Desafíos migratorios: realidades desde diversas orillas

Generalmente, la persona que decide migrar, ya sea sola o con su familia, experimenta cierta vulnerabilidad debido a su condición misma. La vulnerabilidad que enfrentan los migrantes, sobre todo los indocumentados o irregulares⁴, los acompaña en todo momento por el simple hecho de haber cruzado una frontera y entrar a un país del que no son ciudadanos; es importante tener en cuenta que son los Estados quienes tienen la potestad de establecer fronteras, y por esto tienen la obligación de reconocer y garantizar derechos a las personas que estos consideren. Especialmente y hasta cierto punto de manera racional, estas garantías y protecciones son brindadas a los connacionales, aumentando así la brecha de desprotección en la que se encuentran los migrantes.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, el término migrante desamparado “describe situaciones en que un migrante no está en condiciones de permanecer en el país de destino o de tránsito, no está en condiciones de retornar al país de origen y no puede trasladarse a un tercer país, y suele ser sumamente vulnerable y padecer angustia”. Las situaciones de crisis y de emergencia no son más que una de las posibilidades entre muchas otras que pueden propiciar la situación de desamparo; en este contexto, lo más prudente es que los Estados receptores⁵ brinden la protección y asistencia necesaria para garantizar el respeto por los derechos inherentes y fundamentales (OIM, 2012).

Demarcación de diferencias en lo cultural, jurídico, económico

Ahora bien, la OIM identificó que muchas de las vulnerabilidades pueden tener origen en una situación cultural: la barrera lingüística y el paso de una cultura a otra puede ser una situación incómoda que no le permite al migrante desarrollarse con plenitud en el país de recepción y que puede generar todo tipo de dificultades. Las diferencias culturales entre los migrantes y la población en los lugares de tránsito y destino son a menudo la causa de la incomprensión de los locales hacia los migrantes. Los Estados deben reconocer la riqueza cultural de las personas que migran y las de su Estado mismo, para de esta forma generar políticas públicas que fortalezcan la interculturalidad, entendiendo la cultura como un derecho universal.

La situación jurídica: muchos de los migrantes pueden no estar en situación regularizada dentro del país receptor, por tanto, su estadía sería irregular. No obstante, aquellos que están en situación regular pueden estar realizando las diligencias necesarias para poder obtener asilo o refugio, pero para alcanzar dichos estatus se han establecido plazos de tiempo que superan los que brinda el país destino para ubicarse en su territorio de manera regular y transitoria. Esta particularidad se convierte en un desafío que se traduce en un estado de vulnerabilidad de las personas migrantes, que se manifiesta a través de sus relaciones con el Estado en los países de tránsito y acogida, en el trato diferencial que este proporciona a sus nacionales y a los extranjeros y en la extrema desprotección de los migrantes frente a las fuerzas del crimen organizado.

La situación económica de los migrantes forzados a desplazarse es, por definición, precaria, dada la urgencia con la que se emprenden los desplazamientos, así como la situación misma en el país de origen que ha impulsado hacia el movimiento territorial. Es entonces común encontrar que “los ingresos y medios de sustento de los migrantes (y típicamente de familias o comunidades enteras) pueden depender únicamente de las ganancias en el país de destino” (OIM, 2012, p. 4), generando así una dependencia insalubre frente a la consecución de una vida digna en toda su macrodefinición. Las remesas llegan a constituirse como única fuente de sustento económico ante la imposibilidad de encontrar medios de trabajo e ingreso en territorio nacional. “Cuando los migrantes se ven forzados a retornar repentinamente a sus países de origen, pueden regresar al desempleo y a la deuda” (OIM, 2012, p. 4). Otras situaciones generadoras de vulnerabilidad son las relativas a cuestiones de género, edad o salud, lo que no hará más que agravar su situación en tiempos de crisis (OIM, 2012). Por ello, se plantea como interrogante ¿qué tan efectiva es la proclamación de protección a los derechos humanos que se hace en distintas constituciones?

Organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (2012) han resaltado que la responsabilidad de los Estados es proteger y prestar la asistencia necesaria a las poblaciones migrantes en relación con el derecho internacional. Es un deber de los Estados garantizar la protección y asistencia a los migrantes vulnerables y esta responsabilidad recae, por tanto, en el país de destino, en el país de tránsito al que huyeron los migrantes y en el país de origen que es responsable de sus nacionales, incluso cuando están en el extranjero.

