El documento concluye que “la envergadura de las lesiones (producto de este tipo de proyectil) plantea importantes consideraciones de salud pública, ya que el uso de esta arma ha sido adoptado por las policías en los 50 estados de Estados Unidos y en al menos 10 países”.
En junio de 2002, el medio estadounidense Los Angeles Times, aseguró que los departamentos de policía de EE.UU. comenzaron a abandonar su uso, tras concluir que “pueden ser peligrosamente inexactas y más letales de lo que afirman los fabricantes”. El artículo menciona que un grupo de abogados de un condado del estado de California, demandó a uno de los fabricantes de bean bags más grande del país, “alegando que la compañía no advirtió adecuadamente a la policía sobre los peligros de la munición”. La investigación periodística planteaba que hasta ese año 2002 aún no existían estándares internacionales para regular el uso de estos proyectiles. Catorce años después, el informe “Letalidad encubierta”, advierte nuevamente sobre la ausencia de normas o estándares internacionales que regulen el uso de armas “menos letales”.
Pero los fabricantes de bean bag estadounidenses, como CTS, Defense Technology y otros, no solo han vendido sus municiones a policías antidisturbios. Una serie de documentos filtrados por Wikileaks y reunidos en los Diarios de guerra de Iraq y Afganistán, indican que entre 2006 y 2007, soldados estadounidenses dispararon munición bean bag contra civiles.
Hace algunos meses, el uso de bean bags para reprimir a manifestantes también causó revuelo en Hong Kong. El 11 de agosto, en medio de las protestas contra el gobierno chino, una enfermera perdió un ojo por el impacto de una de estas municiones disparada por fuerzas de orden. El proyectil le provocó estallido ocular y rompió sus huesos alrededor del ojo. Según el medio Hong Kong Free Press, la policía violó las normas del fabricante al disparar esta munición al tercio superior del cuerpo.
“Los Estados y organismos encargados de hacer cumplir la ley deben ser transparentes sobre la regulación del uso de las armas menos letales (…) esto debe incluir información de los riesgos resultantes del uso de tales armas. Siempre que sea posible, los Estados deberían considerar consulta pública antes de adquirir nuevos tipos de armas menos letales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían ser transparentes sobre los tipos de armas a su disposición”, señala la Guía de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre armas menos letales en la aplicación de la ley.
Ciper se comunicó con el Departamento de Comunicaciones de Carabineros para obtener respuesta a las preguntas planteadas en este reportaje, pero la institución declinó hacer comentarios, indicando por escrito: “Ya nos hemos referido en reiteradas oportunidades al tema”.
La empresa Tec Harseim, en tanto, tampoco estuvo disponible para atender consultas de Ciper.
CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA:
TRES MINISTROS INVESTIGADOS POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y PAGOS INDEBIDOS
Alberto Arellano
26 de marzo
Ciper
Una noticia, aunque emane de una fuente oficial o surja de un acto administrativo, como fue el caso de la suspensión de funciones del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, puede tener muchas grietas informativas, las que bien investigadas por un periodista llevan a un pasadizo insospechado de hechos.
Es lo que demuestra el trabajo de Alberto Arellano para Ciper, quien parte de un hecho conocido como el mencionado, para llevarnos a todo un mundo oculto de irregularidades en el Poder Judicial de la Región de O’Higgins.
La destitución del ministro Emilio Elgueta es solo la superficie de una explosiva investigación por corrupción al interior del Poder Judicial. Ciper investigó y descubrió una trama que une a tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. En ella se mezclan beneficios a un doctor condenado por tráfico de psicotrópicos, registros telefónicos que dan cuenta de cómo una banda narco obtiene la libertad de uno de sus miembros a cambio de dinero, y de los vínculos con abogados que litigan en causas que ellos deben dirimir. También hay préstamos y pagos a ministros. Esta es la otra cara del “desastre de Rancagua”.
