Retos para enfrentar el cambio climático en Colombia

En el texto institucional Política Nacional de Cambio Climático: Documento para tomadores de decisiones se establecen cinco líneas estratégicas basadas en la Nueva Economía del Clima, un ejercicio de referencia mundial y en cuya construcción participó Colombia junto con otros seis países. Para la definición de las líneas se consideraron los siguientes aspectos: (a) las ciudades son motores de crecimiento económico, generan alrededor del 80 % de la producción económica mundial y cerca del 70 % del uso mundial de energía y de las emisiones de GEI relacionadas con la energía; (b) en materia de desarrollo rural, la productividad en el uso de la tierra determinará si el mundo es capaz de alimentar a la población; (c) los sistemas de energía alimentan el crecimiento en todo el mundo; (d) la infraestructura respalda el crecimiento económico moderno, y (e) para el caso de los ecosistemas, es clave atender los cambios en el uso del suelo, así como gestionar ecosistemas estratégicos, como los páramos, y reducir la deforestación y la degradación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b).

Se destaca que la Política Nacional de Cambio Climático responde a la necesidad de contar con lineamientos articuladores, de carácter sectorial y multinivel, para así dar continuidad a las estrategias que venía adelantando el Gobierno nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b), desde la suscripción y ratificación de la CMNUCC en 1994.

El objetivo de la Política es incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y que permita aprovechar las oportunidades que este genera. La aspiración para el largo plazo y a la que contribuye este objetivo general es lograr que el país llegue a ser carbono neutral⁸ (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b).

Las estrategias territoriales que se proponen en la Política Nacional de Cambio Climático son: (a) desarrollo urbano resiliente al clima y bajo en carbono; (b) desarrollo rural resiliente al clima y bajo en carbono; (c) manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima; (d) desarrollo mineroenergético bajo en carbono y resiliente al clima, y (e) desarrollo de infraestructura estratégica resiliente al clima y baja en carbono (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b).

La Política soporta el desarrollo de estas líneas estratégicas en cuatro ejes o instrumentos, que son las herramientas que hacen posible la consecución de los objetivos y promueven una intervención directa y concreta de las entidades del Gobierno y de los sectores, como responsables de su implementación. Estos ejes son: (a) planificación de la gestión del cambio climático; (b) información, ciencia, tecnología e innovación; (c) educación, y (d) financiación e instrumentos económicos (2017b).

De esta manera, las estrategias nacionales a largo plazo se encuentran cimentadas en: (a) la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono; (b) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático; (c) la Estrategia Nacional REDD +; (d) el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Estrategia de Protección Financiera frente a Desastres, y (e) la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (2017b).

En términos institucionales, la Política aprovecha el Sistema Nacional de Cambio Climático, creado, por medio del Decreto 298 de 2016, que relaciona y busca articular los niveles nacional, regionales y locales responsables o involucrados en la gestión del cambio climático.

3. Políticas públicas adicionales sobre cambio climático⁹

Colombia ha entendido que para la gestión del cambio climático se deben coordinar acciones de mitigación y adaptación, orientadas a reducir los riesgos que supone este fenómeno. Sin embargo, esto implica que en la práctica las actividades de desarrollo implementadas por toda la sociedad consideren desde su diseño objetivos de mitigación y de adaptación. En este sentido, la gestión del cambio climático es también una gestión coordinada para influir en las decisiones sobre el desarrollo, relevantes y asociadas con los objetivos de reducir las emisiones de GEI, aumentar los sumideros de carbono (mitigación) y evitar o reducir el efecto del cambio climático (adaptación) sobre los sistemas naturales y humanos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017b).

En ese contexto, buscando promover la gestión sostenible en el marco de la CMNUCC, en el país se han desarrollado diversos instrumentos de política pública¹⁰, entre los cuales podemos destacar:

• Documento Conpes 3242 de 2003: elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, contiene la “Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio climático”, que busca promover la incursión competitiva de Colombia en el mercado internacional de reducciones verificadas de emisiones de GEI. Para ello estableció un marco institucional que define la política de venta de este servicio ambiental, la consolidación de una oferta de reducciones de emisiones verificadas y su mercado institucional. De manera específica, la estrategia abarca cuatro aspectos mediante los cuales se pretende promover la participación de Colombia en el mercado: (a) la definición de la política de venta de servicios ambientales de mitigación de cambio climático; (b) la consolidación de una oferta de reducciones de emisiones verificadas; (c) el mercadeo internacional de la oferta de reducciones de emisiones verificadas, y (d) la coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia (Departamento Nacional de Planeación, 2003).