Dignidad humana y la alarmante desconexión entre la teoría y la práctica⁶

La situación misma de la migración es, entonces, una paradoja social, dada la incapacidad de un Estado por brindar condiciones mínimas de dignidad y la consecuente necesidad de buscar en otro esas características mínimas. De ella se desprenden situaciones tan difíciles como las descritas por Ciurlo, al afirmar que el desplazamiento transnacional implica conflictos en el campo personal que se traducen pluralmente en aspectos de la esfera económica, social, cultural y psicológica (Ciurlo, 2013). Según lo expresado por De Alencar Rodríguez, Cantera y Strey, hay un colapso en el ámbito de la familia y los amigos, y una consecuente falta de redes sociales y apoyo; además, hay una precariedad laboral y dificultades económicas. Se forja un entorno de aislamiento social y es casi como si las personas fuesen encarceladas (De Alencar Rodríguez, Cantera y Strey, 2013).

Se llega a generar un utilitarismo de la persona, pues son bienvenidos solo cuando es necesario para ocupar trabajos no deseados o para satisfacer la falta de cierto tipo de fuerza laboral para trabajo obrero. Aunque se pretende vivir en un mundo globalizado donde no se construyen barreras, la verdad es que los gobiernos crean mecanismos para detener los flujos migratorios (Aruj, 2008), y las normas que responden a la situación solo priorizan el desarrollo de modelos económicos que no consideran el bienestar de la persona como titular de derechos. Una persona se convierte, entonces, en una herramienta con el objetivo de impulsar el crecimiento comercial (Sánchez Mojica, 2014), y su bienestar como sujeto pasa a un plano secundario.

Según Humphrey, al criticar a Ravenstein, “la conclusión de que la migración era más bien distinguida por su anarquía que por tener una ley definida” (Humphrey, 1889) es lo que se dijo al referirse a las normas regulatorias relacionadas con la migración. Esa afirmación no está desactualizada y la situación se ha desarrollado de manera similar en los últimos cien años. No porque no haya leyes, porque, de hecho, las hay; sino porque esas leyes no cumplen con las necesidades reales de las personas.

La situación particular de que Europa sea un territorio común dificulta las alternativas disponibles para los solicitantes de asilo. No solo es necesario comprender lo que está regulado por cada Estado individual, sino también ha de cumplirse con los principios básicos vinculantes europeos. Desconocer el sistema legal del país de acogida se traduce en el desconocimiento de cómo se deben respetar y promover los derechos. Y como si eso no fuese suficiente, la Unión Europea, para proteger el bienestar de sus ciudadanos permanentes, desarrolló regulaciones que permiten expulsar legalmente a los refugiados y ponerlos en una situación de incertidumbre al trasladarlos de un lugar a otro.

Se dice que la Unión Europea se basa ante todo en los valores. El preámbulo y los primeros artículos de la Constitución marcan la pauta: la Unión “se inspira en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa” (European Parliament, 2005, p. 9) y defiende los valores universales: los derechos de la persona humana, la libertad, la democracia, la igualdad y la regla de la ley. Aspira a “estar unido en la diversidad” y abierto a todos los Estados europeos que respetan sus valores (European Parliament, 2005). Es difícil entender la lógica detrás de la Reglamentación de Dublín⁷, que redunda en una vulnerabilidad más amplia de los derechos humanos. A manera ilustrativa de lo que esta Reglamentación dispone, se copia a continuación un párrafo publicado en manual informativo del gobierno español:

El hecho de que usted haya solicitado asilo en este país, no garantiza que vayamos a examinar la solicitud aquí. El país que examinará su solicitud se determinará mediante un proceso establecido por una ley de la Unión Europea denominada comúnmente el “Reglamento de Dublin”. Con arreglo a esta ley, solo un país es responsable de su solicitud. Esta ley se aplica en toda una región geográfica que abarca 32 países….. […] en total, el procedimiento de Dublín puede durar, hasta su traslado al país correspondiente, hasta 11 meses en circunstancias normales. (Ministerio del Interior Gobierno de España, 2014)

La regulación se justifica al considerar que no todos los Estados miembros pueden garantizar audiencias imparciales de solicitudes de asilo, que algunos Estados deciden detener a personas para transferirlas a otro país bajo la concesión otorgada por la Reglamentación de Dublín, y que la Unión Europea (en adelante, UE) apenas es capaz de rastrear tales conductas. En consecuencia, se ha comprobado que más de 10.000 niños migrantes han desaparecido después de llegar a UE (Sigona y Allsopp, 2016).

