PRIMERA PARTE:
RECAMBIO AUMENTARÁ CUENTAS
HASTA EN 5 % ANUAL
Al año 2025, más de seis millones de “dispositivos inteligentes” que medirán de modo remoto el consumo de electricidad, serán instalados en hogares, oficinas e industrias. Se estima una inversión de US$ 1.000 millones, y serán los clientes —y no las firmas distribuidoras— las que asumirán el costo como un “arriendo” a perpetuidad. El anuncio de que el nuevo sistema permite con eficiencia enfrentar cortes imprevistos, es refutado por expertos. Pese a no estar lista la norma técnica que define las características de esos aparatos, ese mercado ya se configuró como un “monopolio legal” de las distribuidoras: Enel ya instaló 250 mil nuevos medidores en Santiago.
Dentro de los próximos siete años las compañías distribuidoras de energía reemplazarán por “dispositivos inteligentes” todos los medidores de consumo de electricidad que hasta ahora eran propiedad de cada cliente. El cambio tecnológico tendrá un costo aproximado de mil millones de dólares —según cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)— y lo deberán asumir los clientes a pesar de que el nuevo medidor será de propiedad de la compañía.
Más de seis millones de máquinas serán instaladas en hogares, oficinas e industrias, abriendo un nuevo capítulo en la historia de seres humanos reemplazados por robots: ya no será necesario el trabajo de la persona que mide el consumo en terreno y tampoco el de las cuadrillas que cortan y reponen la energía. Una vez instalados los nuevos medidores, todo se hará de manera remota.
Esta evolución tecnológica traería beneficios para los usuarios, sin embargo, las que más ganarán serán las empresas distribuidoras de energía: además de reducir drásticamente sus planillas de personal, los nuevos medidores registrarán hasta el más mínimo consumo.
—Acá, hasta el aparato que queda enchufado sin usar va a marcar, porque gasta energía —explicó a Ciper un profesional de esa industria.
Así, con los dispositivos “inteligentes” es muy probable que aumente el monto de las cuentas de electricidad en los hogares.
El principal beneficio que traerá consigo esta nueva tecnología para las compañías del rubro, es que no asumirán el costo de esta gran inversión. Puede que usted no lo haya advertido, pero desde septiembre de 2018, la cuenta de electricidad que paga cada cliente comenzó a incluir el cobro por estos nuevos aparatos.
Para definir cuánto se debía cobrar en las tarifas por este cambio, la Comisión Nacional de Energía encargó un estudio en octubre de 2017 a un consultor externo: Inecon. Lo relevante es que los cálculos se hicieron en base a las proyecciones de inversión entregadas por las propias compañías distribuidoras.
En septiembre de 2018, cuando fueron publicadas las nuevas fórmulas tarifarias, el gobierno celebró con bombos y platillos la baja de un 7 % en las cuentas de la Región Metropolitana (RM), gracias a los precios más económicos de la energía. Pero, lo cierto es que para el resto de las regiones aumentó y en la RM la baja pudo haber sido aún mayor, ya que el recambio tecnológico aumentará las cuentas hasta en un 5 % cada año para solventar esta inversión.
En Chile, históricamente el medidor y el empalme han sido propiedad del cliente. Al menos hasta principios de 2018, el 70 % de los medidores era propiedad de los usuarios. Lo mismo ocurría con más del 84 % de los empalmes: las instalaciones que van desde los postes hasta el medidor.
La CNE definió que la propiedad debía pasar a las compañías distribuidoras de electricidad. Determinó, además, que los nuevos medidores debían cumplir ciertos requisitos y compartir las mismas características en todo el territorio.
En este punto el Congreso jugó un papel clave: la Ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, estableció que medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas y los usuarios deberán pagar por esos dispositivos a través de las tarifas.
Esa ley fue el trámite indispensable para que se pudieran expropiar los medidores masivamente sin indemnizar a los clientes y para que los empalmes pasaran también a ser propiedad de las compañías. Y ello, porque apenas Enel (ex Chilectra) manifestó en 2016 su decisión de hacer el cambio tecnológico, y de proveer a los millones de clientes con sus propios medidores, hubo reclamos. El principal fue de la Cámara Chilena de la Construcción ante la Fiscalía Nacional Económica.
