La noche de Iguala

La organización criminal se extendió hasta comercializar su droga en Chicago, Estados Unidos, y realizaba los traslados a través de tráileres de fruta y autobuses de pasajeros. Casarrubias Salgado dirigió Guerreros Unidos hasta su captura, en abril de 2014 y la organización delictiva volvió a cambiar de líder. El lugar lo ocupó Gonzalo Martín Souza Neves, pero no por mucho tiempo, pues tres meses después, en julio, fue detenido en Puebla.

Entonces, el hermano de El Sapo Guapo, Sidronio Casarrubias Salgado, tomó el control de Guerreros Unidos hasta que fue detenido en octubre de 2014, por su responsabilidad en la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa y consignado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Otro liderazgo de Guerreros Unidos señalado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada fue el de Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo, actualmente prófugo, líder de la organización desde Toluca y en relación directa con José Luis Abarca, quien le pedía desaparecer a sus enemigos. Las autoridades también identificaron a Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian, como dirigente de Guerreros Unidos en Morelos y a un sujeto apodado El Chucky como operador del grupo criminal en Iguala. Un líder más de Guerreros Unidos era Benjamín Mondragón Pereda, El Benjamón, quien al verse rodeado por policías federales prefirió quitarse la vida, durante un operativo en Jiutepec, Morelos, el 14 de octubre de 2014.

“Abarca, asesino”

Horas antes de que los normalistas llegaran a Iguala, la policía de ese municipio supo de sus movimientos gracias a una llamada proveniente del c-4 de Chilpancingo, efectuada a las 17:59 horas, en la cual se reportaba el movimiento de las dos unidades en las que los jóvenes viajaban. En Iguala recibió la información David Hernández Cruz, adscrito al área de Protección Civil y Seguridad Pública, quien se encargó de transmitirla a sus superiores, que no sólo eran los policías sino integrantes del grupo delictivo.

La noche del 26 de septiembre, en medio del festejo, Abarca, identificado con la clave a5, recibió una llamada notificándole la presencia de los jóvenes ante lo cual ordena a la corporación reaccionar y pedir apoyo a la policía del municipio vecino de Cocula –también bajo el mando de Guerreros Unidos–, para darles un escarmiento.

El centro se comunica por radio con los policías de Iguala para informarles las instrucciones: a5 ha ordenado enfrentar a los estudiantes. Y según un informe del cisen, fechado el 1 de octubre y revelado algunos días después por la prensa⁴, María de los Ángeles Pineda Villa pidió a su jefe de seguridad comunicarla con el director de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, para ordenarle impedir que llegaran a su festejo. Estos hechos son confirmados en sus respectivas declaraciones por David Hernández, encargado del Centro de Control de la Policía de Iguala; por Marco Antonio Ríos Berber, halcón de Guerreros Unidos, y por otros policías detenidos. Pero el hecho es que cuando los estudiantes llegaron a Iguala, el festejo ya había concluido.

Para el matrimonio Abarca-Pineda, la presencia de los estudiantes en el municipio no era nueva, por lo que no sólo podían presumir que la pretensión de los normalistas era sabotear el acto político que estaban a punto de encabezar, también algunos antecedentes, viejas rencillas políticas, los orillaban a creerlo así. El 3 de junio de 2013, hacía sólo 15 meses, los normalistas habían tomado violentamente el Palacio Municipal para exigir la presentación con vida del entonces desaparecido Arturo Hernández Cardona, dirigente de la organización Unidad Popular de Guerrero, de la que los alumnos de la Normal se habían hecho aliados políticos, luego de que éste respaldara las movilizaciones para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales de la muerte de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, durante un desalojo que realizaron las policías federal y estatal el 12 de diciembre del 2011 en la carretera federal México-Acapulco.

Los militantes de la organización social y los estudiantes escalaron ese 3 de junio el nivel de sus protestas: derribaron puertas y pintarrajearon paredes. “José Luis Abarca, asesino”, decía una de las pintas que más incomodó al edil, quien era el principal sospechoso de la desaparición del líder social Hernández Cardona, levantado cuatro días atrás, el 30 de mayo de 2013, junto con Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, quienes formaban parte además de la corriente Izquierda Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática (de la que René Bejarano es fundador).