Rumores sobre nexos impropios entre ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y abogados e imputados recorrían desde hacía meses los pasillos de los tribunales de esa ciudad. La presión se hacía insostenible. Hasta que el 22 de marzo la Corte Suprema hizo estallar el misil al anunciar un duro castigo disciplinario para el ministro Emilio Elgueta Torres: la suspensión en su cargo mientras dure la investigación por irregularidades en que habría incurrido en el ejercicio de sus funciones, y que dirige la suprema Rosa María Maggi.
Ese viernes, muchos se preguntaron cuánto tardarían en llegar las esquirlas de ese sumario a los otros dos ministros que forman junto a Emilio Elgueta el trío más poderoso y polémico de la justicia en la Sexta Región: Marcelo Vásquez Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso.
La pregunta tiene asidero: a la investigación que lleva la ministra Maggi y que continúa en desarrollo, se suma otra que abrió el Ministerio Público en octubre del año pasado en contra de los ministros Elgueta y Vásquez. Y en esa indagatoria hay también novedades. Poco después de que se conociera la decisión del Pleno de la Corte Suprema, la Fiscalía de Rancagua solicitó al tribunal de Garantía de esa región fijar audiencia para formalizar al ministro Elgueta por tráfico de influencia y prevaricación. La audiencia se fijó para el próximo 26 de abril.
“Tráfico de influencias o algún tipo de actuaciones que se estiman irregulares, preliminarmente”, fueron los motivos que informó el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, al anunciar la suspensión de Elgueta. A lo que agregó que también se están investigando “algunas tratativas que el señor ministro habría tenido con abogados de partes de algunos expedientes que se llevan en tribunales de la jurisdicción”. Todas actuaciones irregulares “que podrían terminar con una sanción y eventualmente con la remoción”.
La única hebra pública respecto de las acusaciones que pesan sobre el ministro Elgueta es aquella que lo vincula con el nombramiento de la hija de su amigo y también ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, como funcionaria de distintos juzgados de Letras y Garantía de la región.
La indagación de Ciper arrojó que en al menos 11 oportunidades Elgueta firmó el nombramiento de la hija de Vásquez para ocupar cargos en distintos tribunales de la Región de O’Higgins. Ello, mientras su padre, Marcelo Vásquez, fungía como presidente del tribunal de alzada. Lo grave es que el 11 de abril de 2017, fue el propio Marcelo Vásquez quien firmó la resolución exenta que nombró a su hija, Karla Vásquez Valenzuela, como consejera técnica suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche.
Pero lo más delicado de la indagación que sigue la Corte Suprema contra los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua (Elgueta, Vásquez y Albornoz), es aún desconocido. La investigación que hizo Ciper durante meses arrojó resultados.
Huella en tráfico de psicotrópicos
Las sospechas de que Emilio Elgueta ha intervenido en disposiciones judiciales para favorecer a terceros y que pudo haber recibido dinero por ello no son gratuitas. Ciper indagó en la causa judicial contra el médico cirujano Luis Arenas Contreras, quien lideraba en Rancagua una red de tráfico de fentermina, un tipo de anfetamina recetada para bajar de peso y sujeta al control de la ley de drogas.
El doctor Arenas, quien fue condenado el 4 de abril de 2018 en juicio abreviado como autor del delito de tráfico de psicotrópicos, ha sido también el médico de cabecera de Emilio Elgueta Torres y también de los ministros Vásquez y Albornoz (y de sus familias). Otro de sus pacientes asiduos han sido el secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Hernán González, y su esposa la jueza de Garantía Jessica Bascuñán.
La historia de esta causa se remonta a enero de 2016. Fue entonces que el doctor Arenas Contreras presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua para anular una disposición de la Seremi de Salud de esa región que restringía la prescripción de medicamentos con fentermina (se vende bajo las denominaciones Sentis o Elvenir). La fentermina, catalogada como psicotrópico, por los riesgos que presenta para la salud, está sujeta a la Ley 20.000 y puede ser adquirida solo a través de recetas cheque: talonarios entregados por los servicios de salud.