—Pero esto no es una expropiación porque tú te vas a quedar con el medidor antiguo. Ahora, que el medidor no te sirva para nada, ya es problema tuyo —explicó a Ciper el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero (hasta el 1° de abril de 2018).
Romero dijo a Ciper que a fines de 2017 la CNE definió el precio a pagar por un “medidor inteligente”: US$ 132 ($ 87.500). La cifra no dice relación con la que el propio Andrés Romero informó a la Comisión de Minería y Energía del Senado: el valor del medidor “no debería superar los US$ 100”. Y agregó que, probablemente, llegaría al 50 % de ese monto.
Hoy, para Andrés Romero lo único que fracasó, fue el proceso para definir las características del nuevo medidor:
—Yo corté ese comité porque se empezó a generar todo un lío. Es una discusión de mil millones de dólares. Eso es lo que se va a gastar en medidores más o menos. Entonces, hay mucho interés y el proceso no arrojó un resultado que fuera fiable, por así decirlo.
Con este cambio legal es el propio Estado el que está legalizando el monopolio de medidores y empalmes en manos de las empresas distribuidoras, ampliando los márgenes del negocio que hasta ahora solo consideraba la venta y distribución de energía.
La indagación de Ciper detectó a varios actores de esta industria presionando para imponer las características de su propia tecnología. Los principales: Enel, que tiene su propio medidor; y aclara, un proveedor estadounidense mundial.
A pesar de que la norma técnica que definirá las características de estos aparatos no está publicada (la consulta pública para ese Anexo Técnico terminó el 27 de febrero), en Santiago Enel Distribución ya ha instalado más de 250 mil nuevos medidores. Un punto que no inquieta a la autoridad.
—La prudencia sugiere a las empresas esperar el término de la discusión para instalar los nuevos medidores. Aunque ciertamente algunas han avanzado porque han implementado planes prototipos y parecen tener confianza en que los equipos que han instalado van a cumplir —dijo a Ciper el actual secretario ejecutivo de la CNE, José Agustín Venegas.
El Senado despeja el camino
En 2015 un terremoto de magnitud 8,4 en la escala de Richter sacudió al norte del país. El remezón, seguido por un maremoto que azotó la costa de la Región de Coquimbo, dejó miles de viviendas en el piso y 15 muertos. Las mediaguas se levantaron en medio de los escombros, pero para abastecerlas de electricidad las familias tuvieron que enfrentar más problemas: algunas de las empresas distribuidoras exigieron abultados pagos para volver a habilitar empalmes y medidores.
Semanas después de la tragedia, el reclamo de los afectados tuvo eco en el Congreso. Un grupo transversal de diputados (de la UDI al PC) ingresó un proyecto de ley que obligaba a las empresas distribuidoras a reestablecer empalmes y medidores destruidos en zonas de catástrofe, sin costo para los usuarios.
En la Cámara de Diputados algunos parlamentarios quisieron ir más allá con otra indicación: obligar a las empresas a reponer estos “siempre que la inutilización no sea imputable a una acción u omisión del cliente”.
El principal disparo contra la iniciativa corrió por cuenta de la entonces titular subrogante de la CNE, Carolina Zelaya, quien en la Comisión de Minería y Energía afirmó que esa moción era “demasiado amplia” y podría prestarse para situaciones “muy complejas”. Recomendó suscribir la obligación para las empresas solo en los territorios donde se decrete estado de catástrofe.
El diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD) recordó que en la tragedia que afectó a la Región de Coquimbo, la declaración de estado de catástrofe fue paulatina y dejó fuera a buena parte de la región. Sin embargo, la recomendación del Ejecutivo fue la que prosperó. Esa redacción fue aprobada por unanimidad en la comisión y por amplia mayoría en la sala, para luego ser despachada al Senado.
Más de un año después, el proyecto dio un giro en el Senado. Autoridades de la CNE explicaron a fines de 2017 en la Comisión de Minería y Energía que no podían imponerles nuevas exigencias a las empresas sin pago de por medio.