Al día siguiente del inicio de la protesta violenta en el Palacio Municipal de Iguala, Hernández, Banderas y Román fueron encontrados muertos a balazos y con huellas de tortura en el municipio de Tepecoacuilco. Otras cuatro personas que estaban con ellos, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, lograron escapar. El homicidio de Hernández Cardona representaba el punto más encendido de una confrontación política por el poder en Iguala y también una muestra de la capacidad de violencia que podía ejercer Abarca contra sus opositores.

El líder de Unidad Popular se había encargado de ser un opositor muy incómodo, denunciando actos de corrupción de Abarca. Acusaba, por ejemplo, que el alcalde tenía al menos a 30 de sus familiares con puestos en el ayuntamiento y exigía que renunciaran inmediatamente; protestaba también contra las extorsiones de la policía local, pedía cesar los operativos contra vendedores ambulantes en el Zócalo y demandaba la entrega de fertilizantes. Sus acciones muchas veces se tradujeron en actos vandálicos contra el Palacio Municipal.

En el caso de los familiares se quejaba de que Rafael, el medio hermano de José Luis Abarca, fuera director de Reglamentos y Espectáculos del municipio y su cuñada, Lucero Muñoz, directiva en el dif. Y de que en el Seguro Popular hubiera puesto a Mónica Abarca Muñoz, esposa del director de Recursos Humanos, Ignacio Tolosa, e hija de Javier Abarca, hermano de José Luis, quien se encargaba de la obra pública y de la distribución del diésel y que había llevado a sus sobrinos Axel y María Guadalupe Castellanos.

También en la nómina municipal estaban los sobrinos de José Luis Abarca, Boris Axel y Andrea Salgado y algunos de sus primos: Miguel Ángel Aureoles fue designado director de la clínica del Seguro Popular, Jesús y Daniel Velázquez Wences tenían puestos en el dif.

Miguel Ángel Garduño Velázquez era jefe de Control y Reparación Vehicular, mientras que Nury Salgado Jardón se desempeñaba en el área de Adquisiciones de la Comisión de Agua Potable y su esposo, Salomón Gutiérrez Muñoz, estaba adscrito al Rastro Municipal. Pero también la protegida de la presidenta del dif María de los Ángeles Pineda, Elizabeth del Carmen Avendaño Barrera, tenía categoría de procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia en el dif municipal, y el compadre y amigo del alcalde, Jesús Bruno Corrales, era jefe de Servicios Generales. El alcalde también favoreció a Ulises y David Flores Hernández, sobrinos del ex secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, involucrado en el ataque a normalistas.⁵

El punto de quiebre entre Arturo Hernández Cardona y José Luis Abarca tuvo lugar el 1 de abril de 2013, en una reunión con el cabildo. Ese día la Unidad Popular, que aglutina a quince asociaciones de campesinos y colonos de asentamientos irregulares en Iguala, volvió a exigir la renuncia de los familiares de Abarca. Cara a cara le dijo que debía investigar los manejos de dinero de la alcaldía y le gritó que lo hacía responsable si alguno de los integrantes de su grupo era asesinado. La reunión terminó mal. Abarca le respondió: “Estás loco y pendejo, ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten con tantos problemas que tienes, cabrón”.

La última vez que Abarca Velázquez y Hernández Cardona protagonizaron una acalorada discusión fue la noche del miércoles 29 de mayo de 2013⁶, en el salón de cabildo, justo un día antes de la desaparición de los miembros de la up. La reunión tenía como objetivo buscar una salida a las demandas de la agrupación, que reclamaba la entrega de cien toneladas de fertilizante, promesa hecha por la anterior administración municipal a las organizaciones campesinas. El ayuntamiento aseguraba que el producto ya había sido entregado, y que no había más recursos. Hernández Cardona y sus acompañantes acusaron a las autoridades de corruptas y mercenarias.

