Retos para enfrentar el cambio climático en Colombia

Erika Castro-Buitrago, Juliana Vélez-Echeverri y Mauricio Madrigal-Pérez, en su capítulo titulado “Migración involuntaria y reasentamiento: asuntos pendientes en la agenda política y legislativa de adaptación al cambio climático en Colombia”, resaltan la debilidad de la política nacional, la legislación y la gestión de riesgos interna en la materia y, por tanto, el incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. La migración involuntaria de la población, motivada por el riesgo o la ocurrencia de un desastre, como consecuencia del cambio climático, es una categoría emergente en los estudios jurídicos. Los informes científicos han puesto sobre la mesa la gravedad del tema; no obstante, su reconocimiento como prioridad en la agenda mundial y, por tanto, el desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes no ha tenido hasta ahora resultados. En Colombia, a pesar del historial de las catástrofes climatológicas que han dejado miles de víctimas, todavía no se logran establecer las condiciones especiales de atención a esta población y una regulación de medidas de adaptación y restauración de derechos.

Para su análisis, los autores parten de una necesaria conceptualización de la migración y el reasentamiento por efectos del cambio climático, para luego identificar el estado de la legislación y política interna en el tema. Por último, citan algunos casos en los cuales se aprecia cómo la falta de un marco conceptual y la insuficiencia de las respuestas del ordenamiento jurídico tienen como consecuencia, en lo que atañe a los procesos de reasentamiento de la población, la violación de derechos humanos.

El capítulo “La inclusión como elemento integrador de las estrategias de adaptación al cambio climático: el caso del Plan 4C en la ciudad de Cartagena de Indias”, escrito por Mauricio Luna-Galván, Iván Vargas-Chaves y Anna María Franco-Gantiva, toma como punto de partida la formulación de estrategias y políticas para adaptarse al cambio climático; tema que se está convirtiendo en un norte de las políticas locales de las ciudades del mundo desarrollado y en desarrollo.

En 2014 se presentó el Plan 4C, en el caso puntual de Cartagena de Indias, una ciudad que está emergiendo como centro turístico internacional y centro económico nacional. A partir de este plan se identifican vulnerabilidades y se formulan directrices para mejorar su competitividad y adaptación al cambio climático. Sin embargo, existen evidencias de la compleja realidad social y ambiental de la ciudad, la cual contrasta con su perspectiva e imagen económica.

Este capítulo tiene como objetivo analizar dicha realidad teniendo en cuenta factores sociales, económicos y ambientales, con base en datos documentados de la ciudad. El análisis demuestra que las zonas urbanas requieren una intervención sostenible urgente desde su contexto y, por lo tanto, se pretende argumentar que el uso de un enfoque integral e inclusivo en las estrategias y planes de la ciudad para adaptarse al cambio climático desempeñan un papel crítico.

El estudio de temas de migración, reasentamiento y programas de adaptación que se incluyen en este documento es un enfoque complejo mediante el cual se presentan aspectos sociales, económicos, ecológicos y culturales. De esta forma, se apunta a establecer tanto los impactos como las tareas que en estos momentos se están realizando en el país, desde las regiones y las ciudades, que son o pueden tornarse vulnerables como consecuencia del cambio climático.

Por último, se destaca en la parte final de esta obra, la reflexión realizada por la profesora Adriana Sánchez sobre los retos de la academia frente al cambio climático. Los problemas del cambio climático son de diversas escalas y magnitudes, transversales, multifactoriales e interdisciplinarios, y en cuanto a estos la academia, definida como el ambiente o comunidad en el que se lleva a cabo la investigación y la educación, enfrenta sus propios desafíos.

Uno de los principales retos de la academia es poder brindar herramientas a quienes aprenden una o varias disciplinas, para abordar situaciones y problemas, algunos tal vez conocidos para los profesores y otros no. En el caso del cambio climático tenemos predicciones acerca de lo que puede pasar, y sabemos que traerá repercusiones, pero no sabemos con certeza a qué escala o magnitud; por lo tanto, el papel que desempeña la academia se vuelve aún más relevante, pues debemos darles herramientas a los estudiantes para que puedan encontrar sus propias soluciones.