• Mecanismo de desarrollo limpio (MDL): se ha incluido a nivel conceptual en el Conpes 3242, por cuanto se trata de una de las modalidades de generación y venta internacional de créditos de carbono¹¹; sin embargo, también ha sido conceptualizado como una política propiamente dicha. También aparece en el Protocolo de Kioto, y es considerado un instrumento innovador basado en el mercado de reducción de emisiones de GEI, que se implementa en los proyectos y programas de diferentes sectores productivos que generan emisiones de GEI a nivel nacional, como el sector industrial, energético, forestal, de residuos y de transporte. Este mecanismo les permite a los países industrializados (que se han comprometido a reducir su emisión de GEI) implementar proyectos que reduzcan las emisiones de estos en los territorios de los países en vías de desarrollo.

Las reducciones certificadas de las emisiones generadas de tales proyectos pueden emplearse por los países industrializados para cumplir con su cuota de reducción de emisiones. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los países en vías de desarrollo, en los cuales se implementan estos proyectos, como en el caso de Colombia, se genera un beneficio directo en la contribución al desarrollo sostenible del país.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores (2014) este es uno de los instrumentos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, que les permite a los países desarrollados comprar bonos de carbono (CER, por sus siglas en inglés), que surgen de la implementación de proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo. Dicha transacción les genera una reducción de sus emisiones en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Protocolo (Departamento Nacional de Planeación, 2003).

• Documento Conpes 3700 de 2011: contiene la “Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia”. Incluye, entre otros elementos, las afectaciones causadas por el fenómeno de La Niña y la variabilidad climática, y la emergencia que sufrió el país entre los años 2010 y 2011. Asimismo, resalta la necesidad de comprender y actuar frente a este fenómeno, como una problemática de desarrollo económico y social.

En ese sentido, esta estrategia busca generar espacios para que los sectores y los territorios integren dicha problemática en sus procesos de planificación, articular a todos los actores para hacer un uso adecuado de los recursos, disminuir la exposición y sensibilidad al riesgo, aumentar la capacidad de respuesta y preparar al país para que se encamine hacia la senda del desarrollo sostenible, desde la competitividad y la eficiencia. La estrategia reconoce la necesidad urgente de emprender medidas adecuadas de adaptación y mitigación, y establece el marco dentro del cual deben generarse.

En este documento también se establece la relación entre el cambio climático y la diversidad biológica, en los siguientes aspectos: (a) incremento en la velocidad en la cual se presenta la pérdida de la biodiversidad; (b) impacto del cambio climático en los bosques nublados, bosques tropicales, bosques secos, arrecifes coralinos, manglares y humedales interiores; (c) pérdida y retirada de los glaciares, afectando la descarga y suministro de agua, y (d) impactos por inundación y sequía (Departamento Nacional de Planeación, 2011).

En consecuencia, el objetivo de esta política pública es facilitar y fomentar la formulación e implementación de las políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y metodologías en materia de cambio climático, e incluir las variables climáticas como determinantes para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, mediante la configuración de un esquema de articulación intersectorial. Este esquema deberá permear el actual modelo de desarrollo social y económico de manera transversal a todos los niveles y en todas las instituciones. Asimismo, deberá permear los más altos niveles de toma de decisiones en cada uno de los sectores y comunidades (Departamento Nacional de Planeación, 2011).

• PNACC: este plan apoya la preparación del país para enfrentar eventos climáticos extremos y la trasformación gradual del clima. Orienta, además, la formulación de programas y proyectos prioritarios, así como el fortalecimiento de acciones ya emprendidas pero que requieren considerar las variables climáticas en su planeamiento y ejecución. Todo ello con el propósito de reducir las consecuencias negativas en el largo plazo para las poblaciones, el sector productivo y los ecosistemas, así como identificar y beneficiarse de cambios en el territorio.

El DNP es el encargado de coordinar el plan, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y, de esta manera, han creado una instancia de integración y flujo de información: el Comité Coordinador del PNACC, en el cual participan, además, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los miembros del PNACC son las comunidades, los agentes privados, el Gobierno en todos sus niveles, y demás actores con intereses en Colombia, que trabajan para la adaptación al cambio climático.