—La distribución es un negocio regulado íntegramente. Si tú le dices a la empresa que cada vez que una catástrofe arrase, ella tiene que cambiar los dispositivos, la empresa te va a decir que se le tiene que pagar por ello porque es una nueva exigencia. Lo que no puede hacer la ley es obligarlas a hacerse cargo sin que se les pague. Eso es expropiatorio —explicó a Ciper, Andrés Romero, quien era entonces secretario ejecutivo de la CNE.
Romero y otras autoridades de la entidad, además del entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, fueron al Senado para convencer a los parlamentarios de que la mejor alternativa era traspasar la propiedad de empalmes y medidores a las empresas. Así, argumentaron, las instalaciones pasarían a ser parte de la red de distribución y las compañías serían las responsables de su funcionamiento ante cualquier evento.
En la sesión de la Comisión de Minería y Energía del 3 de enero de 2018, los senadores Jorge Pizarro (DC), Alejandro
García-Huidobro (UDI) y Baldo Prokurica (RN), hicieron suyas las modificaciones del Ejecutivo y, al ser los únicos integrantes presentes, aprobaron los cambios por unanimidad. Después, el proyecto fue aprobado por 14 votos a favor en la sala del Senado y la ley fue publicada sin modificaciones en febrero de 2018.
Así fue como quedó establecido por ley que todos los medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas distribuidoras y que los decretos tarifarios deberán incluir el pago de los usuarios por estas instalaciones.
En un artículo transitorio se especificó que el traspaso de la propiedad se hará efectivo una vez que se concrete el cambio del dispositivo. En este apartado transitorio también quedó estipulada la obligación de las empresas de reponer medidores y empalmes cuando sean destruidos por una emergencia y la autoridad decrete estado de catástrofe.
La ley entró en vigencia con el decreto tarifario publicado en septiembre de 2018. Y si antes los usuarios podían negarse al cambio de medidor, ahora solo depende de las compañías definir cuándo lo ejecutan.
La puja por la tarifa
Las compañías de distribución eléctrica funcionan en Chile como un monopolio desde 1982, gracias a las reglas impuestas por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Minería, promulgado en dictadura. En 36 años, la normativa del único proceso tarifario que se ha mantenido intacta es la del sector de distribución energética.
Las tarifas que pueden cobrar las empresas por distribuir la energía son fijadas por la Comisión Nacional de Energía cada cuatro años. A eso se le denomina VAD: Valor Agregado de Distribución.
Para definir el precio a cobrar por VAD, la CNE debe usar como parámetro una “empresa modelo” que opera de manera eficiente en un escenario de competencia ficticio.
La definición de esas tarifas queda a cargo de un consultor externo, estudio que es licitado por la CNE. Luego, las cifras son contrastadas con las que llevan las distribuidoras, que realizan sus propios estudios de costos. El resultado es un informe técnico que se construye en base a coeficientes: dos tercios para las cifras de la CNE y un tercio para las de las empresas.
Carolina Zelaya, cuando aún era titular subrogante de la CNE, reconoció en entrevista con Ciper que este mecanismo incentiva a las empresas a presentar números inflados:
—Las empresas tratan de que sus precios sean los más altos posibles y nosotros tratamos de bajarlos, pero la verdad es que hay incentivos súper perversos —afirmó Zelaya, quien hoy es jefa del Departamento Jurídico de la CNE.
El estudio del último proceso tarifario (2016—2020) fue adjudicado por la CNE a la Consultora Inecon, por $ 635 millones. Y el decreto con las nuevas tarifas fue promulgado en noviembre de 2016. Pero como recién en diciembre de 2017 se publicó la norma técnica que incluye los “medidores inteligentes” —entre otras exigencias— se hizo necesaria una actualización de las tarifas para incorporar los nuevos costos.
Para esa “actualización tarifaria” la ley establece dos posibilidades: hacer un nuevo estudio o llegar a un acuerdo unánime con las empresas. La comisión optó por la última. En octubre de 2017, la CNE se sentó con las empresas distribuidoras y llegó a un acuerdo: usar como base el último estudio y contratar nuevamente a la Consultora Inecon para actualizar las variables que habían cambiado.