Así, en este capítulo se abordan varios de los desafíos que tiene la academia y algunos aspectos claves sobre el cambio climático. Por último, se sugieren algunas acciones que pueden abordarse para apoyar la investigación, adaptación, mitigación e implementación de medidas frente al cambio climático.

Estos planteamientos son fundamentales, en especial si se tiene en cuenta, como lo propone el profesor Guzmán-Hennessey, que el rol de la generación que está creciendo durante este problema del cambio climático es esencial para recuperar algo de esperanza, pues a ellos les corresponde pensar sobre su futuro y el de sus hijos en un escenario de protección del ambiente sin dejar de pensar en el riesgo que corremos (Guzmán-Hennessey, 2012).

Para cerrar este apartado, consideramos pertinente mencionar que este texto recoge algunas de las conclusiones del foro “Avances y retos del cambio climático en Colombia”, realizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en el cual los expertos sociales e institucionales discutieron sobre las perspectivas que frente a este problema ambiental tienen en el país las instituciones, la sociedad civil y la academia, además del protagonismo de las políticas y el régimen jurídico nacional e internacional; asimismo, debatieron sobre los desafíos y principales retos que se tiene sobre la materia. Es de nuestro interés aportar al debate que consideramos debe continuar con la participación activa y propositiva de la academia.

Bibliografía

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Notas

* Profesora titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Abogada, Ph. D. en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Medio Ambiente y Desarrollo, y especialista en Derecho Ambiental, en Negociación, Conciliación y Arbitraje, y en Derecho Médico-Sanitario. Actualmente es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. ORCID: 0000-0002-4194-1259. Correo electrónico: gloria.rodriguez@urosario.edu.co

¹ El cambio climático ha sido definido como un “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables” (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

² El Acuerdo de París tiene como objetivo primordial reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Fue recientemente ratificado por Colombia mediante la Ley 1844 de 2017 y ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-021 de 2018, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.

³ Como ejemplo de ello, en Italia, el ministro de Educación Lorenzo Fioramonti, en el año 2019, en el marco del programa Educación para la Ciudadanía, incluyó como una materia obligatoria a partir del año 2020 el Cambio Climático, la cual pretende abordar, además, temas ambientales y de desarrollo sostenible, con el objetivo de lograr que los estudiantes tengan conocimiento sobre la crisis climática y cómo contrarrestarla (El cambio climático llega a las aulas de clase, 7 de noviembre de 2019).

⁴ Por ejemplo, el profesor e investigador Manuel Guzmán Hennessey desde hace varios años es titular de la cátedra de Cambio Climático en la Universidad del Rosario y es autor de varios textos sobre esta temática. En la cátedra de pregrado y en la especialización en Derecho Ambiental también se imparten a los estudiantes clases relacionadas con el cambio climático y su regulación nacional e internacional, lideradas por la profesora Jimena Nieto Carrasco y Gloria Amparo Rodríguez.

Instrumentos de política pública sobre cambio climático en Colombia

Retos y aportes para el debate

Gloria Amparo Rodríguez*

Andrés Gómez Rey**

Introducción

La utilización de combustibles fósiles, como el gas, el carbón o el petróleo, ha generado un aumento significativo del fenómeno conocido como el efecto invernadero¹; principal causa de lo que hoy llamamos cambio climático, entendido como una modificación del clima atribuido de forma directa o indirecta a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables (artículo 1, Ley 164 de 1994; Jones et al., 2007). Este fenómeno preocupa a todos los países, en especial a Colombia (Rodríguez, Mance, Barrera, García, 2015), considerado uno de los más vulnerables y propensos a verse afectado de manera significativa por el mismo.

Durante los últimos años se ha venido trabajando en esta problemática para lograr contar con información científica sobre los impactos y poder establecer estrategias que permitan enfrentar las consecuencias de este fenómeno.

En este contexto de vulnerabilidad, sin duda el cambio climático es el problema más grave a nivel ambiental. Algunas investigaciones (Owen, 2017) han demostrado cómo la acción humana ha sido el principal agente generador de GEI, en particular por el uso del petróleo y del carbón, cuya combustión incide en el aumento del calentamiento global².

Este fenómeno constituye la mayor amenaza global en términos absolutos (Rodríguez et al., 2009), hecho que conlleva grandes retos, tanto de las instituciones como de la sociedad, en aras de enfrentarlo de manera contundente.

