Tasuta

El mejor periodismo chileno 2019

Tekst
Märgi loetuks
Šrift:Väiksem АаSuurem Aa

Para Cristián Muñoz una buena forma de beneficiar al consumidor, además de actualizar la rentabilidad asegurada, es introducir una mayor competencia en la venta de energía al cliente final. Por eso, aconseja mirar el modelo de comercialización de energía instaurado en países del primer mundo, el que mantiene el monopolio a las distribuidoras para el “negocio cable” (la estructura que permite distribuir la energía), pero que abre el mercado para su comercialización:

—Eso se llama retail de electricidad libre o desregulado. Y se aplica hoy en Europa principalmente (España, Alemania e Inglaterra) y también en Australia. No es necesario que la comercialización de energía sea regulada porque los clientes pueden tener distintas preferencias. Por ejemplo, una persona puede optar por recibir solo energía renovable u optar por solo comprar energía producida en base a carbón, que puede tener un descuento, pero es mucho menos amistosa ambientalmente. Otras comercializadoras pueden ofrecer opciones de prepago, donde se compra energía hasta un tope y después se interrumpe. La ventaja de ese modelo es que tienes una amplia gama de combinaciones que los comercializadores pueden ofrecer a los consumidores. También puede aliviar los vertimientos de energía renovable, situación que se ha dado en Europa, donde los generadores les pagan a los clientes por consumir en determinadas horas del día. La competencia finalmente beneficiará a los clientes con una mayor variedad de opciones de suministro —explica Cristián Muñoz.

Historia de un cambio inesperado

El escándalo provocado por el cambio obligado de los medidores, con cargo a los usuarios, abrió una discusión sobre el sistema en general. La chispa que encendió el debate fue una tramitación express y a última hora en el Senado en enero de 2018. El impulsor fue el último ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Rebolledo.

La paradoja es que esa modificación se originó en una iniciativa de diputados que establecía que las empresas eléctricas se harían cargo de los daños provocados por catástrofes naturales en las instalaciones eléctricas. Ningún diputado asume hoy haber sabido que su moción terminaría exactamente en lo contrario: impulsando un cambio obligatorio de todos los medidores financiado por los usuarios.

Fue en el Senado donde el proyecto dio un giro brusco. En sesiones de su Comisión de Energía, entre fines de 2017 y enero de 2018, se reactivó el proyecto de ley que habían presentado los diputados y cuya tramitación estaba congelada desde agosto de 2016. Eran las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet y el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, con premura se movió en el Senado para aprobar el proyecto. Así lo declararon varios parlamentarios a Ciper.

A la Comisión de Energía asistió el ministro Rebolledo, la subsecretaria de la cartera, Jimena Jara, el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, y otros personeros de esa repartición. Fue la subsecretaria la que inició la ofensiva frente a los senadores: “Abogó por la conveniencia de que el articulado precise a quién corresponde la titularidad del derecho de dominio sobre el medidor”, se lee en el informe de la Comisión de Energía.

El diputado Sergio Gahona (UDI) asistió a esa comisión del Senado para resguardar el proyecto original. Ante la propuesta de la CNE los convidó a presentar una indicación “que aclare el punto”, pero resguardando el menor costo posible para el usuario. Luego habló la senadora Isabel Allende (PS): “Señaló que, en su opinión, el medidor debe ser de propiedad de la empresa. Una vez instalado, ha de ser entregado en arriendo al usuario”.

La subsecretaria Jara apuntaló esa idea: “La tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos”. Fue entonces que el secretario ejecutivo de la CNE (Andrés Romero), lanzó la propuesta del gobierno. Las compañías eléctricas debían ser dueñas de medidores y empalmes (el cableado que lleva la electricidad a las casas), y que al ser estos parte de la red de distribución su instalación y mantención debían ser cargados a la tarifa que pagan los usuarios. Instó a los senadores a hacer suyas esas propuestas para agilizar el trámite legislativo.

Así fue. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad y el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, donde se tramitó sin discusión y también fue aprobado por todos los diputados.

La rabia ciudadana se ha expresado en las redes sociales con creativos memes relativos al tema.

Nadie planteó una crítica. Según el reporteo de Ciper, ningún parlamentario se percató de los cambios de fondo que se le habían hecho a la iniciativa. Eso solo se explica porque ningún diputado

—ni ninguno de sus asesores— leyó el proyecto antes de votar.