—Había que incorporar las nuevas inversiones. Establecimos que las empresas tenían que presentar sus planes de inversión y nosotros pasárselos al consultor para que sobre esa base hiciera el análisis —explicó Zelaya a Ciper.
En marzo de 2018 el decreto tarifario que resultó tras ese acuerdo ingresó a Contraloría y en septiembre del mismo año fue promulgado. Allí están las fórmulas que ocupan actualmente las empresas distribuidoras para cobrar por las nuevas exigencias y que podrían aumentar las cuentas en hasta un 5 %.
Una vez publicado el decreto también comenzó a correr el plazo de siete años que tendrá la industria para transformar toda la red en un “sistema inteligente”.
Estas tarifas solo tendrán vigencia hasta el 2020. Ese año, por ley se deben volver a negociar. Sin embargo, uno de los objetivos de la ruta energética presentada por el gobierno en mayo de 2018, es realizar una reforma a la ley de distribución y modificar los procesos tarifarios. Lo que no está claro todavía es en qué sentido.
—Recién tenemos el diagnóstico, estamos bastante lejos de tener una propuesta concreta respecto de cómo vamos a calcular las tarifas ahora, pero creo que el cambio va a apuntar a una dirección completamente distinta —afirmó a Ciper José Agustín Venegas, actual secretario ejecutivo de la CNE.
El recambio de medidores
—Hoy día la red es tonta, por así decirlo. Funciona de una manera muy antigua y no te genera ninguna información útil para gestionarla —afirmó a Ciper el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero.
La frase es consenso entre autoridades y empresarios de la industria.
En 2016, Enel Distribución, empresa que tiene la mayor cantidad de clientes en la Región Metropolitana (1,7 millón), comenzó un plan piloto para instalar sus propios “medidores inteligentes”. A fines de 2017 ya llevaban más de 100.000 equipos cambiados en Santiago.
Rodrigo Arévalo, responsable del proyecto de “medición inteligente” de Enel, explicó a Ciper que el recambio se ha focalizado en los clientes que le arriendan el medidor a la compañía. Testimonios recogidos por Ciper muestran que el cambio también se ha concretado en hogares de usuarios dueños de su medidor. Hasta septiembre de 2018, ello le permitía a la empresa incluir el cobro por arriendo en la cuenta del mes siguiente al cambio.
En teoría, la gran ventaja para los usuarios será que, frente a un corte de energía imprevisto, la empresa podrá identificar y aislar remotamente el origen del problema. Pero el anuncio es refutado por los expertos consultados por Ciper.
Estos afirman que, si el corte se produce, por ejemplo, porque se cae un transformador, los medidores quedan de inmediato incomunicados para enviar una advertencia del corte. Sin suministro eléctrico, para que los “medidores inteligentes” pudieran enviar señal, debieran contar con un mecanismo de respaldo para alimentar el sistema de comunicación. Y si el medidor no tiene cómo comunicarse con su estación base, no es infalible, se ha promocionado con atributos que no tiene.
Entre los beneficios también se anuncia que habrá más información respecto del consumo de energía en los hogares: el aparato medirá el consumo cada 15 minutos y esa información será almacenada por la compañía.
Así, a futuro —se explica— podrán aplicarse tarifas diferenciadas por tramos horarios e incluso podría cambiar la forma en que se materializan los cortes por no pago:
—La regulación de potencia que tienen estos nuevos equipos permite, por ejemplo, que los cortes de luz por deuda no sean totales y solo se reduzca la energía a un mínimo que permita que solo el refrigerador siga funcionando —aventura Luis Ávila, superintendente de Energía y Combustibles.
Otra gran ventaja para las distribuidoras es que estos “medidores inteligentes” miden exactamente lo que se consume. “Esto podría implicar un alza de las cuentas en algunas casas, ya sea porque han intervenido el medidor o porque está muy viejo y por ende no mide todo”, explica Juan Agustín Venegas, actual titular de la CNE.