En Colombia, la ola invernal que golpeó al país a mediados del año 2010 e inicios de 2011 ocasionó una tragedia de grandes proporciones que cambió el rumbo de la política ambiental y del riesgo, transformando la visión de los colombianos sobre las posibles consecuencias del cambio climático. Los esfuerzos en cuanto ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción, la redistribución de los recursos y la necesidad de replantear las estrategias de prevención en algunos sectores para evitar consecuencias adversas ante futuros eventos de origen natural son algunos ejemplos de ello.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la emergencia invernal afectó, entre otros, a más de 2.27 millones de personas, 341 000 viviendas, 751 vías, 807 609 hectáreas, 813 centros educativos y quince centros de salud. Los recursos para atender estas y otras consecuencias del invierno se han estimado en veintiséis billones de pesos: 5 % para atención, 21 % para rehabilitación y 74 % para obras de recuperación, reconstrucción y prevención (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 424).

Situaciones similares, aunque no de igual magnitud, se han seguido presentando en el país, en el que aumentan o disminuyen de manera significativa las temporadas invernales, las granizadas en ciudades como Bogotá y los incendios forestales en épocas de verano.

Ante estas circunstancias se destaca el hecho de que Colombia se comprometió en el Acuerdo de París (ratificado con la Ley 1844 de 2017) a reducir en un 20 % las emisiones de GEI proyectadas a 2030 de forma unilateral e incondicional, y en un 10 % adicional sujeto al apoyo internacional. Para lograrlo, según la autoridad ambiental, el país ha emprendido acciones importantes para adaptarse al cambio climático³, como la implementación de planes territoriales y sectoriales y la delimitación de treinta y seis complejos de páramos, entre otras.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017b), en los últimos años Colombia ha experimentado un incremento de los desastres naturales y un aumento de eventos hidrometereológicos que han tenido consecuencias directas sobre el bienestar de la población y la economía. Por eso, en la implementación de la política y del Acuerdo, es importante resaltar la territorialización de las acciones, de ahí que, a la fecha, se hayan formulado veintitrés planes territoriales relacionados con el cambio climático. En la actualidad, señala esta entidad, todos los departamentos y prácticamente todas las capitales, además de un número muy importante de municipios, han incluido la gestión del cambio climático dentro de su plan de desarrollo.

Asimismo, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el Gobierno nacional ha planteado el uso de algunos instrumentos para encaminar al país hacia una ruta de ordenamiento del territorio. Esto incluye el desarrollo de proyectos denominados o relacionados de forma directa con el cambio climático, permitiendo la movilización de recursos dirigidos a enfrentar este fenómeno a nivel territorial (Departamento Nacional de Planeación, 2016). Estos instrumentos son: (a) planes de ordenamiento territorial (POT) modernos; (b) planes de ordenamiento departamental (POD); (c) catastro multipropósito; (d) asociaciones público-privadas (APP); (e) contratos plan; (f) estandarización de proyectos, y (g) planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Según la información pública disponible en el registro de socializaciones del DNP, por medio de estos instrumentos se cumplirían determinados objetivos, varios de ellos relacionados con acciones para hacer frente al cambio climático⁴.

En las siguientes páginas se mostrará de manera sucinta las acciones que ha tomado el Gobierno nacional para enfrentar esta problemática, ya que según la política institucional se deben afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que conlleva el cambio climático, lo cual requiere de arreglos institucionales, normativos y de una política pública que orienten y generen sinergias entre los tomadores de decisiones (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b).

El objetivo del presente texto es simplemente describir los avances normativos y las principales estrategias que se han asumido en Colombia para abordar las problemáticas relacionadas con el cambio climático. Para ello nos apoyamos en los documentos emanados de las diversas instituciones que adelantan tareas en esta materia. A medida que se vayan implementando estos instrumentos se espera realizar la evaluación y el seguimiento correspondiente, cuyos resultados se presentarán en una segunda etapa del proyecto de investigación que sobre el cambio climático se viene adelantando en la Universidad del Rosario. Para lograr este fin se ha utilizado una metodología descriptiva que plantea el uso, estudio y análisis de las fuentes relevantes del derecho y del ordenamiento jurídico.

