Un panorama sobre la legislación y políticas públicas culturales
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LA CUENTA SATÉLITE DE CULTURA DE GUATEMALA (CSC)
LA CUENTA SATÉLITE DE CULTURA DE GUATEMALA (CSC)
En alianza con la OEI, el Ministerio de Cultura y Deportes firmó un convenio para la creación de la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala con el objetivo principal de generar información e indicadores relevantes que se constituyeran como base y referente para generar políticas públicas, fortalecer temas de la gestión presupuestaria y la toma de decisiones en cuanto a inversión y gasto en el sector cultura, tanto a nivel público como privado. (15)
Esta propuesta se creó para generar protocolos adaptados a Guatemala desde el marco referencial del Manual Metodológico para la Implementación de Cuentas Satélites de Cultura en Latinoamérica acordada en el Convenio Andrés Bello y en el Marco de Estadísticas Culturales. Pretende ser un mecanismo para medir el aporte de la cultura a la economía y determinar fortalezas y debilidades en cuanto a la información recabada para las diversas actividades culturales. Deja clara la necesidad de generar instrumentos complementarios que posibiliten la eficaz medición de la oferta y demanda de los productos culturales.
Existe una rama de la economía dedicada al estudio del arte y la cultura llamada «economía de la cultura» que usa análisis macro y microeconómicos para analizar el fenómeno de la denominada «enfermedad de los costos» ante el desafío de medir los beneficios que estos temas dejan a la economía cuando se enfrenta el dilema de generar un valor agregado bajo en sí mismo, pero con altos impactos económicos vinculados (Baumol, Bowen y Throsby, en García, 2016, p. 5). Es así como este es un amplio tema de estudio, tanto para determinar la generación de sustento teórico como de estimaciones empíricas que permitan ver claramente dónde se ubica el aporte de la cultura a la economía, el diseño de indicadores que permitan establecer concretamente a cuánto asciende y cuáles son sus alcances.
El tema también va íntimamente relacionado a otros conceptos como el de la «economía naranja», que también recibe el nombre de «economía creativa» y es definida por la Unesco como: «Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial». (16)
El insumo base de este concepto es la propiedad intelectual y está íntimamente relacionado con el concepto de industrias culturales, cuyo fin es transformar las ideas en bienes y servicios dentro del sector cultural y creativo.
Las siguientes categorías se consideran enmarcadas en la economía naranja:
a. Artes y patrimonio: artes visuales, artes escénicas y espectáculos, turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, educación en artes, cultura y economía creativa.
b. Industrias culturales: editorial, fonográfica y audiovisual.
c. Creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos: medios digitales y software de contenidos, diseño, publicidad.
Por otra parte, se establecen niveles de riesgo creativo y financiero que asumen los creadores, emprendedores y empresarios de la cultura:
d. Iniciativas propias, autogestionadas e independientes, organizaciones sin fines de lucro.
e. Emprendedores emergentes.
f. Emprendedores consolidados.
g. Gran empresa. (17)
La mayoría de quienes se dedican al arte se encuentran en el primer nivel y necesitan de la construcción de alianzas para poder mantener su labor en el tiempo. Este es uno de los grandes desafíos de las iniciativas artísticas en Guatemala.
El ámbito de la economía de la cultura es definido como «la aplicación de la economía a la producción, distribución y consumo de todos los bienes y servicios culturales» (Towse, en García, 2016, p. 6). El principal objeto de estudio es la cuantificación de las actividades artísticas y culturales en cuanto a los flujos de ingresos y empleos generados, así como la aplicación de herramientas económicas a estas actividades para incluir en la generación de políticas la perspectiva de oferta y demanda de los bienes y servicios que genera. Todo ello para demostrar que la creatividad trasciende de ser una actividad solamente cultural para incidir en el ámbito económico. Es decir que la producción cultural además de comunicar aspectos simbólicos conlleva en sí misma aspectos de propiedad intelectual y aportes relevantes al valor económico.