El mundo ha sido testigo de lo que se ha descrito como un genocidio imperdonable. Según cifras oficiales de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, a junio de 2017, el punto más alto en décadas se había alcanzado en términos del número de personas obligadas a trasladarse. La cifra sin precedentes fue de 65,6 millones en 2017 y 68,5 millones en 2018 personas que fueron arrancadas de sus hogares por causas atribuibles al conflicto (ACNUR, 2018). De ese gran total de casi 69 millones, es posible afirmar que más del 30% tiene el estatus de refugiado. Por supuesto, los números son considerablemente más altos que los alcanzados después de eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial⁸, cuando el movimiento de personas comenzó a ser una constante y la Agencia de la ONU para los Refugiados se creó por primera vez. Además, el 51% de esas cifras se otorgarán a los refugiados menores de 18 años.

Las huidas son el resultado de los más de 40 conflictos armados que existen hoy en el mundo y cuyo desarrollo se ha centrado en los países de Siria, Nigeria, Iraq, Sudán del Sur, Libia, Afganistán, Palestina y Yemen. El segundo país que presenta la mayor cantidad de desplazados forzados es Colombia, con 8 millones de personas⁹, de las cuales el 98% se han desplazado dentro del país.

El conflicto siempre va acompañado de pobreza, desigualdades, hambre y falta de oportunidades. También se acompaña de la indiferencia internacional y el egoísmo de la comunidad mundial que, bajo la excusa de no tener mecanismos de acogida suficientes o adecuados, decide cerrar las fronteras pasando por alto los tratados internacionales superiores, que en teoría lo impedirían. Esta situación se refleja en los miles de campos de refugiados que recuerdan a los campos de concentración laboral que prevalecieron durante la Segunda Guerra Mundial y que ahora se han colocado en las fronteras del Mediterráneo, por ejemplo, en Grecia, donde más de 50.000 personas han sido retenidas sin poder avanzar o retirarse; o en Hungría, donde se han erigido cercas para evitar que los inmigrantes entren en Europa. Polonia y la República Checa también se encuentran en esta posición o niegan la entrada de refugiados en tierras de la UE (AFP Bruselas, 2017). Viktor Orban, primer ministro de Hungría, incluso ha afirmado que recibir población migratoria es indeseable porque llevaría a la nación a perder su identidad cristiana, siendo así un suicidio espiritual (Visegrad Post, 2017). Declaraciones como esa ponen en evidencia la apreciación xenófoba por aquel que se considera diferente.

La Unión Europea había definido distribuir y recibir un cierto número de refugiados de acuerdo con sus posibilidades de integración del solicitante, respecto del destino de acogida en términos de sustento. La siguiente tabla recopila los datos respecto a la cantidad de personas que en efecto han tenido la posibilidad de ingresar al territorio común europeo gozando del estatus de refugiado, frente a aquellos que habrían de haberlo hecho en virtud de las cuotas establecidas pero no han podido hacerlo, debido a los obstáculos erigidos.

Tabla 1. Establecimiento y cumplimiento a las cuotas de refugiados

Fuente: Diario El Mundo, España, 2018.

Los datos que se presentan son la conciencia de una realidad devastadora, una realidad que sería inhumano ignorar. Acudiendo a Primo Levi (2010), la indiferencia colectiva ante la violación masiva de los derechos humanos plantea una actitud punible, haciendo referencia ante lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial y cómo la indiferencia que se produjo en ese momento, la falta de reclamos y el testimonio distante de atrocidades hizo de los ciudadanos comunes, aliados del régimen genocida. Estar en silencio y no poder realizar actos de oposición puede ser tan reprensible como los actos perpetrados por el régimen.

De las necesidades de la persona migrante

Ante este escenario, es pertinente preguntarse cómo está preparada la Unión Europea para atender las necesidades de miles de personas que buscan asilo en ese territorio, bajo la creencia de que es la única forma posible de sobrevivir. Esa supervivencia viene junto con la necesidad de tener un trabajo decente y estable, acceso a educación de calidad; significa atención oportuna a los problemas de salud y encontrar un lugar dentro de la sociedad de acogida. Significa sentirse bienvenido y capaz de seguir un plan de vida, y no solo para sobrevivir.