Comenzaremos así con la exposición de la CMNUCC y la forma como ha sido adoptada en el ordenamiento jurídico interno. Luego se realizará una descripción de la política nacional sobre cambio climático, como elemento relevante para toda la reglamentación en torno al tema, para después continuar con la descripción de las demás instituciones, herramientas y políticas que se han generado en el país: los diversos documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), los instrumentos económicos y las medidas relacionadas, entre otros. Para terminar se presentarán algunas conclusiones a partir de la recopilación de lo observado.

1. Adopción de un marco jurídico sobre el cambio climático

Mediante la Ley 164 de 1994, Colombia adoptó la CMNUCC⁵, cuyo objetivo es lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. A partir de ese momento, el país emprendió acciones para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho instrumento, entre ellas:

• Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los GEI. Para lograrlo, las autoridades establecieron un sistema de comunicaciones nacional e inventarios que deben ser compilados por las partes y publicados por la Convención.

Dichos informes proporcionan claridad y transparencia sobre el nivel actual de las emisiones mundiales y la ambición de los esfuerzos para combatir el cambio climático a nivel nacional e internacional. A su vez, se han desarrollado sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV), como el contenido en la Resolución 1447 de 2018, utilizados para describir todas las medidas que los Estados adoptan para recolectar datos sobre emisiones, acciones de mitigación y apoyo, compilar esta información en informes e inventarios y someterlos a algún tipo de revisión o análisis internacional.

Sobre este particular, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asegura que mantener un seguimiento sistemático de las emisiones y acciones de las partes es clave para crear transparencia y confianza en el régimen climático internacional. Además, muchos instrumentos para combatir el cambio climático solo funcionan cuando se disponen de datos fiables, como en el caso de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto⁶. Asimismo, el Ministerio considera que el MRV también puede ayudar a mejorar el apoyo financiero y técnico por parte de los países desarrollados para responder a las necesidades de sus contrapartes menos desarrolladas y a vigilar ese apoyo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b).

• Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y regionales sobre medidas orientadas a mitigar el cambio climático. En este contexto, mitigar implica desplegar un conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a limitar o reducir las emisiones de GEI, así como a mejorar y aumentar los sumideros de carbono de acuerdo con lo pactado en la CMNUCC. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la mitigación es la intervención que realiza el hombre para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de GEI, que son de origen natural y antropogénico (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2001).

• Las partes de la CMNUCC tienen la obligación de promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, aplicación, difusión, transferencia de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas y la absorción por sumideros de los GEI.

• Sobre la adaptación y mitigación, las partes deben cooperar con los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático⁷, entendiendo que adaptación corresponde a las acciones y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático (Luna-Galván, Vargas-Chaves y Franco-Gantiva, 2017). De igual forma, deben considerar dentro de sus políticas ambientales, económicas y sociales medidas relativas a mitigar el cambio climático. Por eso consideramos pertinente mencionar que, según la Política Nacional de Cambio Climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b), los conceptos de mitigación y adaptación tienen los alcances que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Principales diferencias entre mitigación y adaptación

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017b).

• Promover y apoyar la investigación científica, tecnológica, técnica, socioeconómica, de observación sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático. En este sentido señala la autoridad ambiental que las partes son conscientes de la valiosa labor analítica que sobre el cambio climático llevan a cabo muchos Estados y organizaciones, y la necesidad de promover el intercambio de los resultados y la coordinación de la investigación científica. Por eso se busca que las partes impulsen y apoyen con su cooperación todo tipo de investigación, la observación sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático, con el propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la magnitud y la distribución cronológica del cambio climático, el entendimiento de las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta y de reducir o eliminar los elementos de incertidumbre que aún subsisten al respecto (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b).

De acuerdo con la Política Nacional de Cambio Climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b), los temas centrales de información requerida están asociados a las etapas de identificación de las medidas de adaptación: (a) amenaza: se requiere información, por ejemplo, sobre la dinámica de las inundaciones actuales y proyectadas a una escala territorial adecuada, para analizar su relación con la exposición de poblaciones, infraestructuras físicas, económicas y sociales; (b) sensibilidad y vulnerabilidad: se requiere información a una escala adecuada para entender la reacción de lo expuesto a una amenaza determinada, y (c) diseño de medidas de adaptación: se requiere información detallada que permita orientar el diseño de medidas de adaptación.