Uno de los sustentos teóricos del tema es el concepto de capital cultural, definido como «un activo que incorpora, almacena o genera un valor cultural más allá del valor económico que posea». (Throsby, en García, 2016, p. 7). Se divide en capital cultural tangible, que comprende aspectos como la pintura, escultura, edificios históricos y sitios arqueológicos. Capital cultural intangible, que contiene la música, literatura, tradiciones y creencias específicas de los grupos culturales. En síntesis, el capital cultural es la suma de los capitales tangibles e intangibles acumulados. (García, 2016, p. 7)
Los bienes culturales tienen particularidades específicas porque puede ser que en el momento en que son producidos no generen una inversión significativa. Sin embargo, a mediano y largo plazo el impacto de su desaparición podría ser mucho mayor, esto aunado al impacto social, cultural e identitario que esto causaría. Por tanto, la consideración de su valor no puede ser medida con una visión temporal corta, sino enmarcada en aspectos más amplios. Por otro lado, la producción cultural adquiere la condición de bien público, que consiste en que, si un consumidor o institución paga por el valor de una obra artística, una cantidad mucho mayor de personas puede beneficiarse de ello. Por ejemplo, cuando una persona dona una pintura a un museo, y si el mismo es gratuito o de bajo costo, una gran cantidad de personas pueden disfrutar de esta obra de arte al visitar su exposición.
Este es un desafío importante que adquiere mayor relevancia ante la coyuntura de las problemáticas presentadas durante la pandemia, que dejó al gremio artístico en un estado de mayor vulnerabilidad al que siempre se ha enfrentado. El desafío consiste en cómo generar mecanismos que definan el trabajo artístico bajo categorías específicas. García sostiene que en los sectores creativos existen tipos particulares de contratos muy diferentes a los establecidos para el trabajo tradicional con un horario establecido, puesto de trabajo, jefe inmediato constante, etc. Además, existe una diferenciación entre los artistas en sí mismos, con los agentes, promotores o casas editoriales. El autor sostiene que:
Estos contratos [los de los artistas] están signados por la incertidumbre acerca de la calidad del producto, la existencia de altos costos irrecuperables y la actitud de los artistas, que “por amor al arte” pueden aceptar salarios muy inferiores a los que obtendrían si se dedicaran a una actividad rutinaria. (García, 2016, p. 10)
En el contexto nacional, el autor sostiene que es necesario tener claridad sobre las capacidades para la generación de empleos e ingresos, lo cual demanda marcos amplios en temas de participación política y la consideración de variables macroeconómicas internacionales. De esta forma, poder considerar el capital cultural en beneficio de quienes lo generan, que generalmente se encuentran en situación desigual respecto a otros sectores productivos y sin medios suficientes para vivir de las actividades derivadas de la cultura.
La situación de pobreza no se corresponde con la amplia gama de recursos culturales con los que cuenta el país. Según García, «pareciera que existe un desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo que sólo se pueden evidenciar con datos estadísticos, como los que ofrece la Cuenta Satélite de Cultura» (García, 2016, p. 16).
Todo lo anterior respalda la creación de las cuentas satélites de cultura, definidas como:
Estrategias contables que miden el comportamiento económico de los sectores de importancia nacional, en los ámbitos de producción, consumo intermedio, valor agregado y PIB. Esta información la miden por el lado de la Oferta y por el lado de la Demanda. Se les denomina satélites porque están vinculadas a un marco central que mide la actividad económica a nivel nacional. Dicho marco es denominado Sistema de Contabilidad Nacional. (García, 2016, p. 10)
Específicamente, la Cuenta Satélite de Cultura contiene un conjunto de cuentas basadas en los principios metodológicos del Sistema de Contabilidad Nacional (SCN), que bajo diversos parámetros miden el comportamiento de la oferta y demanda de las industrias culturales.