Desde la Superintendencia de Energía y Combustibles (SEC) señalan que cada medidor que se instala debe pasar por dos certificaciones: una al ingresar al país, que se realiza por lote, y otra que se hace a cada aparato, a través de cinco instituciones acreditadas por la SEC para ese fin.
Desde Enel indicaron a Ciper que los medidores que están instalando fueron certificados a nivel internacional por el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de España y que en Chile la certificación individual se hace a través de Cert Pro y CAM. Esta última es al mismo tiempo contratista de Enel para trabajo de cuadrillas en terreno. Ciper preguntó por este conflicto de interés, pero desde la compañía se limitaron a indicar que nunca han recibido un reproche de la autoridad fiscalizadora.
Consultado al respecto, el secretario ejecutivo de la CNE, José Agustín Venegas, indicó a Ciper:
— Yo creo que cualquier empresa que haga algo raro se arriesga a multas muy elevadas. Pensar que el que certifica los medidores puede estar haciendo algo raro, es un riesgo grave. Pero yo no puedo hablar por las autoridades anteriores.
Como el Anexo Técnico que define las características que deben tener los aparatos aún no se publica, está por verse si los “medidores inteligentes” instalados por ENEL responden a las exigencias de los procesos de certificación que exige el mercado.
SEGUNDA PARTE:
LA NORMA QUE LES GARANTIZA UTILIDAD DE 10 % NO SE MODIFICA DESDE LA DICTADURA
El debate por quién debe financiar el cambio de medidores eléctricos terminó por destapar el nudo que las empresas del sector se niegan a desatar: las altas utilidades que se les asegura por ley. Ciper buscó quiénes impulsaron el cambio en el gobierno de Bachelet y por qué fue aprobado por unanimidad en el Congreso. El exministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo a Ciper que el Estado no puede garantizar negocios redondos para las empresas, y que se deben revisar ahora normas impuestas hace 30 años que las favorecen de forma desmedida. Expertos concuerdan: bajar la rentabilidad asegurada de un 10 % antes de impuestos a un 6,5 % generaría una notoria baja de las cuentas de electricidad.
El 1 de marzo Ciper publicó una investigación que reveló que desde septiembre pasado miles de chilenos estaban pagando —sin saberlo— los nuevos medidores inteligentes que las empresas eléctricas decidieron instalar. La ira ciudadana creció cuando se supo que ese pago se selló con una ley en enero de 2018 y que ningún parlamentario advirtió el perjuicio que ella causaba a los usuarios. Ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
En las 48 horas posteriores al reportaje de Ciper, el representante de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo, recorrió canales de TV y radios afirmando que la información de Ciper no era veraz: no serían los usuarios los que pagarían la nueva joya que medirá nuestro consumo de energía, sino las empresas. La cuerda le duró hasta que el presidente Sebastián Piñera zanjó la controversia: “Los usuarios pagan todo”.
A partir de ese momento el debate no ha cesado, Al punto que llevó de vuelta al Congreso la discusión, ya que es allí donde se debe revisar la polémica norma. Pero ahora el debate se ha centrado no solo en los medidores, sino en el nudo de la Ley General de Servicios Eléctricos, la que les garantiza a las empresas eléctricas un monopolio y ganancias desmedidas.
Las ganancias de las eléctricas son multimillonarias. Solo en 2017 Enel Chile reportó $ 349 mil millones en utilidades, una cifra superior a la ganancia anual de las seis AFP que operan en Chile. La siguió la Compañía General de Electricidad (CGE), de capitales españoles y que distribuye energía a 13 regiones del país, con $ 179 mil millones. Saesa (que opera en regiones del sur) y Chilquinta (de la zona centro sur) ganaron $ 35 mil millones cada una. En total, las empresas eléctricas que participan del negocio de la distribución obtuvieron utilidades por casi $ 600 mil millones en 2017.
El artículo que estableció el cambio obligatorio de los medidores, fue impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, respaldado por las empresas eléctricas y refrendado por el voto unánime de diputados y senadores. Allí se estableció que la inversión de US$ 1.000 millones que requiere el cambio sería financiada por un aumento de las cuentas de electricidad, el que va incluido de manera encubierta en el ítem de “servicios asociados”.