La idea del recambio tecnológico de medidores no se le ocurrió súbitamente a la CNE a fines de 2017. El cambio venía siendo planteado por las empresas a las autoridades desde al menos 2015.

A nivel internacional los medidores inteligentes ganan terreno: son parte de una actualización necesaria del sistema eléctrico y ofrecen beneficios que pueden ser aprovechados si su instalación está sujeta a una regulación eficiente.

Eso fue exactamente lo que no pasó en el Congreso de Chile. Esa regulación fue discutida y votada en tiempo récord en el Senado. Ciper conversó con senadores y diputados, y observó que hay un conocimiento muy rudimentario del complejo entramado que encierra este cambio tecnológico, así como de los nuevos negocios que se abren para las empresas eléctricas con su instalación.

En el desarrollo de esta investigación, Ciper encontró una reunión realizada el 20 de abril de 2015 entre el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, y las cabezas de Enel. Entre los ejecutivos de la empresa de capitales italianos que llegaron al despacho del ministro, estaba Jorge Rosenblut (PPD), quien fue indagado por el Ministerio Público por su rol en el financiamiento ilegal de la precampaña de Michelle Bachelet. ¿Se habló en esa cita de medidores inteligentes?

Ciper se lo preguntó al exministro Pacheco. Su respuesta fue concisa: “Es un tema que siempre planteaban las empresas”.

El negocio de los medidores

En medio de la discusión que se abre sobre las condiciones en que operan las empresas distribuidoras de electricidad en Chile, el Ministerio de Energía intentó reducir el enojo ciudadano anunciando un acuerdo con tres de las principales empresas distribuidoras —Enel, Saesa y Chilquinta— para que se le pague $ 10 mil a los usuarios que son dueños de sus actuales medidores (70 % del total) luego de que estos sean cambiados por aparatos inteligentes. CGE, el cuarto gran actor del sistema, medita.

La cifra puede parecer pequeña, considerando que los medidores inteligentes que ya han sido instalados tienen un costo de $ 87,5 mil (determinado por la CNE). Aun así, lo que esta no ha aclarado es que es probable que esa suma no sea la definitiva. ¿La razón?: el “Anexo Técnico”, que fijará por ley las características que deben tener los medidores inteligentes que se usarán en Chile, aún no está listo.

Desde la CNE informaron a Ciper que la consulta pública sobre este tema finalizó recién el 13 de marzo. A ello se suma otro dato desconocido: el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando una consulta pública internacional al respecto y que también entrará en la discusión. Como sea, ese “Anexo Técnico” debiera publicarse y empezar a regir en julio.

Recién ahí se sabrá si los más de 250.000 medidores inteligentes que ya ha instalado Enel cumplen con la norma o si deberán ser nuevamente cambiados. Esos medidores fueron comprados a una filial de su mismo holding: E-distribuzione, empresa con sede en Italia. Así lo reconoció en 2016 el encargado de medición inteligente de Enel para Latinoamérica, Gianni Cereni: “El medidor es fabricado y distribuido por E-distribuzione SpA, compañía del mismo Grupo Enel y que lleva más de 15 años de experiencia en Smart Metering”.

La adquisición de esos medidores no fue licitada a pesar de que ese fue uno de los puntos que la CNE comprometió ante los parlamentarios durante la tramitación del proyecto. Hasta ahora, el negocio para Enel ha sido redondo: se compra a sí misma los medidores inteligentes y el costo lo pagan los usuarios.

Fuentes de Enel aseguraron a Ciper que para que los nuevos medidores funcionen requieren de una serie de requisitos, por ejemplo, estar conectados a internet. Actualmente la empresa tiene un contrato con Movistar y con Claro para acceder a esa conexión, pero al interior de la empresa señalan que se firmó un convenio internacional y que será Claro la que proveerá el servicio de internet.

El negocio para Enel y las otras compañías que se beneficien de este monopolio, no incluiría solo la compra y venta del medidor. Desde Enel señalaron en enero de 2017 a El Mercurio que “no solo se incluye el equipo, sino también el sistema de comunicación, los concentradores de datos y el sistema de gestión”.