Teniendo en cuenta estos elementos, el objetivo del PNACC es reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados a la variabilidad y al cambio climático en Colombia. Sus objetivos específicos son generar un mayor conocimiento sobre los potenciales riesgos y oportunidades, incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y territorial, y disminuir la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y ecológicos ante eventos climáticos (Departamento Nacional de Planeación, 2012).

• ECDBC: es un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la Dirección de Cambio Climático, y con el apoyo del DNP y los Ministerios sectoriales: de Comercio; Industria y Turismo; de Vivienda, Ciudad y Territorio; de Minas y Energía; de Transporte, y de Agricultura y Desarrollo Rural.

La ECDBC busca desligar el crecimiento económico nacional del crecimiento de las emisiones de GEI, para maximizar la carbono-eficiencia de la actividad económica del país y contribuir al desarrollo social y económico nacional. Por medio de la ECDBC el país establece un pilar de crecimiento económico que promueva la competitividad, el uso eficiente de los recursos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013).

Los objetivos de la ECDBC son identificar y valorar acciones encaminadas a evitar el crecimiento acelerado de las emisiones de GEI a medida que los sectores crecen, desarrollando planes de acción de mitigación en cada sector productivo del país, promoviendo las herramientas para su implementación e incluyendo un sistema de monitoreo y reporte. Por medio de la ECDBC es posible aprovechar oportunidades para lograr nuestros objetivos de desarrollo de forma carbono-eficiente.

Colombia se ha destacado por ser un país que está a la vanguardia en la temática del cambio climático o al menos muestra interés en fortalecer sus capacidades y tener un equipo bien preparado no solo dentro del Ministerio de Ambiente sino en todos los ministerios y sectores que pueden aportar para el desarrollo de planes sectoriales de mitigación. Asegura el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que con la implementación de los planes de acción sectoriales se evitará que las emisiones crezcan de manera exponencial, ya que según los resultados de las proyecciones de la ECDBC, en un escenario inercial en el que las tendencias de crecimiento y las tecnologías empleadas por los sectores sigan el comportamiento de los últimos diez años, en 2030 nuestras emisiones se habrán incrementado en más del 60 % y en 2040 tendremos más del doble de las emisiones actuales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013)¹².

• Estrategia Nacional REDD +: el Gobierno de Colombia, como parte del trabajo de preparación para esta estrategia, desarrolló la propuesta de preparación (R-PP), la cual es una hoja de ruta en la que se indica qué actividades se pueden realizar, cómo pueden llevarse a cabo y qué recursos económicos serán necesarios (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)¹³.

Hay que tener en cuenta que la Estrategia Nacional REDD +, se incorpora a la nueva Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB), y busca, además, la integración del acuerdo de paz suscrito el 26 de agosto de 2016 entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), junto con su reformulación en la versión del 12 de noviembre de 2016.

La Estrategia Nacional REDD + hace parte de las acciones sobre cambio climático previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que cuenta con parte del presupuesto nacional. Para su preparación se adelantan acciones mediante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el programa de las Naciones Unidas REDD +, cooperación internacional, algunas organizaciones no gubernamentales (Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Fondo Patrimonio Natural, Fondo Mundial para la Naturaleza [WWF], Office National des Fôrets [ONF] Andina) y contando con presupuesto nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).

La Estrategia Nacional REDD+ se enmarca en la Política Nacional frente al Cambio Climático (consignada en el documento Conpes 3700 de 2011). Es en este contexto que los actores públicos y privados deben coordinarse entre sí para preparar al país ante los retos y oportunidades que genera el cambio climático e integrar el Sistema Nacional de Cambio Climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).

• Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: esta se adoptó mediante la Ley 1523 de 2012, la cual también estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que concibe la adaptación al cambio climático como parte del trabajo de reducción del riesgo de desastres. La norma señala que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo, y para el manejo de desastres. Esto con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está asociada de manera intrínseca con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, 2016).

La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo; es decir, el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y el manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo concerniente a sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está conformado por entidades públicas, privadas y comunitarias, y contempla las políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos e información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país (Ley 1523 de 2012).

