Elementos históricos, políticos y militares para comprender las relaciones Colombo-Venezolana

Nada más alejado de la realidad, las importantes sociedades comerciales alcanzadas entre países europeos, antes de la primera guerra mundial, no impidieron que esta se desatara dejando a los principales socios Alemania y Gran Bretaña en bandos enemigos (Nye, 2011, párr. 3). Esto no quiere decir que el poder militar siempre sea el fundamental, lo es en la medida que aparezca la guerra como en este caso, sin perder de vista que entrar o no finalmente corresponde a decisiones políticas. Tras este argumento, cobra validez el postulado clausewitziano que define la guerra como “una mera continuación de la política por otros medios” (Clausewitz, 1968, p. 19), pero resulta claro que según el momento y el contexto que se viva, una u otra puede tomar mayor preponderancia. Sin embargo, en cualquier circunstancia, el poder militar contribuye a dar orden a lo político y lo económico, toda vez que en el monopolio de la fuerza reside la seguridad de un Estado, tanto en el ámbito interno como externo, donde el orden internacional es más etéreo.

No obstante, para el caso venezolano el poder militar es un concepto mucho más complejo que para Colombia, por dos razones: la primera, a diferencia de Colombia, Venezuela se ha empeñado en construir un fuerte aparato militar capaz de proyectar una acción disuasiva creíble ante sus potenciales rivales. Por tanto, demanda poseer un respaldo presupuestal boyante para asegurar su mantenimiento y sostenimiento. Mientras que para Colombia, potenciar su poder militar se ha concentrado en adquirir y fortalecer las capacidades requeridas para atender el conflicto armado interno, acorde con sus posibilidades económicas. De cualquier modo, Colombia es considerada una amenaza para Venezuela, porque teme ser invadida por Estados Unidos con su apoyo. Sin embargo, no es coyuntural ni de una sola vía, esa prevención ha sido recíproca y ha predominado históricamente, debido al diferendo limítrofe pendiente, como se constata en las hipótesis de guerra de ambos países. Por consiguiente, la desconfianza es mutua y ha conllevado a la securitización de las relaciones, dada la extensa frontera de 2.219 kilómetros que los une, donde la mayoría de problemas existentes se enmarcan en la seguridad; la segunda, tiene que ver con la estrategia utilizada por los gobiernos de Chávez y Maduro, como una variable principal de gobernabilidad, la cual consiste en ubicar a los militares en puestos gubernamentales y ofrecerles ventajas e incentivos, para obtener lealtades y asegurar el control del estamento castrense, con el objetivo de mantenerse en el poder. Una práctica reciente, dadas las características propias del proceso revolucionario en que se encuentra inmersa Venezuela, y sin antecedentes en los gobiernos democráticos anteriores a 1999. En el lado colombiano, dicha realidad no existe, por cuanto las Fuerzas Militares no afrontan esa situación y sustentan sus actuaciones bajo la égida de la legitimidad, amparada por el acatamiento a la Constitución y la Ley.

Respecto al concepto de liderazgo, comencemos por decir que su propósito fundamental es el de alcanzar intereses compartidos o comunes (Malamud, 2011, p. 9) y que para John Ikenberry (1996) hay que partir de la premisa que tiene implícitos dos elementos esenciales de capacidad: el poder y la voluntad. El primero, como ya señalamos, se refiere a la capacidad de influir para que otros hagan lo que en otra circunstancia no harían. Es decir, implica la cooperación libre y espontánea, alejada de cualquier tipo de acción coercitiva. El segundo, es la capacidad para generar consensos y acciones colaborativas por parte de actores y Estados, en procura de alcanzar objetivos e intereses comunes. En otras palabras, la consecución de seguidores (Ikenberry, 1996, p. 396). En consecuencia, el liderazgo no se reduce al simple ejercicio del poder que se materializa en la influencia, sino que también requiere de la habilidad para persuadir y obtener su voluntad política.

De lo anterior se colige la posibilidad de una extrapolación del liderazgo al ámbito de las relaciones internacionales, para llevarlo al plano de los países, considerando los tres tipos de liderazgo que identifica Ikenberry (1996): estructural, institucional y situacional. El estructural, entendido como la capacidad de liderazgo, que posee un actor estatal, la cual está dada por sus capacidades materiales que le posibilitan desarrollar un efectivo poder blando, en aras de patrocinar su liderazgo e influir en el ordenamiento político establecido (p. 389). El liderazgo institucional hace referencia a las reglas del juego que los Estados conciertan de mutuo acuerdo para orientar sus relaciones (p. 391). Finalmente, el liderazgo situacional es la capacidad que posee un Estado, en situaciones especiales, de realizar acciones encaminadas a estructurar y redireccionar el orden político internacional (p. 395).