Pero los nuevos negocios para las empresas distribuidoras podrían ir más allá. En Dinamarca la nueva tecnología incluyó la posibilidad de que los consumidores puedan comprar una mayor cantidad de servicios relacionados. Entre esos está el que se pueda apagar de forma remota los electrodomésticos o controlar la temperatura de los calefactores a través del teléfono. La pregunta surge de inmediato: ¿quién los rentabilizará? ¿Las mismas distribuidoras? De ser así, y de mantenerse el sistema regulatorio chileno actual, los medidores inteligentes abrirán un nuevo millonario negocio también monopólico para las empresas eléctricas.

¿Bajan o suben las tarifas?

 

Si bien desde el gobierno se aseguró que la instalación de los nuevos medidores no tendrá aparejado un aumento de las tarifas de electricidad, ese dato choca con la experiencia internacional. Un informe preparado por la Fraunhofer Chile Research para Corfo en 2014 revisó lo que ha pasado con las nuevas tecnologías eléctricas en el mundo.

En ese informe se constata que en algunas regiones de Estados Unidos los usuarios han reclamado por “el incremento en los costos de la electricidad que ha acompañado a los medidores inteligentes”. Algo similar ocurrió en Canadá: “La introducción de estos proyectos coincide con incrementos en precios de la electricidad, algunos creen que esa alza de precio es motivada por los medidores”.

PREMIO CATEGORÍA REPORTAJE O PERFIL

EL ESTALLIDO VITAL DE GERALDINE: EL DURO DESPERTAR DE LA MENOR QUE QUEDÓ EN COMA POR UNA LACRIMÓGENA


Ivonne Toro

27 de diciembre

Ciper

Las cifras en el periodismo y para la sociedad, cobran vida y se entienden mejor cuando se devela una historia, que puede representar a mucha gente y que se extrae de la realidad que estamos viviendo.

Ocurrió durante el estallido social de Chile en 2019, se hablaba de cientos de miles de personas manifestándose, la mayoría en forma pacífica, pero que también resultaban afectadas por la acción de Carabineros. Fue el caso de Geraldine, una niña de 15 años, que recibió un impacto en su cabeza y que estuvo muchos días en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Ivonne Toro tomó su historia, puso el foco y su pluma en función de mostrarla, no solo como una menor agredida, sino como una persona que tenía una historia, sus luchas, un origen y también sentido. Así creó para Ciper “El estallido vital de Geraldine: el duro despertar de la menor que quedó en coma por una lacrimógena”, un relato intenso que revela no solo quién era sino también sus sueños y el de su entorno.

“Los evaluadores concuerdan respecto a que cumple con un buen reporteo, así como un uso adecuado de técnicas narrativas: “La niña está sentada en la vereda, rodeada por manifestantes. Desde la frente, un reguero de sangre marca con nitidez sus facciones. Alrededor de su rostro lleva una polera gris que comienza a teñirse de rojo. En su cabeza tiene una herida tan profunda que el hueso del cráneo quedó expuesto. Viste de negro. Está consciente y balbucea su apodo: Geral”.

Sostiene el jurado, además, que el testimonio reproduce un sistema que vulnera a las personas, retratando el fenómeno del estallido social. “Su nombre es Geraldine Alvarado Parra, tiene 15 años y en cuatro días más cumple 16. Le dicen ‘China’. Está en segundo medio de la Consolidada Dávila, el mismo liceo donde se grabó la emblemática serie El reemplazante. Es aguerrida y alegre, se declara hincha de la Universidad de Chile, vive con su papá —un obrero de Pedro Aguirre Cerda— y está a segundos de caer en un coma del que pudo no despertar”.

El 10 de diciembre, en medio de las protestas en Plaza Baquedano, un elemento contundente —una lacrimógena según testigos— abrió una profunda herida en la cabeza de Geraldine Alvarado. Con apenas 15 años, la niña estuvo inconsciente durante cinco días en los que rozó la muerte. Los rescatistas y médicos que la atendieron en la calle relatan los segundos de horror en que entró en un coma profundo. Su padre y su mejor amiga cuentan sobre la infancia fracturada de una menor que desde pequeña conoció la pobreza y la desigualdad, contra las que decidió luchar. El INDH se querelló por homicidio frustrado.

— ¡Cubre poh, huevón, cubre!