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País incluye en el capítulo X, denominado “Crecimiento verde”, el objetivo de “Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático”. Asimismo, la Estrategia para Fortalecer los Procesos de la Gestión del Riesgo plantea como una de las acciones a realizar la formulación, socialización y seguimiento al Plan Nacional de Gestión del Riego de Desastres. La apuesta del país es avanzar hacia un modelo de desarrollo que contribuya a reducir pérdidas económicas, superar la condición de pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población, aumentar la competitividad del país y, en el largo plazo, reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado frente a los desastres (Departamento Nacional de Planeación, 2015).

Aunado a la anterior, la Estrategia Financiera ante el Riesgo de Desastres nace del reconocimiento de que los desastres generados por la ocurrencia de fenómenos naturales representan un importante desafío para la estabilidad y la sostenibilidad fiscal de Colombia. En este escenario aparece el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene como objetivo general orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del mismo y el manejo de desastres (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, 2016).

Así, el Plan está enfocado en el cambio climático y en la meta fundamental que comparten la gestión del riesgo de desastres y las medidas de adaptación al cambio climático; esto es, reducir el riesgo de desastres y los efectos asociados a pérdidas y daños por la ocurrencia de eventos climáticos e hídricos, y los posibles aumentos en intensidades y recurrencias de eventos extremos. En general, los efectos del cambio climático, representados en el aumento de temperatura, deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, alteración de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (lluvias, sequías, vientos y actividad ciclónica, entre otros) exacerban las intensidades de los fenómenos amenazantes naturales y socionaturales, derivados y relacionados con los agentes meteorológicos, entre ellos: (a) los atmosféricos: huracanes, vendavales, heladas, sequías; (b) los hídricos: desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, lahares, y (c) los socionaturales: inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, incendios de la cobertura vegetal (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, 2016).

La apuesta del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres frente al enfoque del cambio climático es clara al definir la estrategia: gestión del riesgo de desastres y medidas de adaptación que propendan por articular dicho Plan con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y demás políticas sectoriales, entre estos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Todo ello a partir del reconocimiento y entendimiento del riesgo como un problema de desarrollo y de la inclusión de la incertidumbre en lo que concierne a los promedios y los extremos del clima en la planeación territorial (Departamento Nacional de Planeación, 2015).

• Sisclima: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Decreto 298 de 2016, estableció el Sistema Nacional de Cambio Climático con el fin de coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de reducción de GEI.

El Sisclima comprende la Comisión Intersectorial de Cambio Climático y los Comités Técnicos de Gestión Financiera y de Asuntos Internacionales. Sobresale, además, la conformación de nueve nodos regionales (véase la tabla 2), que tienen como finalidad lograr la coordinación interinstitucional entre el nivel central y territorial para promover las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones de mitigación de emisiones de GEI y adaptación en materia de cambio climático, que a su vez buscan integrarse.

Tabla 2. Nodos comprendidos en el Sisclima

Fuente: Sisclima.

El Decreto 298 de 2016 establece que entre los fines específicos del Sisclima están:

– Coordinar los compromisos y esfuerzos de las instancias del orden nacional, regional, local e internacional con respecto al cambio climático.

– Articular los planes y estrategias relacionadas con el cambio climático con el desarrollo económico, social y ambiental, teniendo en cuenta las prioridades para lograr el crecimiento económico sostenido, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad de los recursos naturales.

– Coordinar las iniciativas públicas y privadas en los diversos sectores económicos y de la sociedad civil.

– Identificar y aprovechar las oportunidades y mecanismos para una mejor adaptación al cambio climático y para reducir las emisiones de GEI.

– Ayudar a reducir la vulnerabilidad de la población más afectada por los efectos del cambio climático en Colombia.

– Fomentar la participación ciudadana para hacer frente a los fenómenos del cambio climático.

– Promover las medidas de adaptación y de mitigación de GEI.

– Armonizar criterios y mecanismos para la evaluación y seguimiento de los compromisos y deberes en materia de adaptación y de mitigación.

Como marco de actuación del Sisclima, se toman en cuenta el PNACC, la ECDBC, la Estrategia Nacional REDD +, la Estrategia de Política de Gestión Financiera Pública ante el Riesgo de Desastres y la Estrategia Colombiana de Financiamiento Climático.

• Estrategia Colombiana de Financiamiento Climático: el Gobierno de Colombia, mediante el Comité de Gestión Financiera¹⁴ del Sisclima, se encarga de desarrollar esta estrategia, que definirá las acciones requeridas para gestionar el cambio climático combinando recursos públicos nacionales e internacionales y del sector privado.