Furioso, José Luis Abarca abandonó la reunión, pero según testigos exclamó: “Yo ya me voy, no le hago caso a pendejos. Vete a la chingada, ya me tienes hasta la madre, pendejo. Tengo gente que me hace mis trabajos”. Hernández Cardona aprovechó el momento y la concurrencia para responsabilizar públicamente al alcalde de Iguala por lo que pudiera ocurrirle en el futuro. Además, acusó a Abarca de promover una línea de investigación en la procuraduría estatal para inculparlo por el asesinato del síndico Justino Carvajal Salgado, ocurrido dos meses antes.

María de los Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, presente en la reunión, cruzó también insultos con Hernández Cardona y acusó a la up y a su líder de criminales. “Mugrosos, delincuentes, vividores, lucradores”, les gritó. Pineda responsabilizó a Hernández Cardona por lo que pudiera pasarles a los miembros del cabildo y a la familia Abarca-Pineda y se lanzó a los golpes contra él. El carácter de la primera dama municipal hacía temblar a casi todos, incluido a Abarca.

Después de la fallida reunión, Hernández Cardona acordó con su organización realizar una manifestación en la Autopista del Sol para que se atendieran sus demandas respecto al fertilizante. La caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla, en Guerrero, fue el último lugar donde familiares y amigos vieron con vida a Hernández Cardona, el jueves 30 de mayo de 2013. El ingeniero fue secuestrado junto con seis de sus colaboradores. Luego apareció muerto y torturado. Una denuncia apunta directamente a Abarca como asesino de su principal opositor.

Según una reconstrucción realizada a partir de la declaración ministerial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa⁷, Abarca, auxiliado por su entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, asesinó a Hernández Cardona. Al borde de una fosa, Abarca le disparó en el lado izquierdo del rostro, pero como el cuerpo no cayó en el agujero tuvieron que empujarlo. Ya en la fosa, Flores Velázquez instó a Abarca a darle otro balazo y éste lo hizo. Asustado, Félix Rafael Balderas Román trató de escapar, pero se atoró en una alambrada y los cómplices de Abarca lo asesinaron a golpes y pedradas para después enterrarlo.

El resto de los sobrevivientes fue sometido a torturas e interrogatorios mientras sus captores cavaban fosas. Tras una llamada que recibió la gente de Flores Velázquez, sacó los cuerpos y los subió a una camioneta junto con los otros acompañantes de Hernández Cardona. “A nosotros nos pusieron encima de los cuerpos y nos colocaron una cobija de cuadros… nos llevaron a Mezcala (a 55 kilómetros de Iguala), ahí tiraron los cuerpos… cuando nos bajaban de la camioneta Ángel Román Ramírez trató de escapar, pero uno de los sujetos le dio un balazo, lo jaló del brazo y cayó muerto”, declaró Mendoza Villa quien expresó tener miedo por la seguridad de su familia. Su madre ya había recibido amenazas de muerte, así que responsabilizó a Abarca y a Flores de lo que pudiera ocurrirles a él y a los suyos.

El 27 de abril de 2015 el hermano de Mendoza Villa fue asesinado. Le dispararon en la cara –como a Hernández Cardona– y le cortaron las orejas. Su cuerpo fue abandonado en una cuneta de la carretera a Chichihualco, en Guerrero. La regidora perredista y viuda de Arturo Hernández, Sofía Mendoza, solicitó al Congreso local un juicio político contra Abarca para que la Procuraduría de Guerrero investigara su presunta participación en el secuestro y homicidio de los tres activistas, sin embargo, su petición fue rechazada. Abarca Velázquez se deslindó de los asesinatos días después y solicitó a la Procuraduría General de la República atraer el caso.

La toma del Palacio Municipal tuvo su origen en este crimen, el 3 de junio de 2013, y la participación de los alumnos de Ayotzinapa concluyó sólo hasta que el gobernador Ángel Aguirre intervino y prometió resolver el caso. El 12 de junio de 2013 la pgr decidió iniciar una averiguación previa contra el edil y remitió tres tomos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que se hiciera cargo de la indagatoria. Esta última, entonces a cargo de Rodrigo Archundia, inició otra contra Abarca por el secuestro de los ocho miembros de Unidad Popular. Desde entonces se indagó el hecho de que supuestos integrantes de Los Rojos, la banda rival de Guerreros Unidos, estuvieran infiltrados en las protestas que realizaba la Unidad Popular contra el gobierno municipal. En términos políticos también el hecho representó una ruptura en el prd pues David Molina Francisco, presidente del Consejo Político Estatal, acusaba a Abarca⁸ del asesinato de los activistas.