Luego de que el Ministerio de Salud detectara un alza explosiva en el consumo de fentermina a nivel nacional (de ocho mil cajas en 2012 a más de 410 mil cajas en 2014), la Seremi de Salud restringió la entrega a solo un talonario de recetas cheque por médico al mes. Al doctor Arenas Contreras no le gustó la decisión sanitaria. Después se sabría que esa restricción perjudicaba sus intereses, ya que tenía montada una red ilícita de distribución de fentermina. En ella participaban al menos otras tres personas que recibían las recetas cheques del doctor para comprar el medicamento que luego era revendido a través de páginas web y redes sociales.
De ahí que Arenas presentara junto a otros facultativos un recurso ante la Corte de Rancagua solicitando levantar la restricción. El recurso está fechado el 8 de enero de 2016. Al día siguiente, el 9 de enero, el doctor Luis Arenas Contreras contactó al ministro Emilio Elgueta vía WhatsApp:
Luis Arenas: Estoy en la ceremonia de cuarto ¿Cómo salió el recurso hermanito?
Emilio Elgueta: No se vio hoy.
Arenas: OK, te llamo más tarde o nos vemos donde el Marcelito Albornoz.
El recurso del doctor Arenas se resolvió tres días después de esa conversación. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua declaró admisible el recurso y dispuso orden de no innovar, lo que en la práctica dejó sin efecto la medida de la Seremi de Salud de Rancagua. La resolución lleva la firma de Emilio Elgueta y tuvo un voto en contra: el de la abogada integrante María Latife.
A fines de ese mismo mes, el 28 de enero, los ministros Elgueta, Fernando Carreño y el abogado integrante Alamiro Carmona, acogieron el recurso de protección de Arenas y sus colegas, y tumbaron definitivamente la disposición de la Seremi de Salud. El doctor, líder de la red de tráfico de fentermina en Rancagua, volvió de manera oficial a tener acceso ilimitado a talonarios de recetas cheque.
Emilio Elgueta no era el único ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua con quien el doctor Luis Arenas tenía una estrecha relación. En distintas conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, Arenas se refiere al ministro Marcelo Vásquez como su “yunta”. En los mismos términos menciona al ministro Marcelo Albornoz: “El Marcelo Albornoz es bueno pal gueveo igual que yo, si con él estamos en la logia, bueno él está un par de grados más arriba, pero se le extraña porque no tengo con quien lesear”, se lee en la transcripción de sus diálogos telefónicos.
En esas conversaciones se evidencia un vínculo aún más profundo entre el doctor Arenas y los ministros Elgueta y Albornoz. Ciper descubrió que tanto Elgueta como el doctor Arenas compartían “hermandad” en la Logia Masónica Nº 56 Jorge Washington de Rancagua. A esa misma logia también perteneció hasta hace pocos meses el ministro Marcelo Albornoz Troncoso.
En otra conversación telefónica el doctor Luis Arenas evidencia la relación de gran intimidad que mantiene con Marcelo Albornoz, quien está muy preocupado por su ascenso a la Corte de Apelaciones cuando aún era juez de Garantía:
“Estaba medio bajoneado mi compadre (Albornoz) porque va a tener que volver aquí a la Corte de Apelaciones… no se dio porque están muy ocupados en la Corte Suprema así que no pudieron confirmarle el reemplazo para el verano…”.
La estrecha amistad que une al doctor Luis Arenas con tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua es uno de los expedientes que agravan la situación de los magistrados. Y ello, porque su condena por tráfico de psicotrópicos no es el único delito en el que ha incurrido el facultativo. Arenas también fue procesado por otras dos causas: por emitir más de 3.500 licencias médicas fraudulentas y por fraude tributario. Y en el transcurso de uno de esos dos procesos aparece nuevamente la mano benefactora de sus ministros amigos.