Despejar las transacciones económicas, y obtener el valor agregado y su aporte a la economía del país, especificando todas las actividades culturales que ya han sido diferenciadas dentro del SCN -Cuenta satélite interna- y ampliarse hacia aquellas actividades culturales que aún no han sido diferenciadas dentro del SCN -Cuenta satélite externa-. (Unesco, en García, 2016, p. 22)
Según la Unesco, es claro que no es posible medir (estadísticamente, porque cualitativamente sí se puede dar cuenta) aspectos como creencias y valores, pero sí se pueden generar indicadores para dar cuenta de prácticas y comportamientos relacionados con ellos.
La CSC clasifica las industrias culturales en los siguientes rubros:
1. Juegos y juguetería
2. Libros y publicaciones
3. Películas, videos y programas
4. Edición de la música
5. Programación y transmisión de contenido audiovisual
6. Diseño
7. Artes plásticas y visuales
8. Creación literaria, musical y teatral
9. Formación cultural
10. Patrimonio inmaterial
11. Artes escénicas y espectáculos artísticos
12. Patrimonio material
13. Patrimonio natural (18)
Se considera necesaria una cuenta satélite porque la producción de las industrias culturales de hecho ya se encuentra en el SCN, pero se diluye bajo otros rubros que no dejan ver claramente cuál es el aporte que las mismas generan al sector económico. Por otra parte, hay algunos productos de industrias culturales que no han sido identificadas dentro de este sistema por carecer de estadísticas y controles económicos. Es por ello, apunta García, que se hizo necesario desagregar la producción de estas industrias para determinar su aporte específico a partir de la información ya contabilizada en la cuenta satélite interna. El autor señala que una segunda etapa de trabajo sería la determinación de cuáles actividades y productos no fueron considerados dentro del Sistema de Contabilidad Nacional, puesto que las estudiadas estaban diluidas en otros rubros y de esta manera, poder ampliar las categorías medibles en la cuenta satélite externa.
El análisis de García respecto a las mediciones fue positivo en el período analizado, en el que se demostró que la participación del sector cultural en la producción nacional (PCEON), representó del 3.4 % al 3.2 % de la oferta nacional, que establece valores monetarios crecientes. Al año 2012, el aporte alcanzó los 20,359 millones de quetzales, con un crecimiento absoluto del 2.5. (García, 2016, p. 34). Se demostró también que el buen desempeño del sector cultural está íntimamente relacionado con el comportamiento de otros sectores como el comercio y la industria manufacturera. También hay una relación con las condiciones internacionales como la crisis económica mundial del 2008, que incidió fuertemente en el 2009 en el aporte del sector cultural.
En las mediciones también se demostró que el crecimiento y los aportes del sector cultural muestran un peso relativo variable en el PIB. El autor sostiene que cuando se encuentran hallazgos de bajas contribuciones no debe tomarse como un dato definitivo, ya que en la información que se brinda generalmente solo se consideran datos registrados en la contabilidad nacional. Ante ello:
Se espera que, al momento de completar la compilación de la Cuenta Satélite Externa, se logre determinar en definitiva la contribución de este sector [cultural] al Producto Interno Bruto de Guatemala. En este sentido, a pesar de ser un dato parcial e incompleto, representa una participación que puede ser comparable con otros sectores de la economía, por ejemplo, el sector construcción, el sector financiero, el sector de electricidad y agua, el sector de minas y canteras, entre otros. (García, 2016, p 36)
Otro desafío presente es lograr la medición de los productos conexos al sector cultura. Este punto es muy importante. Generalmente la información presentada se restringe a los productos generados desde el sector cultural, pero no se tiene información de los productos vinculados. Esto demanda una labor de mayor desagregación en el SCN. En la información analizada en este documento se dio un primer paso al considerar algunas actividades auxiliares como las telecomunicaciones digitales e inalámbricas.