Otras dos categorías de liderazgo las encontramos en Underdal (1994), para complementar las anteriores definiciones, el liderazgo coercitivo y el instrumental. En el liderazgo coercitivo cualquier país que sea superior en capacidades materiales, bien puede ejercer su liderazgo bajo la coacción. De esta manera, tiene la posibilidad de controlar eventos y usarlos para premiar a sus seguidores o castigar a quienes no lo hagan, en el popular método de la zanahoria y el garrote (p. 186); y el liderazgo instrumental, que se basa en el poder de convencimiento que se imprime sobre otro actor que consiente ser dirigido, o la creencia de que este posee los atributos necesarios para ser su guía y señalar el sendero (p. 187).

En adición, a continuación buscaremos desarrollar el concepto del liderazgo considerando las cinco dimensiones de James Rosenau (1994), idiosincráticas, de función, gubernamentales, sociales y sistémicas. Variables que, en nuestro estudio, son aplicables a los presidentes venezolanos Chávez y Maduro, dado que se asocian al relacionamiento de Venezuela en el sistema internacional, en lo vecinal y extrarregional, con énfasis en sus relaciones con Cuba, Estados Unidos y Colombia.

En efecto, vinculando elementos del realismo y del constructivismo, Rosenau (1994) identifica, entre otras, las variables de idiosincrasia, las cuales poseen características comunes y compartidas entre los tomadores de decisión, de manera que resultan determinantes para aplicar las políticas exteriores en un Estado. En esta dimensión se incluyen los rasgos característicos sobresalientes, del liderazgo de decisión, en el campo de la política exterior e interna, tales como: valores, talento, experiencia y atributos de la personalidad que inciden en la toma de sus decisiones. No solo las variables que integran las políticas y los intereses nacionales en el orden externo e interno, sino también los aspectos relacionados con los valores de la sociedad, su unidad nacional y el nivel de industrialización alcanzado.

En esta misma línea argumental, resulta de particular utilidad explorar sobre el funcionamiento de los sistemas nacionales con una fuerte dependencia de los acontecimientos y tendencias externas, por cuanto surge la necesidad de identificar un nuevo tipo de sistema político al que se le denomina “penetrado”, en palabras del mismo Rosenau. “Un sistema político penetrado es aquel en el cual los no miembros de una sociedad nacional participan de manera directa y autorizada, mediante acciones que se emprenden conjuntamente con los miembros de la sociedad, sea en la asignación de sus valores o en la movilización de apoyo en favor de sus objetivos” (Rosenau, 1994, p. 213). La diferencia del sistema penetrado con un sistema político internacional radica en que los no miembros influyen de manera indirecta y no autorizada en los valores de una sociedad, y en la movilización de apoyo en favor de sus objetivos, mediante acciones autónomas y no conjuntas. En cambio, el sistema político penetrado difiere de un sistema político nacional, en que los miembros de una sociedad no dirigen acción alguna hacia la misma y, por ende, no contribuyen de ningún modo a la asignación de sus objetivos ni a la consecución de sus metas.

Con relación a la seguridad, es un concepto que tiene diferentes significados. Por su naturaleza dinámica, ha ido evolucionando con el paso del tiempo y variando de acuerdo con los enfoques teóricos, ya sean realistas, constructivistas, críticos o ampliacionistas, entre otras corrientes. La seguridad se considera como “la búsqueda de la libertad frente a las amenazas y la capacidad de los Estados y las sociedades para mantener su identidad independiente y su integridad funcional frente a las fuerzas del cambio que se perciben hostiles” (Buzan, 1991, p. 432). Además, la seguridad es una expresión esencialmente subjetiva, que se refiere a liberarse de preocupaciones y sentirse a salvo de cualquier peligro o daño que pueda ser infringido por otro. Esto es, que “se determina en gran medida por percepciones y no necesariamente por situaciones objetivas. Esta subjetividad explicaría hasta cierto punto por qué el concepto de seguridad ha sido usado en tantos campos diferentes” (Bárcena, 2000, p. 12).