2. La toma de camiones

El centro de Iguala se conforma de cuatro espacios públicos. Tres de éstos se alinean consecutivamente de poniente a oriente de la siguiente manera, y cada uno en una cuadra: primero está la de la explanada Las Tres Culturas, donde se erige el palacio municipal; enseguida la del atrio y la Parroquia de San Francisco de Asís; y finalmente la de la plaza del kiosko. En una cuadra más, al sur del templo católico, está la del parque del monumento a la bandera.

A este conjunto de espacios lo cruza en sentido sur a norte una sola calle: Juan N. Álvarez, la cual es continuación de Hermenegildo Galeana, es decir, esa vialidad es la que más rápidamente conduce de la terminal de autobuses al punto donde se efectuaba esa noche la fiesta del matrimonio Abarca-Pineda.

Fue precisamente esa calle la que tomó el camión 1531, con cerca de veinte jóvenes a bordo, alrededor de las 21:13 horas. Seguido por una columna de tres camiones más conformada por las unidades 2012 y 2515 de Costa Line, y la 1568, de Estrella de Oro. Todos iban rumbo al Zócalo y si su idea era dejar Iguala tomaron una ruta más larga. Otro camión, con unos catorce normalistas a bordo –el Eco ter 3728– no se integró a esa caravana: salió por el lado opuesto, la calle Ignacio Manuel Altamirano y avanzó hacia el sur.

De acuerdo con declaraciones de los normalistas, el autobús Estrella de Oro 1531 dio vuelta a la derecha en la esquina donde hay un Elektra, es decir, en la calle Juan Aldama, que delimita el costado sur del parque donde está el monumento a la bandera, y es paralela a la calle Bandera Nacional que pasa justo a un lado de la explanada Las Tres Garantías.

Los otros tres camiones, con 61 normalistas, continuaron circulando hacia el norte por una calle repleta de comercios. De acuerdo con el informe de la pgr del caso Iguala, esta caravana de vehículos fue interceptada al menos cinco veces en su trayecto hacia el norte, la primera de ellas sólo 50 metros después de haber salido de la terminal. En las tres siguientes, todas en puntos contiguos al centro de Iguala, los uniformados abrieron fuego. En la cuarta, en la calle Emiliano Zapata, unos diez normalistas se bajaron de los vehículos y lanzaron piedras a los policías. Así lograron abrirse camino por aquellas calles que, a causa del informe y la fiesta del alcalde y su esposa, ese día presentaban una saturación mayor a la habitual, antes de llegar al primer punto donde ya hubo un ataque directo y se registraron las primeras víctimas de la noche.

Los vehículos atravesaron el cuadrante donde ya había terminado el informe, pero la hostilidad policiaca les impidió aproximarse aún más. Para ese momento de la noche ya estaban en choque la osadía y el sentido de provocación de los normalistas de Ayotzinapa y la capacidad de violencia de una policía cooptada por el crimen organizado.

Según las investigaciones de la pgr, José Luis Abarca entregaba, a través de su esposa, entre dos y tres millones de pesos mensuales a los líderes de Guerreros Unidos para operar y controlar a la policía municipal: Raúl Núñez Salgado, operador financiero del grupo delictivo, detenido por fuerzas federales, dijo que parte de ese dinero, 600 mil pesos, era usada mensualmente para cubrir los gastos de “nómina” de la corporación cooptada a tal grado por Guerreros Unidos que éstos eran los que decidían quiénes podían ser admitidos como agentes.

Núñez declaró que daba una importante cantidad de dinero al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, actualmente detenido.

Además, al llegar Abarca a la presidencia municipal, su esposa reforzó a la policía de Iguala con doce patrullas y ocho motopatrullas, veinte radios portátiles y ocho radios móviles e incorporó veinte efectivos más, aunque la seguridad no mejoró pues todos los agentes, incluidos sus mandos, estaban al servicio de ella, su esposo y Guerreros Unidos.