De eso se aprovechó el representante de las empresas eléctricas para decir que Ciper faltaba a la verdad: no queda registro en las boletas que paga cada hogar por ese cambio. Luego de que Piñera confirmara el pago que deben hacer los usuarios, la polémica escaló hasta el punto de que el lunes 25 de marzo, el jugador de fútbol de la Universidad de Concepción, Nicolás Maturana, se manifestó al borde de la cancha: “Ojalá no cobren los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo”.
Se trató de apagar el incendio con un acuerdo entre el gobierno y tres empresas eléctricas para revertir el pago. Y fueron más allá: las empresas pagarán $ 10 mil por cada medidor antiguo. Pero ya era tarde. Los medidores inteligentes habían abierto una caja que se mantenía pétrea desde la dictadura: la regulación del Estado que les garantiza a las distribuidoras eléctricas utilidades con un piso de 10 %.
“Gol de media cancha”
Máximo Pacheco está escandalizado. En conversación con Ciper acusa que la instalación de los medidores inteligentes se pensó como una oportunidad de inversión para las empresas eléctricas, y no como una medida que apunte al bien común:
—El Estado es el que identifica una oportunidad de inversión para las empresas distribuidoras. El Estado la hace obligatoria para todos los chilenos en sus hogares, en un periodo de siete años. La única explicación que tengo para esto es que las empresas distribuidoras le metieron un golazo de media cancha al Estado de Chile para que hiciera obligatoria esa inversión. A mí ese gol no me lo meten.
Las críticas de Pacheco apuntan en varias direcciones, incluyendo a las cabezas de quienes impulsaron la medida: su sucesor en la cartera de Energía, Andrés Rebolledo, y el entonces secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero. Actualmente, Romero le presta servicios a las mismas empresas eléctricas que durante su paso por el gobierno de Bachelet le tocó regular.
Un día después de abandonar la dirección de la CNE, el 2 de abril de 2018, asumió como director de Valgesta Energía, consultora que hace trabajos para empresas como Saesa, Colbún y Aes Gener.
Para el exministro Pacheco, actualmente embarcado en una precampaña presidencial, la discusión sobre los medidores inteligentes no es técnica:
—Este es un tema que nunca se aprobó durante el periodo en que fui ministro. Esta no es una discusión tecnológica, no tengo ninguna duda de que el mundo digital avanza hacia redes inteligentes, para permitir que la gente pueda tener paneles solares en sus casas. Se incluyen transformadores, redes y medidores inteligentes… Eso forma parte de la discusión tecnológica, pero la discusión que hoy tenemos en el país es una discusión económica y de política pública.
El círculo termina de cerrarse para Pacheco cuando se analizan las garantías que ofrece el Estado a las eléctricas. “A mí me parece grave que una política pública primero identifique una oportunidad de inversión para los privados, luego se la haga obligatoria para todos los chilenos y finalmente le garantice por ley la rentabilidad a esa inversión”.
La Ley de Servicios Eléctricos (de 1983) le asegura a las distribuidoras un 10 % de rentabilidad. Ese piso mínimo se utiliza para calcular las tarifas de electricidad que se pagan en Chile. La cifra se logra simulando el comportamiento de una “empresa modelo” y tomando en cuenta los riesgos asociados al negocio. Pero allí también hay problemas. Pacheco los explica:
—En la “empresa modelo” la rentabilidad asegurada es de un 10 % anual, pero en la práctica, para las empresas reales es de un 15 % anual. Porque la “empresa modelo” y sus costos son distintos de la empresa real, nunca la CNE ha tenido acceso pleno a toda la información de costos de las distribuidoras, por tanto la “empresa modelo” está llena de supuestos. Y los supuestos son conservadores, la empresa real lo hace mejor que la “empresa modelo”. De manera que la rentabilidad que se les asegura es mayor.