Análogamente, la seguridad es la “interacción entre fuerzas materiales y entendimientos intersubjetivos” (Hurrell, 1998, pp. 20-21), mientras que para Cepik (2001), es una acepción atemporal y abstracta que se caracteriza por tener unas condiciones deseables y aplicables en cualquier contexto o circunstancia. Al mismo tiempo, este autor sostiene que la seguridad está íntimamente ligada al campo militar, toda vez que es una condición relativa de protección, en la cual se es capaz de neutralizar amenazas identificables contra la existencia de alguien o de alguna cosa. Aún más, la seguridad es un concepto que se refiere al Estado y bajo ese enfoque “tiene que ser leído a través de la lente de la seguridad nacional” (Wæver, 1995, p. 49). En dicho sentido, la seguridad se ha ligado por mucho tiempo a la defensa del territorio contra la agresión externa. Igualmente, bajo la justificación de proteger los intereses nacionales en el ámbito de la política exterior o amparando la seguridad mundial, ante amenazas de carácter nuclear.

Sin embargo, para Buzan, Wæver & de Wilde (1998), las amenazas no se limitan solo al ámbito militar, sino que también trascienden a los problemas de índole político, económico, social y ambiental. Seguridad también significa “ausencia de amenazas y emancipación es liberar a la gente (…) La emancipación, no el poder o el orden, produce la seguridad verdadera. La emancipación en teoría es seguridad” (Booth, 1991, p. 319).

La anterior definición inspiró a la ONU, a partir de 1992, para explorar el concepto de seguridad humana a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, en su informe de ese año, debido a la necesidad de enfatizar en el individuo y no en el Estado, al considerar que el ser humano es el núcleo central y primer beneficiario de la seguridad. La seguridad humana, con sus diferentes usos, es ampliada por el Pnud en su informe anual de 1994, precisando que no es una preocupación por las armas, sino una preocupación por la vida y la dignidad humana. Del mismo modo, se puntualiza en que no debe equipararse la seguridad humana con el desarrollo humano, ya que es más amplio e implica un proceso donde la gente cuenta con una diversidad de opciones. En consecuencia, la seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones de manera segura y libre con la confianza que las oportunidades de hoy no desaparezcan en el mañana y básicamente se centra en cuatro características fundamentales: es una preocupación universal, sus componentes son interdependientes, la clave está en la prevención y su núcleo es el ser humano (Pnud, 1994, pp. 25-52).

Dicho concepto se puede complementar con la reflexión de Rafael Grasa, sobre seguridad humana, entendida como una doctrina que combina, desde 1990, las agendas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos, con las visiones más tradicionales de seguridad. Para ilustrarlo mejor, afirma que después de terminar la guerra fría, es indefectible que desde 1992 han disminuido los conflictos armados, pero perduran más de 120 guerras civiles y las guerras internas sustituyen las guerras convencionales. Son nuevas guerras⁶, con nuevos actores como el terrorismo o el crimen organizado (Grasa, 2007). No obstante, para este autor, el mayor obstáculo para que se adopte el concepto de seguridad humana lo constituye la enorme brecha que hay entre los países. En otras palabras, está intrínsecamente ligado a la crisis de desigualdad agravada a nivel mundial, al enfrentar la pobreza extrema con la riqueza extrema. Según Oxfam (2018), el 82% de la riqueza mundial generada en 2017 quedó en poder del 1% más rico de la población mundial, lo que contrasta con el 50% de la población más pobre que equivale a 3.700 millones de personas, que no obtuvo beneficio con ese crecimiento.

En esta línea argumental, también es posible reflexionar en torno a tres campos de aplicación en función de la seguridad: seguridad nacional, seguridad ampliada y seguridad humana (Battistella, Petiteville, Venession, 2012, pp. 506-510). Para este estudio es de particular importancia el campo de la seguridad nacional, definido en 1948 por el diplomático estadounidense George Kennan, como “la capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de interferencia de potencias extranjeras” citado por Laborie (2011, p. 1). A esta definición podemos agregarle la de los realistas, para quienes “la seguridad nacional hace referencia a la salvaguardia del Estado frente al daño físico” (Frasson-Quenoz, 2014, p. 29). Esto nos lleva a decir que el objeto de referencia es el Estado-nación, en un espectro donde los Estados se ven comprometidos a librar una lucha permanente que se soporta en el poder militar, con la finalidad de garantizar su soberanía, la integridad de sus territorios y velar por sus intereses nacionales. Para lograrlo, en un sistema internacional competitivo y anárquico, se hace necesario anteponerse a las amenazas armadas de los demás Estados, con la mirada fija en alcanzar el equilibrio de poder.