Y así fue como comenzaron a desaparecer personas y a aparecer fosas clandestinas en toda la sierra cercana a Iguala, hecho que encendió los focos rojos en el ejército y en la procuraduría del estado. El 11 de abril del 2014 la policía estatal encontró un narcolaboratorio en la colonia San Miguel, sin embargo, la policía municipal alertó del operativo a quienes producían drogas sintéticas en el lugar y no hubo detenidos.

Unos días después, el 17 de abril, en la colonia San Miguelito, el ejército encontró los cuerpos de siete personas en una fosa clandestina y el 20 de mayo otros nueve fueron localizados en cuatro fosas clandestinas en la colonia Lomas del Zapatero.

Homicidios en Guerrero

El grito de auxilio no era nuevo, pero fue hasta la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando todo mundo volteó hacia Guerrero, donde el poder y la infiltración del narcotráfico parecían un secreto a voces. En Iguala, Cocula y sus alrededores, los desaparecidos se cuentan por decenas, al igual que las fosas clandestinas descubiertas en los últimos años. Guerrero es, además, la región con más homicidios de México, 63 por cada 100 mil habitantes, según cifras de 2013.

Desde que empezó el combate militar contra el narcotráfico en 2006, hay trece mil 241 personas oficialmente no localizadas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas hasta julio de 2017.

Desde mucho antes del fatídico 26 de septiembre de 2014, Iguala ya era una zona de horror donde la gente desaparecía y, por las noches, pasaban camionetas cargadas de cadáveres rumbo a los cerros. Los vecinos aseguran que la zona es un cementerio de los narcotraficantes y recuerdan que el tiradero de cadáveres en el ejido de Pueblo Viejo empezó en 2010.

Autoridades de Guerrero señalan que esta zona agreste al poniente de Iguala fue escogida por Guerreros Unidos para instalar narcolaboratorios y casas de seguridad en las que mantenían retenidas a sus víctimas, a quienes después ejecutaban y sepultaban en algunos puntos de las faldas de los cerros.

Este grupo delictivo también opera en Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco, Cuetzala del Progreso, Cateopan de Cuauhtémoc y Taxco de Alarcón, municipios aledaños a Iguala. En Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, que completan la región norte del estado, Guerreros Unidos se disputa la plaza con La Familia Michoacana.

3. El primer ataque

A las 21:45 el grupo de tres camiones, formado por los dos Costa Line recién tomados en la terminal –con números 2012 y 2515–, seguidos por el Estrella de Oro que sí se mantuvo en la misma ruta –el número 1568–, fue interceptado en la calle Juan N. Álvarez, esquina con Periférico Norte, por un conjunto de patrullas de Iguala y Cocula que les impidió el paso. Un estudiante ubicó perfectamente el lugar al referir que ocurrió frente a la pozolería La Flechita y la Bodega Aurrerá.

Los normalistas descendieron de las unidades y Bernardo Flores, El Cochiloco, y otro sujeto apodado El Fresco intentaron dialogar con los agentes sin llegar a nada. Al contrario, el ambiente se tensó y se inició la agresión con armas de fuego. El normalista Aldo Gutiérrez resultó herido de un balazo en la cabeza que lo dejó en estado de coma cuando, junto con algunos de sus compañeros, intentó mover una camioneta de la policía de Iguala que, puesta en su camino, obstruía el paso. Existe una imagen de esa noche, en la que se aprecia al muchacho tirado en el pavimento que luce húmedo, cerca de la parte trasera de una camioneta policiaca.

En medio de la balacera, algunos estudiantes se dispersaron por la zona y lograron huir. Sin embargo, estudiantes refirieron a la pgr que alrededor de 20 ó 25 de sus compañeros, la mayoría de ellos ocupantes del autobús de la retaguardia, el 1568, que había salido desde la Normal, fueron detenidos por policías de Iguala. Entre ellos se encontraban los alumnos Doriam y José Luis González Parral, Bernardo Flores Alcaraz, Miguel Ángel Hernández Martínez y Marco Antonio Gómez Molina, quienes fueron bajados del camión y obligados a poner las manos en la nuca mientras les apuntaban con rifles ar-15.