Es importante conocer las estadísticas de las posibilidades actuales que tienen los ciudadanos europeos con respecto a esos mismos asuntos. El mercado de trabajo en la Unión Europea pudo ofrecer a 71,1% de las personas entre las edades de 20 y 64 años un lugar de trabajo o una oportunidad de trabajo decente (Eurostat, 2017). Al analizar esas mismas estadísticas, país por país, los resultados relativos a las naciones con menor cobertura de espacios de trabajo serían Yugoslavia-Macedonia, 53,3%; Turquía, 54,4% y Grecia, 56,2%. En el otro extremo, los países con mayor capacidad para ofrecer un espacio de trabajo decente y su cobertura son: Suecia con 81,2%, Suiza, 82%, e Islandia con el 87,8% de la población activa y empleados.

Con respecto al acceso a la salud, la mayoría de los países de Europa tienen lo que se conoce como un sistema de acceso universal en cuestiones de salud. Que, en términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), significa que hay un acceso garantizado para todos, a los servicios de salud esenciales. Ser de la mejor calidad y procurar a las personas los medicamentos, las vacunas, los seguros efectivos y asequibles y la protección especial contra posibles riesgos financieros debido a problemas de salud. Significa que las personas pueden contar cómodamente con los servicios de salud médica, sin tener que enfrentar dificultades financieras para cubrirlos, y que las instalaciones incluyen procesos preventivos, tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos (OMS, 2017).

En cuanto a la Educación Primaria Universal planteada en uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como anhelo para muchos, desde hace más de cien años es una realidad dentro de Europa.

Siendo así, es posible llegar a pensar que, con base en las cifras anteriores, Europa debería estar en condiciones de proporcionar, si no de manera definitiva; una solución transitoria decente para las personas que han solicitado asilo, de diversas formas. Por ejemplo, al otorgar un acceso básico al sistema de salud, lo cual se traduciría a su vez en un mecanismo de prevención ante la proliferación de enfermedades. También, al reconocer la capacitación profesional, técnica y tecnológica de quienes llegan y la educación previa adquirida en sus territorios de origen.

Actualmente la UE ha acordado una serie de medidas para hacer frente a la crisis migratoria¹⁰, entre las que se incluye tratar de resolver las causas, reubicación a los solicitantes de asilo que ya se encuentran en Europa, reasentar a las personas necesitadas de los países vecinos e incrementar la ayuda a las personas que necesitan asistencia humanitaria. Pero lo anterior no se convierte en una solución a la población migrante en la UE, muchos de estos procesos son demorados y no permiten tener atención oportuna y prudente a la situación por la que atraviesan estas personas.

Conclusiones

En el año 2014 el número de solicitantes (563.000 personas) de asilo en países de la Unión Europea y especialmente del Mediterráneo comenzó a ascender. Los años 2015 (1.257.000 nuevos solicitantes) y 2016 (1.206.000 nuevos solicitantes) marcaron los picos más altos de solicitantes, y a partir del año 2017 (655.000 nuevos solicitantes) esa cifra comenzó a descender, teniendo como cifra más reciente los datos correspondientes al año 2018 con 581.000 nuevos solicitantes de asilo (Eurostat, 2019).

Lo anterior encuentra un reflejo en la toma de decisiones políticas consideradas violatorias de los derechos fundamentales e inconscientes de la condición humana. Varios países de la UE intentaron mantenerse al margen de la situación y para lograr frenar dicho éxodo comenzaron a construir vallas y muros en las fronteras que no permitiesen el paso de migrantes, desde los países en conflicto. En la provincia turca de Erdine, hay una valla de 12,5 kilómetros, construida desde el 2013 y que fue financiada con tres millones de euros de fondos europeos. Por su parte, Bulgaria decidió por medio de apoyo económico comunitario, construir 112 kilómetros de alambrado en localidades fronterizas. Lo mismo sucede en países como Hungría y España (Vargas, 2016). Esfuerzos económicos que en lugar de estar siendo dirigidos hacia la implementación de soluciones sostenibles y socialmente integradoras de la persona desplazada contribuyen al aumento de brechas segregacionistas.