Cuando el doctor Arenas estaba procesado por fraude tributario, se decretó que debía cumplir arresto domiciliario nocturno. Quien debe hacer el control de que el imputado cumpla esa pena es Carabineros. Durante 2017, en ocho ocasiones la policía reportó al Juzgado de Garantía de Rancagua que Arenas no se encontraba en su domicilio por las noches. Nada sucedió. Y cuando finalmente alguien en el juzgado reaccionó, se encontró con una sorpresa: los reportes de Carabineros dando cuenta del incumplimiento de Arenas habían “desaparecido” del tribunal. Solo se recuperaron gracias a que la policía uniformada guardó copia de ellos.
El juez del Tribunal de Garantía de Rancagua era el hoy ministro de la Corte de Apelaciones, Marcelo Albornoz. La indagación de Ciper descubrió que, en medio de ese proceso judicial contra Arenas por fraude tributario, el juez Marcelo Albornoz le solicitó un “préstamo” de $ 1 millón al médico, dinero que le entregó en efectivo. Todos esos antecedentes —además de los que resultaron de otras conversaciones— están respaldados por las interceptaciones telefónicas que le hizo la policía al doctor Luis Arenas Contreras, los médicos y farmacias para la prescripción de estupefacientes y psicotrópicos.
“La Choclo” reparte monea
La investigación de Ciper descubrió otro capítulo que podría agravar la situación de los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez. Interceptaciones telefónicas de fines de octubre del año pasado a los integrantes de un clan narco dan cuenta de posibles pagos a miembros del tribunal de alzada de Rancagua a cambio de modificar las medidas cautelares que pesaban sobre al menos dos de sus miembros privados de libertad. La banda era liderada por una mujer apodada “La Choclo”.
La historia que nos interesa se inicia el 16 de septiembre de 2018 cuando Kevin Gómez —miembro de la banda y sobrino de “La Choclo”— fue formalizado por robo con intimidación y el Juzgado de Garantía de Rancagua dictó prisión preventiva para el imputado. Un mes más tarde, el mismo tribunal revisó las cautelares y le dio a Gómez derecho al pago de una fianza de un millón de pesos para recuperar la libertad. El Ministerio Público impugnó la decisión y el 17 de octubre la sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua integrada por los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y el abogado Claudio Sepúlveda, revocaron la resolución del Juzgado de Garantía, manteniendo la prisión preventiva de Kevin Gómez sin derecho a fianza.
Doce días después, y a pesar de estar privado de libertad, Kevin Gómez se comunicó con su padre, Edison Gómez, hermano de “La Choclo”. En la interceptación telefónica que se hizo a esta comunicación del 29 de octubre se escucha:
Edison: Vay a pasar unos días y te vay a venirte, pero no sé qué día, pero te vay a venirte…
Kevin: No si tranquilo, yo creo que voy a hacer unos 50 días…
Edison: Si hubo que pasarle unas moneas a un weón de los de arriba ahora porque la weá va a ir pa’ la corte poh.
Kevin: Sí poh, pa’ allá poh, una luca creo que había dicho la Yoselyn.
Edison: Pidió un resto más el weón.
Kevin: Sí, a esperar no más.
Dos días después de esta conversación, la justicia de Rancagua volvió a revisar la prisión preventiva de Kevin Gómez, la que nuevamente llegó a la Corte de Apelaciones de Rancagua tras la apelación de la Fiscalía. El 7 de noviembre los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez y el abogado integrante Claudio Sepúlveda, los mismos que hacía solo días (17 de octubre) habían dejado a Gómez en prisión y sin derecho a pago de fianza, modificaron la medida cautelar: la reemplazaron por una caución de $ 3 millones. Al día siguiente, Kevin Gómez quedó libre.
