzas entre actores con intereses discordantes. Así, artículos como el 128, «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», fueron la constatación sobre el papel de que a finales de los setenta la izquierda como expresión política del movimiento obrero tenía un peso del que en 2011 carecía. La reformulación del 135, de hecho, dejaba este y otros artículos como simple arqueología legal.

Además, en aquella votación se rompió también la mitología del consenso constitucional al dejar fuera a los nacionalistas, que aprovecharon para pedir la inclusión de una salida para la autodeterminación, y de la exigua izquierda. La explicación no entra dentro de la categoría moral, lo que se debe hacer, sino de la práctica, lo que se puede hacer, demostrando que quien ostenta el poder solo llega a acuerdos, comparte ese poder, cuando su capacidad de imponerlo está limitada por las circunstancias, a menudo sociales. En España, en 2011, asistimos a una inédita y numerosa movilización social, que sin embargo carecía de capacidad para ser un actor político. Las leyes regulan el poder, pero a la vez son la expresión del dominio del mismo.

Si esta votación se produjo el 26 de agosto, tres viernes antes, el día 5, Jean-Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, envía una carta estrictamente confidencial a Zapatero, también firmada por Miguel Ángel Fernández Ordoñez, gobernador del Banco de España. Tras salir la correspondencia a la luz a finales de 2014 pudimos enterarnos de que el BCE exigía al Gobierno sustituir la negociación colectiva por los acuerdos de empresa, abolir las cláusulas de ajuste de los sueldos a la inflación y rebajar las indemnizaciones por despido. Asimismo, también se asumía que el Gobierno debía tomar medidas respecto a las finanzas públicas, entre las que se encontraba lo que contenía la reforma del 135.

¿Qué implicó reformar el artículo 135? En primer lugar, que todas las administraciones públicas se tenían que adecuar al principio de estabilidad presupuestaria, y, en segundo lugar, que el pago de los intereses de la deuda tenía prioridad absoluta. Dicho así quizá suena hasta razonable, sobre todo si compramos el argumento de que la crisis fue debida a que «gastamos más de lo que teníamos».

Como vimos en el anterior capítulo, la crisis no fue de un recorrido único desde 2008, sino que tuvo su onda sísmica en 2010 en algo que ya no eran las consecuencias de un crecimiento económico basado en el crédito, como una forma del sector bancario de multiplicar sus ganancias, incluso a costa de poner en riesgo su propia supervivencia, sino que tuvo más que ver con los movimientos de los fondos especulativos y las agencias de calificación, cabezas de la misma hidra, para aprovechar la debilidad de los Estados periféricos europeos y así hacer un negocio de magnitud incalculable con la especulación contra la solvencia de su deuda pública.

La ortodoxia neoliberal, asumida por las autoridades europeas, explicaba este latrocinio a gran escala con la asunción de que cuanto mayor gasto tenían los Estados, mayor necesidad de financiación externa requerirían, obviando la fiscalidad y las propias políticas económicas expansivas, pero sobre todo la certeza de un Estado para devolver esa propia deuda. Así se justificaba que los análisis de las agencias de calificación no eran parte de la espiral del pánico que hundía el valor de esa deuda y disparaba el de sus intereses, sino una forma de medir lo confiable que era un país para pagar los intereses de su deuda soberana.

Lo que se obviaba es que los Estados habían funcionado bajo escenarios de déficit, cuando podían compensar su balanza con política monetaria, ahora en manos del BCE. Se asimiló el modelo empresarial al estatal, como si los Estados se vieran obligados a tener beneficios, para que los que hacían negocio con su sistema de financiación de emisión de bonos no se preocuparan, cuando realmente esos especuladores eran los que habían acrecentado el pro­blema. La primera pregunta es si servicios esenciales vinculados a los derechos sociales como la sanidad o la educación deben tener beneficios. La segunda es la superposición de las necesidades del mercado por encima de la propia democracia, ¿de qué valen las propuestas económicas de tal partido si, aun siendo consideradas óptimas por la ciudadanía en unas elecciones, no se pueden aplicar?

En el Congreso, la izquierda del PSOE era meramente testimonial, ya que IU tenía dos diputados, junto a los catalanes de ICV, y formaba grupo parlamentario con ERC, con tres parlamentarios. Gaspar Llamazares, líder de IU que ocupaba su único escaño en el Parlamento, bloqueó las enmiendas de CiU para que la votación fuera sobre el texto original y señalar así el carácter unívoco de la reforma por parte de los dos grandes partidos, en aquel momento absolutamente hegemónicos. «Ahora hay que estar en el Pleno. Luego denunciar y recurrir el golpe del PP-PSOE al Tribunal Constitucional. Y por la tarde marchar en manifestación»[14], expresó el líder de IU en referencia a la convocatoria que el 15M había planteado para ese viernes.