La niña está sentada en la vereda, rodeada por manifestantes. Desde la frente, un reguero de sangre marca con nitidez sus facciones. Alrededor de su rostro lleva una polera gris que comienza a teñirse de rojo. En su cabeza tiene una herida tan profunda que el hueso del cráneo quedó expuesto. Viste de negro. Está consciente y balbucea su apodo: Geral.

Ha llegado hasta la intersección de las calles Ramón Corvalán con la Alameda, en la zona cero de las protestas en la Plaza Baquedano —rebautizada en octubre como Dignidad—, traída en brazos por otros jóvenes. Son las 20:32 del martes 10 de diciembre. Es el día 51 desde que estalló la crisis social en el país. La jornada ha sido violenta. El territorio está en disputa entre encapuchados y carabineros y la contienda no es pareja: los primeros lanzan piedras; la fuerza policial responde con carros lanzaaguas y con bombas lacrimógenas.

Desde que se limitó el uso de escopetas de perdigones porque las lesiones oculares marcaban un nefasto récord mundial —más de 350 víctimas—, algunas de esas granadas de gas comenzaron a ser lanzadas directamente al cuerpo o la cara. Es lo que habría ocurrido con Geral, según contaron los testigos de la agresión. El disuasivo disparado a corta distancia le abrió en forma vertical un tajo de varios centímetros desde donde parte el cuero cabelludo, al centro de la frente, hacia la nuca. El proyectil penetró dejando un profundo surco abierto en forma de “v”. Ni siquiera quedó allí un mechón de pelo o un colgajo de piel.

Un equipo voluntario de rescatistas, dirigido por el enfermero reanimador, Michael Díaz Damiano (31), la recibe esa tarde y comienza a entregarle los primeros auxilios.

Los asistentes a la marcha levantan las manos pidiendo una tregua para permitir la atención clínica y el traslado de la muchacha, pero los carabineros no detienen al “guanaco” y entonces Michael insiste con la misma orden:

—¡Escudos! ¡Cubre poh, huevón, cubre!

Geral tiene la mirada extraviada. Desconocidos la alientan: “Aguante, compañera”. Ella no responde, pero sí es capaz de colaborar y subirse a una camilla.

Parece estar bien, pero en instantes el pronóstico se torna desolador. Esa noche rozará la muerte.

Su nombre es Geraldine Alvarado Parra, tiene 15 años y en cuatro días más cumple 16. Le dicen “China”. Está en segundo medio de la Consolidada Dávila, el mismo liceo donde se grabó la emblemática serie El reemplazante. Es aguerrida y alegre, se declara hincha de la Universidad de Chile, vive con su papá —un obrero de Pedro Aguirre Cerda— y está a segundos de caer en un coma del que pudo no despertar.


“Sin lucha no hay historia”. La frase la escribió Geraldine en Facebook. Desde hace unos meses, cuenta su padre Héctor Alvarado Araya (53), la adolescente comenzó a hablarle de temas que para él eran ajenos o tal vez tan conocidos que ya no reparaba en ellos. Estaba ocupado en cosas prácticas, “parar la olla”, dice, y para eso había que trabajar en lo que fuera.

Tiene experiencia en construcciones, pero solo estudió hasta sexto básico y eso no ayuda a la hora de “buscarse la vida”. El sueldo en el rubro es poco, menos de $ 500 mil mensuales según la Fundación Sol; la estabilidad, nula. Héctor había aprendido por años a caminar en una ingrata cornisa financiera. También se había convencido de que el destino está más o menos trazado: se nace pobre y se muere pobre.

A esa convicción, Geraldine le dio un nombre: inequidad.

Si los barrios donde ella había crecido en Renca y luego en las poblaciones Navidad y Dávila, tienen pocos árboles y un exceso de cemento que en verano los transforma en un mini infierno, es porque en Santiago las áreas verdes se concentran en el sector oriente. Si ella debe compartir un cuarto con su papá porque no les alcanza para arrendar una casa, es porque en los últimos diez años, según el Instituto de Estudios Urbanos de la UC, el valor de las viviendas en la Región Metropolitana ha aumentado entre el 95 % y el 150 %. Si su sueño de estudiar medicina forense se vio siempre tan lejano, es porque entre la educación pública y la privada más que una brecha hay un abismo.