En una nueva interceptación telefónica del 22 de noviembre a otra comunicación entre jefes de la banda liderada por “La Choclo” se escucha que el clan narco tuvo que “invertir” $ 6 millones y medio para lograr la libertad de Kevin Gómez: $ 3 millones fueron destinados al pago de la caución y otros $ 3,5 millones a “otros pagos”.
A principios de diciembre pasado, nuevas interceptaciones dan cuenta de cómo miembros de la banda de “La Choclo” buscan modificar las cautelares de un cuñado de la familia, utilizando el mismo procedimiento que se usó con Kevin Gómez:
“Ya mira cuñao, igual te vay a irte, pero me dijo que hay que tener un poco de paciencia porque el loco tiene que buscar una sala para que un juez cambie la letra C”. También se insiste en que van a “hablar con el viejo de la corte” para que cambie la “letra C”, lo que implica modificar la cautelar de prisión preventiva y reemplazarla por una caución.
En ninguno de los dos diálogos se identifican a los receptores de esos dineros.
Depósitos sin respaldo
Otro capítulo que engrosa el expediente que pesa sobre los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua tiene relación con una disputa por herencia, causa que debió resolver ese tribunal. El fallo de la sala —integrada por los ministros Elgueta, Vásquez y el abogado
Sepúlveda— y que le dio la razón al demandado, Pablo Latorre Ascui, pudo haber sido uno más de los cientos que se dictan en esa corte salvo por un par de detalles: poco antes de que la causa se viera en la Corte de Apelaciones, el tráfico de llamadas telefónicas del ministro Elgueta arroja que mantuvo varias conversaciones con el demandado Latorre Ascui. La historia no termina ahí. El 10 de mayo de 2018, el mismo día que la Corte de Apelaciones de Rancagua emitió su fallo, Elgueta se depositó $ 2 millones en efectivo en una de sus cuentas.
Emilio Elgueta recibe alrededor de $ 55 millones al año como ministro (Grado 4 del Poder Judicial), a los que suma otros $ 250.000 mensuales como docente de la Universidad de Aconcagua. Pese al flujo ordenado de sus ingresos, mantiene seis cuentas corrientes en cinco bancos: BCI (dos cuentas); Scotiabank, Banco Falabella, Banco del Estado y Banco de Chile. Y es en los depósitos ajenos al Poder Judicial y a la universidad donde se centra otra de las aristas de la exhaustiva investigación en curso.
Cerca de 20 depósitos que él mismo ha hecho por goteo y muchas veces en efectivo por cifras cerradas en esas cuentas y que suman más de $ 30 millones, están siendo rastreados ya que hasta el momento se desconoce su origen. La indagación de Ciper indica que, al menos uno de esos depósitos corresponde a un traspaso por $ 1 millón realizado en mayo de 2016 por el juez titular del Juzgado de Garantía de Rancagua, Gianni Libretti Peña, pocos días después de haber sido nombrado en ese cargo. La ficha comercial de Elgueta indica que es dueño de un vehículo marca Chevrolet, avaluado en $ 6 millones y no posee bienes raíces a su nombre.
Otro flanco abierto son las llamadas recurrentes que registra el ministro Emilio Elgueta con abogados que litigaban en causas que él debía revisar y dirimir. En ese tráfico telefónico llama la atención el cúmulo de 60 conversaciones que sostuvo con el abogado Gabriel Henríquez, quien ese mismo año asumió la defensa del excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, acusado por presuntos abusos sexuales contra menores de edad. Su caso está radicado en tribunales de Rancagua.
Disputas familiares llegan a la Corte
Emilio Elgueta tiene 63 años y recorrió juzgados de menores y de Letras en la zona centro sur del país hasta llegar a integrar la Corte de Apelaciones de Talca en 2001. A la Corte de Apelaciones de Rancagua llegó en 2010, siendo su presidente en 2012.