En cuanto al campo de la seguridad ampliada, nace desde el mismo momento en que se reconocen las nuevas amenazas a la seguridad de los Estados y de las personas, ligadas a su complejidad y proliferación de una gran variedad de actores internacionales, estatales y no estatales, que requieren ser enfrentadas por las sociedades junto a las amenazas tradicionales dentro de un mundo globalizado cada vez más desarrollado y cambiante. Para Buzan, Wæver & Wilde (1998), el término seguridad ampliada no se limita a un concepto reduccionista tradicional, donde prevalecen las amenazas militares. Es decir, la seguridad hay que considerarla analíticamente bajo un ámbito global o regional amplio, en el que interactúan los sectores militar, político, económico, social y ambiental, con el objeto de encontrar unidades y valores característicos, donde la naturaleza de la supervivencia y la amenaza difieren. Esto es, que “la seguridad significa sobrevivir frente a las amenazas existenciales, pero lo que constituye una amenaza existencial no es lo mismo en los diferentes sectores” (Buzan et al., 1998, p. 27). Lo anterior equivale a suponer, según estos autores, que la redefinición del concepto de seguridad está asociada al incremento de la agenda de seguridad con la creciente densidad del sistema internacional y el manejo político que se le proporciona a la significación de seguridad ampliada.

Los campos de aplicación en (Battistella et al., 2012), nos permiten visualizar la redefinición de la noción de seguridad en el período de la posguerra fría, al ser objeto de grandes debates por parte de reconocidos académicos, entre los que destacan: Buzan, 1991; Lipschutz, 1995, Krause & Williams, 1997; y Buzan, Wæver & Wilde, 1998. Tras finalizar la guerra fría, el debate ha girado en torno a tres aspectos tradicionales de la seguridad: “Primero, la idea de seguridad equivale a la seguridad nacional o la del Estado, de posibles agresiones externas. Segundo, el carácter militar de las amenazas a la seguridad. Y tercero, el supuesto de que dichas amenazas son claramente identificables y objetivas” (Tickner, 2005, p. 15).

Sin embargo, con el ataque a las torres gemelas en Nueva York y al edificio del pentágono en Virginia (Estados Unidos), desde el 11 de septiembre de 2001 se da un cambio en el concepto de seguridad, ante la aparición de nuevos actores como el terrorismo y el accionar del crimen organizado, con el tráfico ilegal de drogas ilícitas, principalmente. Hasta entonces, el concepto de seguridad se circunscribe al mantenimiento del orden interno mediante el empleo de cuerpos policiales y, el de defensa, en la protección de las fronteras para garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial, frente a eventuales amenazas de los países vecinos, con el empleo de las fuerzas militares o fuerzas equivalentes en los respectivos Estados.

De ahí que se presenta un cambio de paradigma con la Declaración de Seguridad en las Américas (octubre 2003), adoptada por los países miembros de la OEA, en Ciudad de México, la cual “creó un nuevo concepto de seguridad hemisférica que amplía la definición tradicional de defensa de la seguridad de los Estados a partir de la incorporación de nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales” (Suárez, 2007, p. 45). De esta manera, se le da a la seguridad un enfoque “multidimensional” que encierra no solo las amenazas tradicionales, sino también las nuevas.

Hasta aquí, lo cierto es que no hay y quizás no podrá existir un consenso general respecto del concepto de seguridad. Por tanto, es un debate aún no acabado, por la variedad de significados que adquiere según el tipo de nación, personas, idiosincrasia, ideas, percepciones y cultura que afectan su manera de ver la realidad, también influenciada por la postura ontoepistémica. En ello, radica la multiplicidad de definiciones que han surgido alrededor del concepto de seguridad, en especial tras el fin de la guerra fría.

Son buenos ejemplos de lo dicho: la seguridad colectiva, la seguridad común, la seguridad cooperativa, la seguridad compartida, la seguridad sostenible y la seguridad humana, entre otras. De lo anterior se colige que, la definición de seguridad, no se puede dar en términos absolutos sino relativos, por cuanto es un concepto que por su dinámica está en constante evolución y según las personas que lo utilicen, de las circunstancias de tiempo y lugar en que se encuentren, adquirirá un significado diferente.

Por ello es claro que más allá de la discusión teórica si es el Estado o el individuo, el objeto referente de la seguridad, es un hecho que los dos deben atender para salvaguardarse de las amenazas. Entonces, los esfuerzos deben orientarse hacia la elaboración de políticas, estrategias e instrumentos que deban aplicarse para satisfacer esta necesidad básica, tanto en lo externo como en lo interno. Se propone que cada sector defina un punto focal dentro de la problemática de seguridad, al mismo tiempo que ordena las prioridades. Es decir, el uso del poder militar se enfoca al primer sector, el de la seguridad militar, mientras que a los otros sectores se les da el tratamiento de seguridad requerido, con lo que se limita la securitización a los aspectos: político, económico, social y ambiental. Así, se evita una securitización generalizada que a todas luces no es conveniente, a la vez que los cinco sectores operan interdependientemente, vinculados con fuerza unos de otros como una red entretejida, por lo que de ninguna manera actúan aisladamente.