—Cuando me conversaba eso, yo me iba para abajo. Yo nunca iba a poder darle una educación de la manera que ella lo anhela. Igual lo tomaba como una cosa que ella podía cambiar porque estaba más chiquitita cuando me decía eso. Y ahora en el colegio que está estudiando iba a comenzar con gastronomía en tercero medio, pero se metía también en la parte metalúrgica. Yo le traía guantes, antiparras de mi pega. Ella cuestionaba que faltaran cosas, instrumentos para trabajar. Era como una líder, andaban todos en la misma onda de ella, sobre todo un grupo. De eso fui dándome cuenta yo: ella quería ser alguien en la vida —dice Héctor.

La niña tuvo una infancia dura. Sus papás se separaron cuando era pequeña y ella quedó bajo la custodia de su mamá que la maltrataba. En 2018, hubo un episodio de violencia que terminó en tribunales con una orden de alejamiento para la mujer. Geral pasó a vivir con una hermana materna mayor, Evelyn, unos meses. Luego, cuenta Héctor, fue él el responsable. Vivía de allegado en la casa de un familiar.

—Un día tomé la decisión. Fui donde la Evelyn y dije: “Ya, se acabó todo esto, hasta aquí nomás llegó. Geraldine, nos vamos. ¿Dónde? No sé. Nos vamos”. En ese momento tenía algo de platita que me habían pagado y me costó, me costó. Yo tengo un cacharrito chico, ahora lo tengo en panne. Hubo una noche que tuve que dormir con la Geraldine en el auto y después caminamos todo el día buscando arriendo hasta que encontramos una pieza. En una pieza vivo con ella. Yo deseo que tenga su privacidad, sus cosas, porque es una lola y no puedo estar al lado de ella. Me ha costado bastante encontrar un lugar porque está caro todo. Yo no gano un dineral, mi trabajo es de obrero nomás. Es fregado.

Geraldine y su papá llevaban más de un año viviendo juntos cuando el espanto los golpeó. Las últimas semanas habían sido agitadas para los dos: él había comenzado un nuevo trabajo y ella había aumentado su participación en las manifestaciones masivas que se iniciaron el 18 de octubre cuando estudiantes secundarios saltaron el torniquete del Metro en protesta por el alza en las tarifas.

“Evadir, no pagar, otra forma de luchar” fue el grito que inició una crisis que escaló hasta dejar en jaque al gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. Por vez primera desde el retorno a la democracia, se decretó estado de emergencia y toque de queda por las protestas sociales.

Hubo saqueo de supermercados y quema de estaciones de Metro. Los militares intentaron controlar el orden público en casi todo Chile entre la madrugada del 19 de octubre y las 00:00 horas del 28 de ese mes. En ese periodo, hubo cuatro muertos a manos de agentes del Estado; otros, como José Miguel Uribe Antipani (25) en Curicó, cayeron por la acción de civiles; y hubo más de 20 calcinados en incendios de comercios asaltados por turbas.

El movimiento social no se detuvo y entonces los ojos de cientos de personas fueron alcanzados por balines de Carabineros. En noviembre, el horror subió de escala: al estudiante de sicología Gustavo Gatica (22) y a la trabajadora Fabiola Campillai (36) los dejaron ciegos.

Gustavo tuvo un doble estallido ocular provocado por perdigones. A Fabiola, una lacrimógena le fracturó la mirada.

Héctor sintió miedo; Geraldine, no. Quizás esa diferencia hizo que para él prohibirle acudir a Santiago centro, a la Plaza Dignidad, se convirtiera en una batalla perdida:

—Era un problema porque me hablaba con muchos fundamentos de por qué ella salía.

También del patriarcado. Yo me tenía que quedar callado porque no sabía qué responderle, porque son cosas que uno a veces las deja pasar y ella tenía esa capacidad de verlas con más facilidad.

Frente a los argumentos de Geraldine, Héctor pasó del “no vayas” al “cuídate, por favor”. No tenía mucho margen para negociar: los horarios en su trabajo no coincidían con los de la muchacha y además ella, como muchos de su generación, estaba convencida de que los cambios se conquistan en las calles.

—Yo estaba con mucho temor porque veía lo que pasaba y se lo comentaba. “No, papá, si no me va a pasar nada, si yo arranco, papá, he arrancado todas estas veces de los pacos” me decía. Pero yo estaba angustiado. Le repetía: “Hay jóvenes que perdieron su vista, Geral, y la próxima puedes ser tú, quién sabe qué te puede pasar, hija, por estar luchando”.