El mismo año que aterrizó, el ministro Elgueta recibió una amonestación de la Corte Suprema por faltas a la ética, tras intervenir en una causa por violencia intrafamiliar que lo involucraba a él y a su expareja. En 2014 volvió a hacer noticia: una mujer —con la que Elgueta tuvo un hijo—, lo acusó ante el entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, de acoso telefónico y hostigamiento. En esa oportunidad, se acusó a Elgueta de haber intervenido instruyendo a su amigo, Marcelo Vásquez Fernández, entonces juez de Garantía de Rancagua, para que presionara a la denunciante y desistiera de su acción judicial. La denuncia contra el ministro terminó por ser desestimada por “falta de méritos”.
El ministro Elgueta también enfrenta denuncias de distintas funcionarias de tribunales del país por acoso y hostigamiento. Lo mismo ocurre con el ministro Marcelo Vásquez. En el transcurso de esta investigación, Ciper recibió el testimonio de un hombre domiciliado en Rancagua cuya expareja inició una relación sentimental con el ministro Vásquez. Su relato —que también entregó en audiencia a la ministra Rosa María Maggi— indica que tiempo después de que su expareja iniciara una relación con el ministro, este la nombró en cargos de reemplazo en el primer y segundo juzgado civil de Rancagua (también en el de Familia) y en los juzgados de Peumo y San Fernando. Su versión indica que Vásquez habría utilizado a su expareja para ocultar o hacer desaparecer expedientes de distintas causas. También acusa que el ministro le habría facilitado un departamento de propiedad fiscal al hermano de su expareja.
Redes en el poder
Distintas fuentes consultadas por Ciper y que pidieron reserva de su identidad, describieron a Emilio Elgueta como una persona que acostumbra a hacer alarde de su poder por sus nutridas redes de contacto. Entre ellos, era usual en la administración pasada oírlo citar su cercanía con dos ministros del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet: José Antonio Gómez y Jaime Campos. Este último, que fue ministro de Justicia, también ocupa un rol importante en la Masonería.
De hecho, los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Albornoz jugaron un destacado rol en 2018 como “jefes de campaña” en Rancagua de Jaime Campos, cuando este anunció su candidatura a Gran Maestro de la Logia de Chile (Albornoz habría dejado de pertenecer a la masonería hace solo meses).
Otro de los hombres políticos con los que se relacionan los ministros Elgueta, Vásquez y Albornoz, es el senador por la Región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier (PS). Ciper también encontró rastros de ese vínculo.
El 19 de noviembre de 2018, el senador Letelier acudió a las 10:30 al Ministerio Público para sostener una audiencia con el fiscal nacional, Jorge Abbott. La reunión quedó registrada sin detalle en la plataforma de lobby de la Fiscalía Nacional. Ciper solicitó vía Ley de Transparencia al Ministerio Público el detalle de lo conversado entre Abbott y Letelier en esa cita. En la respuesta se indica que Letelier le manifestó al fiscal nacional su preocupación “por la situación que afecta a la Región de O’Higgins, por las públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el Fiscal Regional de la misma región (Emiliano Arias)”. Letelier agregó que esa situación podría afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El fiscal Abbott le respondió al senador que compartía su preocupación y que ya estaba al tanto de esas diferencias, que las estaba analizando y que serían “tramitadas y resueltas conforme los cursos normales de actuación de la institución”.
El mismo 19 de noviembre y pocas horas después de la cita entre Letelier y Abbott, se instruyó desde el Ministerio Público un cambio en la investigación que abrió la Fiscalía de Rancagua contra los ministros Elgueta y Vásquez por los nombramientos irregulares de la hija de este último en distintos tribunales de la región: pasó a manos del fiscal regional del Maule, Julio Contardo.