Existen también otros criterios de medición como la desagregación de la oferta cultural nacional y la que viene del exterior. Asimismo, la participación del sector cultural en el empleo nacional, el cual se mide desde la categoría «remuneración de los asalariados», que puede hacer estimaciones desde los criterios de jornada laboral, diferencias de horario y diferencias del pago por jornada. Según García, en el período estudiado se pudo evidenciar que el empleo en el sector cultura mantuvo un comportamiento muy similar al del comportamiento nacional, lo que evidencia un aporte real a la economía en su conjunto. Factores del contexto como la violencia, pueden afectar la producción cultural del país y, por ende, la generación de empleo en este sector.
El autor también identificó que son tres las industrias culturales con mayor peso: en primer lugar, la industria del patrimonio inmaterial, en segundo lugar, la industria de programación y transmisión de contenido audiovisual y, en tercer lugar, la industria de producción de libros y publicaciones.
Un aspecto también relevante es la consideración del denominado «Consumo intermedio de la Cuenta Satélite», en donde se registran los insumos que se usan en el proceso productivo, que no incluyen remuneraciones a los factores de producción. Las remuneraciones son contabilizadas en las cuentas de valor agregado. En el ámbito cultural, las industrias que se benefician del consumo intermedio se denominan «industrias independientes». Aun cuando se produzca un evento anual, hay industrias no culturales que se benefician de su realización. Algunas de ellas son: fibras textiles, servicios de alquiler, productos químicos, papel y sus derivados, combustibles, entre otros. En cuanto al rubro de impuestos, García sostiene que la participación de la cultura ha sido mínima.
Se ha mostrado un panorama general de la legislación cultural y de las políticas que rigen el accionar de este sector a nivel nacional. Se consideró importante tener un acercamiento a la experiencia de trabajo en estos temas y a conocer los procesos de su praxis. Es por ello que para finalizar este trabajo se presenta una entrevista realizada a Max Araujo, quien tiene más de 30 años de experiencia en el campo.
15- Véase documento Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala. Primera aproximación desde el sistema de cuentas nacionales SCN93. Período 2001-2012, p. 3.
16- Véase en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura https://bit.ly/3r51t8B
17- Véase en ABC de la Economía Naranja, Gobierno de Colombia https://bit.ly/38UmL2S
18- Véase documento Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala. Primera aproximación desde el sistema de cuentas nacionales SCN93. Período 2001-2012, p. 23.
UN ACERCAMIENTO AL TRABAJO EN LEGISLACIÓN CULTURAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR. ENTREVISTA CON MAX ARAUJO
UN ACERCAMIENTO AL TRABAJO EN LEGISLACIÓN CULTURAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR. ENTREVISTA CON MAX ARAUJO (19)
En el año 1990, Max Araujo fue invitado por la ministra de Cultura y Deportes, Marta Regina de Fahsen, para dirigir el Departamento de Asesoría Jurídica del ministerio. Desde entonces inició un trabajo de profundización en la rama del derecho de la cultura, que se compone del conjunto de normas jurídicas relacionadas al tema. Araujo sostiene que la legislación cultural en Guatemala es rica, abundante y variada. Es necesario conocerla sobre todo por parte de quienes se dedican al trabajo en alguno de sus ámbitos, puesto que es la única forma de promover su cumplimiento, así como de generar propuestas bien fundamentadas.
El primer punto es entender la cultura en su profunda dimensión. Persiste el desafío de comprender que la cultura abarca una amplia gama de aspectos, no solo las artes, también a las denominadas «bellas artes», para situarse en la profundidad de la vida humana, las prácticas sociales y a las diversas formas de vida. Por tanto, no hay ser humano carente de cultura.
La cultura es sustento de la identidad, la cohesión social, el sentido de pertenencia e incluso un factor que puede fortalecer la autoestima individual y colectiva, generar aportes para la disminución de la violencia, la exclusión, el racismo y la pobreza. En este sentido, se considera que la cultura es motor de desarrollo integral para los pueblos y también un sector que contribuye a la economía.