Por otro lado, en cumplimiento de los compromisos adquiridos, Colombia —mediante la Ley 629 de 2000— aprobó el Protocolo de Kioto de la CMNUCC, cuyo objetivo era reducir en un 5.2 % las emisiones mundiales de GEI, con relación a los niveles de 1990, durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Para ello, los países industrializados debían reducir las emisiones de los seis GEI que causan el calentamiento global, originados por las actividades humanas: dióxido de carbono (CO₂), gas metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), y los gases industriales fluorados, es decir, hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF₆). Es de resaltar que el Protocolo no establecía compromisos de reducción de emisiones para los países en desarrollo, entre los que se encuentra Colombia.

Asimismo, se destaca que en el año 2015 se suscribió el Acuerdo de París, que también establece medidas para la reducción de las emisiones de GEI. Dicho instrumento propone mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, al reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Además, busca realizar acciones reforzadas que tengan impactos directos en los países vulnerables al cambio climático, tanto por la vía de la adaptación, como de la mitigación. Para ello, y con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, propone cumplir con lo siguiente:

• Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.

• Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI (Acuerdo de París).

Según la Cancillería colombiana (Cambio climático, s. f.), la adopción del Acuerdo de París representa uno de los mayores logros del multilateralismo en los últimos años, pues por primera vez en la historia se alcanzó un acuerdo vinculante de manera universal y jurídica, que permite aunar esfuerzos para resolver los retos asociados al cambio climático.

El Acuerdo de París incluye:

• Un objetivo ambicioso que fija los 2 ºC como límite del aumento de la temperatura global y hace un fuerte llamado a llegar a 1.5 ºC. Este límite ayudará a evitar pérdidas económicas, sociales y ambientales devastadoras, en especial en los países en desarrollo.

• Ciclos para que cada cinco años todos los países confirmen o propongan nuevos compromisos de reducción de GEI, los cuales deben ser cada vez más ambiciosos, estar basados en la ciencia y en la evaluación de los compromisos agregados de todos los países.

• Asumir esfuerzos por parte de los países desarrollados para liderar metas absolutas de reducción de emisiones de GEI.

• La adaptación al cambio climático —tema de alta importancia para Colombia— como un elemento estructural, al mismo nivel que la mitigación para la reducción de las emisiones de GEI. En este sentido se compartirá la información y las experiencias nacionales relacionadas con la incorporación en la planeación nacional y local de la adaptación a los impactos del cambio climático, y se promoverá el apoyo técnico y financiero para países en desarrollo que son altamente vulnerables, como Colombia.

• La obligación para los países desarrollados de seguir proveyendo recursos financieros para países en desarrollo, reiterando su compromiso de movilizar de forma conjunta cien billones de dólares anuales. En este sentido, los países desarrollados deberán comunicar cada dos años el nivel proyectado de recursos públicos que serán destinados a los países en desarrollo.

• Mecanismos de cumplimiento y transparencia para hacer seguimiento a los compromisos de los países.

• Una mención al mecanismo de pérdidas y daños de la CMNUCC para apoyar a los países más vulnerables que sufrirán los impactos del cambio climático, aun cuando se logren los niveles de mitigación de GEI propuestos (Cambio climático, s. f.).

En cuanto al desarrollo de los compromisos adquiridos por nuestro país en el marco de la CMNUCC, este ha promovido acciones y políticas como las que describiremos a continuación.

2. Política Nacional de Cambio Climático

Asegura el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017b) que frente a la problemática que venimos abordando, el país enfrenta retos para su desarrollo que nos exigen encontrar una senda de crecimiento económico baja en emisiones de GEI y adaptada al cambio climático y, por tanto, es necesaria una política pública que propicie consensos en torno a un objetivo común. La Política Nacional de Cambio Climático se formuló en 2014, y desde entonces se propuso articular todos los esfuerzos que el país venía desarrollando desde hacía varios años, sobre todo desde 2011 por medio de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la Estrategia Nacional de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (Estrategia Nacional REDD +), entre otras iniciativas. La Política adiciona, además, elementos novedosos para orientar de manera estratégica todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París.