Al grito de «ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero», los indignados marcharon ayer entre Atocha y la plaza de Neptuno para protestar por lo que llaman «mercadocracia», que, como denuncian, habría suplantado a la democracia. En el extremo opuesto, la canciller alemana, Angela Merkel, de quien proviene la idea de incluir el principio de estabilidad financiera en las constituciones europeas, felicitó ayer en persona en París al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo también a distancia el miércoles, y se unieron a ella la OCDE, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y agencias de calificación como Moody’s[15].

Este párrafo quizá resuma a la perfección los actores y la contradicción que estaba encima de la mesa. De un lado, un sujeto político en formación, los indignados, tan plural como abstracto, tan dinámico en su respuesta como difuso en su propuesta, incapaz en todo caso aún de marcar la agenda. Del otro, unos partidos mayoritarios que habían confirmado de forma brutal la acusación bicéfala de las plazas. Más allá lo que era un tsunami de presión entre los líderes de las potencias europeas, las instituciones económicas mundiales y el propio entramado financiero. Obviamente un bando lo tenía todo de su parte.

Quizá lo que debería escribir ahora, lo que se podría esperar de este libro, sería un párrafo heroico apelando a que el Gobierno debería haberse resistido a esta legalización del chantaje, que un pueblo movilizado debería haber defendido la democracia en un referéndum. Solo quizá, porque unos años después una coalición de izquierdas llamada Syriza llegó al Gobierno de Grecia y enfrentó esa épica popular a los mercados, dando como resultado una derrota estrepitosa. Comportarse como adultos, la película de Costa Gavras sobre aquel pulso entre el país heleno y la Unión Europea, dejó testimonio en 2019 de cómo sucedió todo aquello, de cómo existe un abismo de proporciones bíblicas entre lo que debe ser y lo que es, entre la razón y la posibilidad para defenderla.

Juan Torres, economista de la Universidad de Sevilla, explicaba unos años después que la reforma del 135 «ha forzado a contener gastos que hubieran sido necesarios para impulsar la actividad económica […] obligando a las administraciones públicas que tenían su­perávit a destinarlo a la deuda y no a impulsar la economía»[16], mientras que Rodolfo Rieznik, miembro del patronato de Economistas Sin Fronteras, opinaba que «Hicieron la modificación para poder obtener el rescate financiero. Fue una garantía para que los capitales no asumieran ningún riesgo, ya que pasaron a estar amparados por la Constitución […] Nosotros pensamos que los políticos tienen que gobernar para la gente y no para los inversores».

Unos meses antes de estos decisivos días finales de agosto, Alfredo Pérez Rubalcaba, un histórico dirigente del aparato del PSOE, una de las personas que mejor conocían en este país los resortes del Estado y la política, fue elegido candidato del PSOE a las elecciones de noviembre, en una maniobra que daba por finalizado el zapaterismo y que volvía a situar al PSOE en manos de aquellos que formaron parte de los años de poder de Felipe González.

José Bono, presidente del Congreso en ese momento, recogió en su libro de memorias, Se levanta la sesión, la tensión de aquellos días, atribuyendo a la dirigente socialista Elena Valenciano el siguiente pasaje:

Estamos estos días intentando mitigar la herida que va a suponer para el PSOE la reforma constitucional del artículo 135 y anoche, subiendo Alfredo y yo de la cuarta a la quinta, en la que trabajan los economistas que nos echan una mano, Rubalcaba se sentó en un escalón y empezó a llorar como un niño. «No puedo hacerle esto a mi partido, Elena.» Lloró abrazado a mí un buen rato. Luego, su sentido de deber se impuso[17].

El sector de Rubalcaba, el aparato socialista, fue oposición interna en el PSOE a la reforma, pero a la vez dejaron públicamente testimonio de su postura, como el dirigente socialista extremeño Guillermo Fernández Vara, que expresó en redes sociales que «habrá que explicar si hay alguna razón que impida someter a referéndum la anunciada reforma constitucional, porque, si no se hace, nadie la entenderá y la mayoría social estará en contra, yo el primero»[18]. Esta oposición pudo ser fruto de varias contingencias, pero sobre todo la de intentar salvar a un candidato, Rubalcaba, que partía totalmente lastrado tras la reforma pactada con el PP, algo que su electorado penalizaría. La gran paradoja es que el sector clásico del PSOE, más a la derecha que Zapatero, le sobrepasó por la izquierda. Este protagonista, el poder de Ferraz, volverá a aparecer en esta historia más adelante tomando justo una posición contraria a la postura que defendió en 2011.