Los forzaron a tirarse al piso boca abajo, antes de ser subidos en las bateas de al tres menos tres pick-ups, dos de la policía de Iguala, la 027 y la 028, y una de la de Cocula, la 302. En el lugar, los uniformados después se tomaron el tiempo de recoger casquillos percutidos por sus armas. A los jóvenes detenidos sus compañeros ya no los volvieron a ver. Siguiendo instrucciones del subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, fueron trasladados a su comandancia para luego entregarlos al crimen organizado.

En ese primer ataque frontal, un estudiante recibió un balazo en un brazo, corrió y, al sentir la sangre emanando de la herida, optó por hacerse un torniquete; a otro, un tiro le destrozó varios dedos y uno más tuvo una crisis respiratoria. Todos fueron llevados al hospital.

El origen de Los Rojos

Al igual que Guerreros Unidos, el grupo criminal conocido como Los Rojos se creó tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, a manos de la marina. El nombre nació del apodo de su primer líder Jesús Nava Romero, alias El Rojo, quien extendió su poder hasta Morelos y alcanzó a la policía de Yautepec. Éste murió el mismo día que Beltrán Leyva tras lanzarse por una ventana.

Otro de sus jefes fue José Ángel Nava, el r2, cuyo mando no duró mucho, pues el 9 de octubre de 2010 fue secuestrado y luego hallado muerto en el basurero de la comunidad de Tuxpan. El grupo fue entonces liderado por María del Carmen Nava Romero, hermana de El Rojo y el esposo de ésta, Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, alias El Bocinas, quien fue asesinado en Médica Sur de la Ciudad de México en diciembre de 2012 por integrantes de Guerreros Unidos que lo habían dejado herido durante un atentado en Cuernavaca. María del Carmen Nava se hizo del liderazgo de Los Rojos y comenzó a hacer cobros de piso, secuestros y extorsiones, distribución y trasiego de drogas desde Chilpancingo y la zona de Ayotzinapa a otros municipios hasta su detención en marzo de 2014. Un mes después de esa captura se conocería el poderío de la organización criminal en Chilpancingo. Las autoridades de seguridad del estado detuvieron a principios de mayo a siete integrantes ligados a varios homicidios en ese municipio, así como a robos, extorsiones y secuestros. A partir de esa fecha se empezó a decir que el líder de Los Rojos era Omar Cuenca Marino, El Niño Popis, y su principal operador Santiago Mazari Hernández, El Carrete.

No se sabe dónde está El Carrete, pero en 2015, a través de mantas colocadas en cinco municipios de Morelos, éste se deslindó de la desaparición y masacre de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El deslinde vino después de la detención de Rubén Mazari Sánchez o Rubén Aguilar Sánchez, El Charro, hermano de aquél, el 9 de febrero de 2015, quien de acuerdo con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, controlaba los secuestros, en la zona surponiente de Morelos, principalmente en Amacuzac y Jojutla, dos municipios cercanos a Iguala.

4. Ataque al autolavado El Peque

Casi de manera simultánea a la agresión contra los estudiantes, a sólo 250 metros del punto donde ésta ocurrió, en la calle Benito Juárez –paralela a Juan N. Álvarez–, un tiroteo se suscitó en el autolavado El Peque –referido también en las indagatorias como Los Peques–, en el que resultó herida de bala una empleada de ese negocio. En éste participan, de acuerdo con las investigaciones, camionetas Nissan Urvan en las que viajaban algunos normalistas que en esos momentos estaban en Iguala, según testimonios recabados en la investigación, para “apoyar” a sus compañeros. En el lugar quedaron, todos con impactos de arma de fuego calibre .223 y de rifle ar-15 una Urvan, un Chevy, un Pointer, otra camioneta y una motocicleta.

El establecimiento donde ocurre la agresión resulta ser propiedad y guarida de los hermanos Benítez Palacios: Mateo, Reynaldo, Salvador, Osiel y Orbelín, encabezados por Víctor Hugo, apodado El Tilo, quienes conformaban el brazo armado de Guerreros Unidos en Iguala, Cocula, Taxco y Huitzuco, y se dedicaban también a la extorsión y el narcomenudeo.