Dicho cierre terrestre de fronteras incrementa la migración por afluentes que se convierten en un riesgo inminente para cientos de migrantes. El Mediterráneo, por ejemplo, se ha convertido en un obstáculo que ha acabado con la vida de miles de personas que buscan llegar a Europa, navegando en él. Desde el 2014, los muertos superan la cifra de 3.000 cada año, incluso el 20 de abril de 2015 un hundimiento de un barco pesquero a 120 millas al sur de Lampedusa acabó con la vida de 700 personas que buscaban llegar a Europa; para finales del 2017, la cifra llegó a los 3.003. Desde el 1.^o de enero de 2018 al 24 de septiembre de 2018, 1.730 personas perdieron la vida (OIM, 2018).

La decisión de restringir el ingreso de más refugiados es opuesta a los ideales detrás de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tanto ha sido referenciada como fundacional en los principios constitucionales de los países mediterráneos. La ayuda humanitaria se ve obstaculizada, las nuevas barreras crean más desorganización y patrocinan el tráfico de personas, la trata de personas y la explotación laboral en medio de las redes transnacionales del crimen organizado. Ello aumenta la vulnerabilidad de los migrantes y obstruye el trabajo de las autoridades (Reyes Betancourt, 2018), y de manera paralela perjudica las condiciones de vida en los países receptores. Grecia atravesó una crisis monetaria, Italia ha estado inmersa en situaciones de migración ilícita por acuerdos con su vecina Libia, contribuyendo así al establecimiento de una sociedad sin ley y a la desestabilización de un estatus regular (The Economist, 2017). Estas situaciones que derivan como conexas a la de flujos de personas migrantes contribuyen a que la percepción de las personas que han sido desplazadas sea negativa.

Por su parte, los mecanismos que han buscado implementarse para hacer frente a la situación, como lo es el reglamento de Dublín por medio del cual la UE establece criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo, se han convertido en la piedra en el zapato para muchos migrantes. Lo anterior, debido a que establece que el país al que ingresa por primera vez un migrante a territorio europeo debe ser el mismo que gestione la solicitud de refugio o asilo de la persona. Dentro de los principales objetivos de dicho reglamento, se enmarcan el evitar que una persona pida refugio en más de un país a la vez y que cada refugiado escoja el país donde quiere ir (asylum shopping); también, que una persona no se encuentre en Europa sin que algún país examine su solicitud (orbiting)¹¹. Este sistema hace que se genere un criterio de responsabilidad, mas no de solidaridad ni de equidad, aunque la crisis migratoria exige de parte de los Estados responsabilidad en cuanto a la solución de la legalidad. En otros casos, dada la ubicación geográfica de los países por donde entran los flujos migratorios, se genera el no poder solicitar asilo en otro Estado que, aunque es miembro de la UE, no permite hacerlo. Lo anterior genera demora, retrasos y dificultad en los trámites, ya que la mayoría de solicitantes piden asilo en un país distinto del que llegaron en primer lugar. Cómo se mencionó en un apartado anterior, se están tomando hasta 11 meses para tramitar la solicitud, tiempo en el cual se desencadenan graves problemas y la vulnerabilidad de la comunidad de refugiados es mayor.

Los refugiados y los migrantes, al ser parte de la comunidad conformada por cada ser humano, merecen un reconocimiento adecuado de los derechos fundamentales instaurados en las Constituciones desde el primer momento después de llegar al destino de acogida. Las personas migran

en condiciones legales difíciles; sus calificaciones están devaluadas en los países de destino y, como resultado, se ven obligadas a aceptar puestos en los segmentos de bajos ingresos del mercado laboral, incluido el sector informal, aunque esto no se ajusta al estatus al que legítimamente podrían aspirar en sus países de origen con referencia a su educación, sus antecedentes familiares y/o sus experiencias profesionales. (Nieswand, 2011, p. 3)

La formulación de políticas, que implica el reconocimiento de estudios previos, el acceso gratuito a servicios mínimos de salud, la provisión de incentivos a posibles proveedores de empleo y la contribución a la generación de actividades económicamente productivas, podría establecer un nuevo comienzo mejor, que respete los derechos humanos y fundamentales pero, sobre todo, que acepte que los migrantes, independientemente de la situación que los haga tomar la decisión de huir de su país, son seres humanos, que merecen un trato digno y el respeto por su condición de persona. El paradigma del derecho constitucional del siglo XXI se centra en la materialización real y efectiva de todos los derechos que se encuentran dentro del sistema jurídico que ha conducido hacia la constitucionalización del derecho en todo su espectro. Bajo esta misma lógica, esa constitucionalización no puede fijarse como utópica sino que debe asegurarse de que sea real.

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