La crítica de quien fuera el primer ministro de Energía del segundo gobierno de Bachelet, escala hasta el corazón mismo del funcionamiento de las empresas eléctricas. Y sus dichos tienen como aval el que durante años ocupó importantes cargos en empresas transnacionales, como Carter Holt Harcey, dueña de la mayor empresa forestal del mundo, además de haber sido director del Banco de Chile, AFP Provida, Luchetti y Falabella:
—Cuando los negocios regulados consiguen rentabilidades por sobre la rentabilidad del capital, eso se llama la renta, y es una renta que el Estado le da garantizada a los inversionistas. Ahora entiendo por qué tanta gente se molesta con los abusos y los privilegios, y eso incluye a los empresarios rentistas que capturan al Estado para que tome decisiones en función de sus intereses. La responsabilidad principal del Estado es representar el bien común y no se puede dejar capturar por grupos corporativos. Tengo la opinión formada de que esta es una falla muy grave.
Se ha intentado acotar la discusión al abuso que las empresas eléctricas habrían digitado en contra de los usuarios con el cambio a los medidores inteligentes. Y se entiende, porque las empresas distribuidoras de electricidad quieren impedir que el debate escale y llegue a afectar el 10 % de rentabilidad mínima que la ley les asegura.
La fórmula para calcular esa alta rentabilidad se fijó durante la dictadura, cuando se privatizó el servicio eléctrico. Y se argumentó entonces que era indispensable considerar los riesgos asociados al negocio, que es un monopolio natural. Pero tras 35 años esos riesgos han experimentado un cambio radical: son mínimos, mientras las utilidades no han hecho más que crecer.
La renta de las empresas eléctricas
A raíz de la discusión pública sobre los medidores inteligentes, la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que a fin de año el gobierno ingresará al Congreso una reforma general al sistema eléctrico. El gobierno tiene insumos para plantear esos cambios.
Desde 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene en sus manos un estudio realizado por Bonilla y Asociados donde se analiza el modelo que se utiliza para calcular la rentabilidad que se les asegura a las empresas distribuidoras de electricidad. El estudio concluye que una tasa de rentabilidad acorde a nuestros tiempos no debe exceder el 6,5 %.
Según expertos consultados por Ciper, bajar la rentabilidad asegurada a las empresas de un 10 % antes de impuestos a un 6,5 %, generaría una baja significativa de las cuentas de electricidad que se pagan en Chile.
Así lo afirma Cristián Muñoz, profesor asociado adjunto de la Universidad Católica, quien actualmente está al frente de la Consultora Breves de Energía. Muñoz afirma que al revisar la experiencia internacional (fundamentalmente de Estados Unidos y Europa), la rentabilidad asegurada a las distribuidoras eléctricas es significativamente inferior a la establecida en Chile:
—La ley que les asegura a las distribuidoras la tasa del 10 % antes de impuestos, es de los años 80, cifra que está relacionada con el premio por el riesgo que las empresas asumían en esos años. En ese tiempo la realidad del país era otra, situación que sugiere que es momento de actualizar el cálculo de esa tasa —afirma Cristián Muñoz.
Efectivamente, en otros países la ganancia que se les asegura a las empresas es mucho menor. A fines del año pasado en España la redujeron del 6,5 % a un 5,58 % (después de impuestos). En Alemania pasó lo mismo, y las tasas quedaron entre un 5,1 % y un
6,9 % (después de impuestos).
Enel es una de las principales empresas que participa del negocio de la distribución de la electricidad.
El estudio de Bonilla y Asociados, que tiene en sus manos la Comisión Nacional de Energía, coincide con el diagnóstico de que la rentabilidad del 10 % que se les garantiza a las distribuidoras eléctricas debe modificarse: “Esta tasa se encuentra sobrestimada. Y no es de extrañarse, ya que fue fijada hace al menos 30 años, cuando en Chile solo la tasa libre de riesgo era del orden de 5 %. Reconociendo la evolución del mercado es natural pensar que la tasa de costo de capital hoy es distinta”.
La propuesta de reducir la tasa de ganancia asegurada fue recogida por los diputados Giorgio Jackson y Pablo Vidal (ambos de RD) que presentaron un proyecto de ley que apunta a ese objetivo. En el gobierno están estudiando la medida.