La noche del 26 de septiembre, desde el primer instante en que pisaron territorio igualteco, El Tilo ordenó “halconear” (o sea, avisar de cualquier movimiento que consideraran sospechoso, sobre todo de fuerzas de seguridad) a los alumnos, concentrándose en los autobuses 1531 y 1568 de Estrella de Oro, es decir, los que originalmente salieron de la Normal. Los integrantes de su célula criminal fueron dando informes sobre los movimientos de los jóvenes y lo que consideraban era su objetivo: para ellos se trataba de “contras”, es decir, integrantes de Los Rojos, información que desde el primer momento se diseminó entre sicarios y vigías del grupo criminal.

El Tilos le dijo esa noche a Gildardo López Astudillo, El Gil, el hombre de confianza de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, que los jóvenes iban armados y que pretendían calentar la plaza. Nunca precisó a sus superiores que se trataba de alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y él mismo es señalado por otros indiciados del caso como el que inició “el desmadre” contra los normalistas.

El 17 de octubre de 2014, tras ser detenido, Sidronio Casarrubias confirmó esos dichos: el líder de Guerreros Unidos, declaró que esa noche los infiltrados hurtaron tres taxis propiedad de Los Peques –esa noche además de los camiones fueron baleados varios taxis– y que, tras el tiroteo en el autolavado, Guerreros Unidos recuperó algunas armas largas calibre nueve milímetros. Aseguró que de los autobuses sacaron hk y varias armas cortas. También, que Guerreros Unidos había secuestrado y asesinado a tres integrantes de Los Rojos y que a eso podía deberse la presencia de ese grupo criminal en Iguala.

Igualmente indicó que los líderes de este grupo habían pagado al entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vázquez, 300 mil dólares para que los dejaran hacer el operativo contra los hermanos Benítez Palacios, y que el dinero también fue para el director de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, para que éste permitiera que Los Rojos se infiltraran en los autobuses con los estudiantes.

El caso Omar García

Omar García, un joven que se presenta como sobreviviente de los hechos de Iguala y se dice normalista, aunque no hay registros de que haya formado parte de la escuela, la noche de Iguala se movió en una camioneta Urvan, hecho confirmado no sólo por él mismo sino por diversos testimonios como el que dio el jefe de sicarios encargado de la desaparición de los normalistas, Felipe Rodríguez, El Cepillo.

Tras su captura, éste último declaró que al volver a la casa del jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, la madrugada del 27 de septiembre, escuchó cómo César Nava, jefe policiaco de Cocula al servicio de Guerreros Unidos dijo: “¿Te acuerdas de los cuatro chavos que murieron en Carrizalillo en un enfrentamiento de Los Rojos con Guerreros Unidos?... Pues aquí anda su hermano. Anda en una Urvan de las de los Ayotzinapos… Ahí anda también con ellos”.

Omar García, quien tras los sucesos se convirtió en uno de los voceros de la causa política de los 43, ha utilizado diversos nombres para identificarse ante los medios y en diversos foros. En entrevista con bbc Mundo, por ejemplo, dijo llamarse Omar García Velázquez; en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Omar Salgado Bahena, y en entrevistas para medios como Milenio, El Universal, La Otra Opinión y Vanguardia, entre otros, Omar Vázquez Arellano.

En un trabajo especial de The New York Times⁹ que habla de los sobrevivientes de Ayotzinapa, García aparece con el nombre de Manuel Vázquez Arellano, y ahí el rotativo estadunidense habla de sus orígenes: “Creció en Tlacotepec, un pequeño pueblo de montaña en el estado de Guerrero, conocido por sus cosechas de amapola… y la violencia. Tenía doce hermanos, pero cinco murieron en su niñez debido a enfermedades curables… De niño, Vázquez trabajó en el campo, cosechando amapolas y extrayendo su savia, el ingrediente clave de la heroína. Cuando tenía tan solo siete años, vio cómo unos sicarios abrieron fuego en una fiesta, mataron a una persona e hirieron a varias más. Años más tarde, uno de sus hermanos fue asesinado en una riña que, sospecha, estaba relacionada con una rivalidad entre pandillas”.