—¡Baja la cabeza, no te movaí! ¡Baja la cabeza!

 

En el día internacional de los Derechos Humanos, Michael Díaz y su piquete de rescatistas del Teatro del Puente —Martín Figueroa, enfermero neurólogo; Gelver Contreras y Benjamín Pizarro, naturópatas; y Rodolfo Araneda, bombero— llevan horas atendiendo sin parar a personas lesionadas en las protestas. La mayoría son casos de simple resolución, pero cuando reciben a Geraldine advierten que están ante algo grave. Sin camilla para traslado, son socorridos con este implemento por los “Cascos Rojos”, otra de la veintena de organizaciones que presta ayuda a los ciudadanos heridos en las movilizaciones.

Vendan con rapidez a la muchacha y parten los dos escuadrones con ella hacia un puesto de atención médica más equipado y mejor protegido en calle Nueva Bueras. El punto clínico está a dos cuadras, pero el trayecto para los equipos no se mide en metros ni en los escasos diez minutos que tardan en entregarla a los profesionales de “Salud a la Calle”, sino en el drástico deterioro de la muchacha que intenta incorporarse, desorientada, y es de inmediato conminada por Michael a no moverse: temen lo peor y no se equivocan.

— ¡Baja la cabeza, no te movaí! ¡Baja la cabeza! ¡¿Quién recibe acá?!

A la entrada del pasaje sin salida la médica Amanda Zapata (26), de Salud a la Calle, aguarda la llegada de Geraldine. Han sido avisados por teléfono de que va un paciente crítico y coordinan el arribo de una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

Apenas los rescatistas doblan la esquina cargando a la joven, ella comienza con vómitos explosivos.

—Es una niña, aparente impacto de lacrimógena en la región frontal. Tiene compromiso de conciencia, está vomitando —informa Michael.

Geraldine presenta convulsiones. Cuando le levantan los párpados, buscando alguna reacción a la luz, descubren que hay una diferencia radical en el tamaño de sus pupilas. Se trata de una anisocoria severa que indica un compromiso neurológico en curso. Amanda toma su teléfono: realizó el primer contacto con el SAMU a las 20:39, cuando Geraldine estaba en camino. A las 20:46 insiste: los signos vitales caen bruscamente. “Soy la doctora Zapata, este paciente está grave, ¿dónde está el móvil?”.

Mientras esperan, le ponen una vía venosa para suministrar medicamentos y una cánula en la faringe —el paso previo a la intubación— para despejar las vías respiratorias. Un médico manipula un desfibrilador automático. Disponen de uno que hasta ahora no han utilizado. Ruegan no tener que hacerlo, pero deben estar preparados.

Saben que están frente a un traumatismo encéfalo craneal que está evolucionando de manera negativa. Le aplican la escala de Glasgow para medir la respuesta ocular, verbal y motora. Obtiene 3 de 15 puntos. Está en un coma profundo. Ya ni siquiera reacciona al dolor. Al lugar llega corriendo un chico que la conoce: les cuenta que ambos están en segundo medio.

Geraldine, comenta, tiene 15 años.

Los voluntarios se miran desconcertados. Amanda un mes antes, en ese mismo rincón, había atendido a Gustavo Gatica: recuerda la desazón que tuvo al constatar que el universitario tenía perdigones incrustados en sus dos ojos, y que era imposible que volviera a ver. Ahora estaba perdiendo a una niña por la represión policial.

Michael tampoco logra encajar el asombro:

—¡Chucha, no puede ser, se nos va a morir una cabra chica!

A las 20:56, la ambulancia del SAMU llega por Geraldine y es trasladada hasta el Hospital de Urgencia Pública (la ex Posta Central) donde arriba 15 minutos más tarde. En el recinto hay otros pacientes graves: Héctor Gana Sandoval (35), quien recibió una lacrimógena en la parte posterior de su cabeza, y un hombre con una herida expuesta en una muñeca también por este elemento. De todos ellos, la que presenta el cuadro clínico más complicado es la niña.

De madrugada, la someten a una craneotomía descompresiva —le abren una parte del cráneo para acceder al cerebro— y le

realizan un vaciamiento de hematoma subdural. Está con riesgo vital. Si sobrevive, si logra esa hazaña, es probable que quede con secuelas importantes.