Para obtener datos concretos y enriquecer la información sobre el sector cultural en Guatemala, se dio la recomendación de incluir en el censo 2018 algunos aspectos vinculados. Araujo refiere que hubo un primer intento, aunque la data incluida fue deficiente ante todo lo que se pudo abarcar. Los temas fueron los siguientes:
1. Vivienda:
a. Material usado en las paredes, techos y pisos.
b. Área urbana o rural.
c. Servicios.
2. Categoría del lugar poblado: ciudad, villa, pueblo, colonia, condominio, asentamiento, aldea, caserío, paraje, finca, parcelamiento, cantón.
3. Si el hogar cuenta con: radio, televisor, servicio de cable, computadora, internet.
4. Autoidentificación: ladino, garífuna, xinca, afrodescendiente, indígena y especificación del grupo étnico maya.
5. Uso de trajes identitarios: mayas, garífunas, afrodescendientes, xincas.
6. Nivel y grado de estudios.
7. Sabe leer y escribir.
8. Establecimiento educativo al que asiste este año, si estudia: privado, público, otros.
9. Uso de celular, computadora, internet.
Como puede verse, los datos recabados vinculados al tema de cultura son muy escuetos. Además de ello, es importante tomar en cuenta que los encuestadores en varias ocasiones llenan por su cuenta algunos datos, sobre todo el tema de adscripción étnica y no preguntan a la persona su autoidentificación. En este mismo rubro, es importante notar que la categoría «mestizo/a» queda excluida, por lo cual las personas no indígenas forzosamente deben catalogarse bajo la categoría de «ladino», tema que deja fuera a un gran sector de la población que se niega a definirse bajo la misma por temas conceptuales e identitarios, ya que es una clasificación construida históricamente desde la negación de lo indígena.
Araujo sostiene que es urgente para Guatemala que existan procesos de formación en el área de cultura a nivel superior universitario, tema que ha sido un desafío ya que se iniciaron programas de licenciatura y maestría en el sector privado universitario que tuvieron que cerrar por no contar con el mínimo de inscripción necesaria para asegurar su mantenimiento y funcionamiento.
El entrevistado sostiene que, a pesar de los momentos álgidos de terror y violencia en Guatemala, como el período de los 36 años de guerra interna, siempre han existido movimientos culturales, aun cuando no estuvieran formalmente organizados. Sin embargo, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, se dio un gran avance en temas como el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas, el surgimiento de instituciones como Adesca, la Academia de Lenguas Mayas (ALMG), el generar apoyos legales para que quienes practican la espiritualidad maya pudieran hacerlo libremente, la ley de oficialización de idiomas, entre los más importantes. Luego de la firma de los acuerdos hubo mayor libertad de expresión, de discutir temáticas que antes estaban restringidas, libertad de organización y formación de oenegés, que permitieron una mejor articulación de los diversos gremios artísticos.
La creación del Ministerio de Cultura y Deportes, según Araujo, marcó un importante precedente para el país. Aunque es uno de los más recientes, instaurado a mediados de los años ochenta del siglo XX, es relevante porque a partir del derecho constitucional de la cultura, se crea un órgano específico para regir su ejercicio y aplicación, con obligaciones claras por parte del Estado. Otro hito fundamental fue la elaboración de las Políticas Culturales, Deportivas y Recreativas en el año 2000, fruto del consenso de diversos actores, las cuales fueron actualizadas en el 2015. Uno de los logros más importantes en este proceso fue la creación de la Dirección de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Desde esta dirección, cuando Araujo ejerció como viceministro de Cultura, se crearon programas que relacionaban el sector cultural con la economía para sentar las bases de la creación de la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala.