Se espera que la Estrategia permita apalancar, así como vigilar y monitorear, el uso de los recursos invertidos en el territorio nacional para hacer frente al cambio climático. No obstante, mientras esto ocurre, es importante mencionar que existen algunos caminos para identificar los recursos invertidos en acciones específicas de mitigación y adaptación al cambio climático en Colombia. También resulta necesario recordar que existen restricciones en el endeudamiento público, así como algunos lineamientos para que se mantenga la sostenibilidad de la deuda y la regla fiscal. Esto incluye el monto de los recursos que se pueden disponer a nivel nacional y territorial para la mitigación y la adaptación al cambio climático (Bernal, 2017).

• Por su parte, el actual Plan Nacional de Desarrollo¹⁵ (Ley 1955 de 2019), atendiendo a las exigencias ambientales, incluyó diferentes disposiciones por medio de las cuales se busca hacer frente a los problemas relacionados con el cambio climático, entre ellas, creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef), que tiene como objetivo defender el agua, la diversidad biológica y el ambiente a partir de la coordinación de medidas interinstitucionales que frenen la tendencia a la deforestación en el país.

Asimismo, establece que el 15 % del rubro de Colombia en Paz (los recursos provenientes del impuesto al carbono) se destinará para la conservación de los bosques de la región de la Amazonía, para lograr que este territorio se convierta en un centro de desarrollo económico y ambiental sostenible para el país; ello debido a que su falta de preservación coadyuva al desequilibro ecológico existente en el ambiente, causado por las actividades del hombre.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo consagra que los municipios, distritos y áreas metropolitanas deben formular, adoptar y ejecutar en los planes de ordenamiento territorial proyectos de movilidad en los que se dé prelación a los medios de transporte no motorizados y al transporte público con energías y tecnologías de bajas o cero emisiones, que se enmarquen en la estrategia de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Colombia. Para ello, se estableció que el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la ley por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, reglamente la definición de energéticos y tecnologías de bajas o cero emisiones, teniendo como eje central para ello los componentes nocivos para la salud y el ambiente.

Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo consagra que, para dar cumplimiento al objetivo de contar con una matriz energética complementaria, resiliente y que aporte a la reducción de las emisiones de carbono, los agentes comercializadores de la energía mayorista están obligados a que entre el 8 % y 10 % de sus compras de energía provengan de fuentes no convencionales de energía renovable, con contratos de largo plazo.

4. Ley 1931 de 2018

Esta norma constituye un gran avance para la nación, ya que contiene las “directrices para la gestión del cambio climático”, que, según su objeto, impacta principalmente:

• Las decisiones de entidades públicas y privadas.

• La actuación articulada entre la nación, los departamentos, los municipios, los distritos, las áreas metropolitanas y las autoridades ambientales.

• La búsqueda de implementación de las acciones de adaptación al cambio climático, así como la mitigación de gases de efecto invernadero.

• La reducción de los efectos que el cambio climático genera sobre la población.

Esta reglamentación presenta una serie de principios que deben tener en cuenta las acciones que sobre cambio climático se adopten, a saber:

• Autogestión: en relación con la realización de acciones propias, lógicamente atendiendo los parámetros normativos. Este principio también hace referencia a que las acciones realizadas en pro de la autogestión tendrán como consecuencia asumir la responsabilidad en caso de incumplir los parámetros normativos o generar afectaciones ambientales.

• Coordinación: en relación con la comunicación entre entidades territoriales y del Estado.

• Corresponsabilidad: esperando una contribución de todos a las medidas sobre cambio climático. Del texto de la ley pareciera que este principio se plantea como una obligación de la población.

• Costo-beneficio y costo-efectividad: las medidas a implementar deben ser más efectivas y menos costosas.

• Gradualidad: tratándose de una política a implementar que implica grandes inversiones jurídicas y económicas se espera su puesta en marcha de forma progresiva.

• Integración: para que el tema de cambio climático irradie a todos los planes, políticas, programas y demás instrumentos de las entidades del Estado.

• Prevención: para controlar los efectos negativos de la variación climática antes de que ocurran las afectaciones.

• La subsidiariedad: para que exista una sucesión de responsabilidad del municipio al departamento y a la nación conforme a sus capacidades.