La indignación crece. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, dará cuenta al día siguiente, el miércoles 11, de 14 víctimas de agentes del Estado:

“Exigimos que se siga un protocolo y siguen ocurriendo estas cosas. Lo que ha ocurrido anoche es terrible, esto se tiene que terminar”.


—Oye, Geral, pasé a Cuarto Medio E.

—Con E de “estúpida”. Yo pasé a Tercero A.

—Con A de “admirable”.

Es la mañana del 24 de diciembre. Han transcurrido 14 días desde que la China cayó herida en la Alameda y se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Indisa, donde fue derivada por Ley de Urgencia. Su mejor amiga, Jesenia Arriagada Parra (18), ha podido por fin visitarla. Estaba, recalca, muy nerviosa. Creía que Geraldine no la iba a recordar o que a ella le iba a costar reconocerla. ¿Se encontraría con la chiquilla risueña que habitaba en su memoria?

Tras dos semanas en que las probabilidades de vida o muerte estuvieron en una pulsada sin un ganador asegurado, Yesenia tenía motivos para estar aterrada. Sin embargo, Geraldine había aplastado los pronósticos y ahí estaba, más lenta al hablar, a ratos perdida, pero batallando. Estuvo en coma, sedada, cinco días. El mismo sábado 14 en que cumplió 16 años comenzaron a bajarle las dosis de medicamentos y al día siguiente despertó.

—Es luchona la Geraldine, ¿sabe? Y tiene el ego por las nubes. Cuando le digo “estás bonita”, siempre me responde “soy bonita”. Le pregunté si se acordaba de que el año pasado nos fuimos a meter en estas fechas a una laguna del parque O’Higgins. Fue entretenido porque me dijo “mojémonos las patitas” y al final terminamos mojadas enteras. Se acordaba. Solo no sabe lo que le pasó, por qué está aquí… Eso no… Está bien, ahora le puse música y nos pusimos a cantar.

—¿Qué cantaron?

—Y ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel… Esa de Marc Anthony, ¿se la sabe?

Las muchachas se conocieron en el liceo Sara Blinder de Santiago. Se hicieron cercanas, aunque solo podían verse de lunes a viernes en horario escolar. Geraldine debía cuidar a un hermano menor en casa de su mamá y Jesenia desde que tiene 12 años vende muebles los sábados y domingos para ayudar a su familia. “Mi papá los hace y yo los comercio”, explica.

Aun así, se las arreglaban para pasarlo bien y siguieron en contacto cuando Geraldine se fue a vivir con su papá y se cambió al Liceo Consolidada Dávila en Pedro Aguirre Cerda. El colegio donde se grabó El reemplazante es un establecimiento municipal técnico al que asisten niños de un perfil muy similar al de la serie: alta vulnerabilidad social y padres con bajo nivel educacional. Según los datos de Agencia de Educación, en la prueba Simce los resultados de los alumnos en todos los niveles muestran un aprendizaje insuficiente, pero hay un indicador en que los estudiantes superan al promedio: en un 84 % afirman que se esfuerzan para mejorar.

En las paredes de este lugar, ubicado en el exfundo Ochagavía, está escrita una consigna:

“Los niños nacen para ser felices”. Allí, donde los jóvenes realizan cabildos y discuten de contingencia, Geraldine tuvo un remezón político que sorprendió a Yesenia.

—Cuando comenzaron las protestas me decía: “¿Estás clara por qué vas a ir? Esto no es para andar hueviando. Yo voy porque la educación es un derecho, por una pensión digna para mi papá, por esas cosas”. Yo también he marchado. A mi papá, como al tío Héctor, tampoco le gustaba que yo participara, pero al final se daba cuenta que no sacaba nada con prohibirme y me decía: “Hay que estar viva, Jesenia Aracely, avispá”.

Héctor le daba el mismo consejo a Geraldine. Aquella tarde en que casi le arrebatan los sueños le envió un WhatsApp: “Mucho cuidado que hoy va a estar sumamente pesado el ambiente, vente luego, hija. Igual me tienes preocupado”. Lo que vino después, dice Héctor, fue como si el suelo se abriera y él cayera en un pozo en el que los días se resumen en angustia y más angustia.