En este punto conviene desarrollar la teoría constructivista sobre el concepto de la securitización, partiendo por entender que dicha palabra es un neologismo, utilizado en los estudios de seguridad, para señalar que algo se convierte en una amenaza existencial. Dicho concepto fue acuñado por Ole Wæver, en 1995, con el fin de no restringir las amenazas a peligros eminentemente militares que, por lo general, se daba entre Estados. Posteriormente, en 1998, el concepto de securitización escaló a la categoría de teoría, al ser complementado y desarrollado ampliamente con la contribución de Barry Buzan y Jaap de Wilde.

Para dichos autores, “la definición y los criterios exactos de la securitización están constituidos por el establecimiento intersubjetivo de una amenaza existencial con una notoriedad suficiente para tener efectos políticos sustanciales” (Buzan et al., 1998, p. 25). Así, la securitización está intrínsecamente ligada a la construcción de una conceptualización derivada de la seguridad, que ayude a explicar y clarificar cualquier amenaza o problema, de una manera mucho más específica.

Sin embargo, es necesario considerar que si bien las amenazas y vulnerabilidades se pueden originar en diversas áreas, tanto militares como no militares, ello no significa que se constituyan en problemas de seguridad. Para que así sea, es necesario que se cumplan estrictos criterios que los diferencien de los problemas que pertenecen a la funcionalidad puramente política. En esencia, “deben presentarse como amenazas existenciales a un objeto de referencia por parte de un actor de securitización que de ese modo genera el respaldo de medidas de emergencia más allá de las reglas que de otro modo obligarían” (Buzan et al., 1998, p. 5). De este postulado, analíticamente hablando, resultan siete elementos o unidades que constituyen la naturaleza dinamizadora del proceso de la securitización.

FIGURA 2. PROCESO DE LA SECURITIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura superior, el proceso comienza con 1) la amenaza existencial (tradicionalmente, pero no necesariamente, el Estado, soberanía, territorio o ideología), sobre 2) un objeto referente (lo que se percibe amenazado), del cual se desprende la necesidad de 3) la supervivencia (si no se resuelve, nada más se resolverá); estas tres unidades se configuran en la fuente del proceso y son seguidas por 4) el movimiento de securitización, el cual surge de la acción que ejerce el actor securitizante (individuo o grupo, representante del gobierno, partido político, ONG), al invocar y hacer visibilizar la amenaza. ¿Cómo lo hace? A través del discurso, para convencer a la sociedad o audiencia de las medidas de emergencia a tomar; finalmente, las tres últimas unidades que completan el proceso son: 5) el respaldo a las medidas de emergencia que requiere tomar el actor securitizante, 6) la securitización y 7) el rompimiento de las reglas de una manera legítima.

En consecuencia, la securitización tiene implícita una discusión abierta y libre de dominio sobre la amenaza existencial, en la que prevalece el consentimiento sobre la coerción, ganando la suficiente resonancia para crear las condiciones requeridas y, así, hacer posible que se legitimen las medidas a tomar para neutralizar la amenaza. En otras palabras, la securitización parte de una visión intersubjetiva que conlleva a la construcción de amenazas e identidades, a cargo de un agente securitizador, frente a uno o varios objetos referentes de una sociedad que, en últimas, aprueba o niega la realización de medidas excepcionales y de emergencia o urgentes.

Dentro de este marco argumental, es oportuno adicionar la idea primigenia expresada por Wæver (1995), respecto a que otros autores describen la securitización

como la versión extrema de carácter político aplicada en asuntos considerados amenazas y que vulneran la integridad e intereses de los actores implicados. La securitización, en un panorama como el descrito, activa mecanismos de control con el fin de identificar riesgos, adoptar medidas de contingencia, definir objetivos y emprender medidas justificadas por encima del tratamiento político, permitiendo así al Estado recurrir a medios extraordinarios, en un marco de legitimidad, y garantizar la defensa de los ciudadanos, el blindaje de las instituciones o evitar la guerra o el impacto desfavorable que la amenaza trae consigo (Salazar & Yenissey, 2011, p. 33).

En estos términos, se ve que conceptos como poder, liderazgo y seguridad ayuda a comprender la relación entre lo ideológico y lo pragmático, si hay o no una carrera armamentista en la región, así como los aspectos estructurales y coyunturales que inciden en el cambio de percepción de las fuerzas militares colombianas frente a Venezuela.