Araujo sostiene que un desafío estructural del ministerio es contener tanto la cultura como el deporte. Este tipo de conformación se dio siguiendo la lógica de otros países. Es importante la aclaración de que este ministerio está a cargo del deporte no federado, específicamente el relacionado con la recreación. Para el deporte federado, y como obligación constitucional del Estado, se creó la Confederación Deportiva Autónoma, además de otras entidades preexistentes como el Comité Olímpico Guatemalteco y la Escuela de Educación Física del Ministerio de Educación.
El Viceministerio de Deporte fue suspendido en el año 1993 y, cuando se emite la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, se vuelve a instaurar en 1997 ya como Viceministerio del Deporte y la Recreación. El entrevistado hace énfasis en la función específica de este viceministerio, que muchas veces se confunde. Hace hincapié en que dicha instancia también está a cargo de la recreación, que se divide en activa y pasiva. La recreación activa, que se da en movimiento y esfuerzo físico, también tendría una relación con el arte en disciplinas como la danza, el teatro y aun la música. La pasiva, que se da en procesos de observación o ser espectador de un evento, podría vincularse a conciertos, lectura o presenciar espectáculos.
Esto no se ha comprendido a cabalidad y tiene incidencia desde temas de trabajo hasta aspectos de ejecución presupuestaria porque como pudo verse en el análisis de la distribución del presupuesto presentado en este documento al Ministerio de Cultura y Deportes, aproximadamente el 50 % va a Deportes y el otro 50 % a Cultura, que tiene que dividirlo en todas sus dependencias. Es así que, al no tener claridad, se observa solo la asignación general, pero no se analiza cómo está distribuida. Araujo sostiene que «si tan solo entendieran que el viceministerio del Deporte y la Recreación podría tener un trabajo vinculado con el arte tanto en recreación activa como pasiva, sería maravilloso».
En este sentido, podría darse una ejecución de los fondos más favorable al tema cultural. Cuando se ha logrado una aprobación de un presupuesto mayor, como va asignado de forma general al Ministerio de Cultura, el que casi siempre sale favorecido es el Viceministerio de Deportes.
En cuanto al tema anterior, el entrevistado hace la reflexión de la viabilidad de crear un ministerio solamente de cultura y, de esta cuenta, se haría evidente que Guatemala destina del Presupuesto General de la Nación aproximadamente el 1 %, mientras que existen sugerencias de organismos internacionales como OEI y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericano (CECC-SICA) que recomiendan que la misma no sea menor al 3 %. Esta iniciativa de dejar un ministerio solo destinado a cultura había sido presentada por Ana María Rodas, quien estuvo a cargo de esta instancia en el periodo 2015-2017.
Ante esta realidad de los fondos disponibles, Araujo sostiene que es importante que diversos sectores hagan presión para que se revisen las asignaciones presupuestarias. También para que exista conocimiento de la realidad ya que muchas veces se critica sin tener conocimiento. Es necesario hacer afirmaciones y presentar propuestas con conocimiento de causa. Otro tema en el que es necesario tener conocimiento es en cuanto a la legislación y políticas públicas culturales. Las personas dicen sin bases que no existen, pero no las conocen ni se han ocupado en analizarlas.
Araujo indica que un tema que también es sustancial es el conocimiento del aporte que los temas culturales pueden brindar a la política exterior, conocer sobre la diplomacia cultural y también el beneficio que el sector genera a nivel económico. Tanto los artistas como hacedores y portadores de expresiones culturales podrían beneficiarse de ello al tener claridad sobre su trabajo y los dividendos que generan a nivel nacional. Con ello, asegurar mejores condiciones en su labor y un pago justo. Asimismo, los beneficios conexos que generan las actividades culturales.