Fue un paso en falso: el fiscal Contardo tuvo que inhabilitarse por su “amistad manifiesta” con el ministro Marcelo Vásquez y la investigación quedó radicada finalmente en la Fiscalía Metropolitana Sur y a cargo del persecutor Raúl Guzmán. Hasta ahora se desconoce el estado de avance de esa causa. Lo cierto es que Guzmán termina su periodo como fiscal jefe en junio próximo y es uno de los favoritos de la nómina de postulantes al cargo de secretario del Senado.
Guerra sin tregua
La pugna entre la Fiscalía de Rancagua y la Corte de Apelaciones de esa ciudad es de larga data y acumula varios episodios. La investigación iniciada en octubre del año pasado por la Fiscalía local en contra de los ministros Elgueta y Vásquez por las designaciones irregulares de Karla Vásquez en 20 juzgados de la región, terminó por encender la mecha. Pero las disputas se arrastran desde antes. Allí emergen dos episodios clave.
El 2 de enero de 2018 la Corte de Apelaciones de Rancagua sobreseyó a Sebastián Dávalos Bachelet en la arista madre del llamado Caso Caval. El fallo revocó el rechazo a ese sobreseimiento dictado semanas antes por el juzgado de Garantía de esa ciudad. Ese dictamen que fue exhibido horas después como un triunfo por Sebastián Dávalos, fue firmado por los ministros Marcelo Vásquez (quien presidió la sala), Emilio Elgueta y el abogado Álvaro Barría. Ese día Sebastián Dávalos acusó al Ministerio Público de corrupto. Para los persecutores fue un duro revés.
El fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema argumentando que la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua “carecía de fundamentación” al no detallarse los hechos en base a los que se decretó dejar a Dávalos fuera de la indagatoria principal del Caso Caval.
El segundo hito que determinó la fractura definitiva entre la Corte de Apelaciones de Rancagua y los fiscales de O’Higgins ocurrió el 4 de octubre pasado, luego de que la primera sala de ese tribunal —integrada por Vásquez, Elgueta y el abogado Juan Guillermo Briceño—, acogiera un recurso de protección del obispado de Valparaíso. La decisión del tribunal de alzada paralizó durante 58 días las diligencias que llevaba la Fiscalía de Rancagua en la causa por abusos sexuales y encubrimiento al interior de la Iglesia Católica. Allanamientos e interceptaciones telefónicas a los sacerdotes bajo sospecha fueron anulados.
Solo semanas después, el 22 de octubre, la Fiscalía de O’Higgins inició la investigación contra el ministro Marcelo Vásquez por los sucesivos nombramientos de su hija en distintos tribunales, causa que también involucra al hoy suspendido ministro Elgueta. A fines de ese mismo mes, Elgueta y Vásquez acudieron a la Fiscalía Nacional para entregarle a su máxima autoridad, Jorge Abbott, una denuncia administrativa contra el fiscal Arias a quien acusaron de “odiosidad”, protagonismo excesivo y de actuar de manera arbitraria en su contra, luego de que ambos ministros admitieran el recurso de protección interpuesto por el obispado de Valparaíso.
El mismo viernes 22 de marzo en que la Corte Suprema anunció la suspensión de Emilio Elgueta como ministro y luego de que la Fiscalía de Rancagua solicitara ese mismo día audiencia para formalizarlo por prevaricación y enriquecimiento ilícito, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó la apertura de un sumario interno contra el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya.
El motivo nada tiene que ver con las irregularidades ya mencionadas y se relaciona con una serie de reuniones que el fiscal Moya sostuvo con el exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, y otros altos mandos de esa institución, justo en medio del estallido del montaje de la “Operación Huracán”, cuando Moya dirigía la indagatoria de una de las últimas aristas de esa operación de inteligencia (“Operación Andes”). Será esta vez el fiscal Sergio Moya quien deberá aclarar ante el propio Ministerio Público, el porqué de sus reuniones y lo que acordó con oficiales de Carabineros cuyos actos de corrupción y montaje político han quedado en evidencia en tribunales.
La batalla en Rancagua no da tregua.