En este tema, el entrevistado cita el ejemplo de los festivales o las actividades de celebración de Semana Santa, en los que además de las actividades per se, se benefician industrias como el transporte, alojamiento, alimentación, etc. Es por ello que es de vital importancia trabajar en la CSC y afinar el diseño de indicadores para demostrar con datos estadísticos el aporte que la cultura genera a la economía nacional, lo cual podría evidenciar que el sector genera ingresos tan significativos como otras industrias y generar acciones que contribuyan a mitigar los altos índices de pobreza a los que se enfrenta el país.
En cuanto a las políticas públicas culturales, aunque Araujo reconoce que es necesario desarrollarlas e implementarlas mejor, se ha hecho un gran esfuerzo en su creación y se ha contemplado una amplia gama de aspectos, que claro, deben revisarse para adaptarse a la evolución del contexto actual. Insiste que para ello hay que conocer lo existente y, sobre su base, generar nuevas propuestas.
Uno de los grandes avances existentes es el reconocimiento de la autonomía municipal y con ello, la potestad de los municipios para crear sus propias políticas culturales. La descentralización, sostiene Araujo, es un mandato que tiene el Ministerio de Cultura y Deportes en la Ley del Organismo Ejecutivo. No hay que confundir descentralización con desconcentración. La desconcentración se ha trabajado con la implementación de escuelas de arte en los diversos territorios a nivel nacional, pero las entidades específicas como los municipios, que tienen autonomía y potestad para generar sus propias políticas, responden a la perspectiva de la descentralización. Es decir, se aborda la desconcentración cuando se crean dependencias que deben responder a una autoridad central, pero en la descentralización existe autonomía para la toma de decisiones, diseño de estrategias e implementación de acciones.
Aunque se ha avanzado con la generación de políticas municipales, siempre el reto es la implementación, ya que cada política debe llevar en paralelo un plan de acción en cuyo diseño deben participar diversos sectores de la comunidad para que sea un proceso del que la misma se apropie y se interese en asegurar su cumplimiento.
Hay otros temas en discusión y que han generado controversia como la Ley de Espectáculos Públicos, que debe revisarse, ya que su emisión data del año 1956, momento en el que temas como los derechos de autor y derechos conexos no habían avanzado. Se creó para la realización, supervisión e incluso censura en la producción de eventos, con una oficina en el Ministerio de Educación a donde esta instancia pertenecía entonces. Posteriormente, se traslada al Ministerio de Cultura y fue un primer momento en que se vio la ineficiencia de dicha ley, por lo que se emitió un acuerdo ministerial donde se establecieron nuevos criterios, aportaciones y requisitos que deben cumplirse. Posteriormente se estableció la creación del Instituto de Previsión Social del Artista con otros criterios de aportaciones y finalmente, en el año 1997, la aprobación de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. En esta ley surgen las sociedades de gestión colectiva en las cuales la participación se autoriza en tres casos: al firmarse un contrato de representación, al asociarse o con un contrato de representación recíproco donde se acredita quién tiene los derechos. Araujo sostiene que, ante estos nuevos procesos, la instancia encargada de los espectáculos públicos en Guatemala trabaja con una ley desfasada que es necesario revisar.
Es necesario también que los productores y organizadores de espectáculos entiendan que la ley debe cumplirse, que los funcionarios asumen derechos y obligaciones que, si no se cumplen, se incurre en delito.
En el tema del papel de los movimientos culturales y su incidencia en la sociedad guatemalteca, Araujo sostiene que tienen un rol muy importante en el cumplimiento del derecho humano de última generación relacionado con las ciudades amigables y las ciudades para la ciudadanía. Existe un tema específico sobre ciudades creativas. Hay un movimiento a nivel internacional liderado por la Unesco para la creación de ciudades verdes, ciudades artísticas, ciudades creativas, considerándolas como un derecho humano. Ante esto, es un compromiso de los países y de los ayuntamientos crear espacios urbanos y rurales donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la recreación activa y pasiva, y el derecho al ocio ligado al ejercicio de ciudadanía plena. En estos espacios, los colectivos culturales tienen un papel muy importante. Esto ya forma parte de una normativa internacional.